Elecciones autonómicas catalanas de 27 de septiembre de 2015

El 27 de septiembre de 2015, último episodio del desafío soberanista, será decisivo para el futuro de Cataluña y España. Los independentistas se aglutinan en torno a una única lista con la que esperan obtener la mayoría necesaria para declarar unilateralmente la independencia y crear un Estado. Para lograrlo, Artur Mas se ha rodeado de un equipo de “expertos”, creando verdaderas estructuras de Estado en el seno de la Comunidad catalana y disponiendo de todo lo necesario para conseguir sus objetivos.

Los soberanistas han planteado las elecciones como plebiscitarias, aunque en el decreto de convocatoria no se le imprima ese carácter para evitar una posible impugnación ante el TC. No obstante, aunque jurídicamente sean unas simples autonómicas, estos comicios son esenciales y constituyen una batalla decisiva en la guerra dialéctica que los unionistas llevan décadas perdiendo. El voto masivo, la victoria del “no a la independencia” y el fracaso de la lista soberanista son fundamentales para invertir la tendencia fracturadora que se impone desde 1980.

A Mas se le ha escapado de las manos el juego iniciado hace años, encontrándose en un callejón sin salida presionado por sus socios y lobbies independentistas. La estrategia del chantaje se ha convertido en algo peligroso que ha llevado a Cataluña al borde del abismo. El presidente ha fracturado profundamente la sociedad catalana, dividiendo familias y sembrando la semilla del odio y el radicalismo. También ha conseguido destruir su propio partido, fruto de una coalición de más de treinta años. No existe político lo suficientemente legitimado para causar semejante daño, desviando la atención de los asuntos verdaderamente importantes para ocultar sus miserias.

Desde el punto de vista económico, resulta dudoso que el Estado catalán sea viable, pues muchos aseguran que la desconexión con España conduciría al colapso e incapacitaría para hacer frente al pago de pensiones, funcionarios y demás gasto esencial. A todo ello debe añadirse las dificultades que entrañaría el restablecimiento de aduanas y controles fronterizos. No obstante, los unionistas no deben apostar todo a la cuestión económica, pues nada les quedaría si finalmente el Estado catalán fuese viable. A diferencia de lo comúnmente alegado, los mejores argumentos deben ser históricos, sociales, jurídicos y especialmente los del sentido común.

Históricamente Cataluña nunca ha sido un reino independiente, sino perteneciente a la corona aragonesa. Tampoco la Guerra de Sucesión supuso un conflicto armado por la independencia de Cataluña, sino una guerra civil por la ocupación de un trono vacante. Tampoco la proclamación de la I República catalana supuso obviar al resto de España, sino la proclamación del Estado catalán dentro de una Federación. En esencia, se ignora que el nacionalismo tiene su origen fundamentalmente a finales del s.XIX en el contexto de la industria textil catalana y las importaciones extranjeras.

Respecto a los argumentos sociales, el soberanismo se inspira en la pureza de la raza y la marginación de lo diferente. La idea de la puridad catalana desconoce la inexistencia de catalanes de pura cepa y los flujos migratorios provenientes del sur de España durante los siglos XIX y XX. La sociedad catalana es un conglomerado de diversos orígenes y no un bloque monolítico como creen algunos. Además, en contraste con la apariencia externa, el soberanismo no constituye mayoría social, pues los partidarios de la permanencia en España superan el 50% y se mantienen al alza, tal y como manifiestan diversas encuestas realizadas por la propia Generalitat.

En cuanto a los argumentos jurídicos, la secesión es imposible aunque algunos utilicen el ordenamiento a su conveniencia con razonamientos alambicados y torticeros. No existe el “derecho a la secesión”, aunque se intente camuflar bajo el oportunista “derecho a decidir”. La Constitución reconoce la indisolubilidad de la Nación Española y el ordenamiento posee mecanismos para salvaguardarla. El comportamiento de Mas constituye un ataque a la legalidad y una actitud sediciosa punible; en este sentido, los propios funcionarios de la Generalitat deben desobedecer aquellas órdenes que sean abiertamente contrarias al ordenamiento o constituyan delito. El incumplimiento de las sentencias del TC en materia lingüística, competencial y la convocatoria de la consulta ilegal deberían haber sido abortadas bajo este principio, aunque la realidad ha sido distinta.

Desde el plano jurídico internacional, el Estado catalán estaría fuera de la UE aunque de facto siguiera usando la misma moneda. La Cataluña independiente tendría que formalizar una solicitud para entrar en la UE, requiriendo de la improbable unanimidad de todos los Estados Miembros. En este sentido, las aventuras internacionales de Mas han fracasado, pues la comunidad internacional ha respetado los principios de no injerencia en los asuntos internos e integridad territorial de un Estado soberano. Los países responsables rechazan la inestabilidad, incertidumbre y el reconocimiento de un hecho que puede calificarse como golpe de Estado. Dicho fracaso se ha producido a pesar del establecimiento de las mal llamadas “embajadas catalanas” y otras actuaciones.

No obstante, rechazar la independencia no impide debatir sobre el encaje de Cataluña ni las reformas constitucionales y fiscales que sean necesarias. Es evidente que algo no funciona en Cataluña y que la actitud inmovilista del Gobierno no es positiva. Sin embargo, para debatir sobre estas cuestiones socio-financieras es necesario disponer de datos fiables avalados por expertos independientes que desmientan o confirmen el supuesto desequilibrio financiero catalán. En cualquier caso, una mejor financiación autonómica, el reconocimiento de la singularidad catalana en una eventual reforma constitucional o el establecimiento de un modelo descentralizado asimétrico no calmará

las ansias secesionistas.

Es necesario revisar y reformar el modelo territorial, competencial y financiero autonómico. En este sentido, debe establecerse un claro reparto competencial, traspasando al Estado algunas competencias esenciales como la Educación. Deben eliminarse las incertidumbres y duplicidades, defendiendo la solidaridad territorial entre los distintos pueblos de España y exigiendo responsabilidad y buena administración a cada uno de sus gobernantes.

En definitiva, son los argumentos del sentido común los que deben imponerse: la unión hace la fuerza y la disgregación debilita. España es una gran nación y su diversidad constituye su mejor patrimonio. Cuanto mayor sea la integración entre sus pueblos, mejor y más eficaz será la respuesta ante los retos del s.XXI. Debe existir amplitud de miras en un mundo donde se difuminan las fronteras, se tiende a la universalidad y el ostracismo no tiene cabida.

Consulta soberanista del 9 de noviembre (II)

Por otra parte, el nacionalismo-soberanista es un proyecto criticable que no triunfaría si el imperio de la razón y la sensatez fuera absoluto. En un momento histórico donde las fronteras se suprimen y la globalización impone la unidad, los reduccionismos nacionalistas están fuera de lugar. Además, ningún político posee suficiente legitimidad para fracturar de semejante manera una sociedad. Artur Mas ha agitado los sentimientos soberanistas para distraer el debate respecto de lo importante: la gestión económica, la corrupción o el mantenimiento de los servicios públicos. El Presidente de la Generalitat ha incentivado el odio entre ciudadanos y dividido familias, basándose en argumentos falsos y demagógicos.

Los defensores de la unidad han visto como se utiliza la Educación y los medios de comunicación públicos y privados subvencionados para adoctrinar a los jóvenes y generalizar mitos y prejuicios sin ningún tipo de fundamento. La eventual independencia catalana no sólo afectará al conjunto de España, sino que hará mucho daño a Cataluña con los consiguientes perjuicios económicos que se derivarían. En un contexto donde el mundo contemporáneo y la competencia económica imponen la puesta en marcha de fórmulas unionistas, la fractura supondría el debilitamiento de los dos países, ahondando la profunda fractura social que sufre Cataluña. En definitiva, los políticos nacionales han olvidado que la unión hace la fuerza.

No obstante, existe un problema en Cataluña pues se ha extendido un sentimiento independentista que pone en peligro la pacífica convivencia democrática y la unidad de la Nación. Debe rechazarse la irreversibilidad de esta situación, es decir, existen soluciones. Algunos partidos como el PSOE liderado por Pedro Sánchez proponen la reforma del modelo territorial como posible solución, abogando por una reforma constitucional que instaure un sistema federal y reconozca la singularidad catalana. Sin embargo, la España de las Comunidades Autónomas no tiene nada que envidiar al modelo federal; de hecho, las diferencias apenas se notarían.

Una segunda solución pasaría por la instauración de un sistema descentralizado asimétrico, reconociendo especificidades jurídico territoriales y económicas de unas Comunidades frente a otras, especialmente País Vasco, Cataluña y Galicia. En este sentido, es objeto de debate la posible concesión de un régimen económico-fiscal diferenciado para Cataluña similar al navarro, reconociendo y compensando diferencias históricas. No obstante, ello podría suponer la vulneración de la igualdad de los españoles, creando situaciones de ciudadanía de segunda. Tal vez sea más idóneo mantener la descentralización territorial aclarando el reparto competencial, reduciendo la indeterminación de titularidades competenciales y evitando conflictos de este tipo.

Existe una tercera vía consistente en una centralización estatal, volviendo al sistema preconstitucional. Es dudoso que la ciudadanía acepte un retroceso de este tipo, abandonando la autonomía territorial alcanzada. España ha sido históricamente descentralizada, interrumpiéndose dicha realidad con la llegada de los Borbones en el s.XVIII y la dictadura franquista. En este sentido, el principal objetivo de la descentralización es acercar el poder al ciudadano, no conllevando necesariamente hipertrofia o corrupción. Por tanto, si no se ha cumplido ese objetivo, lo cual parece evidente, es necesario someter a examen nuestro modelo territorial. Y si de la centralización se derivan beneficios para España debe contemplarse seriamente esta alternativa.

No obstante, la naturaleza expansiva e insaciable del nacionalismo harían insuficientes estas reformas, el nacionalismo no se conformará con una mayor descentralización del Estado: no parará hasta lograr la independencia. La solución no pasa por una simple reforma del modelo territorial, sino por una reforma educativa que cuanto menos no incentive el odio entre españoles ni tergiverse la Historia al servicio del proyecto rupturista.

Consulta soberanista del 9 de Noviembre (I)

El proceso soberanista iniciado por Artur Mas y sus socios en el Gobierno prosigue. Tras la doble
suspensión del 9N por el TC, finalmente la consulta fue celebrada desobedeciendo las resoluciones del tribunal y desafiando el orden constitucional. Los colegios electorales abrieron sus puertas ante la pasividad del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De un electorado de 6 millones, 1,8 acudieron a votar resultando victorioso previsiblemente el independentismo, obteniendo el 94,4% de los votos.

En aquella jornada se interpusieron denuncias ante los juzgados catalanes, los cuales denegaron la suspensión cautelar de la votación argumentando la desproporcionalidad y la no intención de provocar un mal mayor del producido. Proceder a la clausura de los colegios una vez abiertos podría haber provocado alteraciones del orden público cuyas consecuencias hubieran sido imprevisibles. Tampoco actuó el Gobierno central a través de la Policía Nacional, no procediendo a impedir una violación tan flagrante del ordenamiento. Además, los mossos se encontraban custodiando la votación en claro conflicto entre la obediencia jerárquica a sus superiores y el hegemónico deber de respeto a la legalidad.

La batalla jurídica por la depuración de responsabilidades siguió a la inactividad estatal y judicial, acumulándose las demandas en la interpuesta por Manos Limpias frente a Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y la Consejera de Educación. El TSJ ha admitido a trámite la demanda contra dichos sujetos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. De estos delitos, parece concurrir la desobediencia por cuanto de manera manifiesta se ha incumplido la suspensión de la consulta decretada por el TC. Respecto a los otros existen indicios de concurrencia, siendo clave lo que se entiende por “resolución arbitraria en un asunto administrativo” (404 CP). Existirá responsabilidad penal si el decreto de convocatoria de la consulta y formación de la “Junta Electoral” se considera resolución en el sentido del tipo.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, la apertura de centros electorales y propaganda constituye gasto público. Dicho destino económico contradice el orden legal y constitucional, por lo que existen evidencias de delito. En coherencia con lo anterior, difusa es la frontera entre estas actuaciones y el delito de sedición. No obstante, serán los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña quienes valorarán la concurrencia o no de estos delitos. Con pleno respeto a la ley e interpretación de los requisitos de concurrencia, la violación del orden legal y constitucional no debe quedar impune, por cuanto lo contrario constituiría un precedente indeseable, pudiendo ser lo siguiente la declaración unilateral de independencia.

Si el Estado no responde a estas violaciones se confirmará su debilidad e incapacidad para hacer frente a los ataques que sufre. La metástasis del cáncer que supone la mezcla de la política en la actuación del personal cooperador con la Administración de Justicia ha tenido una clara manifestación en la negativa de los fiscales catalanes de presentar querella contra Artur Mas. En este sentido, han desobedecido el principio de dependencia jerárquica y obligado al por aquel entonces Fiscal General del Estado a firmar la querella.

La consulta soberanista ha fracasado aunque sus promotores se vanaglorien. Nadie serio y responsable avalaría una consulta ajena al orden constitucional y sin amparo legal, tampoco sin garantías que aseguren la fiabilidad del resultado. Además, menos de la mitad del electorado convocado acudió a la votación, por lo que a pesar de existir una participación destacable (aproximadamente 1,8 millones) no llega ni por asomo a los 6 millones convocados. En este sentido, la herramienta utilizada no ha sido la idónea si los promotores pretendían una explosión del sentimiento independentista, por cuanto la primera encuesta realizada por el Gobierno catalán tras el 9N arroja una victoria del no a la independencia.