Conflicto palestino-israelí y la legítima defensa.

La comunidad internacional ha sido testigo del último episodio de violencia y guerra en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Este capítulo conforma un contexto más amplio que se remonta hasta la creación del Estado hebreo tras la Segunda Guerra Mundial. Abordar el conflicto requiere esfuerzo intelectual y memoria histórica, acompañado necesariamente de cierta dosis de impermeabilidad frente al sensacionalismo y discursos tendenciosos.

El debate debe centrarse en ciertos puntos clave de gran repercusión jurídica: el derecho de legítima defensa, la necesidad y la proporcionalidad en la respuesta. El Estado hebreo debe responder a los ataques que los milicianos palestinos lanzan sobre su territorio, desde misiles capaces de alcanzar cualquier zona del territorio israelí hasta túneles subterráneos que facilitan la infiltración de terroristas. Llegados a este punto, el hecho de contar con escudos antimisiles en las zonas más pobladas no suprime el derecho de legítima defensa, ni justifica que la población hebrea esté expuesta a ser atacada en cualquier momento.

El derecho internacional permite a Israel defenderse, pues Hamás ha atacado primero y roto unilateralmente varias treguas humanitarias. Tras los bombardeos de Israel no existe una intencionalidad genocida desde que ordena el desplazamiento de la población y la evacuación de las zonas objeto de bombardeo para reducir las bajas civiles. Tampoco debe ignorarse que la matanza de civiles beneficia a Hamás, pues agitando el avispero de odio contra Occidente consigue adeptos a su causa. Los terroristas sitúan a los civiles en el conflicto, distribuyendo armamento y logística en lugares de vital importancia como escuelas, hospitales y viviendas.

La proporcionalidad es un principio trascendental en el derecho internacional por el cual la legítima defensa debe ceñirse a una respuesta equilibrada. Esta visión es apoyada por la mayoría de la doctrina jurídica, existiendo sectores que reivindican la no necesaria proporcionalidad. En este caso resulta evidente que la defensa no ha sido proporcional, pues mientras los misiles palestinos rara vez alcanzan sus objetivos gracias a los sistemas de defensa, Israel logra dar en el blanco con una precisión absoluta. Mientras los terroristas poseen cohetes M-302 y milicia armada, los israelíes disponen de tecnología puntera en cazas, drones, fragatas y ejército regular que ha dejado más de 2000 muertos y 6000 heridos, la mayoría civiles.

Las autoridades israelíes deben reflexionar sobre estas operaciones, plantear si la desaparición del terrorismo y el riesgo de un ataque en territorio israelí puede hacerse a cualquier precio. En coherencia con lo anterior, también debería abordarse el régimen de bloqueo que recae sobre la franja de Gaza. En cualquier caso, en este conflicto se han violando de manera sistemática los convenios internacionales reguladores de la guerra y el derecho humanitario. Estos casos deben denunciarse y exigir responsabilidades.
 
El conflicto palestino israelí es demasiado complejo y no existe solución a corto plazo. La eventual creación de un Estado palestino se encuentra en el centro del debate aunque Gaza y Cisjordania no cuenten con un líder común, pues los terroristas de Hamás elegidos por su propio pueblo dirigen la franja con puño de hierro. Tal vez debería retirarse esta propuesta, o cuanto menos considerar las consecuencias de la creación de un Estado terrorista. No obstante, Palestina rechazó en su momento la creación de un Estado propio por discrepancias con las fronteras propuestas por la ONU.

Israel tiene derecho a defenderse, hacer desaparecer los túneles que se adentran en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es seguro que lo anterior pueda conseguirse a cualquier precio, pero los hebreos no son los únicos responsables de las muertes de civiles: Hamás tiene las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo. La muerte de civiles inocentes es algo imposible de aceptar y debería remorder su conciencia.

Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.