Consulta soberanista del 9 de Noviembre (I)

El proceso soberanista iniciado por Artur Mas y sus socios en el Gobierno prosigue. Tras la doble
suspensión del 9N por el TC, finalmente la consulta fue celebrada desobedeciendo las resoluciones del tribunal y desafiando el orden constitucional. Los colegios electorales abrieron sus puertas ante la pasividad del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De un electorado de 6 millones, 1,8 acudieron a votar resultando victorioso previsiblemente el independentismo, obteniendo el 94,4% de los votos.

En aquella jornada se interpusieron denuncias ante los juzgados catalanes, los cuales denegaron la suspensión cautelar de la votación argumentando la desproporcionalidad y la no intención de provocar un mal mayor del producido. Proceder a la clausura de los colegios una vez abiertos podría haber provocado alteraciones del orden público cuyas consecuencias hubieran sido imprevisibles. Tampoco actuó el Gobierno central a través de la Policía Nacional, no procediendo a impedir una violación tan flagrante del ordenamiento. Además, los mossos se encontraban custodiando la votación en claro conflicto entre la obediencia jerárquica a sus superiores y el hegemónico deber de respeto a la legalidad.

La batalla jurídica por la depuración de responsabilidades siguió a la inactividad estatal y judicial, acumulándose las demandas en la interpuesta por Manos Limpias frente a Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y la Consejera de Educación. El TSJ ha admitido a trámite la demanda contra dichos sujetos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. De estos delitos, parece concurrir la desobediencia por cuanto de manera manifiesta se ha incumplido la suspensión de la consulta decretada por el TC. Respecto a los otros existen indicios de concurrencia, siendo clave lo que se entiende por “resolución arbitraria en un asunto administrativo” (404 CP). Existirá responsabilidad penal si el decreto de convocatoria de la consulta y formación de la “Junta Electoral” se considera resolución en el sentido del tipo.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, la apertura de centros electorales y propaganda constituye gasto público. Dicho destino económico contradice el orden legal y constitucional, por lo que existen evidencias de delito. En coherencia con lo anterior, difusa es la frontera entre estas actuaciones y el delito de sedición. No obstante, serán los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña quienes valorarán la concurrencia o no de estos delitos. Con pleno respeto a la ley e interpretación de los requisitos de concurrencia, la violación del orden legal y constitucional no debe quedar impune, por cuanto lo contrario constituiría un precedente indeseable, pudiendo ser lo siguiente la declaración unilateral de independencia.

Si el Estado no responde a estas violaciones se confirmará su debilidad e incapacidad para hacer frente a los ataques que sufre. La metástasis del cáncer que supone la mezcla de la política en la actuación del personal cooperador con la Administración de Justicia ha tenido una clara manifestación en la negativa de los fiscales catalanes de presentar querella contra Artur Mas. En este sentido, han desobedecido el principio de dependencia jerárquica y obligado al por aquel entonces Fiscal General del Estado a firmar la querella.

La consulta soberanista ha fracasado aunque sus promotores se vanaglorien. Nadie serio y responsable avalaría una consulta ajena al orden constitucional y sin amparo legal, tampoco sin garantías que aseguren la fiabilidad del resultado. Además, menos de la mitad del electorado convocado acudió a la votación, por lo que a pesar de existir una participación destacable (aproximadamente 1,8 millones) no llega ni por asomo a los 6 millones convocados. En este sentido, la herramienta utilizada no ha sido la idónea si los promotores pretendían una explosión del sentimiento independentista, por cuanto la primera encuesta realizada por el Gobierno catalán tras el 9N arroja una victoria del no a la independencia.

Reflexiones sobre el aborto.

En 2011 el programa electoral del PP incorporaba la reforma de la ley del aborto, con el fin de restaurar el sistema de supuestos de 1983. Tras obtener mayoría absoluta aplastante, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontraba en posición inmejorable para emprender dicha reforma legislativa. Sin embargo, la propuesta fue incumplida como muchas otras promesas electorales. Además, lo fue de manera traumática y vergonzosa: cuando el anteproyecto había sido aprobado por Consejo de Ministros y provocando la dimisión de Gallardón. Finalmente, la Ley de 2010 será modificada tímidamente en cuanto al consentimiento de las menores y tutores.

El comportamiento político de Rajoy ha sido deleznable, pero debe abordarse la raíz del problema y posibles soluciones. La actual concepción mayoritaria del aborto es fruto de una visión filosófica que tiene sus orígenes en la Modernidad. Es un problema demasiado complejo como para abordarlo en su totalidad, pero una de las consecuencias de esa mentalidad se traduce en el desposeimiento de la condición humana del nasciturus. Por lo tanto, para el Derecho no será más que un bien jurídico que merece cierta protección (en nuestra legislación a partir de 14 semanas) pudiendo ceder ante otros derechos de origen y desarrollo discutible como la ciega autonomía y libertad de elección.

El Hombre ha llegado a decidir quienes merecen entrar en la Humanidad, como si fuera un club con reserva del derecho de admisión. Tal es la fuerza de la mentalidad empírica racionalista malinterpretada que no se concede la plena condición humana a quienes no pueden manifestar características demostrables de su condición y dignidad. De esta manera, se decide quienes forman parte de la Humanidad y quienes no, lo cual se advierte claramente en el aborto y eutanasia. Relevante es la consecuencia de invertir la carga de la prueba sobre el sujeto desposeído de su condición humana, y es que la protección decae hasta límites insospechados. Como resultado, a pesar de constituir vida humana y poseer dignidad ontológica inviolable, el nasciturus no dispone del bien jurídico “vida”, sino que es constituido como bien jurídico protegible que cede en innumerables ocasiones.

Debe defenderse la condición humana del nasciturus, y por tanto una protección coherente con ello. Los argumentos se apoyan en explicaciones científicas y fundamentos judeo-cristianos. No obstante, incluso la vida cede a favor de otros derechos en nuestro ordenamiento, por ejemplo la legítima defensa. Es decir, puede afirmarse que ningún derecho de los enumerados en la Constitución Española tiene una pretensión de eficacia tan potente que lo conduzca a ser absoluto. De hecho, los límites y excepciones de ejercicio son abundantes, por lo que cabe afirmar su relatividad. No obstante, lo expuesto no son más que reflexiones y observaciones jurídicas que se empequeñecen ante la filosofía.

El aborto es un hecho traumático y merece que los poderes públicos trabajen para erradicarlo o cuanto menos disminuirlo. Para conseguirlo existen diversas vías: una de ellas es la prohibición legal del aborto, punificando el hecho abortivo aunque con matices, como puede ser que bajo ningún concepto exista responsabilidad penal de la mujer, sino de los facultativos asistentes. Esta era la intención inicial del Gobierno, pero resulta muy discutible que con la simple aprobación de la ley se reduzcan los abortos. Deberían potenciarse otras vías alternativas: desarrollar las ayudas a la maternidad creando un marco favorable a la misma, y cambiar la cultura de la autonomía y la muerte por la vida y sexualidad responsable.

Además, no existe mejor incentivo para reducir la tasa de aborto que la prosperidad y florecimiento económico, de tal forma que los ciudadanos tengan un nivel de vida tal que les permita emprender la aventura de la paternidad. En este sentido, debe denunciarse la presión mediática y social que empuja de manera inercial y encubierta al aborto, de modo que ante esta situación el entorno social es más proclive a aconsejar el aborto que continuar con el embarazo. En este punto es donde los poderes públicos deben intervenir de tal manera que la solución al problema del aborto no se circunscriba únicamente a una ineficaz reforma legislativa.

Por último, deben denunciarse otras incoherencias sociales. En este sentido, existe una corriente de pensamiento extendida defensora de la “igualdad animal”: los animales como sujetos con derechos. Por ello, teniendo en cuenta la obligación humana de respetar el medioambiente, se condena con buen criterio la tauromaquia, el maltrato animal o el abandono de mascotas. No obstante, existe desproporción entre la intensidad con que se reivindica el derecho de los animales y el trato que se dispensan los seres humanos unos con otros. ¿Cómo pretenden algunos que los animales tengan mayor protección que un ser humano en gestación?

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (II)

La fundación de Iglesias ha sido acusada de recibir contraprestaciones del Gobierno venezolano por servicios de asesoría, señalando a dicho régimen como financiador del entramado político-institucional que rodea al equipo de Iglesias. Ante esto, el eurodiputado denuncia la hipocresía de quienes le acusan, pues dichos servicios son legales y nunca se ha aconsejado la represión. Además, insiste en que hasta el propio Gobierno español ha vendido armas a Venezuela, y que en ningún momento ha defendido la aplicación del sistema bolivariano en España.

No obstante, a pesar de las justificaciones esgrimidas, una entrevista en la televisión venezolana y declaraciones en su programa contradicen y ponen en evidencia sus explicaciones. En dichas intervenciones Iglesias alaba a Hugo Chávez, sus enseñanzas y el carácter invencible que representa para sus enemigos después de muerto. El eurodiputado lo ensalza como gran demócrata y señala el momento de su fallecimiento como día de luto para quienes aman la democracia. En este sentido, Iglesias muestra a Venezuela como modelo a seguir para el sur de Europa, ejemplo de que se puede recuperar la soberanía y hacer las cosas de otra manera.

Además, presenta a España como un país desolado donde élites económicas controlan los medios de comunicación e impiden que la información esté al servicio del pueblo. Resulta curioso como Iglesias critica ferozmente el sistema televisivo que le ha catapultado a la fama y permite ejercer su derecho de expresión. Paradójicamente, ataca el sistema que le reconoce el derecho a concurrir en unas elecciones con un programa electoral contrario al Gobierno y ejercer la libertad de cátedra. Aunque le pese, la sociedad española cuenta con diversidad de medios informativos reflejo del pluralismo existente, unos medios de ética dudosa pero libres y plurales.

La democracia no existe en el régimen bolivariano, un sistema represivo cuyo sistema electoral y de recuento es manifiestamente perverso y donde los medios de comunicación no afines a la política gubernamental son víctimas de una campaña que persigue el monopolio de la información, manipulándola y distorsionándola a su voluntad. Con la falsa excusa de proteger al pueblo, se criminaliza la protesta y todos los resortes del Estado se orientan hacia la perpetuación del sistema bolivariano. Todo ello mientras las políticas económicas del Gobierno y el dominio de sus élites sumergen en la pobreza y el desabastecimiento a Venezuela.

Pablo Iglesias no es terrorista pero simpatiza con el entorno proetarra, abertzale y borroka, formando parte del sector social que pretende instaurar un régimen pseudocomunista en España. Por último, Iglesias representa a la población joven nacida en democracia que arrastra los prejuicios de una guerra que no sufrió. Frente a la conveniencia del espíritu de reconciliación nacional y tolerancia, le domina un sentimiento revanchista y la necesidad de instaurar un sistema traumático en toda época y lugar.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis

económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

"Los Miserables", de Víctor Hugo

Este artículo nace como reflexión sobre el contenido de cierta novela publicada en 1862 bajo el título de
“Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo. Cualquiera ha oído mencionar este escritor y la gran altura intelectual de sus obras; quien haya profundizado en su figura habrá comprobado su vocación política y las consecuencias derivadas de su compromiso ideológico, como el exilio. Definitivamente, Víctor Hugo fue un destacado intelectual del siglo XIX y uno de los personajes más ilustres de la Historia contemporánea de Francia y Occidente.

Todos le atribuyen elogios sin ni tan siquiera haber leído previamente cualquiera de sus obras. Sin embargo, tras la lectura de “Los Miserables” lo expuesto anteriormente no varía un ápice; de hecho, las virtudes expuestas son incapaces de abarcar en su totalidad la grandeza del autor y su obra. Existe un antes y un después tras la lectura de esta novela; quien considere la literatura un goce aprenderá lecciones vitales, emprenderá una revisión interna que le llevará a crecer intelectual y espiritualmente. En todos los sentidos, esta obra de arte constituye un gran alimento para el alma inquieta que busca respuestas en el torbellino de la realidad, bajo la incorruptibilidad y coherencia de los principios.

“Los Miserables” constituye un monumento de reflexión filosófica, política y religiosa. Para un ser humano ávido de conocimiento y debate, esta novela representa una explosión de crítica hacia los hombres, los sistemas políticos y las leyes; y de denuncia hacia la hipocresía e incoherencia social. Interiorizar esta obra literaria permite al lector detener el tiempo en el dinamismo y vorágine social, fijar la vista en los más desfavorecidos y encontrar un amplio abanico de personajes: héroes, villanos y mártires. Además, cada capítulo se encuentra plagado de reflexiones que permiten navegar en el océano de los sentimientos más sublimes.

Víctor Hugo sitúa al lector en el contexto histórico del momento, impartiendo una magistral clase de Historia contemporánea y mostrando los defectos de la primera formulación del Estado liberal, testigo de la agonía del absolutismo. Durante el s.XVIII la monarquía absolutista frenó el avance del comercio y la economía; la seguridad que proporcionaba frente al feudalismo había pasado a mejor vida. Además, las aspiraciones de la burguesía pujante confrontaron con los estrictos controles y requisas estatales. La Ilustración y los precedentes históricos, combinados con el malestar social y la estrategia burguesa, constituyeron el caldo de cultivo para las dos grandes revoluciones del s.XVIII.

En un primer momento, los derechos y libertades eran efectivos únicamente para cierta minoría privilegiada, siendo muestra de ello el sufragio censitario. La Constitución representaba un mero marco político, de carácter programático y vulnerable a reformas arbitrarias, debido a la inexistencia de mecanismos jurídicos de aplicación y estabilidad temporal. Víctor Hugo recoge las demandas de la clase media y popular, ilustra de forma sublime el camino a seguir para la consecución del Estado social y democrático. En su línea visionaria, el escritor demanda un Estado más comprometido con los desfavorecidos, que proteja a aquellos pilluelos huérfanos de París y garante de unas condiciones dignas para los obreros.

Ese modelo de convivencia tan sólo aparecerá como fruto de la evolución del Estado liberal, presionado por las demandas de la clase media y el movimiento obrero, siendo grandes rivales ideológicos el fascismo y el socialismo. Será después de las dos conflagraciones mundiales cuando las Constituciones adquirirán auténtico carácter vinculante y asegurarán la existencia del Estado democrático y social, donde se lucha frente a las desgarradoras escenas que Víctor Hugo describe. También merece la pena mencionar su discurso en la Conferencia de la Paz de 1849 en París, donde el intelectual apuesta por la unidad de Europa consagrándose como precursor de la Unión Europea.

La persecución del policía Javert sobre Juan Valjean representa uno de los debates más prolíficos del Derecho, y es la no necesaria coincidencia entre legalidad y justicia. Víctor Hugo muestra que el cumplimiento de la ley no siempre es sinónimo de justicia, que la obediencia ciega a los códigos obviando principios morales puede conducir a excesos. La situación filosófico-jurídica francesa del s.XIX es reflejada perfectamente, predominando el tenor literal de los textos legales y la prohibición de cualquier clase de interpretación judicial. En definitiva, intentar evitar la arbitrariedad condujo a la obediencia ciega de la ley y al olvido del derecho natural, error que permitió al Estado nazi cometer los excesos del Holocausto amparándose en la ley.

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el Estado democrático no es definitivo, es susceptible de sufrir retrocesos, siendo por ello un continuo aprendizaje. En esta línea, los ciudadanos deben ser críticos con la actuación de sus representantes, concienciarse sobre la importancia de su voto y el sacrificio que ha supuesto alcanzar la democracia.

La España del siglo XXI, segunda parte.

Los pueblos desconocedores de su Historia están condenados a repetirla, no siendo España la excepción. Por ello es fundamental conocer nuestra Historia con sus luces y sombras, estudiando especialmente los motivos de las sombras. Para progresar como nación es de vital importancia desterrar el fantasma de las dos Españas, asunto zanjado en 1978 y resucitado por Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente se han reabierto heridas, simplificando la Historia con fines electorales y revanchistas; no debemos dar la espalda a los familiares de los asesinados en la Guerra Civil, pero debemos conocer los límites que separan justicia y tergiversar la Historia.

La división interna nos debilitará a la hora de afrontar los retos del siglo, por ello necesitamos unidad y unas fuerzas políticas responsables con vocación de Estado. Otra cuestión importante que deberá abordarse en algún momento de la centuria es el debate monarquía-república. La instauración de una república sólo será beneficiosa si sus políticos adquieren una concepción universal del Estado, alejada de visiones partidistas. En este sentido, la III República deberá ser de todos los españoles, verdaderamente democrática y desvinculada de la fallida II República. Esta forma de Estado deberá ser patrimonio de toda la nación, alejada del uso partidista que ciertos sectores hacen de dicha formulación.

En el plano económico, situar a España como potencia económica pasa por invertir en un modelo de crecimiento basado en la innovación y diversificación de la base económica. A pesar de que el sector terciario ha soportado el peso económico a finales del s.XX y principios del XXI, convendría potenciar la industria y las actividades de alto valor añadido. Para lograr nuestros objetivos económicos se debe explotar y rentabilizar al máximo nuestra pertenencia a la Unión Europea, proyecto común que parece irreversible. Además, debe incentivarse la creación de empresas a través de impuestos bajos y la eliminación de barreras y trámites burocráticos.

Por lo tanto, la mejor receta para reducir un paro que parece estructural, es el fortalecimiento y multiplicación de las PYME y los autónomos. Debemos construir un país puntero en I+D+i, donde si los jóvenes se marchan no sea por inexistencia de oportunidades; poniendo en marcha programas de inversión pública y especialmente de inversión privada. Con el objetivo de crear y reclutar a los mejores cerebros de Europa debemos atraer la inversión, aumentar la productividad, la competitividad y reformar el sistema educativo. Luchar firmemente contra la corrupción y cumplir la ley frente al fraude son determinantes para crear riqueza y reforzar nuestra imagen internacional.

España debe apostar por una economía de mercado y libre competencia, pero nunca debe olvidar las circunstancias de los más desfavorecidos. Las leyes y la economía se encuentran al servicio del ciudadano, por ello el Estado debe contar con una red efectiva de servicios públicos y subsidios para los más pobres, asegurando la dignidad y proveyendo lo indispensable. Debemos priorizar en el gasto de servicios públicos esenciales y recortar gastos superfluos como radio televisiones públicas, policía política y florituras del teatro institucional. Debe existir igualdad de oportunidades para quien desee progresar, donde el esfuerzo y el espíritu de sacrificio aseguren el triunfo. El capital no debería ser determinante, entendiendo que perseguir la riqueza no acaba con la pobreza.

Finalmente, parafraseando a Víctor Hugo: “Animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria; poned término a la explotación del débil por el fuerte; poned freno al inicuo recelo del que está en camino contra el que ha llegado ya; ajustad matemáticamente y fraternalmente el salario al trabajo; mezclad enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia; haced de la ciencia la base de la virilidad; desarrollar las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos; sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices; democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano, sin excepción, pueda ser propietario, cosa más fácil de la que se cree; en una palabra: sabed producir y repartir riqueza, y tendréis justamente la grandeza material y la grandeza moral”.

La España del siglo XXI, primera parte.

El comienzo del siglo XXI está siendo desalentador, España continúa sumida en una crisis económica agravada por una errónea gestión. Los Gobiernos parecen incapaces de encontrar la fórmula del crecimiento, mientras el paro alcanza cotas elevadas y la pobreza generalizada aumenta. El modelo de convivencia social se tambalea; unión y solidaridad se difuminan mientras sectores ostracistas ocultan sus fracasos mediante falacias. Existe una corrupción institucionalizada, minadora de los pilares democráticos y del Estado de Derecho. Muchos jóvenes abandonan sus estudios, en un contexto donde la cultura brilla por su ausencia y la democracia es desvirtuada.

No obstante, nuestro país ha sufrido peores momentos históricos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En este sentido, aún tenemos el privilegio de pertenecer al hemisferio rico del planeta, nunca antes se habían alcanzado semejantes niveles de alfabetización, renta per cápita y desarrollo. La crisis económica ha deteriorado esta situación, pero corresponde a los españoles asumir el reto que plantea el siglo XXI: la consolidación en esos campos. La nación aceptará ese difícil desafío, que requiere líneas de actuación claras, sin las cuales España está condenada al segundo plano de la escena internacional e incluso queda comprometida su propia existencia.

España necesita una reforma constitucional garantizadora de la separación de poderes, truncada a través de los artículos 122.3, 123.2 y 159.1 de la Constitución. La carta magna actual se adaptó a un marco histórico determinado; el poder y privilegios otorgados a los partidos políticos se ajustan al final del franquismo, asegurando su consolidación frente a un Estado con una experiencia democrática inexistente. Después de treinta y cinco años de democracia algunas prerrogativas políticas carecen de sentido real. Por ello es fundamental actualizar nuestra Constitución, permitiendo que los jueces elijan a los miembros del CGPJ, y velando por la independencia del Tribunal Constitucional, viciado por los intereses del bipartidismo.

Para situarnos entre las primeras democracias mundiales debemos abordar la existencia de España y su supervivencia. En este sentido la ley electoral, igualmente adaptada a un marco histórico caduco, favorece que partidos regionales obtengan una representación mayor que formaciones de ámbito nacional con una cantidad mayor de votantes. Como consecuencia, corrientes ideológicas minoritarias sirven como bisagra para la formación de gobiernos nacionales, existiendo contrapartidas que redundan en perjuicio de los intereses globales. Aunque el Senado se diseñó para la resolución de conflictos territoriales, dicha función la cumple el Congreso desvirtuando las funciones de la cámara alta.

Una de las riquezas de España es la pluralidad, presente durante toda su Historia, cuyo carácter aglutinador empezó a ser discutido por ciertos sectores burgueses a finales del s.XIX. Actualmente el nacionalismo se encuentra en auge favorecido por el diseño territorial del Estado, siendo competencia autonómica materias esenciales como la educación. Se ha permitido durante años que los nacionalistas eduquen varias generaciones de ciudadanos en el odio hacia España, un odio irracional basado en mitos y calumnias. Además, se ha llegado a un punto donde es más fácil culpar al Estado español y ser señor feudal autonómico que asumir responsabilidades políticas y ser referencia para el resto de España.

Evidentemente, necesitamos actualizar nuestra organización territorial. Desconociendo si conviene una mayor descentralización o una centralización, debe ser una reforma que impida la ruptura de España, no entorpezca el desarrollo económico ni favorezca el despilfarro, y mucho menos la corrupción. Además, debe solucionar definitivamente el asunto de la financiación autonómica; en este sentido, si pretendemos que España perdure más allá del siglo XXI debe revisarse la ley electoral, recuperar competencias esenciales y actualizar la organización territorial.

La reforma educativa

Vivimos en un momento histórico donde la educación es obligatoria y gratuita hasta determinada edad; atrás quedan épocas donde tan sólo un grupo de privilegiados accedían a la enseñanza. Además, España se encuentra entre los países que disponen de una red de ayudas y becas, a pesar del contexto económico y los recortes. No obstante, ciertos sectores preocupados únicamente por la educación cuando pierden el poder, han criticado duramente la reforma educativa y el decreto sobre becas.

La educación española es mejorable según los informes PISA y de la OCDE; a través de estos documentos quedan desmontados los mitos que rodean el sistema educativo. Es falso que España invierta poco en comparación con sus vecinos europeos; de hecho, el gasto por alumno y otros indicadores se encuentran en la media continental. La educación ha sufrido recortes, pero también es cierto que los resultados siguen siendo pésimos en épocas de bonanza y con una inversión mayor. Por lo tanto, existe un problema de fondo: el fracaso escolar no es una cuestión económica, sino de proyecto educativo. Corregir los defectos de una educación financiada correctamente, de pésimos resultados y que desincentiva al alumnado es el mayor reto al que se enfrenta la España del siglo XXI.

El fracaso educativo español tiene unos orígenes claros. En primer lugar, no existe un proyecto global, dado que las Comunidades Autónomas desarrollan la legislación educativa a su antojo; en segundo lugar, la enseñanza es inestable, asentándose en un dinamismo perpetuo donde es concebida como fruto de la tendencia política del ministro de turno. En tercer lugar, es imposible lograr buenos resultados donde equidad e igualdad se confunden con mediocridad, y la excelencia es impropia, en un intento deliberado de igualar hacia el mínimo a todos los estudiantes. Y en cuarto lugar, es difícil alcanzar la excelencia donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y el profesorado está excesivamente politizado.

Las reformas propuestas por el ministro Wert se engloban en la costumbre española de concebir la educación como un asunto dependiente de la alternancia política; no obstante, suponen un claro avance abordando cuestiones relevantes. Con ciertos matices, es conveniente instaurar de forma activa la religión en las aulas, dado que los valores del cristianismo han contribuido de forma decisiva a la formación de la cultura europea, constituyendo junto a la filosofía griega y el derecho romano los pilares de Occidente. Alejándonos del debate sobre sotanas y catecismo, es positivo inculcar unos principios que se elevan sobre ideologías, sirviendo para conocer nuestras raíces y combatir el simplismo y la demagogia dominantes.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa también aborda una cuestión relevante: el elevado excedente universitario y la masificación de las aulas, frente a una Formación Profesional desmerecida y despreciada, a pesar de ofrecer grandes posibilidades. Nos encontramos ante un dogma sociológico inexistente en el resto de Europa, según el cual cuando se finaliza la educación secundaria lo más sensato es emprender una carrera universitaria, sin plantearse previamente otras alternativas. El resultado de esta inercia social es la elección arbitraria de estudios, la desmotivación y el consiguiente abandono.

Por otra parte, las becas no deben ser entendidas como limosna y requieren de la necesaria correspondencia del alumno. Son muchas las críticas dirigidas contra José Ignacio Wert, pero éstas se derrumban cuando planteamos qué clase de educación queremos. Si pretendemos lograr una enseñanza y alumnos mediocres, continuemos tomando el cinco como punto de partida; por el contrario, si el objetivo es la excelencia, aumentar el rendimiento y no malgastar recursos públicos, barajemos la posibilidad de elevar la nota necesaria para acceder a una beca, promovamos el esfuerzo y la dedicación.

La oposición cree que los más humildes serán expulsados del sistema mientras los ricos, aunque tengan un rendimiento escaso, podrán permitirse el pago de una matrícula. Además, el impulso de la religión y la subvención a centros que segregan por sexo son medidas retrógradas según Rubalcaba, quien tacha al Gobierno de reaccionario mientras las universidades públicas están dominadas por una izquierda intolerante, populista y alejada de sus principios originales. Todo ello constituyen cortinas de humo que intentan ocultar el nefasto resultado de los planes educativos socialistas.

El éxito académico depende de la capacidad de sacrificio y no de la capacidad económica; acceder a la universidad no significa alcanzar intelecto, sabiduría o espíritu crítico, puesto que deben estar precedidos por la dedicación y el esfuerzo. Finalmente, debemos apostar por una educación de calidad, exigente y accesible a todos, entendida como asunto de Estado y promotora del espíritu crítico, lo cual significa cuestionar el monopolio de la razón y la intelectualidad arrogada por la izquierda durante tanto tiempo.

La Unión Europea y las promesas electorales

En 1999, un grupo de países cedieron su soberanía monetaria al Banco Central Europeo y adoptaron el euro como moneda común. Con ello se pretendía profundizar en la integración económica, convirtiendo Europa en un coloso capaz de competir con EEUU y Japón, a través de una moneda fuerte frente al dólar americano y la libra británica. Efectivamente, España cedía soberanía a cambio de un futuro ilusionante y esperanzador, que nos haría progresar como país y contribuiría a la convergencia europea.

Sin embargo, catorce años después y siendo la crisis económica el gran detonante, el sueño económico europeo se derrumba por su propio peso. En un contexto donde los movimientos euroescépticos se incrementan, la ciudadanía de los Estados miembros se distancia de las instituciones europeas. La crisis, el primer gran embate sufrido por la Unión Europea nacida del Tratado de Maastricht, ha puesto de manifiesto los defectos originarios de la unión: una superestructura construida sobre pilares endebles y distante de ser una verdadera unión política y económica, existiendo serios desajustes en la consecución equilibrada de sus objetivos.

A semejante déficit estructural se une la mejorable gestión de la dirección europea frente a la crisis económica, ya que mientras otras grandes potencias económicas se recuperan, la Eurozona continúa estancada y hundiéndose en la fangosa recesión. Los países europeos mediterráneos, los llamados PIGS, no son los únicos que atraviesan dificultades: Estados económicamente potentes como Francia y Alemania empiezan a presentar síntomas de agotamiento. En este sentido, muchos reclaman la puesta en marcha de alternativas frente a la estricta austeridad, políticas que conduzcan al crecimiento.

El Gobierno esgrime que su política fiscal está condicionada por las exigencias de Bruselas y el maquillaje contable de los socialistas. Esto les ha obligado a incumplir sistemáticamente su programa electoral; son las circunstancias las que supuestamente obligan al Gobierno a recortar servicios sociales, subir impuestos y engañar a votantes y ciudadanía. El objetivo de déficit y el saneamiento de las cuentas públicas son los escudos esgrimidos por el Gobierno de Mariano Rajoy para traicionar las ideas liberales y poner en marcha unas políticas al servicio de la insuficiente austeridad.

Ciertamente la UE establece determinados objetivos en el marco de sus reglas económicas fundacionales: el equilibrio presupuestario, el saneamiento de las cuentas públicas y el mantenimiento de niveles bajos de déficit e inflación; pero no indica a los Estados miembros cómo han de alcanzarlos, por lo que la subida impositiva es una elección exclusiva del Gobierno, a pesar del desvío del centro de atención. Dicha medida junto a otras ha retrotraído el consumo y disminuido la recaudación, todo ante la atenta mirada de una Unión Europea que rechaza abogar por estas medidas y condena el elevado desempleo.

Aunque la ciudadanía ha soportado grandes esfuerzos y el Gobierno ha emprendido algunas reformas sobre asuntos relevantes, las reformas esenciales para la supervivencia del proyecto de convivencia social aún no se han planteado. Siguen siendo tareas pendientes la reducción del tamaño de una Administración hipertrófica, la recuperación estatal de competencias vitales como la educación y la sanidad, la modernización de la organización territorial, una auténtica transparencia y la separación de poderes. Mientras no se aborden esas cuestiones y se suprima verdaderamente cualquier gasto superfluo, será difícilmente justificable cualquier recorte social.

Los argumentos esgrimidos en ningún momento avalan la política del despilfarro ni suponen un voto de confianza a la izquierda; resulta evidente que el Gobierno gestiona una situación desastrosa y que la legislatura aún no ha finalizado. Este artículo no pretende ser una crítica ciega e ignorante, sino una proclama de fidelidad a las ideas liberales, al sentido democrático y coherente del arte de gobernar, al carácter sacrosanto del programa electoral y a la lucha implacable contra la mentira.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (II)

El plano jurídico debe ser complementado con el ámbito ético y moral. En este sentido, el debate no sólo reside en si apostamos por el derecho a la vida o en si negamos derechos inalienables a la criatura concebida, sino también a principios elementales de la condición humana como la responsabilidad y la libertad.

Los pro abortistas reivindican esta libertad, pero realmente están promoviendo la irresponsabilidad y el libertinaje, defienden un egoísmo que ahoga cualquier posible aceptación de las consecuencias derivadas de los propios actos. Debido a un error y en un ambiente donde la sexualidad pasa a un plano mundano, se acaba con la vida de un ser humano poseedor de potenciales oportunidades: derecho a vivir, crecer y desarrollarse. Entran en una peligrosa espiral donde cualquier limitación a la absoluta voluntad es considerada opresiva, reivindican la titularidad de derechos, pero no están dispuestos a contraer obligaciones ni asumir las consecuencias de sus acciones.

La incoherencia se ha apropiado de la sociedad, cayendo en la mayor de las hipocresías sin percatarse de ello. Un claro ejemplo lo aporta la promoción abolicionista de las corridas de toros, la reivindicación de la dignidad del animal frente al matador, mientras se niega cualquier derecho al concebido y el aborto libre es defendido a ultranza. La sociedad debería reflexionar profundamente sobre este tema ya que las menores de edad pueden interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, mientras la compra de alcohol y tabaco se les prohíbe.

Defendamos el derecho a la vida y planteemos el debate, mostremos ante un espejo las propias contradicciones de la sociedad. Todo ello conlleva reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manteniendo intactos sus elementos positivos, restringir la venta de la píldora del día después e investigar sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, la ley de los supuestos (peligro para la vida de la madre, violación o malformación) concilia el derecho a la vida con la libertad de la mujer, debiendo ser complementada por la instrucción familiar en la responsabilidad y mentalidad de una sexualidad responsable.

Con respecto a la reforma Gallardón, no es necesario retroceder a una legislación que suprima el supuesto de malformación, puesto que condena irreversiblemente dos vidas humanas, rompiéndose el equilibrio entre derecho a la vida y libertad. Sin embargo, surge una reflexión en torno al supuesto de malformación: el avance científico nos situará en un punto donde podrá elegirse a la carta, y el rechazo a cualquier mínimo defecto nos retrotraerá a una mentalidad donde sólo merezcan vivir aquellos individuos que reúnan determinadas características físicas.

Sería igualmente abominable encarcelar mujeres por abortar, imponer el modelo centroamericano donde el aborto está penado independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, se debe rechazar una legislación opresora, aunque la sociedad deba moverse hacia la reducción de los embarazos no deseados y los abortos, reivindicando la concienciación sobre los peligros que supone contraer enfermedades de transmisión sexual.

Por último, conviene denunciar el relativismo en el cual la sociedad occidental se está acomodando: los valores y principios se desdibujan ante una oleada de falso progreso social. Se asume como natural el declive intelectual, cultural y emocional, reduciendo el papel familiar al mero residuo. Mantener relaciones es algo superfluo y carente de compromiso, el sexo sin verdadera motivación pasa a ser lo común y se rechaza asumir responsabilidades. Ante este desolador panorama, sólo queda difundir la reflexión y el respeto a la dignidad de los demás y la nuestra propia.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (I)

La intención gubernamental de reformar la legislación sobre el aborto ha reavivado el debate acerca de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y la maternidad libremente decidida. Para valorar esta reforma debemos partir desde el análisis de la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva, perteneciente al proyecto social de José Luís Rodríguez Zapatero, según el cual suponía una conquista en la autonomía personal y los derechos sociales.

El Preámbulo de la citada ley orgánica planteaba que la anterior normativa, la de los tres supuestos aprobada por Felipe González, ofrecía inseguridad jurídica y desprotegía a las mujeres. Profundizando en esta idea, se manifestaba el retraso de la legislación española con respecto a la mayoría de países europeos donde regían leyes de plazos; además, la normativa aprobada por el ejecutivo socialista planteaba dos ambiciosos proyectos: reducir los abortos y la transmisión de enfermedades sexuales.

Desde el punto de vista jurídico, la ley armoniza efectivamente la legislación española en esta materia con respecto a Europa, permitiendo el aborto libre hasta las catorce semanas y elevándose hasta las veintidós semanas en determinados supuestos. No obstante, ese es su único logro real, puesto que tras tres años de aplicación no se han reducido los abortos ni la transmisión de enfermedades sexuales; de hecho, España lidera el ranking europeo de transmisión de estas enfermedades.

El fracaso de la ley no puede entenderse sin una medida complementaria: la liberalización de la venta de la píldora del día después. La píldora, un fármaco con posibles efectos secundarios perjudiciales, pasó a convertirse en un método anticonceptivo habitual en sustitución del tradicional preservativo. Por lo tanto, las buenas intenciones que recogía la ley de salud sexual y reproductiva desaparecen ante la liberalización del fármaco.

Ahondado en este sentido, la norma se distancia de los hechos sociológicos, ignorando que una buena parte de los jóvenes mantienen relaciones sexuales sin preservativo, evitando posibles embarazos mediante el consumo de la píldora. Conforme a este razonamiento, se sitúa en una balanza el embarazo no deseado y el peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual, valorando con mayor riesgo el embarazo y descuidando la higiene sexual. Por lo tanto, la liberalización de la píldora y la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva conllevan planteamientos contradictorios e incoherentes con la finalidad última de reducir los abortos y la transmisión de las enfermedades sexuales.

Para finalizar con el ámbito estrictamente jurídico, la ley de 2010 rompe con los preceptos contenidos en el Código Civil y la Constitución acerca de la mayoría de edad, al aplicar dicho régimen a las jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y diecisiete años. Todo ello contradice de manera evidente las disposiciones de la Ley de Autonomía del Paciente con respecto al consentimiento relativo a las intervenciones quirúrgicas en los menores de edad.

Por otra parte, una vertiente importante es la relativa a las medidas educativas enunciadas en el artículo 9: “El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya a: El desarrollo armónico de la sexualidad acorde a las características de las personas jóvenes”. Inquieta la referencia a las características de las personas jóvenes: ¿Cuáles son dichas características? ¿Hacemos referencia a una educación sexual basada en la inexperiencia y la impulsividad? ¿O tal vez sea un enunciado propio para desarrollar el relativismo absoluto que inspiró las políticas de Rodríguez Zapatero? ¿Estamos ante otra herramienta de adoctrinamiento escolar?

Fracaso del socialismo del siglo XXI y tiempo de cambios en Venezuela.

Tras la muerte de Hugo Chávez y siguiendo los mandatos constitucionales, se convocaron elecciones presidenciales en Venezuela, iniciándose un nuevo capítulo en la historia del país caribeño. El vuelco electoral con respecto a las elecciones de octubre sorprendió a la comunidad internacional: la oposición venezolana había logrado recortar una distancia de catorce puntos hasta la mínima (1,83 puntos). Los datos demostraban que el heredero del régimen bolivariano había sido rechazado incluso entre gran parte de su electorado.

Sin embargo, es dudosa la raquítica victoria de Nicolás Maduro puesto que resulta difícil concebir que contando con los resortes y mecanismo del poder estatal para coaccionar el voto y pervertir las elecciones, tan sólo haya logrado 200.000 votos sobre Henrique Capriles. De esta manera, queda planteada una gran incógnita: ¿y si realmente el ganador ha sido Capriles y los resultados se han manipulado más de lo habitual?

La izquierda española, haciendo un guiño a los regímenes autoritarios, respalda el resultado electoral mientras alaba la fiabilidad y modernidad del sistema electoral venezolano. Por su parte, el Gobierno español ha reconocido torpemente al Gobierno de Nicolás Maduro pese a su ilegitimidad, prepotencia y sesgo autoritario. Tanto el gobierno como la izquierda deberían preguntarse en qué medida es fiable un recuento electoral telemático y el grado de moralidad y ética del llamado “voto asistido”.

Estos resultados electorales evidencian el desmoronamiento del socialismo del siglo XXI. Durante años el Gobierno ha estado subvencionando directamente a los sectores populares de la sociedad, en vez de enseñar a generar riqueza e inculcar la autonomía personal. La subvención directa ha logrado captar el voto de los más desfavorecidos pero en ningún caso ha reportado bienestar, puesto que la pobreza se combate instruyendo en la cultura del trabajo, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades. En definitiva, constituye un planteamiento erróneo lograr el progreso social mediante la persecución indiscriminada de la riqueza, la colectivización de la propiedad y la planificación estatal en todos los aspectos de la vida.

Estas elecciones supondrán un avance hacia la instauración formal de una dictadura comunista; y es que el país se ha caracterizado por ser un Estado híbrido, una pseudodemocracia con tintes totalitarios propios del fascismo y con una dosis importante de populismo que moviliza masas. El chavismo se despojará del envoltorio democrático y reprimirá con el poder desatado del Estado cualquier foco opositor; y es que la intención de radicalizar la revolución socialista se extrae de las declaraciones de la ministra del servicio penitenciario de Venezuela (“Nadie va a atentar contra ti, pero estoy preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y un asesino”) y el presidente electo (“Capriles fascista, me encargaré personalmente que pagues por todo el daño que estás haciendo a nuestra patria y a nuestro pueblo”).

Los opositores no están enfrentándose al planteamiento gubernamental, sino a un proyecto estatal: el Gobierno venezolano se ha apropiado del Estado, convirtiéndolo en propiedad de la revolución socialista. No resulta fácil defender las ideas de cambio en un Estado no neutral donde el oficialismo moviliza sus bases y utiliza la coacción para alcanzar la victoria. En este sentido, es digno de admiración el esfuerzo realizado por la oposición venezolana cuestionando abiertamente las políticas bolivarianas en el campo de las ideas.

Venezuela es más pobre que hace catorce años, crece a un ritmo más lento que sus vecinos continentales y es el segundo país más violento de América latina, panorama complementado por datos nada reconfortantes como el descenso de la producción petrolera y una galopante inflación. En esta pésima situación, Capriles representa un movimiento de cambio y renovación, conociendo las fórmulas que situarán a Venezuela en el lugar que le corresponde como potencia emergente: aumento de la producción, internacionalización de la economía y lucha firme contra la delincuencia.

En definitiva, no puede hablarse de democracia donde no existe separación nítida de poderes; tampoco donde los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Gobierno, y menos aún donde los funcionarios ven condicionada su libertad para votar. Y por último, tampoco puede existir democracia en un Estado donde el presidente electo dice ser “hijo” y “heredero” del anterior presidente, puesto que en democracia existen líderes y estadistas, pero nunca herederos.

El ser y el deber ser del modelo universitario actual.

El acceso a la educación universitaria supone un gran salto cualitativo. La universidad amplía nuestras fronteras intelectuales y pone a nuestro alcance la formación superior. Sin embargo, la entrada en la institución no sólo conlleva profundización en el conocimiento, sino un estilo de reflexión y estudio guiado por el espíritu racional y crítico.

Actualmente, la universidad pública española es poco selectiva, prescindiendo de filtros en búsqueda de la auténtica calidad. Profundizando en este sentido, ingresan personas que realmente no poseen vocación o que deciden incorporarse a la institución como consecuencia de la inercia social, conforme a la cual lo natural es iniciar estudios universitarios. De esta manera, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y nuevos enfoques de la realidad no constituyen los motivos esenciales del ingreso en las facultades universitarias.

Nos encontramos ante un exceso de demanda que trae consigo la masificación de las aulas y el deterioro de la relación entre alumno y profesor, en un ambiente de mediocridad y desinterés donde los nombres se convierten en números. La masificación supone un despilfarro de los recursos públicos y los ingresos de las familias, quienes dilapidan su patrimonio en la formación universitaria de muchos jóvenes que ni tienen vocación ni son conscientes del privilegio que supone pertenecer a la institución universitaria.

Los jóvenes deben entender que están condenados al fracaso quienes entran en la universidad guiados por intereses superfluos, sin metas medianamente definidas, o conducidos por una sociedad que no se plantea otras salidas profesionales. El sustento de este razonamiento lo aportan las estadísticas: masificación de las aulas de primero de grado y un número reducido de graduados finales. Debemos entender que a pesar de terminar la aventura universitaria los mejor preparados, el despilfarro de los recursos públicos y familiares es irreparable.

Para contrarrestar esta tendencia deben aplicarse estrictos controles en la entrega de becas públicas y la instauración de mayores filtros no aplicables al ámbito económico con el aumento de tasas, sino elevando las exigencias y notas de acceso. También es fundamental la puesta en marcha de un programa educativo estable en el tiempo, por encima de ideologías e inmune a las reformas políticas del Gobierno de turno.

El funcionamiento universitario deficiente no es consecuencia única de los alumnos, el borreguismo imperante o el desinterés de los padres en la formación y vocación intelectual de sus hijos, sino que también son responsables las autoridades universitarias y los programas educativos. Bolonia y la legislación europea condicionan el planteamiento y estructuración de las clases universitarias, pero es difícil aceptar que la implantación del grado europeo amordace la autonomía universitaria española de tal forma que la chabacanería y la desidia sean el ambiente imperante en las facultades.

En este sentido, la universidad no es una institución divina, sino una institución formada por personas y guiada por profesionales encargados de poner en práctica desde la organización y la logística los valores que presiden la institución. Por lo tanto, estos profesionales asumen gran parte de la responsabilidad en el triunfo o fracaso del proyecto, así como del prestigio y eficacia del centro.

En el caso de la universidad pública canaria, es difícil alcanzar el máximo rendimiento mediante un reducido horario presencial que ocupa de lunes a miércoles. Tampoco es idóneo que asignaturas cuatrimestrales distribuidas en clases teóricas, prácticas y seminarios sean impartidas por tres docentes diferentes, al mismo tiempo que se apuesta por la personalización de la enseñanza. Todo ello desencadena un contexto en el que las primeras víctimas son la constancia y el aprendizaje significativo.

Desde una perspectiva optimista, nos enfrentamos a una tendencia extendida y generalizada pero cuyas coordenadas están claramente delimitadas, conociendo sus causas y consecuencias. De esta forma, sabemos cuáles son las herramientas que deben emplearse para convertir las facultades en centros de auténtica intelectualidad, presidida por el espíritu crítico y alejada de tergiversaciones ideológicas. Debemos apostar por un modelo universitario elitista donde exista igualdad de oportunidades para quienes no dispongan de recursos económicos y posean talento, espíritu de superación y ambición.

En este modelo intelectualmente elitista no deberían olvidarse los valores morales directores de cualquier actividad personal o profesional, ya que ese canon universitario fracasará si prescinde del enfoque humano y social. Conceder una importancia desorbitada al conocimiento teórico sin subordinarlo al progreso y bienestar social significaría incurrir en un grave error.

En definitiva, el modelo universitario propuesto debe favorecer el ambiente para el desarrollo del espíritu crítico, aportar nuevos enfoques a una sociedad excesivamente maleable y contribuir al progreso de nuestro país.

Luis Bárcenas, las maniobras políticas y la corrupción

Ha saltado a la palestra un supuesto nuevo caso de corrupción; todo parece indicar, según los documentos publicados por El País y otros medios, que existiría un cuaderno con la contabilidad B del Partido Popular, donde aparecería reflejado el pago de sobresueldos a miembros de la cúpula del partido, entre ellos el propio Presidente del Gobierno. Además, y esto es cierto, el ex-tesorero acumula una fortuna de 22 millones de euros, a salvo de impuestos en un paraíso fiscal.

Ésta es la gota que ha colmado el vaso, el PP se encuentra bajo continua sospecha y con un índice de desconfianza bastante alto, y es que la sociedad no olvida la supuesta relación entre la ministra Ana Mato y la trama Gürtel; los regalos de “el Bigotes” (a pesar de la absolución de Camps); las relaciones entre el Partido Popular balear y el caso Urdangarín; y las mentiras electorales.

Si todo esto resulta verdadero, supondría que el partido aglutinador del centro-derecha habría incumplido con su propio núcleo fundacional, el que le permitió llegar al poder en 1996 bajo el lema de la transparencia y como antagónico de un Partido Socialista corrupto que había extendido la desconfianza al resto de las instituciones estatales.

Sin embargo, si algo caracteriza al espíritu crítico es el raciocinio y la capacidad para no dejarse arrastrar por la indignación del momento, distanciarse de los hechos y examinar la situación con perspectiva. En nuestro país hemos sustituido la “presunción de inocencia” por la “presunción de culpabilidad”; es decir, hemos convertido el “inocente hasta que se demuestre lo contrario” en “culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Además, hemos olvidado que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, pasando del concepto de que quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad a entender que es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.

Los dos valores anteriormente mencionados son pilares fundamentales del Estado de Derecho que lo diferencian del Estado absolutista de la Edad Moderna. Alejado de casos particulares, dejando de lado preferencias políticas y asumiendo los altos niveles de corrupción de nuestro país, el Estado democrático que ignora estos principios desde todos los aspectos de la vida social, está condenado al fracaso.

No obstante, uno de los aspectos más destacados es que quienes menos credibilidad poseen deslegitimen al actual Gobierno. Es curioso como Rubalcaba reclama la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, con el objetivo indudable de que las riendas del Gobierno de la Nación vuelvan a manos socialistas. Me pregunto cómo puede Rubalcaba exigir responsabilidad política al Gobierno cuando el primer partido condenado por financiación ilegal en 35 años de democracia ha sido el Partido Socialista Obrero Español.

En un mismo sentido, Rubalcaba también destaca por sus métodos para lograr objetivos políticos, y es que la manipulación, el engaño y arengar a las juventudes socialistas contra las sedes del Partido Popular son tres de sus herramientas favoritas.

Si finalmente en una sentencia firme y definitiva resulta que todo ha sido un montaje, quedará demostrada la hipótesis propuesta: se evidenciaría que esta nueva polémica es otra maniobra de acoso y derribo al Gobierno conservador, otro pseudogolpe de Estado encubierto como los que la engañada sociedad española ya ha presenciado. Ejemplos de lo planteado anteriormente son el caso Naseiro y la manipulación del 11-M, orquestada por el PSOE y el Grupo Prisa.

Independientemente de cómo acabe esta nueva polémica, es evidente que existe un grave problema de corrupción en España, siendo otra de las manifestaciones de la decadencia institucional y de la profunda crisis de valores. Se necesitan nuevos dirigentes, políticos que independientemente de su tendencia tengan como valores supremos la honradez y la justicia. Sin embargo, esto sólo puede lograrse gracias al papel de la familia, derrotando al relativismo, promulgando leyes menos permisivas con los corruptos, y devolviéndole a la política el noble carácter que le pertenece.

Nacionalismo, el sarampión de la Humanidad

El presidente de la Generalitat y su equipo de Gobierno ignoran que en democracia existen ciertos campos de actuación en los cuales una mayoría parlamentaria no es suficiente, ni menos aún una mayoría absoluta. Existen espacios de libertad en los que las instituciones deben procurar especial protección y respeto. Esto recuerda a un famoso debate que tuvo lugar entre las fuerzas políticas de la Segunda República: la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Por una parte, algunos se oponían a la instauración de un tribunal de esa naturaleza, alegando que la carta magna debía ser defendida mediante la acción política. Por el contrario, desde una perspectiva más coherente, otro sector defendía la necesidad de la existencia de un Tribunal Constitucional que garantizase las libertades y derechos de las minorías y del conjunto de la sociedad al mismo tiempo, impidiendo su vulneración por la mayoría parlamentaria de turno.

Es muy fácil extrapolar esta situación a nuestra España actual, donde una mayoría parlamentaria intenta imponer de forma unilateral la visión de su electorado sobre el resto de la sociedad catalana, y más generalmente sobre la sociedad española. Este nacionalismo autoritario, preludio de una ideología pseudofascista, es uno de los elementos que más daño e inestabilidad pueden causar a nuestra democracia.

Para el nacionalismo sólo existe una visión de Cataluña que debe ser impuesta sobre cualquier otra concepción pluralista de la sociedad, inspirándose al modo fascista en una raza ideal y hermética, ignorando que el origen de muchos catalanes se remonta a los movimientos migratorios procedentes del sur peninsular que ayudaron al desarrollo industrial catalán. Además, este nacionalismo con tintes fascistas, utiliza la acción política para asfixiar a sus contrincantes y perseguir cualquier oposición, obstaculizando la escolarización en castellano y subvencionando ciertos colectivos para que transmitan una visión única de Cataluña, la visión secesionista.

¿Qué hará el Estado catalán con aquellos que quieran seguir siendo españoles? ¿Serán declarados enemigos del Estado y exiliados? ¿Qué hará con aquellos catalanes que quieran escolarizar a sus hijos en castellano? ¿Cómo justificará el Gobierno catalán que tras la independencia Cataluña siga sumida en una profunda crisis económica? ¿Seguirá culpando al diabólico y opresor Estado español?

Muchos reivindican que Cataluña pueda decidir libremente, al margen de la opinión que al resto del país merezca tal trascendental asunto. Valoremos esta opción cuando los defensores de la unidad nacional estén en igualdad de condiciones frente a los separatistas. Esto significa abordar el derecho a decidir cuando en Cataluña se enseñe la Historia de España sin tergiversaciones y alejada del adoctrinamiento educativo nacionalista.

No obstante, comprendo la dificultad que supone enseñar en la escuela vasca, catalana y canaria, una Historia apasionante de España con sus éxitos y sus fracasos. Me pregunto qué ocurriría si se explicase que siempre existió una conciencia de unidad entre los diferentes reino hispánicos, el Regnum Hispaniae; y si se dijese que la unificación del Derecho supuso la entrada de España (y por tanto de Cataluña) en la Modernidad. Es fácil imaginar la indignación nacionalista cuando se desmonten los mitos del expolio, la Guerra de Sucesión y demás tergiversaciones históricas.

El nacionalismo tiene la intención de apuntillar a la debilitada España y hacerse amo y señor de Cataluña utilizando los volátiles sentimientos. Los catalanes deben entender que el enemigo no es España, sino la división orquestada por cierta casta política que no sabe cómo maquillar sus fracasos, corruptelas y despropósitos.

En un contexto de decadencia institucional, política, económica y social, la única posibilidad de que España sobreviva pasa por la creación de un ambicioso proyecto nacional que renueve el pacto constitucional de 1978 y en el que todos sumemos. En ese renovado proyecto es imprescindible que a las instituciones no les tiemble la mano a la hora de asegurar el papel de la Constitución como norma jurídica suprema.  

Regeneración democrática y nacionalismo

Actualmente no sólo se cuestiona la existencia de España por parte de sectores nacionalistas, sino que también se encuentra en crisis la estructura política que trajo consigo la Constitución de 1978, no sólo con respecto a las autonomías, sino también con respecto a la Ley de partidos y el sistema electoral. Son estos dos aspectos concretos los que más inciden en la desconfianza ciudadana y en la decadencia de la España democrática y estable que intentamos construir.

Por una parte, la Ley de partidos ha tenido como consecuencia el excesivo aglutinamiento de poder por parte de las directivas de las formaciones políticas, las cuales anteponen sus intereses partidistas al bienestar e interés ciudadano. La máxima expresión de este despropósito son las listas plurinominales de origen cerrado y selectivo, en las cuales la promoción política no está basada en dotes de liderazgo, experiencia o profesionalidad, sino en la fidelidad que el individuo esté dispuesto a jurar a la directiva de turno.

En un mismo sentido y dejando al margen el excesivo control de las direcciones, el sistema electoral favorece con un plus de representatividad aquellos partidos de ámbito regional que convierten la cámara nacional en el lugar de resolución de conflictos territoriales. Esta disfunción entre la teoría constitucional y el funcionamiento real del sistema trae consigo el sinsentido de la existencia del Senado, auténtica cámara de representación territorial reconocida por el artículo 69 de la Constitución, siendo prácticamente un órgano desvirtuado y residual.

En definitiva, los partidos nacionalistas condicionan la actividad de la cámara representativa del interés nacional, actuando como "partidos bisagra" a la hora de otorgar la confianza parlamentaria a los gobiernos nacionales cuando estos no poseen una mayoría suficiente. Tal y como se desarrolla nuestro sistema, partidos de ámbito nacional como Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia tienen muchísima menos representación parlamentaria que Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria, a pesar de haber conseguido muchísimos más votos.

Varias reformas son requisitos indispensables para volver a recuperar la confianza ciudadana en la democracia y para una mayor participación en la vida pública: cambios en la ley de partidos y mayor transparencia en los ingresos y gestión del gasto; suspensión del sistema D´Hont, transformación del Congreso de los Diputados en auténtica cámara de proyección nacional y la imprescindible reforma del régimen autonómico, comenzando por la devolución al Estado de competencias esenciales como la Educación o la Sanidad.

Estas ambiciosas reformas hacen indispensable una compleja reforma de la Constitución que probablemente ciertos partidos políticos bloquearán de acuerdo a intereses sectarios, pero que la mayor parte de la población apoyará, siendo una cuestión que trasciende el mero término de la "mayoría absoluta".

Finalmente, en un ámbito mucho más específico, expreso mi repulsa frente a la maquiavelista estrategia política del señor Artur Mas, quien enmascara su pésima gestión económica con el debate soberanista; un debate que se le ha escapado de las manos y ha acabado atropellándolo  Su torpeza ha propiciado una de las situaciones más complejas de la Cataluña reciente: la formación de un gobierno estable depende de una izquierda (Izquierda Republicana de Cataluña) que rechaza frontalmente la política de recortes del presidente de la Generalitat.

Todo ello, unido a la desconfianza que genera la galopante corrupción y las excesivas subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal hacen que nuestra democracia, y por tanto la idea de España, se tambalee. ¿Podrá España ocupar el lugar que le corresponde entre las primeras democracias mundiales? ¿Seremos capaces de emprender las reformas necesarias? ¿Sobrevivirá España al desafío secesionista?

Sánchez Gordillo, aberración política

La primera vez que escuché a Sánchez Gordillo fue en una entrevista concedida a Jordi Évole, tácito admirador, en la cual explicaba las facilidades para conseguir vivienda y trabajo en Marinaleda. El alcalde andaluz era un tanto peculiar, ambientando su despacho una bandera de la fracasada II República y un cuadro de un personaje ajeno al sistema legal e institucional español, un personaje de dudosa admiración: el Ché Guevara.

Un punto clave en el armonioso funcionamiento del pueblo era la forma en que se invertían los ingresos del ayuntamiento, organizando una batida las autoridades para conocer la opinión de los vecinos. No obstante, la parafernalia vinculada al Sindicato Andaluz de Trabajadores y las cuantiosas subvenciones recibidas por la Junta de Andalucía son los factores que han permitido el "éxito" local de su democracia asamblearia.

En otro plano, como nacionalista comprometido a luchar por “esa nación sin soberanía llamada Andalucía”, el alcalde de Marinaleda niega el trabajo y la vivienda a quien no sea del pueblo. Por ello surgen algunos interrogantes: ¿Cómo puede compaginar comunismo y nacionalismo? ¿Podríamos concluir que ambas ideologías comparten cierta incoherencia? ¿Podríamos llegar a pensar que tienen algo en común? ¿O simplemente Sánchez Gordillo es un farsante sin principios?

Este señor proclama el fracaso del capitalismo y promociona su destrucción, mientras defiende un sistema trasnochado cuyo fracaso e intentos por ocultarlo son evidentes en la URSS, Cuba o Corea del Norte. Gordillo ignora la imposibilidad de sustituir un sistema que, con evidentes fallos, reporta más riqueza y bienestar que cualquier otro que se haya inventado. Siguiendo la línea ideológica de Willy Toledo, se posiciona junto a los estados totalitarios que aplastan cualquier atisbo de discrepancia política, defendiendo consecuentemente los regímenes cubano y norcoreano.

El asalto a un supermercado junto a sus amigos sindicalistas “captasubvenciones”, hizo que su nombre saltara a la palestra por segunda vez. A pesar que los alimentos fueron repartidos entre familias necesitadas, el acto constituye un delito injustificable y una falta de responsabilidad política. Muchas familias se encuentran en circunstancias pésimas pero se niegan a robar, encontrando refugio en comedores sociales, organizaciones benéficas y la Iglesia. Por lo tanto, resulta evidente que la sociedad española no necesita un falso Robin Hood. 

El asalto al Mercadona, empresa creadora de empleo durante la crisis, constituyó un acto cobarde, siendo muy fácil para la tropa sindicalista empujar y amedrentar a las humildes cajeras, quienes únicamente defendían sus puestos de trabajo y el sustento de sus familias. Los vídeos que circulan por la red muestran la deleznable forma en que los asaltantes arramplaron con los carros, ante el estado de nerviosismo y ansiedad de las trabajadoras del supermercado.


Siguiendo la crítica realizada por Toni Cantó, me asaltan algunas dudas: ¿Por qué Sánchez Gordillo no atraca un banco? ¿Por qué el alcalde comunista no tiene la valentía de asaltar un furgón blindado? ¿Son los humildes trabajadores de Mercadona sus enemigos? ¿Quién puede asegurar que el próximo asalto no lo sufra un humilde tendero? ¿No se da cuenta Sánchez Gordillo que actúa contra los que torpemente pretende defender? 

La actitud del alcalde andaluz supone un insulto a la democracia, no sólo por la cobardía de asaltar un supermercado que dispensa buen trato a sus empleados, sino también por ser un distinguido proetarra. Aquí se puede apreciar la carencia de seriedad democrática y los disparatados proyectos políticos del señor Gordillo; por todo ello, la justicia debe actuar e impedir comportamientos de esta clase.

Como conclusión final, el objetivo del falso justiciero comunista es crear un ambiente similar al intento de revolución asturiana de 1934. Siguiendo la estela de la izquierda irracional de aquella época, el alcalde de Marinaleda no descansará hasta tumbar a un gobierno legítimamente constituido.