Consulta sobre las prospecciones.

Tras la autorización de las prospecciones por parte del Ministerio de Industria, el Gobierno de Canarias desafía al Estado convocando una consulta para que los canarios se pronuncien acerca de las mismas. Rivero aseguró que la consulta del 26 de noviembre estaba amparada por el ordenamiento jurídico, mientras insiste en que la Administración autonómica cumplirá la ley y pronunciamientos judiciales. Además, asegura que la Comunidad Autónoma seguirá combatiendo jurídicamente contra unas prospecciones que atentan contra Canarias y la hacen víctima de un atropello colonialista.

En primer lugar, estudiando el marco jurídico en el que se está desarrollando el conflicto, debe destacarse la porosidad del lenguaje y el uso interesado del mismo. Según la Constitución Española el único legitimado para aprobar la realización de referéndum, herramienta jurídica cuyos resultados son vinculantes políticamente, es el Estado. Todo ello a través de una propuesta presidencial y posterior aprobación parlamentaria. Paulino Rivero, a través del lenguaje, pretende que su consulta tenga el efecto vinculante propio del referéndum.

En este sentido, la Ley Canaria de Consultas de 2010 constituye un cauce efectivo para la participación de los ciudadanos en la vida pública, conforme a la existencia del principio administrativo-constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, exigiendo cauces jurídicos para ello. No obstante, dicho principio y ley tienen unos límites que se desprenden del bloque de constitucionalidad y régimen competencial español: el Gobierno canario puede proponer cualquier consulta, siempre y cuando las materias sobre las que verse sean competencia de la Comunidad Autónoma y no del Estado. Rivero conoce las limitaciones de su ley, su posible interpretación y la más que probable inconstitucionalidad de una consulta que interrogue directamente sobre las prospecciones.

La eventual pregunta sería: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. No deja indiferente esta formulación, debiendo advertirse la astucia de los asesores de Rivero al desvirtuar formalmente el referéndum, para convertirlo en una enrevesada e incongruente consulta. La Autonomía puede consultar sobre la planificación económica del archipiélago por cuanto es un asunto de su competencia, no existiendo inconstitucionalidad desde un punto de vista estrictamente formal. Sin embargo, materialmente la consulta constituye un claro fraude pues realmente no se pregunta sobre el modelo económico, sino sobre las prospecciones. Por tanto, existen dudas razonables sobre su constitucionalidad: formalmente podría adecuarse al ordenamiento, pero no materialmente por cuanto supone un fraude.

Los modelos no son excluyentes, pueden convivir la industria petrolera y turística, siendo diferente el debate sobre la elección de un modelo energético u otro. Además, el Gobierno español ha seguido el procedimiento administrativo exigido, cumpliendo las garantías legales. Por lo tanto, como ha manifestado el TS al desestimar las pretensiones suspensivas del Gobierno autonómico, la autorización de las prospecciones se adecua al ordenamiento. Rivero debería preocuparse por otros asuntos como los posibles vicios del reglamento que desarrolla la Ley de 2010, haciéndola decir lo que no dice, o la forma en que manipula al pueblo canario, enmascarando sus rencillas personales con Soria mediante el debate sobre las prospecciones. El presidente no se opuso al proyecto en 2001 ni 2005, y tampoco planteó una consulta cuando se construyó el puerto de Granadilla, que produjo gran rechazo ciudadano.

En conclusión, Canarias debe diversificar su economía como fundamento para combatir el elevado desempleo, buscando no depender exclusivamente del turismo. La actuación de los poderes públicos debe atraer inversiones para el archipiélago, buscando que éste se constituya en referencia. En este proyecto deben reconocerse su autonomía y peculiaridad, siendo posible convertir Canarias en vanguardia atlántica de España si existe voluntad política y entendimiento, desechando actitudes sectarias o partidistas. Los nacionalistas deben saber que no aman más esta tierra volcánica que quienes defienden las prospecciones.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

Elecciones Europeas 2014 (IV)

Desde una perspectiva autonómica resulta preocupante el triunfo del independentismo en Navarra y País Vasco, donde EH Bildu se consolida como segunda fuerza política con el 20,10 y 23,35% de los votos respectivamente. En Cataluña, Esquerra Republicana ha tomado el relevo y mando del proceso independentista con un 23,67% de los votos, relegando a CiU a un segundo puesto. Dichos resultados son sorprendentes si se comparan con las europeas de 2009, donde ERC era cuarta fuerza política con el 9,20% de los votos, y el PSC la primera con el 36,00%. En Navarra y País Vasco, la posición de Bildu, inexistente en aquel momento, la ocupaba el PSOE con el 31,48% y 27,78% de los votos respectivamente.

En Canarias las elecciones vuelven a poner de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia los nacionalistas aglutinados bajo las siglas de Coalición Canaria, con el 12,21% de los votos, frente al 15,84% que obtuvieron en 2009, siendo de nuevo tercera fuerza política. En este sentido, Coalición Canaria lleva dos derrotas electorales consecutivas, y continúa gobernando Canarias gracias a los alternativos pactos con populares y socialistas, que constituyen la primera y segunda fuerza política del archipiélago.

Esta situación define perfectamente la inexistencia de compromiso de Estado: PP y PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo para destronar a Paulino Rivero y CC del Gobierno. Mientras Canarias mantiene el liderato junto al sur peninsular de la tasa de desempleo y abandono escolar, miles de jóvenes emigran por culpa de un mercado laboral incapaz de absorberlos y la corrupción sigue abriéndose paso en la vida política canaria, las mayores fuerzas políticas del archipiélago siguen de brazos cruzados, incapaces de llegar a un acuerdo para acabar con más de 20 años de gobierno nacionalista.

España en su conjunto se desgarra en manos del extremismo, la decepción y la desilusión, ocupando el vacío dejado por un PSOE debilitado, sin unidad y sin proyecto nacional. Todos estos datos son preocupantes, y mientras manifiestan el fin del bipartidismo, anuncian simultáneamente una etapa de disgregación política e inestabilidad gubernamental que sólo será superada a través de frágiles alianzas electoralistas que no resistirán el primer embate.

No obstante, hay algo más preocupante que la inestabilidad y el ascenso del radicalismo: el alarmante nivel de abstención. Afortunadamente, la participación ha subido en comparación con las de 2009, pero sigue habiendo un 54,16% de abstención. Más de la mitad de los ciudadanos que están convocados a las urnas no ejercen su derecho ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Qué piensan los ciudadanos de esta situación? ¿Cómo afectaría al resultado electoral su voto? ¿Qué ocurriría en Cataluña si el 52,37% de abstención se convirtiera en votos? La situación es de extrema gravedad, y merece que los ciudadanos se pronuncien.

El ser y el deber ser del modelo universitario actual.

El acceso a la educación universitaria supone un gran salto cualitativo. La universidad amplía nuestras fronteras intelectuales y pone a nuestro alcance la formación superior. Sin embargo, la entrada en la institución no sólo conlleva profundización en el conocimiento, sino un estilo de reflexión y estudio guiado por el espíritu racional y crítico.

Actualmente, la universidad pública española es poco selectiva, prescindiendo de filtros en búsqueda de la auténtica calidad. Profundizando en este sentido, ingresan personas que realmente no poseen vocación o que deciden incorporarse a la institución como consecuencia de la inercia social, conforme a la cual lo natural es iniciar estudios universitarios. De esta manera, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y nuevos enfoques de la realidad no constituyen los motivos esenciales del ingreso en las facultades universitarias.

Nos encontramos ante un exceso de demanda que trae consigo la masificación de las aulas y el deterioro de la relación entre alumno y profesor, en un ambiente de mediocridad y desinterés donde los nombres se convierten en números. La masificación supone un despilfarro de los recursos públicos y los ingresos de las familias, quienes dilapidan su patrimonio en la formación universitaria de muchos jóvenes que ni tienen vocación ni son conscientes del privilegio que supone pertenecer a la institución universitaria.

Los jóvenes deben entender que están condenados al fracaso quienes entran en la universidad guiados por intereses superfluos, sin metas medianamente definidas, o conducidos por una sociedad que no se plantea otras salidas profesionales. El sustento de este razonamiento lo aportan las estadísticas: masificación de las aulas de primero de grado y un número reducido de graduados finales. Debemos entender que a pesar de terminar la aventura universitaria los mejor preparados, el despilfarro de los recursos públicos y familiares es irreparable.

Para contrarrestar esta tendencia deben aplicarse estrictos controles en la entrega de becas públicas y la instauración de mayores filtros no aplicables al ámbito económico con el aumento de tasas, sino elevando las exigencias y notas de acceso. También es fundamental la puesta en marcha de un programa educativo estable en el tiempo, por encima de ideologías e inmune a las reformas políticas del Gobierno de turno.

El funcionamiento universitario deficiente no es consecuencia única de los alumnos, el borreguismo imperante o el desinterés de los padres en la formación y vocación intelectual de sus hijos, sino que también son responsables las autoridades universitarias y los programas educativos. Bolonia y la legislación europea condicionan el planteamiento y estructuración de las clases universitarias, pero es difícil aceptar que la implantación del grado europeo amordace la autonomía universitaria española de tal forma que la chabacanería y la desidia sean el ambiente imperante en las facultades.

En este sentido, la universidad no es una institución divina, sino una institución formada por personas y guiada por profesionales encargados de poner en práctica desde la organización y la logística los valores que presiden la institución. Por lo tanto, estos profesionales asumen gran parte de la responsabilidad en el triunfo o fracaso del proyecto, así como del prestigio y eficacia del centro.

En el caso de la universidad pública canaria, es difícil alcanzar el máximo rendimiento mediante un reducido horario presencial que ocupa de lunes a miércoles. Tampoco es idóneo que asignaturas cuatrimestrales distribuidas en clases teóricas, prácticas y seminarios sean impartidas por tres docentes diferentes, al mismo tiempo que se apuesta por la personalización de la enseñanza. Todo ello desencadena un contexto en el que las primeras víctimas son la constancia y el aprendizaje significativo.

Desde una perspectiva optimista, nos enfrentamos a una tendencia extendida y generalizada pero cuyas coordenadas están claramente delimitadas, conociendo sus causas y consecuencias. De esta forma, sabemos cuáles son las herramientas que deben emplearse para convertir las facultades en centros de auténtica intelectualidad, presidida por el espíritu crítico y alejada de tergiversaciones ideológicas. Debemos apostar por un modelo universitario elitista donde exista igualdad de oportunidades para quienes no dispongan de recursos económicos y posean talento, espíritu de superación y ambición.

En este modelo intelectualmente elitista no deberían olvidarse los valores morales directores de cualquier actividad personal o profesional, ya que ese canon universitario fracasará si prescinde del enfoque humano y social. Conceder una importancia desorbitada al conocimiento teórico sin subordinarlo al progreso y bienestar social significaría incurrir en un grave error.

En definitiva, el modelo universitario propuesto debe favorecer el ambiente para el desarrollo del espíritu crítico, aportar nuevos enfoques a una sociedad excesivamente maleable y contribuir al progreso de nuestro país.

La decadencia autonómica

Como célebremente dijo Adolfo Suárez: "la transición española fue un ejemplo para el resto del mundo"; un país cuya historia reciente había sido convulsa, sellaba completamente su reconciliación. La Transición y la Constitución de 1978 fueron una gran obra de ingeniería, ensamblando los diferentes intereses del bloque de corrientes políticas existentes en la España del momento. El harakiri político de la derecha franquista permitió la llegada de la democracia, junto al liderazgo ejercido por personajes como Adolfo Suárez o el rey Juan Carlos, en un momento en el que la sociedad española clamaba libertad y la oposición política ganaba cada vez más adeptos.

No obstante, treinta años más tarde la Constitución de 1978 y el derecho a la autonomía han dejado de tener validez. Los excesos del modelo autonómico contra la identidad nacional y el sano funcionamiento democrático no deben continuar, sobre todo en un momento en el que la situación económica y decadente del país exige políticas firmes que permitan a España un respiro de los mercados.

Las Comunidades Autónomas se han convertido en agencias de colocación, derroche, duplicidades, endeudamiento y patios particulares de los partidos políticos, no siendo un modelo de acercamiento al ciudadano, sino el prototipo de fracaso por excelencia. Muestras de ello lo deja la nefasta administración valenciana, el pozo sin fondo autonómico andaluz y las cada vez más nacionalistas Cataluña, Canarias y País Vasco, gracias a los cavernarios partidos nacionalistas que las gobiernan.

El último capítulo del exceso autonómico tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la delegación catalana plantó al ministro y los andaluces abandonaron la mesa de negociaciones. Antonio Griñán justificó el desaire argumentando que la fijación del límite de endeudamiento, es decir, la prohibición de gastar más dinero del que se tiene, supone un ataque a Andalucía y rompe la igualdad de todos los españoles. Además, para el presidente de la Junta, la puesta en marcha del límite supondrá un duro golpe a la educación y sanidad pública andaluza.

¿En qué planeta vive el señor Griñán? ¿No se da cuenta que mayor gasto no implica mejor resultado? ¿Acaso no sabe que Andalucía es la comunidad que más gasta en Educación y la que peor resultado obtiene? ¿Acaso es tan populista que no se da cuenta que la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, es una quimera? ¿No entiende que mientras sigan existiendo privilegios fiscales o diferencias legales y jurídicas será imposible la igualdad entre españoles? ¿Cómo puede reivindicar igualdad entre compatriotas mientras su actitud caciquil lo único que consigue es dividir a la nación en luchas fangosas?

El caso de los nacionalistas catalanes se lleva la palma, quedando al descubierto la hipocresía y doble rasero con el que desarrollan su actividad política. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta que los nacionalistas no tienen principios, envenenan la juventud con la parafernalia nacionalista carente de raciocinio, inculcan desde sus decadentes administraciones el odio a España y promocionan una corriente ideológica cuyo origen reside en los intereses pueblerinos de cierta burguesía catalana textil durante el último tercio del s.XIX.

La falsa dignidad política también caracteriza a los nacionalistas; es decir, mientras reivindican una Hacienda propia, se acogen al fondo estatal de ayuda para evitar la suspensión de pagos. Tampoco dice mucho de ellos el acto cobarde y maleducado de dejar plantado al ministro, ignorando la inconveniencia de morder la mano que los salvará de ahogarse en sus propias deudas.

El insostenible Estado de las Autonomías, el llamado “café para todos”, caerá por su propio peso e inviabilidad. Para acelerar ese proceso, el Gobierno debe tener las agallas de exigir contraprestaciones políticas a cambio del rescate autonómico. Un buen ejemplo sería la devolución de competencias como la sanidad o la educación, siendo los primeros pasos para la restitución de un Estado centralizado e igualitario para los españoles.

El papel de los medios de comunicación y la privatización.

Internet puede ser usado de diversas formas, siendo una de ellas la movilización popular. No obstante, en países con regímenes dictatoriales como China, Cuba o Irán, estos movimientos sociales pierden fuerza cuando la red es controlada.

Muchos establecen un paralelismo con el control ejercido por los gobiernos occidentales sobre ciertos aspectos de la red, comparando sus actuaciones con las de los países nombrados anteriormente. Como ejemplo de lo dicho podemos hablar de Estados Unidos y Francia, que han protagonizado acciones de censura contra determinadas páginas, especialmente contra portales piratas y yihadistas.

No obstante, aquellos que establecen esa comparación están completamente equivocados, al situar en un mismo plano ambos casos. Mientras los gobiernos democráticos obstaculizan en ciertos aspectos la descarga gratuita de contenidos, son incapaces de limitar el libre razonamiento del individuo, existiendo gran cantidad de blogs y páginas web que así lo constatan.

Por otra parte, los países con dictaduras no sólo restringen las descargas con respecto a Internet, sino también lo referente a la libre circulación de las ideas. Muestras de ello lo dan las frecuentes noticias que muestran la censura de las autoridades comunistas chinas contra cualquier página contraria al régimen o simpatizante de otros sistemas.

Acorde al papel de los medios de comunicación, es importante destacar el papel de la telefonía móvil con respecto a la movilización popular, no sólo a nivel nacional sino también internacional. El teléfono es la única vía que tienen iraníes, chinos y sirios para mostrar a la comunidad internacional la continua vulneración de sus derechos y el grado represivo que sufren. También cabe destacar el papel de los smartphones en los disturbios de Londres el año pasado, siendo necesario el control de los servidores por parte de la policía para conocer los movimientos de aquellos que usaron la violencia para hacer oír su voz.

No obstante, el papel de las nuevas tecnologías es diferente en cada sociedad, influyendo sobremanera en su desarrollo, pudiendo ser usadas con diferentes grados de responsabilidad. Para entender lo expuesto anteriormente, es necesario comprender que Internet es la mejor vía que tienen los pueblos dictatorialmente sometidos para hacer oír su voz, conocer la realidad de otros países y gozar de libertad de conciencia. Es por ello que Internet sirve de base para poner de acuerdo a las masas, siendo unos pocos los suficientes para transmitir esas ideas democráticas al resto.

Es cierto que en países totalitarios las revoluciones se ganan mediante manifestaciones y lucha en la calle, pero este concepto no es aplicable al desarrollo de la vida política, ciudadana y democrática de los países occidentales, incluyendo por lo tanto a España. Es decir, cabe rechazar cualquier uso de la violencia para lograr cambios en nuestro país, teniendo muy presente la responsabilidad a la hora de usar los medios de comunicación.

Acorde a lo anteriormente dicho, subrayo la irresponsabilidad de ciertos sectores de la izquierda, que alientan la movilización popular y obstaculizan ciertas medidas necesarias; olvidando o pareciendo querer olvidar su culpabilidad en lo que ha provocado la situación en la que estamos. En ningún momento reniego del derecho a manifestarse otorgado por la Constitución, a lo que sí me opongo es a la utilización de esa movilización popular para fines políticos, partidistas e hipócritas.

Lo ideal sería que todas las corrientes ideológicas adquirieran una concepción responsable de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la vida ciudadana; es decir, el rechazo a cualquier clase de manipulación, existiendo ésta en muchos de los ámbitos del desarrollo individual; pudiendo no ser sólo la televisión o la prensa, sino también la Educación convertida en una herramienta del adoctrinamiento.

Ciertas polémicas han estado relacionadas con el control estatal de los medios de comunicación, como por ejemplo la decisión del actual gobierno de purgar la dirección de RTVE, lo cual ha provocado la ácida crítica de la oposición. Pero es aquí donde se aprecia la hipocresía, planteando con ello una serie de cuestiones:

¿Cuándo ha sido independiente RTVE? ¿Lo ha sido alguna vez? ¿No sabe la oposición que el gobierno ha hecho esto basándose en un mecanismo aprobado por el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Olvidan los socialistas su colaboración con el grupo PRISA?

No obstante, mi planteamiento va más lejos, preguntándome si existe alguna posibilidad de obtener información pulcra y no adulterada. Defiendo que las televisiones privadas sean la única manera de encontrar cierta información imparcial y no gubernamental; por lo que apoyo la privatización de las televisiones públicas, en especial las autonómicas, cuyo gasto infinito podría invertirse en otros servicios públicos más necesarios, como la Sanidad y Educación.

Como conclusión, quiero dejar claro que la democracia posibilita una serie de herramientas para su propia mejoría, e incluso para cambiar la vida política y social. Todo lo que conlleve violencia únicamente contribuirá a la degradación de un sistema que tanto esfuerzo costó a generaciones pasadas y personalidades como Adolfo Suárez, el presidente de la Transición.  

Hidrocarburos en Canarias

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, anunció hace algunos días la concesión del permiso para la realización de prospecciones petrolíferas en Canarias, las cuales permitirían comprobar la existencia de crudo en la zona y su posible extracción; todo ello a cargo del operador Repsol.

No es un anuncio completamente nuevo, ya que desde 2001 existía el proyecto; siendo cancelado con la llegada socialista al poder en 2004. Las reacciones y diversas opiniones ante este anuncio no se han hecho esperar; desde este artículo he intentando abordar y evaluar de forma imparcial y objetiva cada uno de los pros y los contras.

Según la opinión de algunos, la extracción de petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura supondría la destrucción de gran parte de la biosfera española. Además, la adopción de un sistema productivo contrario al modelo turístico adoptado por el archipiélago traería consecuencias nefastas; relacionado todo ello con la pérdida masiva de turistas y la consecuente degradación del medio ambiente.

Tampoco se debe el obviar el riesgo que entraña un escape de combustible, que sin duda alguna traería consecuencias nefastas para las islas; dañando el turismo y el sector pesquero, principal actividad económica de muchos majoreros y conejeros. A pesar de los setenta kilómetros que separan la costa canaria de la posible extracción, nadie niega las catastróficas consecuencias económicas y ecológicas de una posible fuga; temiendo un suceso similar al del vertido de crudo en el Golfo de México, ocurrido el pasado abril de 2010.

Por otra parte, muchos se preguntan dónde irán a parar los beneficios de la posible industria petrolífera canaria. Es justo que parte de las ganancias vayan a las arcas de Repsol, en sintonía con su participación e inversión privada; sin embargo, puede ser dudoso que los beneficios del Estado español, derivados de impuestos y demás formalidades legales, contribuyan al desarrollo de la precaria economía canaria.

Las incógnitas que se plantean son: ¿Canarias merece una percepción mayor de los beneficios? ¿Debería el Gobierno Central destinar la mayor parte de los beneficios al archipiélago? ¿Es éste un planteamiento nacionalista? ¿Crecería la economía canaria con la extracción de crudo? ¿Contribuiría a la destrucción de puestos de trabajo relacionados con el sector terciario?

No obstante, no todo son opiniones negativas; y es que la posible extracción de petróleo en aguas canarias satisfacería un 10% de la demanda española; además, la producción diaria ascendería a 140.000 barriles durante veinte años, suponiendo un ahorro energético de 28.000 millones; lo cual conllevaría la estabilización del tradicional déficit energético español.

Según las palabras del ministro, la actividad económica derivada de la posible extracción de combustible podría complementar el modelo productivo turístico canario; y es que muchos niegan un impacto negativo sobre el turismo. Sobre el papel, la producción del crudo supondría un incentivo para la actividad mecánica industrial; la industria eléctrica; el aprovisionamiento de buques relacionados con la extracción; y un empuje para el comercio, los servicios y la ocupación de hoteles.

Por otra parte, Marruecos ya ha iniciado la búsqueda del oro negro, autorizando prospecciones en su franja territorial. Nuestro vecino no dudará un instante en extraer el crudo si tenemos en cuenta que ningún país se permite el lujo de no explotar esa clase de yacimientos. Llegados a este punto, el debate pierde fuerza y se decanta hacia una de las dos partes; contribuyendo a ello ciertas cuestiones:

¿Está reñida la economía turística con la extracción de combustibles fósiles? ¿Es Dubai o Noruega un buen ejemplo de ello? ¿Una actividad petrolífera supone necesariamente peligro medioambiental? ¿Qué garantías tenemos de que Marruecos será más respetuosa que Repsol con el medio ambiente? ¿Acaso un escape en aguas marroquíes no afectaría a las costas canarias de igual modo? ¿Podemos permitirnos prescindir de semejante actividad económica?

Por otra parte es digno de estudio el comportamiento de la clase política en este asunto; es decir, mientras el Partido Popular se negaba en rotundo a realizar prospecciones petrolíferas en la costa valenciana, nos sorprende su apoyo a las extracciones en Canarias. ¿Qué diferencia hay entre Canarias y Valencia? ¿Por qué en Valencia no y en Canarias sí? ¿Qué intereses son los responsables de este doble rasero?

El Gobierno Canario con Paulino Ribero a la cabeza se niega en rotundo, alegando las desastrosas consecuencias económicas y ecológicas que supone para el archipiélago la puesta en marcha del proyecto. No obstante, para el pensador crítico será fácil averiguar que lo menos que persigue el presidente canario es el bienestar de su región; su objetivo primordial es la obtención de un beneficio personal y dejar claras sus diferencias personales con el señor Soria. Además, los tintes nacionalistas de su política influyen claramente en su rechazo.

Sin embargo, no acaba aquí el escandaloso comportamiento de los políticos; ya que el ministro de Industria, Energía y Turismo fue el mismo que se negó en 2001 a las prospecciones cuando era Vicepresidente del Gobierno canario. Por tanto, ¿Olvidó el señor Soria su negativa de 2001? ¿Olvidar los principios y éticas es una regla general en los políticos?