sábado, 28 de julio de 2012

El fracaso de la Unión Europea, el Euro y los recortes


España se halla bajo la atenta mirada de los mercados internacionales, recibiendo un golpe tras otro, con la prima de riesgo batiendo récords y el IBEX en caída libre. Ante este panorama el Gobierno sigue la hoja de ruta “recomendada” por Bruselas, basada en fuertes ajustes económicos de ahorro, control del déficit y recorte de gastos.

Sin embargo, las medidas no han servido para relajar la presión sobre España, concluyendo que existe un problema más grave de fondo: el fracaso de la Unión Europea y el Euro. Como consecuencia, no sólo la sombra del rescate se cierne sobre España, sino también sobre Italia, cuya prima de riesgo superó recientemente la barrera de los 500 puntos. La crisis en su conjunto ha supuesto un fracaso europeo, complementado con las ruinosas legislaturas de Zapatero y Berlusconi, entre otros. 

Pretendíamos construir la casa por el tejado y ahora pagamos las consecuencias de nuestros errores, siendo imposible una verdadera unión sin la unificación bancaria y fiscal. Asociado a ello, Europa no se recuperará hasta que no aplique una política exterior verdaderamente común y tampoco mientras siga dependiendo de las tres agencias de calificación americanas.

Mientras la Unión Europea siga siendo una estructura sin una base común y solida, será imposible recobrar la confianza de los mercados; tampoco mientras el BCE evite comprar deuda soberana y permita el ahogamiento de los países por la financiación. Sin embargo, a pesar del panorama, la Unión puede sobrevivir a esta crisis, sirviendo de ejemplo las palabras de Draghi, cuya consecuencia inmediata fue el notable descenso de la prima de riesgo y la mayor subida de la bolsa en dos años.

El proyecto europeo es ilusionante, un reto que dejar a las generaciones venideras: países que hasta hace menos de un siglo luchaban en encarnizadas guerras intentan llegar a una meta común. Pero ese sueño se cumplirá cuando se refunde la Unión Europea desde su base; es el único camino para evitar la decadencia absoluta del continente.

Por todo ello, Rajoy debe centrar sus esfuerzos en combatir el desempleo y abandonar temporalmente su política de austeridad y recortes, porque de nada servirán hasta que no se recupere la confianza de los mercados. El Gobierno debe tomar las riendas y luchar por un papel predominante de España en Europa,  reformar la Unión y emprender reformas que realmente aporten confianza.

Dichas reformas no consisten en recortar servicios sociales como la educación y la sanidad, sino reformar el Estado y la política española: eliminar diputaciones, unificar ayuntamientos, acabar con las autonomías y el Senado, reducir privilegios políticos, prohibir la entrada de cómplices etarras en el desarrollo institucional, eliminar subvenciones a patronal, sindicatos, partidos políticos y demás sanguijuelas, privatizar televisiones públicas, penalizar severamente a los implicados en fraude, aplicar verdadera transparencia en los ingresos de los partidos políticos, reformar la ley electoral e instaurar una verdadera separación judicial.

Estas medidas, inevitablemente, deben ir acompañadas de una subida de impuestos ya que el problema es macroeconómico, pero sin duda alguna aportarán más confianza y crédito que los temidos recortes.




martes, 3 de julio de 2012

Las pruebas ignoradas y la injusticia española


Son cinco las conexiones directas que la Abogacía del Estado ha demostrado entre Sortu y la banda terrorista ETA; en primer lugar la conversación mantenida en prisión entre José María Compains, promotor de Sortu, y su hijo Eneko, miembro del aparato militar de la organización. En dicha conversación, se identifica a Batasuna con Sortu y se jactan de tener donde querían al Estado español.

En segundo lugar, unos documentos intervenidos al líder etarra Ibon Fernández Iradi; donde aparece el nombre de Sonia Respaldiza Bombín. La miembro del grupo promotor de Sortu barajaba la posibilidad de integrarse en un comando armado del grupo de asesinos etarras. Por tanto, es clara la radicalización de la individua que falsamente rechaza el uso de la violencia para solucionar el conflicto vasco.

En tercer lugar, la presencia de fieles colaboradores del entramado etarra, los abogados Iñaki Goyoaga y Arantza Zulueta, en el acto de presentación de Sortu, muestra la estrecha relación entre ETA y la recién legalizada formación abertzale. Además, dichos personajes se encuentran en libertad bajo fianza acusados de pertenecer a Halboka, estructura controladora del colectivo de presos, creada para transmitir consignas y evitar disidencias.

En cuarto lugar, José Javier Artola, otro de los promotores de Sortu, es titular de una cuenta bancaria en Caja Laboral Popular, utilizada para ayudar a presos de la banda terrorista. Tampoco se deben olvidar las aportaciones económicas a los procesados Xabier Alegría, Patxi Xabier Arregi Iparragirre, Olatz Altuna y Mikel Iruskieta; cuya relación con grupos partidarios de la lucha armada (KAS y la Fundación Joxemi Zumalabe) está demostrada.

En quinto lugar, los individuos que registraron los estatutos de Sortu en Madrid se desplazaron en vehículos alquilados por dos individuos relacionados con el entorno de la banda armada, estando uno de ellos condenado por delito continuado de terrorismo y procesado actualmente por integración en organización terrorista.

¿Cómo es posible que con todas estas pruebas el Tribunal Constitucional legalice Sortu? ¿Se mueve únicamente el tribunal en base a intereses partidistas? ¿Dónde queda la coherencia? ¿Existe realmente separación de poderes en el Estado español? ¿Como puede ser que el Tribunal Supremo, basándose en pruebas aportadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, haya sido ignorado?

Por otra parte, el PSOE considera un paso positivo en la normalización política del País Vasco la legalización de una chusma proetarra, mientras el Partido Popular pone en práctica la Vía Nanclares, que en su momento tanto criticó. Todo ello, añadido al falso fin de ETA y la inacabada supresión de sus fuentes de financiación, resulta bochornoso para las víctimas de la violencia etarra y para todo aquel amante del Estado de derecho.

Es un error permitir la entrada en el Congreso de individuos incapaces de asistir a un acto conmemorativo en honor a las víctimas de la violencia o que rechacen aplaudir la detención de un extorsionador etarra. Es una vergüenza permitir la participación en la vida política de un personaje como Mikel Errekondo, quien consideró injusta la captura de los cobardes asesinos etarras en Reino Unido y Francia durante la semana pasada.

Como conclusión, es inaceptable la participación en el juego democrático de aquellos que pretenden destruir el sistema desde dentro, que falsamente rechazan la violencia para conseguir sus propósitos políticos y cuyo posicionamiento contra los que usan el terror es ambiguo. Mientras sigamos permitiendo esto, España está condenada a ser una democracia de segundo orden y cuya supervivencia es incierta.