Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis

económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.

Elecciones Europeas 2014 (IV)

Desde una perspectiva autonómica resulta preocupante el triunfo del independentismo en Navarra y País Vasco, donde EH Bildu se consolida como segunda fuerza política con el 20,10 y 23,35% de los votos respectivamente. En Cataluña, Esquerra Republicana ha tomado el relevo y mando del proceso independentista con un 23,67% de los votos, relegando a CiU a un segundo puesto. Dichos resultados son sorprendentes si se comparan con las europeas de 2009, donde ERC era cuarta fuerza política con el 9,20% de los votos, y el PSC la primera con el 36,00%. En Navarra y País Vasco, la posición de Bildu, inexistente en aquel momento, la ocupaba el PSOE con el 31,48% y 27,78% de los votos respectivamente.

En Canarias las elecciones vuelven a poner de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia los nacionalistas aglutinados bajo las siglas de Coalición Canaria, con el 12,21% de los votos, frente al 15,84% que obtuvieron en 2009, siendo de nuevo tercera fuerza política. En este sentido, Coalición Canaria lleva dos derrotas electorales consecutivas, y continúa gobernando Canarias gracias a los alternativos pactos con populares y socialistas, que constituyen la primera y segunda fuerza política del archipiélago.

Esta situación define perfectamente la inexistencia de compromiso de Estado: PP y PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo para destronar a Paulino Rivero y CC del Gobierno. Mientras Canarias mantiene el liderato junto al sur peninsular de la tasa de desempleo y abandono escolar, miles de jóvenes emigran por culpa de un mercado laboral incapaz de absorberlos y la corrupción sigue abriéndose paso en la vida política canaria, las mayores fuerzas políticas del archipiélago siguen de brazos cruzados, incapaces de llegar a un acuerdo para acabar con más de 20 años de gobierno nacionalista.

España en su conjunto se desgarra en manos del extremismo, la decepción y la desilusión, ocupando el vacío dejado por un PSOE debilitado, sin unidad y sin proyecto nacional. Todos estos datos son preocupantes, y mientras manifiestan el fin del bipartidismo, anuncian simultáneamente una etapa de disgregación política e inestabilidad gubernamental que sólo será superada a través de frágiles alianzas electoralistas que no resistirán el primer embate.

No obstante, hay algo más preocupante que la inestabilidad y el ascenso del radicalismo: el alarmante nivel de abstención. Afortunadamente, la participación ha subido en comparación con las de 2009, pero sigue habiendo un 54,16% de abstención. Más de la mitad de los ciudadanos que están convocados a las urnas no ejercen su derecho ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Qué piensan los ciudadanos de esta situación? ¿Cómo afectaría al resultado electoral su voto? ¿Qué ocurriría en Cataluña si el 52,37% de abstención se convirtiera en votos? La situación es de extrema gravedad, y merece que los ciudadanos se pronuncien.

Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.