sábado, 28 de diciembre de 2013

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (II)

Los defensores del aborto libre mantienen que el Gobierno es hipócrita e incurre en una desfachatez ilimitada, puesto que suprime el supuesto de malformaciones y simultáneamente suspende la Ley de Dependencia. Es cierto que el Gobierno debe poner a disposición de las madres con hijos discapacitados y con problemas graves todas las ayudas y facilidades necesarias, pero tampoco es menos cierto que dicha ley nunca llegó a entrar en vigor de manera efectiva, viéndose paralizada desde los años de Zapatero. En el sector provida pueden haber hipócritas, pero no creo que superen la desfachatez de ciertos sectores progresistas, que defienden sin escrúpulos el aborto libre mientras condenan la tauromaquia reivindicando respeto por los animales. Esto sí que es una vergüenza, como también que se abanderen como protectores de los débiles, mientras sindicatos y partidos políticos están enfangados en escándalos de corrupción. En definitiva, no está la izquierda en disposición de denunciar desfachateces.

Uno de los argumentos más utilizados por los abortistas reside en la inexistencia de persona humana en el vientre de la mujer, defendiendo que no se está arrebatando una vida; y en caso de haberla, esta cedería incondicionalmente. Dicha táctica neutraliza cualquier posible reflexión en cuanto a lo que en el vientre de la embarazada se está desarrollando. En palabras de Bibiana Aido: “un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano”. ¿Qué es entonces? Todo depende de cómo entendamos la existencia de una persona humana: los abortistas cabales consideran que para estar ante una persona humana debe concurrir vida humana y otros elementos, siendo estos un determinado número de semanas o un cierto porcentaje de desarrollo. ¿Quién decide cuántas semanas? ¿Qué diferencia sustancial existe entre un concebido de 14 semanas y otro de 13, que hace que este último no merezca tener ninguna clase de protección? ¿Por qué tiene menos derecho a vivir el embrión menos desarrollado?¿Quién establece el porcentaje de desarrollo? ¿Quién tiene legitimidad para decidir quién vive y quién muere?

Apoyar el planteamiento anterior llevaría a establecer dos clases de vidas: aquellas que merecen ser vividas y otras que no lo merecen. Por lo tanto, se distorsiona la concepción original de dignidad defendida por el pensamiento cristiano y kantiano que sustentan uno de los principios liberales. Pensar que por ciertas malformaciones una vida no sea digna de vivir, contradice e invierte la concepción original de dignidad. El otro planteamiento consiste en entender que estamos ante una persona humana por el simple hecho de concurrir vida humana, sin necesidad de más elementos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la dignidad inherente de la persona humana que impide violentar o arrebatarle la vida, el concebido merecería el mismo respeto y protección que una persona humana completamente desarrollada. Esto, como mínimo, invita a reflexionar y evitar tratar con tanta ligereza al concebido.

En cuanto a la situación jurídica del nasciturus en España, el TC tuvo ocasión de pronunciarse cuando la primera ley socialista de los supuestos fue recurrida ante la jurisdicción constitucional. En su pronunciamiento, el Tribunal indica que la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y acaba con la muerte; además, insiste en señalar que desde el momento de la gestación existe un tercero diferente de la madre. Este tertium merece una protección que se desprende del artículo 15 CE, el cual no protege la vida en abstracto sino de manera efectiva. No obstante, el TC ha hecho compatible este planteamiento con el aborto, puesto que al nasciturus se le niega la titularidad del derecho a la vida, aunque está protegido constitucionalmente en forma de bien jurídico. Las consecuencias de ser entendido como bien jurídico y no como titular tiene consecuencias relevantes, siendo la más importante la negación de subjetividad propia para el concebido.

Lo expuesto anteriormente contrasta con la facilidad con que el TC ha reconocido subjetividad propia y titularidad de derechos a las personas jurídicas. También resulta curioso que el nasciturus no sea titular del derecho a la vida mientras en el plano civil se le tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siendo capaz de recibir donaciones, heredar e incluso ser parte en un proceso jurisdiccional. En cualquier caso, la legislación abortiva debe asegurar el equilibrio entre los derechos de la mujer y el concebido, siendo inconstitucional aquella ley que desprotegiese de manera clara al nasciturus. En este sentido, convendría que el máximo intérprete constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos socialista y, en su momento, sobre la ley conservadora.

Aunque falta conocer el proyecto de ley en su última forma, considero que debe debatirse en profundidad el supuesto de malformaciones, barajando la posibilidad de incluirlo tal y como hiciera la ley de 1985. No obstante, en caso de desecharse definitivamente esta posibilidad, el Gobierno debe asumir el compromiso de apoyar financieramente aquellas familias que deban hacerse cargo de un niño con importantes problemas y fuerte dependencia. Sería injusto que las familias cargaran exclusivamente con el coste económico de tal situación, puesto que de lo contrario se estaría abandonando esos niños a su suerte, debiendo intervenir los poderes públicos de manera efectiva y sin vacilaciones.

Finalmente, estamos ante un tema complejo de interminable casuística, lo cual dificulta hacer valoraciones con carácter general. En este sentido, debe abordarse el debate tomando partido por una determinada visión, pero de manera sosegada y sin radicalismos. Quienes convierten el debate en simples proclamas irreflexivas, insultos y descalificaciones personales carecen de credibilidad intelectual. Quienes debaten sobre el aborto criticando desde el odio, la intransigencia y convirtiendo el debate en un asunto de “guerra de género” no llegan al nivel mínimo exigible: debemos reflexionar sobre cuestiones profundas, sin esgrimir proclamas absurdas, planteándonos que tal vez estemos equivocados.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (I)

El anteproyecto de la futura ley del aborto ha provocado la protesta de toda la izquierda. Desde ciertos medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales se ataca una ley que durará el tiempo que los conservadores permanezcan en el poder. El PSOE, haciendo gala de violenta prosa, ha movilizado a su base social tan pronto como tuvo conocimiento de la noticia, clamando venganza a través de su vicesecretaria Elena Valenciano: “tenemos que hacer que paguen por ello”. Las críticas han sido contundentes, esgrimiéndose toda clase de argumentos, algunos dignos de reflexión y otros carentes de apoyatura intelectual vertidos por la izquierda más radical.

La futura ley modificará la legislación vigente bajo la rúbrica de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer. La reforma devuelve a una legislación de supuestos tasados de manera similar a la ley de 1985, aunque más restringida. Sólo se contemplan dos supuestos para poder realizar el aborto: en caso de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. En cuanto al primer supuesto, el hecho debe estar denunciado, existiendo un plazo máximo de 12 semanas para realizar la intervención. Respecto al segundo supuesto, debe estar acreditado el peligro por al menos dos informes médicos, realizados por sanitarios diferentes a los que practiquen el aborto y que trabajen en diferente centro. Todo ello en un plazo de 22 semanas. En cualquier caso, es necesario que el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico y que de lo contrario, se provoque un menoscabo no necesariamente irreversible pero sí importante y duradero.

A diferencia de la ley socialista de 1985, el supuesto de malformaciones ha sido suprimido, aunque se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo en tal caso cuando esa malformación sea incompatible con la vida y genere un peligro psíquico para la vida de la mujer, en cuyo caso se realizarán dos informes: uno relativo a la mujer y otro referente al nasciturus. Por otra parte, Gallardón manifestó que no habría respuesta penal para la mujer que consintiera un aborto fuera de los supuestos previstos, puesto que “la mujer nunca es culpable sino víctima”. No obstante, sí responderán penalmente los médicos que se aparten de lo legalmente previsto. En cuanto a las menores de edad, necesitarán el consentimiento de sus padres en sintonía con la Ley de Autonomía del Paciente.

Los detractores del anteproyecto denuncian la imposición de determinada moral religiosa, argumentando que impondrá obligatoriamente la maternidad a las mujeres, estando presente la presión de la Iglesia Católica. No obstante, los críticos parecen ignorar que la ley nunca es amoral, siempre toma partido respecto al modelo de sociedad que se trata de alcanzar. La izquierda cree que es la única legitimada para legislar en asuntos de especial trascendencia social, partiendo de una supuesta superioridad moral del progresismo, ante la cual la derecha debe abstenerse de configurar la práctica social. Este planteamiento es erróneo, el Gobierno conservador no hace algo distinto a lo que hicieran los socialistas al aprobar la Ley del Matrimonio Homosexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o las diversas leyes educativas. Es decir, legislar conforme a su identidad ideológica.

Los detractores del anteproyecto plantean que el mismo supone un retroceso social, llevando consigo un recorte de los derechos alcanzados por las mujeres. Según esta lógica, el Gobierno en su caracterización retrograda, invade espacios de intimidad, libertad y autonomía que son inviolables, siendo la máxima de este razonamiento la frase: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Es cierto que el TS norteamericano, no sin polémica, ha incluido el aborto dentro del derecho a la intimidad y la autonomía, extendiendo esta consideración al aborto; este criterio también ha sido seguido por el TEDH. No obstante, estamos ante planteamientos erróneos, puesto que lo no penalmente prohibido no supone necesariamente la existencia de un derecho, existen conductas que a pesar de no estar perseguidas por el ordenamiento no se convierten en derechos subjetivos.

De nuestra Constitución tampoco se desprende un derecho fundamental a abortar. En este sentido, rebatiendo los razonamientos del TS norteamericano y haciendo un símil, el derecho a la intimidad no ampara vender un riñón por el simple hecho de que esa acción incumba únicamente al sujeto. Tampoco es cierto que la decisión del aborto recaiga exclusivamente en la mujer por ser la única afectada, puesto que también deben tenerse en cuenta los sentimientos de la otra persona que ha contribuido a la concepción; y por último, como afirmara el TC español, desde el momento de la gestación existe un tertium diferente de la madre que debe ser protegido.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.




martes, 27 de agosto de 2013

La cuestión gibraltareña

Para abordar el asunto gibraltareño debemos retroceder hasta sus orígenes históricos, lo cual nos hará comprender perfectamente el dolor que produce en España la posesión británica de la Roca. Todo comienza con la Guerra de Sucesión española a principios del siglo XVIII, cuando el último monarca Habsburgo, falleciendo sin descendencia, entregó la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. El temor a la ruptura del equilibrio continental debido a una posible alianza entre franceses y españoles, con la consecuente hegemonía franco-española en Europa, llevó a Inglaterra y otros países a proponer un candidato alternativo: el archiduque Carlos.

Estas circunstancias condujeron al estallido de una nueva guerra y la división civil española. El desenlace del conflicto supuso para España algo más que pérdidas territoriales y la extinción de su hegemonía en Europa; significó la completa implantación de la Monarquía absolutista. En este sentido, si bien Felipe V respetó los fueros vascos, la Corona de Aragón perdió la mínima autonomía que le quedaba, pasando a reformarse al estilo francés la organización territorial. En otras palabras, Felipe V impuso un control centralista del Estado, tal y como Olivares recomendó a Felipe IV en 1624. En definitiva, las instituciones aragonesas de control del poder real fueron liquidadas por los Decretos de Nueva Planta.

En estas líneas nos hemos limitado a realizar un análisis histórico-jurídico de lo que supuso la llegada de los Borbones a España; pero lamentablemente, son muchos los análisis subjetivos que se hacen de esta etapa de nuestra Historia, convirtiendo algunos episodios en baluartes nacionalistas. Un ejemplo puede ser Rafael Casanova y la Diada, quienes en ningún momento estuvieron vinculados con el independentismo, sino con la visión particular que cada bando tenía sobre la España de aquella época.

Retomando el asunto meramente territorial, las tropas anglo-holandesas tomando posiciones en la guerra civil en nombre del archiduque, ocuparon Gibraltar, y en contra de lo que debiera esperarse, el Peñón fue tomado en nombre del monarca inglés. Este acto contrariaba cualquier norma moral o de caballería, puesto que España no se encontraba propiamente en guerra con la Gran Bretaña, ni debe olvidarse que esta nación únicamente tomaba partido en una guerra civil. Dicho punto de vista no es parcial, puesto que han sido muchas las voces británicas ilustres que han condenado este episodio, como Sir Robert Gardiner, John Bright, William Atkinson, Holliday Sutherland y Arnold Toynbee.

Dicha situación fue ratificada posteriormente en el Tratado de Utrecht de 1715, donde se reconocía a Felipe de Anjou como rey de España a cambio de ciertas condiciones, como la imposibilidad de que España y Francia estuvieran bajo el mismo trono y la pérdida de algunos territorios como Gibraltar. La situación de la colonia era bastante precaria, ya que estaba incomunicada del resto del territorio español, contando únicamente con la fortaleza y las aguas del puerto, sin ningún tipo de aguas jurisdiccionales. A partir de ese momento, la supervivencia de la colonia ha estado basada en actividades fraudulentas; debiendo añadirse la desobediencia continua al tratado y las leyes por parte de las autoridades del Peñón, quienes favorecidos por ciertos acontecimientos históricos aprovecharon para extenderse territorialmente.

Desde el s.XVIII los intentos de recuperar la posesión de la plaza fueron continuos, quedando abierta una herida que sigue sin cicatrizar. A lo largo del s.XX se lograron algunos avances considerables como la inclusión de Gibraltar por parte de la ONU en la lista de territorios a descolonizar. En pleno s.XXI, el derecho internacional y las leyes amparan las pretensiones españolas, siendo muestra de ello la sentencia del TJUE relativa a las aguas jurisdiccionales. Por otra parte, esquivando la cuestión de la soberanía y el patriotismo, al cual se atribuye erróneamente la razón de denunciar una injusticia, es obvio que Gibraltar infringe las leyes, siendo menester sancionar los atropellos de acuerdo a la legalidad.

El lanzamiento de hormigón al mar y el acoso a pescadores andaluces no es un plan preestablecido del Gobierno español, cuyas acertadas respuestas en este asunto deben ser respaldadas por la ciudadanía y la oposición. Picardo, en la engañosa seguridad del cacique, ha subestimado a los conservadores, creyendo que continuarían la línea de aceptación de hechos consumados de los últimos años. El líder gibraltareño pensó que el Gobierno de España seguía siendo partidario de la inclusión de la Roca, sin voz ni voto y cuya política exterior depende del Reino Unido, en las negociaciones. Afortunadamente, atrás quedan las torpezas de Moratinos y compañía, para quienes España era un “concepto discutido y discutible”.

Si nos ajustamos a lo dispuesto en el propio tratado de Utrecht, no se contempla la autonomía ni la independencia de la colonia, sino únicamente se expresa la preferencia del Reino de España en caso de enajenación del territorio por parte del Reino Unido. Por lo tanto, no cabe otra solución al conflicto que no sea la devolución del territorio a manos españolas. Mientras eso no ocurra, deben dejarse claras las intenciones españolas, procurando que la alternancia en el poder no suponga un giro de la política exterior respecto a Gibraltar. Todo ello transmitirá una imagen de seguridad a la comunidad internacional, frenando el deterioro de nuestra maltrecha reputación.

Por último, conviene mencionar ciertos intereses económicos perversos que reinan en la colonia británica, constituyendo el principal escollo para la devolución. Debe denunciarse su papel como paraíso fiscal y las prácticas irregulares que acoge; en este sentido, España debe perseguir el fraude, el engaño de las sociedades fantasma, cumplir las leyes y no recular bajo ningún concepto en sus exigencias.

domingo, 18 de agosto de 2013

"Los Miserables", de Víctor Hugo

Este artículo nace como reflexión sobre el contenido de cierta novela publicada en 1862 bajo el título de
“Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo. Cualquiera ha oído mencionar este escritor y la gran altura intelectual de sus obras; quien haya profundizado en su figura habrá comprobado su vocación política y las consecuencias derivadas de su compromiso ideológico, como el exilio. Definitivamente, Víctor Hugo fue un destacado intelectual del siglo XIX y uno de los personajes más ilustres de la Historia contemporánea de Francia y Occidente.

Todos le atribuyen elogios sin ni tan siquiera haber leído previamente cualquiera de sus obras. Sin embargo, tras la lectura de “Los Miserables” lo expuesto anteriormente no varía un ápice; de hecho, las virtudes expuestas son incapaces de abarcar en su totalidad la grandeza del autor y su obra. Existe un antes y un después tras la lectura de esta novela; quien considere la literatura un goce aprenderá lecciones vitales, emprenderá una revisión interna que le llevará a crecer intelectual y espiritualmente. En todos los sentidos, esta obra de arte constituye un gran alimento para el alma inquieta que busca respuestas en el torbellino de la realidad, bajo la incorruptibilidad y coherencia de los principios.

“Los Miserables” constituye un monumento de reflexión filosófica, política y religiosa. Para un ser humano ávido de conocimiento y debate, esta novela representa una explosión de crítica hacia los hombres, los sistemas políticos y las leyes; y de denuncia hacia la hipocresía e incoherencia social. Interiorizar esta obra literaria permite al lector detener el tiempo en el dinamismo y vorágine social, fijar la vista en los más desfavorecidos y encontrar un amplio abanico de personajes: héroes, villanos y mártires. Además, cada capítulo se encuentra plagado de reflexiones que permiten navegar en el océano de los sentimientos más sublimes.

Víctor Hugo sitúa al lector en el contexto histórico del momento, impartiendo una magistral clase de Historia contemporánea y mostrando los defectos de la primera formulación del Estado liberal, testigo de la agonía del absolutismo. Durante el s.XVIII la monarquía absolutista frenó el avance del comercio y la economía; la seguridad que proporcionaba frente al feudalismo había pasado a mejor vida. Además, las aspiraciones de la burguesía pujante confrontaron con los estrictos controles y requisas estatales. La Ilustración y los precedentes históricos, combinados con el malestar social y la estrategia burguesa, constituyeron el caldo de cultivo para las dos grandes revoluciones del s.XVIII.

En un primer momento, los derechos y libertades eran efectivos únicamente para cierta minoría privilegiada, siendo muestra de ello el sufragio censitario. La Constitución representaba un mero marco político, de carácter programático y vulnerable a reformas arbitrarias, debido a la inexistencia de mecanismos jurídicos de aplicación y estabilidad temporal. Víctor Hugo recoge las demandas de la clase media y popular, ilustra de forma sublime el camino a seguir para la consecución del Estado social y democrático. En su línea visionaria, el escritor demanda un Estado más comprometido con los desfavorecidos, que proteja a aquellos pilluelos huérfanos de París y garante de unas condiciones dignas para los obreros.

Ese modelo de convivencia tan sólo aparecerá como fruto de la evolución del Estado liberal, presionado por las demandas de la clase media y el movimiento obrero, siendo grandes rivales ideológicos el fascismo y el socialismo. Será después de las dos conflagraciones mundiales cuando las Constituciones adquirirán auténtico carácter vinculante y asegurarán la existencia del Estado democrático y social, donde se lucha frente a las desgarradoras escenas que Víctor Hugo describe. También merece la pena mencionar su discurso en la Conferencia de la Paz de 1849 en París, donde el intelectual apuesta por la unidad de Europa consagrándose como precursor de la Unión Europea.

La persecución del policía Javert sobre Juan Valjean representa uno de los debates más prolíficos del Derecho, y es la no necesaria coincidencia entre legalidad y justicia. Víctor Hugo muestra que el cumplimiento de la ley no siempre es sinónimo de justicia, que la obediencia ciega a los códigos obviando principios morales puede conducir a excesos. La situación filosófico-jurídica francesa del s.XIX es reflejada perfectamente, predominando el tenor literal de los textos legales y la prohibición de cualquier clase de interpretación judicial. En definitiva, intentar evitar la arbitrariedad condujo a la obediencia ciega de la ley y al olvido del derecho natural, error que permitió al Estado nazi cometer los excesos del Holocausto amparándose en la ley.

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el Estado democrático no es definitivo, es susceptible de sufrir retrocesos, siendo por ello un continuo aprendizaje. En esta línea, los ciudadanos deben ser críticos con la actuación de sus representantes, concienciarse sobre la importancia de su voto y el sacrificio que ha supuesto alcanzar la democracia.

martes, 30 de julio de 2013

La España del siglo XXI, segunda parte.

Los pueblos desconocedores de su Historia están condenados a repetirla, no siendo España la excepción. Por ello es fundamental conocer nuestra Historia con sus luces y sombras, estudiando especialmente los motivos de las sombras. Para progresar como nación es de vital importancia desterrar el fantasma de las dos Españas, asunto zanjado en 1978 y resucitado por Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente se han reabierto heridas, simplificando la Historia con fines electorales y revanchistas; no debemos dar la espalda a los familiares de los asesinados en la Guerra Civil, pero debemos conocer los límites que separan justicia y tergiversar la Historia.

La división interna nos debilitará a la hora de afrontar los retos del siglo, por ello necesitamos unidad y unas fuerzas políticas responsables con vocación de Estado. Otra cuestión importante que deberá abordarse en algún momento de la centuria es el debate monarquía-república. La instauración de una república sólo será beneficiosa si sus políticos adquieren una concepción universal del Estado, alejada de visiones partidistas. En este sentido, la III República deberá ser de todos los españoles, verdaderamente democrática y desvinculada de la fallida II República. Esta forma de Estado deberá ser patrimonio de toda la nación, alejada del uso partidista que ciertos sectores hacen de dicha formulación.

En el plano económico, situar a España como potencia económica pasa por invertir en un modelo de crecimiento basado en la innovación y diversificación de la base económica. A pesar de que el sector terciario ha soportado el peso económico a finales del s.XX y principios del XXI, convendría potenciar la industria y las actividades de alto valor añadido. Para lograr nuestros objetivos económicos se debe explotar y rentabilizar al máximo nuestra pertenencia a la Unión Europea, proyecto común que parece irreversible. Además, debe incentivarse la creación de empresas a través de impuestos bajos y la eliminación de barreras y trámites burocráticos.

Por lo tanto, la mejor receta para reducir un paro que parece estructural, es el fortalecimiento y multiplicación de las PYME y los autónomos. Debemos construir un país puntero en I+D+i, donde si los jóvenes se marchan no sea por inexistencia de oportunidades; poniendo en marcha programas de inversión pública y especialmente de inversión privada. Con el objetivo de crear y reclutar a los mejores cerebros de Europa debemos atraer la inversión, aumentar la productividad, la competitividad y reformar el sistema educativo. Luchar firmemente contra la corrupción y cumplir la ley frente al fraude son determinantes para crear riqueza y reforzar nuestra imagen internacional.

España debe apostar por una economía de mercado y libre competencia, pero nunca debe olvidar las circunstancias de los más desfavorecidos. Las leyes y la economía se encuentran al servicio del ciudadano, por ello el Estado debe contar con una red efectiva de servicios públicos y subsidios para los más pobres, asegurando la dignidad y proveyendo lo indispensable. Debemos priorizar en el gasto de servicios públicos esenciales y recortar gastos superfluos como radio televisiones públicas, policía política y florituras del teatro institucional. Debe existir igualdad de oportunidades para quien desee progresar, donde el esfuerzo y el espíritu de sacrificio aseguren el triunfo. El capital no debería ser determinante, entendiendo que perseguir la riqueza no acaba con la pobreza.

Finalmente, parafraseando a Víctor Hugo: “Animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria; poned término a la explotación del débil por el fuerte; poned freno al inicuo recelo del que está en camino contra el que ha llegado ya; ajustad matemáticamente y fraternalmente el salario al trabajo; mezclad enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia; haced de la ciencia la base de la virilidad; desarrollar las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos; sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices; democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano, sin excepción, pueda ser propietario, cosa más fácil de la que se cree; en una palabra: sabed producir y repartir riqueza, y tendréis justamente la grandeza material y la grandeza moral”.


viernes, 26 de julio de 2013

La España del siglo XXI, primera parte.

El comienzo del siglo XXI está siendo desalentador, España continúa sumida en una crisis económica agravada por una errónea gestión. Los Gobiernos parecen incapaces de encontrar la fórmula del crecimiento, mientras el paro alcanza cotas elevadas y la pobreza generalizada aumenta. El modelo de convivencia social se tambalea; unión y solidaridad se difuminan mientras sectores ostracistas ocultan sus fracasos mediante falacias. Existe una corrupción institucionalizada, minadora de los pilares democráticos y del Estado de Derecho. Muchos jóvenes abandonan sus estudios, en un contexto donde la cultura brilla por su ausencia y la democracia es desvirtuada.

No obstante, nuestro país ha sufrido peores momentos históricos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En este sentido, aún tenemos el privilegio de pertenecer al hemisferio rico del planeta, nunca antes se habían alcanzado semejantes niveles de alfabetización, renta per cápita y desarrollo. La crisis económica ha deteriorado esta situación, pero corresponde a los españoles asumir el reto que plantea el siglo XXI: la consolidación en esos campos. La nación aceptará ese difícil desafío, que requiere líneas de actuación claras, sin las cuales España está condenada al segundo plano de la escena internacional e incluso queda comprometida su propia existencia.

España necesita una reforma constitucional garantizadora de la separación de poderes, truncada a través de los artículos 122.3, 123.2 y 159.1 de la Constitución. La carta magna actual se adaptó a un marco histórico determinado; el poder y privilegios otorgados a los partidos políticos se ajustan al final del franquismo, asegurando su consolidación frente a un Estado con una experiencia democrática inexistente. Después de treinta y cinco años de democracia algunas prerrogativas políticas carecen de sentido real. Por ello es fundamental actualizar nuestra Constitución, permitiendo que los jueces elijan a los miembros del CGPJ, y velando por la independencia del Tribunal Constitucional, viciado por los intereses del bipartidismo.

Para situarnos entre las primeras democracias mundiales debemos abordar la existencia de España y su supervivencia. En este sentido la ley electoral, igualmente adaptada a un marco histórico caduco, favorece que partidos regionales obtengan una representación mayor que formaciones de ámbito nacional con una cantidad mayor de votantes. Como consecuencia, corrientes ideológicas minoritarias sirven como bisagra para la formación de gobiernos nacionales, existiendo contrapartidas que redundan en perjuicio de los intereses globales. Aunque el Senado se diseñó para la resolución de conflictos territoriales, dicha función la cumple el Congreso desvirtuando las funciones de la cámara alta.

Una de las riquezas de España es la pluralidad, presente durante toda su Historia, cuyo carácter aglutinador empezó a ser discutido por ciertos sectores burgueses a finales del s.XIX. Actualmente el nacionalismo se encuentra en auge favorecido por el diseño territorial del Estado, siendo competencia autonómica materias esenciales como la educación. Se ha permitido durante años que los nacionalistas eduquen varias generaciones de ciudadanos en el odio hacia España, un odio irracional basado en mitos y calumnias. Además, se ha llegado a un punto donde es más fácil culpar al Estado español y ser señor feudal autonómico que asumir responsabilidades políticas y ser referencia para el resto de España.

Evidentemente, necesitamos actualizar nuestra organización territorial. Desconociendo si conviene una mayor descentralización o una centralización, debe ser una reforma que impida la ruptura de España, no entorpezca el desarrollo económico ni favorezca el despilfarro, y mucho menos la corrupción. Además, debe solucionar definitivamente el asunto de la financiación autonómica; en este sentido, si pretendemos que España perdure más allá del siglo XXI debe revisarse la ley electoral, recuperar competencias esenciales y actualizar la organización territorial.

sábado, 20 de julio de 2013

Bárcenas, la dimisión del Gobierno y la oposición.

Una tormenta sacude el Partido Popular y el Gobierno de España: el estallido de un supuesto nuevo caso de corrupción que implica a Luis Bárcenas, titular de ostentosas cuentas en Suiza, y la existencia de unos documentos acreditativos del pago de comisiones irregulares a miembros de la cúpula del Partido Popular. El último episodio de esta polémica lo constituye la publicación de unos mensajes entre Mariano Rajoy y el ex-tesorero. En dicha conversación, el Presidente del Gobierno le muestra su apoyo, exhortándole a aguantar y reconociendo el esfuerzo del partido.

La conversación se produce en un momento en el que el asunto es investigado por la Audiencia Nacional, incrementándose las sospechas sobre la financiación irregular del Partido Popular. Dicho episodio es el último de una serie de escándalos que motivan la comparecencia de Mariano Rajoy ante las Cortes, las demandas de la oposición y la opinión pública. En este sentido, los gestos más valientes del Presidente han sido la comparecencia a través de un plasma ante los periodistas, sin turno de preguntas; y la huida indisimulada ante cuestiones directas. El silencio y la invisibilidad han sido la tónica dominante en la escena política española durante muchos meses.

Este último capítulo podría precipitar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Es imposible gobernar dignamente sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades políticas; resulta vergonzoso ejercer funciones presidenciales bajo semejantes sospechas. No obstante, a pesar de la dificultad que supone decepcionar en mayor grado a la ciudadanía ante el incumplimiento del programa electoral y la incapacidad para frenar el independentismo, las pruebas contra Rajoy no son aún suficientemente sólidas. Serán los Tribunales quienes deben verificar la autenticidad de los documentos y pruebas, no la oposición ni la opinión pública.

El caso Bárcenas se engloba en un contexto de podredumbre institucional y política; polémicas como ésta demuestran la escasa calidad democrática de España y su posicionamiento en las democracias de segundo orden. La corrupción institucionalizada se consolida mientras el país sigue una deriva nada esperanzadora, donde los ciudadanos pierden calidad de vida y los políticos velan únicamente por su electorado. Ante la inexistencia de estadistas ni verdaderos líderes, el bipartidismo agoniza; pero mientras eso ocurre, la separación de poderes brilla por su ausencia, el CGPJ sigue siendo un órgano político y los dos grandes partidos continúan repartiéndose los magistrados del TC.

Conociendo que semejante situación institucional se extiende desde el comienzo de la democracia y que la corrupción no es endémica del centro derecha, la escandalizada oposición, con el PSOE e IU al frente, se ha reunido de urgencia barajando la posibilidad de presentar una moción de censura, simbólica y sin posibilidades de triunfo. Resulta curiosa la desmemoria de estos partidos, salpicados igualmente por escándalos de corrupción unidos a la pésima gestión de las Comunidades Autónomas bajo su gobierno. La regeneración democrática no vendrá de la mano de estos partidos, quienes se nutrirán de los restos del Partido Popular sin haber realizado un ejercicio de verdadera transparencia, obviando sus propias corruptelas.

El Gobierno conservador ha entrado en franca decadencia, aunque no debemos dejarnos engañar por la oposición, entendiendo que los políticos constituyen un precipitado de la sociedad; y que la legitimidad de quienes exigen la dimisión de Mariano Rajoy no aumenta un ápice con la corrupción popular. Bajo las exigencias opositoras se esconde el interés de derribar al Gobierno a cualquier precio. El espíritu crítico entiende que quienes se autoproclaman defensores de la transparencia y la ética política, conocen perfectamente las cloacas del funcionamiento partidista y los trapos sucios del propio Estado.



domingo, 7 de julio de 2013

La reforma educativa

Vivimos en un momento histórico donde la educación es obligatoria y gratuita hasta determinada edad; atrás quedan épocas donde tan sólo un grupo de privilegiados accedían a la enseñanza. Además, España se encuentra entre los países que disponen de una red de ayudas y becas, a pesar del contexto económico y los recortes. No obstante, ciertos sectores preocupados únicamente por la educación cuando pierden el poder, han criticado duramente la reforma educativa y el decreto sobre becas.

La educación española es mejorable según los informes PISA y de la OCDE; a través de estos documentos quedan desmontados los mitos que rodean el sistema educativo. Es falso que España invierta poco en comparación con sus vecinos europeos; de hecho, el gasto por alumno y otros indicadores se encuentran en la media continental. La educación ha sufrido recortes, pero también es cierto que los resultados siguen siendo pésimos en épocas de bonanza y con una inversión mayor. Por lo tanto, existe un problema de fondo: el fracaso escolar no es una cuestión económica, sino de proyecto educativo. Corregir los defectos de una educación financiada correctamente, de pésimos resultados y que desincentiva al alumnado es el mayor reto al que se enfrenta la España del siglo XXI.

El fracaso educativo español tiene unos orígenes claros. En primer lugar, no existe un proyecto global, dado que las Comunidades Autónomas desarrollan la legislación educativa a su antojo; en segundo lugar, la enseñanza es inestable, asentándose en un dinamismo perpetuo donde es concebida como fruto de la tendencia política del ministro de turno. En tercer lugar, es imposible lograr buenos resultados donde equidad e igualdad se confunden con mediocridad, y la excelencia es impropia, en un intento deliberado de igualar hacia el mínimo a todos los estudiantes. Y en cuarto lugar, es difícil alcanzar la excelencia donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y el profesorado está excesivamente politizado.

Las reformas propuestas por el ministro Wert se engloban en la costumbre española de concebir la educación como un asunto dependiente de la alternancia política; no obstante, suponen un claro avance abordando cuestiones relevantes. Con ciertos matices, es conveniente instaurar de forma activa la religión en las aulas, dado que los valores del cristianismo han contribuido de forma decisiva a la formación de la cultura europea, constituyendo junto a la filosofía griega y el derecho romano los pilares de Occidente. Alejándonos del debate sobre sotanas y catecismo, es positivo inculcar unos principios que se elevan sobre ideologías, sirviendo para conocer nuestras raíces y combatir el simplismo y la demagogia dominantes.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa también aborda una cuestión relevante: el elevado excedente universitario y la masificación de las aulas, frente a una Formación Profesional desmerecida y despreciada, a pesar de ofrecer grandes posibilidades. Nos encontramos ante un dogma sociológico inexistente en el resto de Europa, según el cual cuando se finaliza la educación secundaria lo más sensato es emprender una carrera universitaria, sin plantearse previamente otras alternativas. El resultado de esta inercia social es la elección arbitraria de estudios, la desmotivación y el consiguiente abandono.

Por otra parte, las becas no deben ser entendidas como limosna y requieren de la necesaria correspondencia del alumno. Son muchas las críticas dirigidas contra José Ignacio Wert, pero éstas se derrumban cuando planteamos qué clase de educación queremos. Si pretendemos lograr una enseñanza y alumnos mediocres, continuemos tomando el cinco como punto de partida; por el contrario, si el objetivo es la excelencia, aumentar el rendimiento y no malgastar recursos públicos, barajemos la posibilidad de elevar la nota necesaria para acceder a una beca, promovamos el esfuerzo y la dedicación.

La oposición cree que los más humildes serán expulsados del sistema mientras los ricos, aunque tengan un rendimiento escaso, podrán permitirse el pago de una matrícula. Además, el impulso de la religión y la subvención a centros que segregan por sexo son medidas retrógradas según Rubalcaba, quien tacha al Gobierno de reaccionario mientras las universidades públicas están dominadas por una izquierda intolerante, populista y alejada de sus principios originales. Todo ello constituyen cortinas de humo que intentan ocultar el nefasto resultado de los planes educativos socialistas.

El éxito académico depende de la capacidad de sacrificio y no de la capacidad económica; acceder a la universidad no significa alcanzar intelecto, sabiduría o espíritu crítico, puesto que deben estar precedidos por la dedicación y el esfuerzo. Finalmente, debemos apostar por una educación de calidad, exigente y accesible a todos, entendida como asunto de Estado y promotora del espíritu crítico, lo cual significa cuestionar el monopolio de la razón y la intelectualidad arrogada por la izquierda durante tanto tiempo.



viernes, 28 de junio de 2013

La Unión Europea y las promesas electorales

En 1999, un grupo de países cedieron su soberanía monetaria al Banco Central Europeo y adoptaron el euro como moneda común. Con ello se pretendía profundizar en la integración económica, convirtiendo Europa en un coloso capaz de competir con EEUU y Japón, a través de una moneda fuerte frente al dólar americano y la libra británica. Efectivamente, España cedía soberanía a cambio de un futuro ilusionante y esperanzador, que nos haría progresar como país y contribuiría a la convergencia europea.

Sin embargo, catorce años después y siendo la crisis económica el gran detonante, el sueño económico europeo se derrumba por su propio peso. En un contexto donde los movimientos euroescépticos se incrementan, la ciudadanía de los Estados miembros se distancia de las instituciones europeas. La crisis, el primer gran embate sufrido por la Unión Europea nacida del Tratado de Maastricht, ha puesto de manifiesto los defectos originarios de la unión: una superestructura construida sobre pilares endebles y distante de ser una verdadera unión política y económica, existiendo serios desajustes en la consecución equilibrada de sus objetivos.

A semejante déficit estructural se une la mejorable gestión de la dirección europea frente a la crisis económica, ya que mientras otras grandes potencias económicas se recuperan, la Eurozona continúa estancada y hundiéndose en la fangosa recesión. Los países europeos mediterráneos, los llamados PIGS, no son los únicos que atraviesan dificultades: Estados económicamente potentes como Francia y Alemania empiezan a presentar síntomas de agotamiento. En este sentido, muchos reclaman la puesta en marcha de alternativas frente a la estricta austeridad, políticas que conduzcan al crecimiento.

El Gobierno esgrime que su política fiscal está condicionada por las exigencias de Bruselas y el maquillaje contable de los socialistas. Esto les ha obligado a incumplir sistemáticamente su programa electoral; son las circunstancias las que supuestamente obligan al Gobierno a recortar servicios sociales, subir impuestos y engañar a votantes y ciudadanía. El objetivo de déficit y el saneamiento de las cuentas públicas son los escudos esgrimidos por el Gobierno de Mariano Rajoy para traicionar las ideas liberales y poner en marcha unas políticas al servicio de la insuficiente austeridad.

Ciertamente la UE establece determinados objetivos en el marco de sus reglas económicas fundacionales: el equilibrio presupuestario, el saneamiento de las cuentas públicas y el mantenimiento de niveles bajos de déficit e inflación; pero no indica a los Estados miembros cómo han de alcanzarlos, por lo que la subida impositiva es una elección exclusiva del Gobierno, a pesar del desvío del centro de atención. Dicha medida junto a otras ha retrotraído el consumo y disminuido la recaudación, todo ante la atenta mirada de una Unión Europea que rechaza abogar por estas medidas y condena el elevado desempleo.

Aunque la ciudadanía ha soportado grandes esfuerzos y el Gobierno ha emprendido algunas reformas sobre asuntos relevantes, las reformas esenciales para la supervivencia del proyecto de convivencia social aún no se han planteado. Siguen siendo tareas pendientes la reducción del tamaño de una Administración hipertrófica, la recuperación estatal de competencias vitales como la educación y la sanidad, la modernización de la organización territorial, una auténtica transparencia y la separación de poderes. Mientras no se aborden esas cuestiones y se suprima verdaderamente cualquier gasto superfluo, será difícilmente justificable cualquier recorte social.

Los argumentos esgrimidos en ningún momento avalan la política del despilfarro ni suponen un voto de confianza a la izquierda; resulta evidente que el Gobierno gestiona una situación desastrosa y que la legislatura aún no ha finalizado. Este artículo no pretende ser una crítica ciega e ignorante, sino una proclama de fidelidad a las ideas liberales, al sentido democrático y coherente del arte de gobernar, al carácter sacrosanto del programa electoral y a la lucha implacable contra la mentira.

domingo, 16 de junio de 2013

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (II)

El plano jurídico debe ser complementado con el ámbito ético y moral. En este sentido, el debate no sólo reside en si apostamos por el derecho a la vida o en si negamos derechos inalienables a la criatura concebida, sino también a principios elementales de la condición humana como la responsabilidad y la libertad.

Los pro abortistas reivindican esta libertad, pero realmente están promoviendo la irresponsabilidad y el libertinaje, defienden un egoísmo que ahoga cualquier posible aceptación de las consecuencias derivadas de los propios actos. Debido a un error y en un ambiente donde la sexualidad pasa a un plano mundano, se acaba con la vida de un ser humano poseedor de potenciales oportunidades: derecho a vivir, crecer y desarrollarse. Entran en una peligrosa espiral donde cualquier limitación a la absoluta voluntad es considerada opresiva, reivindican la titularidad de derechos, pero no están dispuestos a contraer obligaciones ni asumir las consecuencias de sus acciones.

La incoherencia se ha apropiado de la sociedad, cayendo en la mayor de las hipocresías sin percatarse de ello. Un claro ejemplo lo aporta la promoción abolicionista de las corridas de toros, la reivindicación de la dignidad del animal frente al matador, mientras se niega cualquier derecho al concebido y el aborto libre es defendido a ultranza. La sociedad debería reflexionar profundamente sobre este tema ya que las menores de edad pueden interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, mientras la compra de alcohol y tabaco se les prohíbe.

Defendamos el derecho a la vida y planteemos el debate, mostremos ante un espejo las propias contradicciones de la sociedad. Todo ello conlleva reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manteniendo intactos sus elementos positivos, restringir la venta de la píldora del día después e investigar sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, la ley de los supuestos (peligro para la vida de la madre, violación o malformación) concilia el derecho a la vida con la libertad de la mujer, debiendo ser complementada por la instrucción familiar en la responsabilidad y mentalidad de una sexualidad responsable.

Con respecto a la reforma Gallardón, no es necesario retroceder a una legislación que suprima el supuesto de malformación, puesto que condena irreversiblemente dos vidas humanas, rompiéndose el equilibrio entre derecho a la vida y libertad. Sin embargo, surge una reflexión en torno al supuesto de malformación: el avance científico nos situará en un punto donde podrá elegirse a la carta, y el rechazo a cualquier mínimo defecto nos retrotraerá a una mentalidad donde sólo merezcan vivir aquellos individuos que reúnan determinadas características físicas.

Sería igualmente abominable encarcelar mujeres por abortar, imponer el modelo centroamericano donde el aborto está penado independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, se debe rechazar una legislación opresora, aunque la sociedad deba moverse hacia la reducción de los embarazos no deseados y los abortos, reivindicando la concienciación sobre los peligros que supone contraer enfermedades de transmisión sexual.

Por último, conviene denunciar el relativismo en el cual la sociedad occidental se está acomodando: los valores y principios se desdibujan ante una oleada de falso progreso social. Se asume como natural el declive intelectual, cultural y emocional, reduciendo el papel familiar al mero residuo. Mantener relaciones es algo superfluo y carente de compromiso, el sexo sin verdadera motivación pasa a ser lo común y se rechaza asumir responsabilidades. Ante este desolador panorama, sólo queda difundir la reflexión y el respeto a la dignidad de los demás y la nuestra propia.



sábado, 15 de junio de 2013

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (I)

La intención gubernamental de reformar la legislación sobre el aborto ha reavivado el debate acerca de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y la maternidad libremente decidida. Para valorar esta reforma debemos partir desde el análisis de la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva, perteneciente al proyecto social de José Luís Rodríguez Zapatero, según el cual suponía una conquista en la autonomía personal y los derechos sociales.

El Preámbulo de la citada ley orgánica planteaba que la anterior normativa, la de los tres supuestos aprobada por Felipe González, ofrecía inseguridad jurídica y desprotegía a las mujeres. Profundizando en esta idea, se manifestaba el retraso de la legislación española con respecto a la mayoría de países europeos donde regían leyes de plazos; además, la normativa aprobada por el ejecutivo socialista planteaba dos ambiciosos proyectos: reducir los abortos y la transmisión de enfermedades sexuales.

Desde el punto de vista jurídico, la ley armoniza efectivamente la legislación española en esta materia con respecto a Europa, permitiendo el aborto libre hasta las catorce semanas y elevándose hasta las veintidós semanas en determinados supuestos. No obstante, ese es su único logro real, puesto que tras tres años de aplicación no se han reducido los abortos ni la transmisión de enfermedades sexuales; de hecho, España lidera el ranking europeo de transmisión de estas enfermedades.

El fracaso de la ley no puede entenderse sin una medida complementaria: la liberalización de la venta de la píldora del día después. La píldora, un fármaco con posibles efectos secundarios perjudiciales, pasó a convertirse en un método anticonceptivo habitual en sustitución del tradicional preservativo. Por lo tanto, las buenas intenciones que recogía la ley de salud sexual y reproductiva desaparecen ante la liberalización del fármaco.

Ahondado en este sentido, la norma se distancia de los hechos sociológicos, ignorando que una buena parte de los jóvenes mantienen relaciones sexuales sin preservativo, evitando posibles embarazos mediante el consumo de la píldora. Conforme a este razonamiento, se sitúa en una balanza el embarazo no deseado y el peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual, valorando con mayor riesgo el embarazo y descuidando la higiene sexual. Por lo tanto, la liberalización de la píldora y la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva conllevan planteamientos contradictorios e incoherentes con la finalidad última de reducir los abortos y la transmisión de las enfermedades sexuales.

Para finalizar con el ámbito estrictamente jurídico, la ley de 2010 rompe con los preceptos contenidos en el Código Civil y la Constitución acerca de la mayoría de edad, al aplicar dicho régimen a las jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y diecisiete años. Todo ello contradice de manera evidente las disposiciones de la Ley de Autonomía del Paciente con respecto al consentimiento relativo a las intervenciones quirúrgicas en los menores de edad.


Por otra parte, una vertiente importante es la relativa a las medidas educativas enunciadas en el artículo 9: “El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya a: El desarrollo armónico de la sexualidad acorde a las características de las personas jóvenes”. Inquieta la referencia a las características de las personas jóvenes: ¿Cuáles son dichas características? ¿Hacemos referencia a una educación sexual basada en la inexperiencia y la impulsividad? ¿O tal vez sea un enunciado propio para desarrollar el relativismo absoluto que inspiró las políticas de Rodríguez Zapatero? ¿Estamos ante otra herramienta de adoctrinamiento escolar?

domingo, 9 de junio de 2013

Failure of XXI century socialism and time of change in Venezuela

After Hugo Chavez´s death and following the constitutional orders, it call to presidential elections in Venezuela, beggining a new chapter at the History of the Caribbean country. The electoral overturning in relation to october elections surprised international community: the opposition had achieved cut a fourteen points distance to the minimum (one comma eightythree points). The figures showed that bolivarian regime heir had been rejected by its own electors.

However, the Nicolas Maduro´s poor victory smells fishy due to it´s too difficult to accept that using all the ways and resources of statal power, in order to coerce the vote and pervert the elections, he got only two hundred thousand votes above Henrique Capriles. As a matter of fact, we can pose some questions: Are the election results more manipulated than ever? What would happen if the winner was Capriles?

On one hand, Spanish left, making a wink to authoritarian regimes, is supporting the electoral results while it praises the fiability and modernity of the Venezuelan electoral system. On the other hand, Spanish government has recognised clumsily the government of Nicolas Maduro despite its illegitimate, arrogant and authoritarian character. Both of them should think about the fiability of an electoral telematic inventory and the moral and ethic rate of the called assisted vote.

Those election results show the falling of XXI century socialism. During years the government has been subsidizing the popular sectors of society, instead to teach people how to generate richness and promote the personal autonomy. The direct subsidy has attracted the vote of poorest, but it hasn´t report a well-fare State anyway; due to poverty must be defeated teaching in hard-work culture, the effort and the equality of opportunities. Therefore, it´s a wrong perspective to achieve the social progress through the indiscriminate persecution of richness, the property collectivization and the statal planification in citizens life.

These elections will be an advance to the formal instauration of a comunist dictadure; in fact, the country has been known as an hybrid State, a pseudodemocracy with totalitarian characteristics, typical of fascism and with an important dose of populism which mobilizes people. Chavism will get down democratic disguise and will repress with the power State any opposition focus. In the same way, the purpose is stress the socialist revolution; that point of view is according with penitentiary secretary and Nicolás Maduro statements (“Anyone will hurt you, but I am preparing the cell where you will have to pay for your crimes, because you´re a fascist and killer”; “Capriles fascist, I´ll working hard in order to make you pay all the damage you´re inflicting to our country and people”).

Opposition is not fighting against government plan, but a statal project: right now, the Venezuelan government is owner of the State, turning to property of socialist revolution. It´s not easy to defend the ideas of change in a not neutral State where oficialism shakes its bases and use coercion in order to get the victory. In that way, it´s amazing the effort made by Venezuelan opposition which is facing the Bolivarian politics on ideas field.

Venezuela is poorer than fourteen years ago: it grows up in a slowler rhythm than its continental neighbours and it´s the most second violent country of Latin America. Apart from, the panorama is complemented by any positive figures such as the drop of the petroleum production and a galloping inflation. On that abominable situation, Capriles represents a movement of change and renovation, he knows the ways which could situate Venezuela in the right place as emergent power.

To sum up, we can´t speak about democracy where there isn´t a clear separation of powers, either where members of Electoral National Council are elected by government; and either where civil servants have seen conditioned their freedom to vote. In short, either can´t exist democracy in a State where the elected president thinks he´s “son” and “heir” of former president, due to in democracy there are leaders and statesman, but never heirs.

domingo, 28 de abril de 2013

Fracaso del socialismo del siglo XXI y tiempo de cambios en Venezuela.


Tras la muerte de Hugo Chávez y siguiendo los mandatos constitucionales, se convocaron elecciones presidenciales en Venezuela, iniciándose un nuevo capítulo en la historia del país caribeño. El vuelco electoral con respecto a las elecciones de octubre sorprendió a la comunidad internacional: la oposición venezolana había logrado recortar una distancia de catorce puntos hasta la mínima (1,83 puntos). Los datos demostraban que el heredero del régimen bolivariano había sido rechazado incluso entre gran parte de su electorado.

Sin embargo, es dudosa la raquítica victoria de Nicolás Maduro puesto que resulta difícil concebir que contando con los resortes y mecanismo del poder estatal para coaccionar el voto y pervertir las elecciones, tan sólo haya logrado 200.000 votos sobre Henrique Capriles. De esta manera, queda planteada una gran incógnita: ¿y si realmente el ganador ha sido Capriles y los resultados se han manipulado más de lo habitual?

La izquierda española, haciendo un guiño a los regímenes autoritarios, respalda el resultado electoral mientras alaba la fiabilidad y modernidad del sistema electoral venezolano. Por su parte, el Gobierno español ha reconocido torpemente al Gobierno de Nicolás Maduro pese a su ilegitimidad, prepotencia y sesgo autoritario. Tanto el gobierno como la izquierda deberían preguntarse en qué medida es fiable un recuento electoral telemático y el grado de moralidad y ética del llamado “voto asistido”.

Estos resultados electorales evidencian el desmoronamiento del socialismo del siglo XXI. Durante años el Gobierno ha estado subvencionando directamente a los sectores populares de la sociedad, en vez de enseñar a generar riqueza e inculcar la autonomía personal. La subvención directa ha logrado captar el voto de los más desfavorecidos pero en ningún caso ha reportado bienestar, puesto que la pobreza se combate instruyendo en la cultura del trabajo, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades. En definitiva, constituye un planteamiento erróneo lograr el progreso social mediante la persecución indiscriminada de la riqueza, la colectivización de la propiedad y la planificación estatal en todos los aspectos de la vida.

Estas elecciones supondrán un avance hacia la instauración formal de una dictadura comunista; y es que el país se ha caracterizado por ser un Estado híbrido, una pseudodemocracia con tintes totalitarios propios del fascismo y con una dosis importante de populismo que moviliza masas. El chavismo se despojará del envoltorio democrático y reprimirá con el poder desatado del Estado cualquier foco opositor; y es que la intención de radicalizar la revolución socialista se extrae de las declaraciones de la ministra del servicio penitenciario de Venezuela (“Nadie va a atentar contra ti, pero estoy preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y un asesino”) y el presidente electo (“Capriles fascista, me encargaré personalmente que pagues por todo el daño que estás haciendo a nuestra patria y a nuestro pueblo”).

Los opositores no están enfrentándose al planteamiento gubernamental, sino a un proyecto estatal: el Gobierno venezolano se ha apropiado del Estado, convirtiéndolo en propiedad de la revolución socialista. No resulta fácil defender las ideas de cambio en un Estado no neutral donde el oficialismo moviliza sus bases y utiliza la coacción para alcanzar la victoria. En este sentido, es digno de admiración el esfuerzo realizado por la oposición venezolana cuestionando abiertamente las políticas bolivarianas en el campo de las ideas.

Venezuela es más pobre que hace catorce años, crece a un ritmo más lento que sus vecinos continentales y es el segundo país más violento de América latina, panorama complementado por datos nada reconfortantes como el descenso de la producción petrolera y una galopante inflación. En esta pésima situación, Capriles representa un movimiento de cambio y renovación, conociendo las fórmulas que situarán a Venezuela en el lugar que le corresponde como potencia emergente: aumento de la producción, internacionalización de la economía y lucha firme contra la delincuencia.

En definitiva, no puede hablarse de democracia donde no existe separación nítida de poderes; tampoco donde los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Gobierno, y menos aún donde los funcionarios ven condicionada su libertad para votar. Y por último, tampoco puede existir democracia en un Estado donde el presidente electo dice ser “hijo” y “heredero” del anterior presidente, puesto que en democracia existen líderes y estadistas, pero nunca herederos.

domingo, 21 de abril de 2013

El ser y el deber ser del modelo universitario actual.


El acceso a la educación universitaria supone un gran salto cualitativo. La universidad amplía nuestras fronteras intelectuales y pone a nuestro alcance la formación superior. Sin embargo, la entrada en la institución no sólo conlleva profundización en el conocimiento, sino un estilo de reflexión y estudio guiado por el espíritu racional y crítico.

Actualmente, la universidad pública española es poco selectiva, prescindiendo de filtros en búsqueda de la auténtica calidad. Profundizando en este sentido, ingresan personas que realmente no poseen vocación o que deciden incorporarse a la institución como consecuencia de la inercia social, conforme a la cual lo natural es iniciar estudios universitarios. De esta manera, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y nuevos enfoques de la realidad no constituyen los motivos esenciales del ingreso en las facultades universitarias.

Nos encontramos ante un exceso de demanda que trae consigo la masificación de las aulas y el deterioro de la relación entre alumno y profesor, en un ambiente de mediocridad y desinterés donde los nombres se convierten en números. La masificación supone un despilfarro de los recursos públicos y los ingresos de las familias, quienes dilapidan su patrimonio en la formación universitaria de muchos jóvenes que ni tienen vocación ni son conscientes del privilegio que supone pertenecer a la institución universitaria.

Los jóvenes deben entender que están condenados al fracaso quienes entran en la universidad guiados por intereses superfluos, sin metas medianamente definidas, o conducidos por una sociedad que no se plantea otras salidas profesionales. El sustento de este razonamiento lo aportan las estadísticas: masificación de las aulas de primero de grado y un número reducido de graduados finales. Debemos entender que a pesar de terminar la aventura universitaria los mejor preparados, el despilfarro de los recursos públicos y familiares es irreparable.

Para contrarrestar esta tendencia deben aplicarse estrictos controles en la entrega de becas públicas y la instauración de mayores filtros no aplicables al ámbito económico con el aumento de tasas, sino elevando las exigencias y notas de acceso. También es fundamental la puesta en marcha de un programa educativo estable en el tiempo, por encima de ideologías e inmune a las reformas políticas del Gobierno de turno.

El funcionamiento universitario deficiente no es consecuencia única de los alumnos, el borreguismo imperante o el desinterés de los padres en la formación y vocación intelectual de sus hijos, sino que también son responsables las autoridades universitarias y los programas educativos. Bolonia y la legislación europea condicionan el planteamiento y estructuración de las clases universitarias, pero es difícil aceptar que la implantación del grado europeo amordace la autonomía universitaria española de tal forma que la chabacanería y la desidia sean el ambiente imperante en las facultades.

En este sentido, la universidad no es una institución divina, sino una institución formada por personas y guiada por profesionales encargados de poner en práctica desde la organización y la logística los valores que presiden la institución. Por lo tanto, estos profesionales asumen gran parte de la responsabilidad en el triunfo o fracaso del proyecto, así como del prestigio y eficacia del centro.

En el caso de la universidad pública canaria, es difícil alcanzar el máximo rendimiento mediante un reducido horario presencial que ocupa de lunes a miércoles. Tampoco es idóneo que asignaturas cuatrimestrales distribuidas en clases teóricas, prácticas y seminarios sean impartidas por tres docentes diferentes, al mismo tiempo que se apuesta por la personalización de la enseñanza. Todo ello desencadena un contexto en el que las primeras víctimas son la constancia y el aprendizaje significativo.

Desde una perspectiva optimista, nos enfrentamos a una tendencia extendida y generalizada pero cuyas coordenadas están claramente delimitadas, conociendo sus causas y consecuencias. De esta forma, sabemos cuáles son las herramientas que deben emplearse para convertir las facultades en centros de auténtica intelectualidad, presidida por el espíritu crítico y alejada de tergiversaciones ideológicas. Debemos apostar por un modelo universitario elitista donde exista igualdad de oportunidades para quienes no dispongan de recursos económicos y posean talento, espíritu de superación y ambición.

En este modelo intelectualmente elitista no deberían olvidarse los valores morales directores de cualquier actividad personal o profesional, ya que ese canon universitario fracasará si prescinde del enfoque humano y social. Conceder una importancia desorbitada al conocimiento teórico sin subordinarlo al progreso y bienestar social significaría incurrir en un grave error.

En definitiva, el modelo universitario propuesto debe favorecer el ambiente para el desarrollo del espíritu crítico, aportar nuevos enfoques a una sociedad excesivamente maleable y contribuir al progreso de nuestro país.


domingo, 7 de abril de 2013

Roman Republic and contemporaneus democracy (II)


From that point of view, since 1978 we have been enjoying a parlamentarian regime which was a dream
during centuries; also we have to remember the traumatic experience of the Second Republic and Franco´s dictadure.

As a rule, in European scene we are not concerned about democracy difficulties during the Second World War, when Nazism tried to conquest European continent; either we recognise the breakable equilibrium at Cold War between Soviet bloc and nerveless occidental democracies. It meant not only an economic discussion, but also political and philosophic.

If citizens didn´t feel democratic system can respond satisfactorily their requirements, they would become away from and hate democratic values; that´s the most dangerous risk we have to face. As we have seen with August and the Republic, any conspirator disguissed of democrat will be able to tranform the system helped by the passivity of citizenship and using populist and demagogic instruments.

Restore citizens confidence on the Right State and focus on the studying of History and democratic postulates are the best guarantee in order to avoid tacit changes of regime. That´s why I strongly believe we need to renove the nobility of politic, making the popular representation impregnates its legislative and philosophical activities through the intelectual height of Classic Culture. I´m talking about those values which took place in Ancient Greece and Roman republic known how to reproduce in perfect way.

Nevertheless, it´s not enough with demand more preparation to our politicians, it´s necessary to demand an high level of citizenship intelectual preparation, teaching to our young generations the seed of racional and critic knowledge. Universities must teach looking at values represented by democracy, avoiding political indoctrinatement, imposition of dogmas and ideological fanatism.

In conclusion, the before reasoning should be the way to the democratic and social recuperation; if we don´t undertake the essential reforms about internal troubles of Democracy, we will take the risk of repeat traumatical historical experiences.

viernes, 5 de abril de 2013

Roman Republic and contemporaneus democracy (I)


From our current historic perspective, we use to think the values that inspire our juridical legislation came from French Revolution. However, that statement is not exactly true due to the outbreak of French Revolution was the performing of values which origins and development were situated many centuries before.

We are talking about values borned in the Ancient Greece, being aplicated at the end of sixth century before Jesus Christ and taking end with the invasion and victory of Filipo´s soldiers above Athenian army. Nevertheless, the Athenian democratic seed come back and blossomed many times in the History with better or worse luck; that´s why Democracy was tried at every time.

The Roman republic was inspired on those values, becoming a rather advanced form of political organisation for the epoch. Evidently it wasn´t a perfect democracy; in fact, the system vote and the magistratures access were conditioned by an aristocratic character. Apart from that situation, Roman republic can be considered as a perfect precedent of our contemporaneous democracy, sharing the basic and intemporal nucleus: the politic power must be subject to the laws voted by citizens.

Focusing on the formal and material perfection of Republican conception, institutions of our current democratic system are being affected by troubles that Roman institutions never had. Therefore, justice, power distribution and sovereignty thinkings that head this first democratic formulation have been valid for all time and all places. Those ideas are kept as universal values that must be object of respect, lauding and veneration.

However, the republican regime disappeared formally centuries later since the proclamation of Absolute Empire by Dioclesiano in 284 after Jesus Christ. Nevertheless, the truth is that republic began to descompose materially many years before, with August´s populist government and his power play. August known how to camouflage his personal ambitious and achieve an ilimitated power and influence. He claimed himself as the institutions guardian while he was destroying astutely the republican constitution; that´s why nobody wasn´t able to thwart his authentic purpose.

From critic spirit and Law student perspective, the disappearing and sustitution of the republican regime for the Principality due to the August´s populist actions it´s a recurrent historical image. In that way, it´s usually to say the people who doesn´t know his History is condemned to repeat it, specially those traumatical events which people was not able to extract learnings.

Stressing on that idea and from a general position, it seems to me that if Occident isn´t concerned about democracy troubles during the History, we will take the risk of trivialise and situate it in a second place.

The biggest challenge of democracy system is fight against those bads wich try to destroy it from inside. In order to manage this achivement, democracy needs to have all the necessaries instruments which let discover false messiahs and disguised menaces; but first at all, we should to work out the citizens confidence in the political system.

Currently we´re in a deadlock, it means we are trivialising ethic values and the Right State. We have fallen in the mistake to think the borning of a democratic regime in Spain and the hegemony of representative system in Europe are achievements reached without effort. We have taken for secure democracy is inherent ourselves and immune to any social or economical event.

miércoles, 6 de marzo de 2013

Nationalism, measles of Humanity


The President of the Generalitat and his ministerial teamwork ignore in democracy there are some aspects where a parlamentarian majority is not enough, either an absolute majority. Consequently there are freedom areas where political institutions must keep special protection and respect. In the same way, it reminds me a discussion that took place between the political parties during the Second Spanish Republic: the Court of Constitutional Guarantees.

On one hand, some members of the Congress were against the institution of that kind of Court, due to they believed the Constitution had to be defended by political controls and actions. On the other hand, from a broadminded position, other movement defended the requierement of the Court of Constitutional Guarantees wich would assure the rights and freedoms of minorities and the overall society at the same time, forbading their vulneration by a parlamentarian majority.

It´s too easy to extrapolate that historical situation to our current Spain, where a government majority is attemping to impose unilaterally the opinion of his electors above the rest of Catalonian society, and generally above Spanish society. That authoritarian nationalism, prelude of a pseudofascism ideology, is one of the elements that most damage and instability can provoke to our democracy.

For the nationalism only exists one vision of Catalonia, wich have to be impose above any other pluralist conception about society. For that reason they are inspired in an ideal and hermetic full-blooded breed, seemed at fascist mindset. Catalonian nationalism ignore the origins of many catalan people are from the south peninsular migratory movements, which contributed to the rising of catalan industry. Moreover, this nationalism with fascist characters use political action to asphyxiate their enemies and go after any oposition; that´s why nationalism is impeding children get into school in Spanish language and is subsidizing some groups in order to transmit an only one vision of Catalonia: the secessionist vision.

What will do the Catalan state with those people that want to be Spaniards? Will they be declared as State enemies and exiled? What will do against those people who want their children study in Spanish language? How will explain the Catalan government after independence Catalonia continue sunk in the deep economical crisis? Will it continue blaming on the evil Spanish state?

Many people reclaim Catalonia can choose freely, despite opinion of the rest of the country. We could estimate that view when defenders of national union were in equality conditions in the fight against separatists. That means estimate the right of autonomy and self determination when nationalists teach Spanish History without one-sided vision and away from doctrinaire education.

However I understand the difficulty that suppose teach a passionate history of Spain, with his failures and achievements, in Vasque, Canary and Catalan schools. I wonder what would happen if they explained always existed an unitary concern between the Hispanic kingdoms: the “Regnum Hispanae”; and I wonder what would happen if they explained the unification of Law brought the entry of Spain (and Catalonia too) in Modern age. Therefore it´s easy to imagine nationalist indignation when myths about Spanish burglary, the Succession War and the rest of historical deceits were dismantled.

Nationalist is trying to finish nerveless Spain off, and is setting to be owner of Catalonia using volatile feelings. Catalan people should understand the enemy is the division planned by politicians that don´t know how to hide their failures and corruptions, instead of Spain.


Finally, in a moment of institutional, political, economical and social crisis, the only way for the Spanish survivor is the creation of an ambicious national project wich renove the constitutional pact of 1978; a pact where everyone can contribute to the happiness of the country. For that reason its essential that institutions apply the Constitution with security and determination in the renovated project; and his conservation as supreme juridical rule.

viernes, 8 de febrero de 2013

Luis Bárcenas, las maniobras políticas y la corrupción


Ha saltado a la palestra un supuesto nuevo caso de corrupción; todo parece indicar, según los documentos publicados por El País y otros medios, que existiría un cuaderno con la contabilidad B del Partido Popular, donde aparecería reflejado el pago de sobresueldos a miembros de la cúpula del partido, entre ellos el propio Presidente del Gobierno. Además, y esto es cierto, el ex-tesorero acumula una fortuna de 22 millones de euros, a salvo de impuestos en un paraíso fiscal.

Ésta es la gota que ha colmado el vaso, el PP se encuentra bajo continua sospecha y con un índice de desconfianza bastante alto, y es que la sociedad no olvida la supuesta relación entre la ministra Ana Mato y la trama Gürtel; los regalos de “el Bigotes” (a pesar de la absolución de Camps); las relaciones entre el Partido Popular balear y el caso Urdangarín; y las mentiras electorales.

Si todo esto resulta verdadero, supondría que el partido aglutinador del centro-derecha habría incumplido con su propio núcleo fundacional, el que le permitió llegar al poder en 1996 bajo el lema de la transparencia y como antagónico de un Partido Socialista corrupto que había extendido la desconfianza al resto de las instituciones estatales.

Sin embargo, si algo caracteriza al espíritu crítico es el raciocinio y la capacidad para no dejarse arrastrar por la indignación del momento, distanciarse de los hechos y examinar la situación con perspectiva. En nuestro país hemos sustituido la “presunción de inocencia” por la “presunción de culpabilidad”; es decir, hemos convertido el “inocente hasta que se demuestre lo contrario” en “culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Además, hemos olvidado que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, pasando del concepto de que quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad a entender que es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.

Los dos valores anteriormente mencionados son pilares fundamentales del Estado de Derecho que lo diferencian del Estado absolutista de la Edad Moderna. Alejado de casos particulares, dejando de lado preferencias políticas y asumiendo los altos niveles de corrupción de nuestro país, el Estado democrático que ignora estos principios desde todos los aspectos de la vida social, está condenado al fracaso.

No obstante, uno de los aspectos más destacados es que quienes menos credibilidad poseen deslegitimen al actual Gobierno. Es curioso como Rubalcaba reclama la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, con el objetivo indudable de que las riendas del Gobierno de la Nación vuelvan a manos socialistas. Me pregunto cómo puede Rubalcaba exigir responsabilidad política al Gobierno cuando el primer partido condenado por financiación ilegal en 35 años de democracia ha sido el Partido Socialista Obrero Español.

En un mismo sentido, Rubalcaba también destaca por sus métodos para lograr objetivos políticos, y es que la manipulación, el engaño y arengar a las juventudes socialistas contra las sedes del Partido Popular son tres de sus herramientas favoritas.

Si finalmente en una sentencia firme y definitiva resulta que todo ha sido un montaje, quedará demostrada la hipótesis propuesta: se evidenciaría que esta nueva polémica es otra maniobra de acoso y derribo al Gobierno conservador, otro pseudogolpe de Estado encubierto como los que la engañada sociedad española ya ha presenciado. Ejemplos de lo planteado anteriormente son el caso Naseiro y la manipulación del 11-M, orquestada por el PSOE y el Grupo Prisa.

Independientemente de cómo acabe esta nueva polémica, es evidente que existe un grave problema de corrupción en España, siendo otra de las manifestaciones de la decadencia institucional y de la profunda crisis de valores. Se necesitan nuevos dirigentes, políticos que independientemente de su tendencia tengan como valores supremos la honradez y la justicia. Sin embargo, esto sólo puede lograrse gracias al papel de la familia, derrotando al relativismo, promulgando leyes menos permisivas con los corruptos, y devolviéndole a la política el noble carácter que le pertenece.