El Brexit y los referéndums

El 52% de los electores británicos ha decidido que su país debe abandonar la UE, continuando su camino en solitario. Lo que comenzó como herramienta de presión para renegociar la posición británica, ha terminado como un paso atrás en el proceso de integración europeo. El movimiento euroescéptico no ha logrado un resultado semejante en ningún otro Estado de la Unión. Dado el resultado del referéndum, el Reino Unido debe abandonar la organización internacional que más ha avanzado a nivel mundial en la integración política, económica y social de sus miembros.

Los argumentos esgrimidos a favor del Brexit, tales como la recuperación de la soberanía nacional, el control de los flujos migratorios o el propio ego británico, son los que han triunfado. Por otra parte, los argumentos de la solidaridad entre los Estados Miembros y las ventajas y beneficios económicos reportados por la Unión no han logrado convencer a la mayoría de los británicos. Las instituciones europeas han aceptado democráticamente el resultado y han manifestado que las negociaciones formales para la completa desconexión del Reino Unido deben comenzar lo antes posible.

Durante el tiempo que duren las negociaciones se mantendrá el statu quo de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña, y a la inversa. Pero es una realidad que cuando el proceso termine, las libertades fundamentales de libre circulación de personas y bienes y servicios quedarán restringidas. Los productos británicos serán más competitivos debido a la previsible caída de la libra, pero esto también provocará que los ciudadanos tengan menor poder adquisitivo. El comercio entre el continente y la isla volverá a sufrir aranceles y aduanas, dificultando el intercambio comercial y el progreso económico. Además, las inversiones extranjeras en el país caerán previsiblemente por la enorme inseguridad jurídica que se avecina.

Las negociaciones conducirán a un acuerdo entre el Reino Unido y la UE, o en su defecto y según la materia, con cada uno de los Estados Miembros, para reconfigurar la situación del primero en el marco europeo. Los acuerdos que se alcancen probablemente mantendrán algún tipo de cooperación y facilidades económico-comerciales, pero en ningún caso podrán alcanzarse los niveles de integración de los que actualmente disfruta el país anglosajón.

El resultado ha provocado la dimisión de David Cameron. Dimisión lógica, pues no es posible que el primer ministro que ha hecho campaña a favor del remain lidere a su país en el proceso de desconexión, pues supondría gobernar contra conciencia. Cameron se ha suicidado políticamente y ha devuelto a su país al s.XIX. Su estrategia ha fracasado estrepitosamente; pensaba que el referéndum como medio de presión permitiría a Gran Bretaña negociar de manera reforzada, y sin embargo ha provocado su salida de la UE. El primer ministro británico, ante las presiones de sus colegas euroescépticos de partido, ha antepuesto su silla al futuro de los británicos.

Cameron ha sumido a su país en una profunda crisis de consecuencias desconocidas. Ha dividido la sociedad británica en bandos y ha dado el primer paso para la desintegración de su país. El hecho de que Escocia e Irlanda del Norte hayan votado por el remain, ha dado aliento a los independentistas de ambas regiones, quienes reclaman un nuevo referéndum sobre su independencia; o como mínimo, la manutención de sus vínculos con la Unión. En cualquier caso, es necesario debatir sobre dos cuestiones fundamentales: cómo entender la democracia y la validez de su manifestación más directa, el referéndum.

No es prudente confiar cualquier tipo de asunto al referéndum, pues existen cuestiones trascendentales y técnicamente complejas que no pueden decidirse de manera tan simple. La democracia directa es difícilmente practicable, y cuanto menos, este tipo de decisiones requieren una mayoría reforzada. La salida de Gran Bretaña no puede decidirse únicamente por el 52% del electorado, pues constituye una mayoría volátil que puede convertirse en minoría en pocos años, dado que los jóvenes han votado masivamente por permanecer en la Unión.

Como conclusión, los británicos deben prepararse e iniciar el proceso formal de desconexión. Reino Unido sobrevivirá porque es una gran nación, pero se avecinan tiempos turbulentos e inestables. También es tiempo de reflexión para los defensores de la Unión, pues ha quedado demostrado que el proceso de integración europeo no es irreversible, y que todavía queda mucho camino que recorrer para conseguir la completa integración.

Elecciones generales de 26 de junio de 2016 (II)

Por otra parte, Podemos es quien más tiene que ganar, siendo el otro partido de reciente formación que aspira a ser segunda fuerza política y principal partido de la izquierda. Con un líder carismático y un excelente manejo de las técnicas telecomunicativas, ha aprovechado el descontento de la ciudadanía, marcándose un objetivo claro con un itinerario detalladamente calculado y exitosamente ejecutado. En este sentido, ya ha absorbido a IU y el siguiente paso será la fagocitación del PSOE, tendiendo su mano al líder socialista y asegurando que sólo pactará con él. Si la ambición de Sánchez es mayor que su prudencia, y acude a los cantos de sirena de Iglesias, el PSOE caerá en manos de los populistas.

Aunque Iglesias se reivindique como garante de la socialdemocracia y asuma posiciones más moderadas, sigue siendo de extrema izquierda. Su ideología, manifestada en sus programas y entrevistas, no puede maquillarse de un día para otro. Cualquier moderación en su discurso responde a intereses electoralistas. Iglesias no es socialdemócrata, sino bolivariano; tampoco cree en la UE, sino que aboga por salir del euro; y no sólo asesora a una dictadura de facto, sino que ha sido financiado por la misma para fomentar sus políticas en España. Es difícil que lleguemos a la situación de Venezuela, pero no porque Iglesias no esté dispuesto a aplicar ciertas políticas, sino porque nuestro país pertenece a ciertas organizaciones internacionales que dificultarían su aplicación.

Sin duda alguna, la situación más complicada es la de los socialistas, quienes siguen lastrados por la herencia de Zapatero. Tras sus casi ocho años de Gobierno, los socialistas no han logrado recuperar el electorado perdido ni con Rubalcaba ni con Sánchez, evidenciándose este hecho una y otra vez en unos cada vez peores resultados electorales. La conjugación de nefastos líderes, la falta de un marco discursivo común y la incoherencia de sus pactos electorales con las “filiales” de Podemos, han hecho del PSOE una sombra de lo que en su día fue. Es triste cómo el partido de izquierdas por excelencia en España, garante de estabilidad y con experiencia de Gobierno, naufraga de semejante manera.

Los socialistas saldrán mal parados sea cual sea la decisión que tomen. Las alternativas reales se reducen a formar un Gobierno progresista con Unidos Podemos, o bien permitir que el PP gobierne en minoría. Respecto a la primera opción, Sánchez no tiene la certeza de ser presidente del Gobierno debido al eventual sorpasso. Sánchez ambiciona el poder, pero es dudoso que esté dispuesto a alcanzarlo a cualquier precio. Pactar con Podemos supone abrazar el populismo, las políticas que han llevado a Grecia al abismo y la posibilidad de que los secesionistas consigan sus propósitos.

La segunda posibilidad pasa por pactar con el PP, formando un gobierno de coalición o permitiendo que gobiernen en minoría. Ello supondría pactar con aquellos a quienes llevan cuatro años criticando, y con quienes han “destruido” los derechos sociales. La continuidad de las políticas populares significaría la destrucción de los socialistas y su completa pérdida de credibilidad. En cualquier caso, la abstención para que gobiernen en minoría permitiría a los socialistas aguantar la posición a Podemos y a los populares, de tal manera que podrían calcular los tiempos y derribar el Gobierno conservador cuando fuera el momento oportuno.

Todas las encuestas auguran similares resultados a los de las anteriores elecciones, con algún ligero matiz. No habrá mayorías amplias que permitan formar un gobierno estable, sino más bien débil y de legislatura corta. El objetivo principal debe ser alejar a Podemos del poder, evitando que destruyan el mínimo progreso que haya podido conseguirse en los últimos cuatro años. En este sentido, será trascendental el papel que juegue el PSOE. Si consigue ser segunda fuerza política, Pedro Sánchez pretenderá formar gobierno con la abstención de Podemos. Si no lo consigue, Sánchez se abstendrá y permitirá formar gobierno a Rajoy, con tal de impedir que Iglesias sea presidente. En cualquier caso, Sánchez no tardará en ser sustituido sea cual sea el resultado.

Todas estas suposiciones ignoran ciertas variables, como el eventual apoyo de Sánchez a la formación de un frente popular, o el requisito sine qua non de que Rajoy abandone la presidencia. Teniendo en cuenta los tiempos de inestabilidad que se avecinan, los diferentes candidatos deben abandonar sus posicionamientos personalistas y anteponer el interés de España. Es evidente que la situación de desgobierno no puede prologarse por más tiempo, nuestro país necesita un Gobierno, y sobre todo políticos con visión de Estado. 

Elecciones generales de 26 de junio de 2016 (I)

El pueblo español ha sido convocado a las urnas el próximo 26 de junio, tras el fracasado intento de formar Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre. Aunque PSOE y C´s lograron llegar a un acuerdo de mínimos para evitar el bloqueo institucional, el mismo no convenció al resto de formaciones políticas. En consecuencia, tanto el PP como Podemos votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España.

Lo sucedido no sorprende, claramente la época del bipartidismo ha terminado y nos encontramos ante un Parlamento enormemente fraccionado. Por tanto, la formación de Gobierno será sumamente complicada, especialmente debido a la disparidad ideológica de las cuatro principales fuerzas políticas. Resulta muy interesante la situación en que se encuentran dichas fuerzas, las cuales deben actuar prudentemente y gestionar los eventuales pactos electorales conforme a sus principios ideológicos y las necesidades de la nación.

Respecto al Partido Popular, Mariano Rajoy es el máximo responsable de todo lo ocurrido desde 2011. Entender la política en clave exclusivamente económica, la ausencia de comunicación y la corrupción sistemática son las causas de la presente situación de disgregación política. La transición entre alcanzar una mayoría absoluta aplastante y, a los cuatro años no obtener ni la sombra de dicho resultado, es un enorme fracaso. El PP tiene la suerte de ser el único situado en el centro derecha, pues de lo contrario podría haber sido víctima de un trasvase de votos aún mayor.

Los populares no conseguirán formar gobierno si no se replantean ciertos posicionamientos, aunque sean la lista más votada. En este sentido, tal vez Rajoy deba dimitir si con ello facilita la formación de un gobierno de coalición, o corregir ciertas decisiones puntuales de enorme trascendencia, como el aforamiento de la señora Barberá. Es necesaria una auténtica regeneración del PP que devuelva la confianza a la ciudadanía y sitúe a los conservadores en una posición reforzada para poder negociar la formación de gobierno.

En cuanto a C´s, una de las nuevas fuerzas políticas, las encuestas de las anteriores elecciones llegaron a situarlo en tercera posición, e incluso en segunda. Finalmente eso no ocurrió, quedando como cuarta fuerza política a cierta distancia del PSOE y Podemos, lo cual no deja de ser un buen resultado. La opinión pública y la izquierda le han acusado de ser escudero de los populares, alegando que su programa electoral constituye una copia del de aquellos, y situándolo en el espectro político de la derecha. Por otra parte, los populares han lanzado las mismas acusaciones en sentido inverso.

Las acusaciones de la izquierda no son del todo justas. Rivera ha tendido puentes con el PSOE antes que con el PP, proponiendo un modelo socio-económico distinto y defendiendo la legalización de ciertas drogas, la eutanasia y la regulación de la prostitución. De lo anterior no se desprende ningún tipo de conservadurismo. Ciudadanos puede ayudar modestamente y dentro de sus posibilidades a la formación de un Gobierno de mínimos, habiendo demostrado que apuesta por la estabilidad y unidad. Ahora bien, su insuficiente mayoría parlamentaria, la elección del socio incorrecto, la intención de agradar a todo el mundo y su excesiva moldeabilidad contribuyen a que C´s no sea una alternativa completamente creíble. 

Autonomic Catalan elections on 27th September 2015

The date 27th September 2015, the last episode from the independentist challenge, will be decisive for Catalonia and Spain future. The independentists are agglutinated around a single list whereof they hope to get the enough Parliamentary majority which let them to unilaterally declare the independence and create a new State. In order to achieve that, Arthur Mas is advised by an “experts group”, building authentic State infrastructures straight from inside the Catalan Community and disposing of everything they need to take that goal.

The independentists have understood these elections as plebiscitary ones; despite the elections order did not mention anything about that with the purpose of avoiding an eventual complaint before the Constitutional Court. However, although from the juridical view are just an autonomic elections, these elections are crucial and mean a decisive battle in the dialectic war that the unionists have been losing for several decades. The massive vote, the not-independence victory and the independentists’ failure are crucial for changing the fracture tendency which has been imposed since 1980.

Mas has lost the control of the game that he began years ago, he is on a not-exit street, pressured by his partners and the independentists lobbies. The blackmail strategy has become in something dangerous which has led Catalonia to the border abysm. The President has seriously broken the Catalan society, dividing families and sowing the hate and radicalism seed. In addition, he has destroyed his own party, which is the result of a thirty years coalition. There are not politicians who had the enough legitimacy for causing that damage, skiving the attention from the really important issues in order to hide his miseries.

From an economic view, there are some doubts about the Catalonian State viability, due to the fact that many people affirm the separation from Spain would lead to the collapse and it would not be possible to pay the retirements, government officials’ wages and other essential spending. Moreover, we must take into account the difficulties due to the reestablish of customs houses and borders surveillance. However, the unionists should not focus all their arguments on the economy issue, because if the Catalan State was viable they would not be able to support their position. Although it is not the most common speech, the best reason for the not-independence must be historical, social, juridical and, specifically, the common sense.

Historically, Catalonia has never been an independent kingdom, but belonged to the Aragon kingdom. Neither, the Secession War supposed an independence war, but a civil war that was caused by an empty throne. Neither the Second Republic proclamation meant to ignore the entire Spain, but the establishment of the Catalan Republic inside to the Spanish Federal Republic. Essentially, people ignore that nationalism were born in the XIX century in the textile industry and foreign imports framework.

From the social reasoning, the independentism is inspired by the race purity and the prosecution of what is different. The race purity idea ignore the non-existence of pure Catalan people and the migratory movements from the South Spain during the XIX and XX centuries. The Catalan society is a mix from different origins and not a monolithic stone, just as some people pretend. In addition, despite the external appearance, the independentists do not constitute a social majority, since those who defend the stay of Catalonia in Spain are over the 50% and still are increasing, just as show some surveys made by the own Generalitat.

From a legal view, the secession is impossible although some people use the juridical framework for their own advantage, using distilled arguments. It does not exist the “right to secession”, despite some people try to hide it behind the opportunist “right to decide”. The Spanish Constitution recognize the Spanish Nation indissolubility and the legislation provide tools for defend it. The Mas behaviors constitute an attack against the legality and a seditionist punishable attitude. In this way, the Generalitat officials should disobey those orders which were clearly contrary to the legislation or constitute legal offence. The non-fulfillment of Constitutional Court awards in the linguistics or competences field, and the illegal summons of a consultation should have been stopped under that principle. However, the reality has been different.

From an international legal framework, the Catalan State would be out from the European Union, despite in fact it continued using the same currency. The independent Catalonia would have to apply for the entrance in the EU, which would require the unlike unanimity of all the Member States. According to that, the Mas international adventures have failed, due to the fact that the International Community has respected the principles of non-intervention on the internal affairs and the territorial integrity of a sovereign State. The responsible States reject the instability, the uncertainty and the recognition of a fact which could be qualified as “coup d´état”. That failure has happened despite the establishment of the wrong called “Catalan embassies”, and other actions.

However, rejecting the independence does not impede to debate about how Catalonia must fit in Spain. Neither to talk about the necessaries Constitutional and tax reforms. It is clear that something does not work in Catalonia, and the passive attitude from the Spanish Government does not help. Nonetheless, in order to debate about these socio-economic issues it is necessary to have enough and reliable data, checked by independent experts who confirm or refute the Catalan unbalanced budget. In any case, a best autonomic financing, the recognition of the Catalan singularity in an eventual Constitutional reform or the establishment of an asymmetric decentralized model will not satisfy the secessionist aims.

It is necessary to revise and reform the autonomic territorial, competence and financial model. In that sense, it should establish a clear competence distribution, transferring some essential competences to the Central State, such as Education. It should remove the uncertainty and duplicities, defending the territorial solidarity among the different peoples of Spain and claiming for responsibility and well management to every single governor.

Definitively, the common sense arguments are those which must be imposed: the union leads to the stronghold, and the disaggregation cause weakness. Spain is a great Nation and its diversity constitutes its best value. As big as the integrity among its peoples was, better and more effective will be the responses before the XXI century challenges. It should exist an open minded vision in a world where the borders are being blurred, the universality is growing and the ostracism does not fit.

Elecciones autonómicas catalanas de 27 de septiembre de 2015

El 27 de septiembre de 2015, último episodio del desafío soberanista, será decisivo para el futuro de Cataluña y España. Los independentistas se aglutinan en torno a una única lista con la que esperan obtener la mayoría necesaria para declarar unilateralmente la independencia y crear un Estado. Para lograrlo, Artur Mas se ha rodeado de un equipo de “expertos”, creando verdaderas estructuras de Estado en el seno de la Comunidad catalana y disponiendo de todo lo necesario para conseguir sus objetivos.

Los soberanistas han planteado las elecciones como plebiscitarias, aunque en el decreto de convocatoria no se le imprima ese carácter para evitar una posible impugnación ante el TC. No obstante, aunque jurídicamente sean unas simples autonómicas, estos comicios son esenciales y constituyen una batalla decisiva en la guerra dialéctica que los unionistas llevan décadas perdiendo. El voto masivo, la victoria del “no a la independencia” y el fracaso de la lista soberanista son fundamentales para invertir la tendencia fracturadora que se impone desde 1980.

A Mas se le ha escapado de las manos el juego iniciado hace años, encontrándose en un callejón sin salida presionado por sus socios y lobbies independentistas. La estrategia del chantaje se ha convertido en algo peligroso que ha llevado a Cataluña al borde del abismo. El presidente ha fracturado profundamente la sociedad catalana, dividiendo familias y sembrando la semilla del odio y el radicalismo. También ha conseguido destruir su propio partido, fruto de una coalición de más de treinta años. No existe político lo suficientemente legitimado para causar semejante daño, desviando la atención de los asuntos verdaderamente importantes para ocultar sus miserias.

Desde el punto de vista económico, resulta dudoso que el Estado catalán sea viable, pues muchos aseguran que la desconexión con España conduciría al colapso e incapacitaría para hacer frente al pago de pensiones, funcionarios y demás gasto esencial. A todo ello debe añadirse las dificultades que entrañaría el restablecimiento de aduanas y controles fronterizos. No obstante, los unionistas no deben apostar todo a la cuestión económica, pues nada les quedaría si finalmente el Estado catalán fuese viable. A diferencia de lo comúnmente alegado, los mejores argumentos deben ser históricos, sociales, jurídicos y especialmente los del sentido común.

Históricamente Cataluña nunca ha sido un reino independiente, sino perteneciente a la corona aragonesa. Tampoco la Guerra de Sucesión supuso un conflicto armado por la independencia de Cataluña, sino una guerra civil por la ocupación de un trono vacante. Tampoco la proclamación de la I República catalana supuso obviar al resto de España, sino la proclamación del Estado catalán dentro de una Federación. En esencia, se ignora que el nacionalismo tiene su origen fundamentalmente a finales del s.XIX en el contexto de la industria textil catalana y las importaciones extranjeras.

Respecto a los argumentos sociales, el soberanismo se inspira en la pureza de la raza y la marginación de lo diferente. La idea de la puridad catalana desconoce la inexistencia de catalanes de pura cepa y los flujos migratorios provenientes del sur de España durante los siglos XIX y XX. La sociedad catalana es un conglomerado de diversos orígenes y no un bloque monolítico como creen algunos. Además, en contraste con la apariencia externa, el soberanismo no constituye mayoría social, pues los partidarios de la permanencia en España superan el 50% y se mantienen al alza, tal y como manifiestan diversas encuestas realizadas por la propia Generalitat.

En cuanto a los argumentos jurídicos, la secesión es imposible aunque algunos utilicen el ordenamiento a su conveniencia con razonamientos alambicados y torticeros. No existe el “derecho a la secesión”, aunque se intente camuflar bajo el oportunista “derecho a decidir”. La Constitución reconoce la indisolubilidad de la Nación Española y el ordenamiento posee mecanismos para salvaguardarla. El comportamiento de Mas constituye un ataque a la legalidad y una actitud sediciosa punible; en este sentido, los propios funcionarios de la Generalitat deben desobedecer aquellas órdenes que sean abiertamente contrarias al ordenamiento o constituyan delito. El incumplimiento de las sentencias del TC en materia lingüística, competencial y la convocatoria de la consulta ilegal deberían haber sido abortadas bajo este principio, aunque la realidad ha sido distinta.

Desde el plano jurídico internacional, el Estado catalán estaría fuera de la UE aunque de facto siguiera usando la misma moneda. La Cataluña independiente tendría que formalizar una solicitud para entrar en la UE, requiriendo de la improbable unanimidad de todos los Estados Miembros. En este sentido, las aventuras internacionales de Mas han fracasado, pues la comunidad internacional ha respetado los principios de no injerencia en los asuntos internos e integridad territorial de un Estado soberano. Los países responsables rechazan la inestabilidad, incertidumbre y el reconocimiento de un hecho que puede calificarse como golpe de Estado. Dicho fracaso se ha producido a pesar del establecimiento de las mal llamadas “embajadas catalanas” y otras actuaciones.

No obstante, rechazar la independencia no impide debatir sobre el encaje de Cataluña ni las reformas constitucionales y fiscales que sean necesarias. Es evidente que algo no funciona en Cataluña y que la actitud inmovilista del Gobierno no es positiva. Sin embargo, para debatir sobre estas cuestiones socio-financieras es necesario disponer de datos fiables avalados por expertos independientes que desmientan o confirmen el supuesto desequilibrio financiero catalán. En cualquier caso, una mejor financiación autonómica, el reconocimiento de la singularidad catalana en una eventual reforma constitucional o el establecimiento de un modelo descentralizado asimétrico no calmará

las ansias secesionistas.

Es necesario revisar y reformar el modelo territorial, competencial y financiero autonómico. En este sentido, debe establecerse un claro reparto competencial, traspasando al Estado algunas competencias esenciales como la Educación. Deben eliminarse las incertidumbres y duplicidades, defendiendo la solidaridad territorial entre los distintos pueblos de España y exigiendo responsabilidad y buena administración a cada uno de sus gobernantes.

En definitiva, son los argumentos del sentido común los que deben imponerse: la unión hace la fuerza y la disgregación debilita. España es una gran nación y su diversidad constituye su mejor patrimonio. Cuanto mayor sea la integración entre sus pueblos, mejor y más eficaz será la respuesta ante los retos del s.XXI. Debe existir amplitud de miras en un mundo donde se difuminan las fronteras, se tiende a la universalidad y el ostracismo no tiene cabida.

Elecciones municipales y autonómicas 2015

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ponen de manifiesto el cambio de tendencia producido en la política española. Partidos de reciente formación han alcanzado la alcaldía de grandes ciudades, acabando con la tradicional hegemonía de los partidos mayoritarios. Como ocurrió en las elecciones europeas, el resultado constata la ruptura del bipartidismo y la entrada en escena de nuevos partidos. El juego de pactos ha permitido a Carmena y Colau ser alcaldesas gracias al apoyo del PSM en Madrid y del PSC, Esquerra y CUP en Barcelona.

No obstante, a nivel autonómico los pactos han permitido la continuidad de gobiernos históricos en Andalucía, Madrid y Extremadura, de la mano de Ciudadanos y Podemos. Además, estas elecciones han confirmado el descalabro de partidos minoritarios como IU y UPyD, los cuales han desaparecido prácticamente del mapa territorial y político. En general, los resultados obtenidos deben inducir a los partidos políticos a la reflexión, especialmente aquellos que se han alternado el poder durante treinta años.

El Partido Socialista no ha logrado desvincularse de la herencia de Zapatero y jugará un papel clave en su propia decadencia. Pedro Sánchez piensa que la recuperación del partido pasa por girar a la izquierda abandonando el centro, cree que apoyar a Podemos en las municipales le permitirá situarse como alternativa de Gobierno. El líder socialista considera aliados a quienes antes tachaba de radicales y con los que aseguraba que no pactaría. Sánchez ignora que el plan de Iglesias no consiste en aliarse definitivamente con el PSOE, sino fagocitarlo y ocupar el espectro que le pertenece. El PSOE está siendo destruido por su incapacidad para articular un proyecto nacional creíble y la falta de un discurso universal aplicable a todas las CCAA.

Muchas de las propuestas de Sánchez desconocen la realidad española, por ejemplo proponer el federalismo para un país cuya organización territorial no desmerece dicho modelo. El PSOE ha logrado más poder en estas últimas elecciones, pero ha obtenido el peor resultado de su Historia. Es una lástima que el partido de izquierdas por excelencia y tradición histórica, garantía de estabilidad, se hunda de tal manera en las aguas del populismo. En este sentido, los resultados de las elecciones generales serán aún peores y forzarán al desorientado PSOE de Sánchez a formar parte de una coalición de izquierdas y no precisamente liderándola.

Respecto al Partido Popular, sus impopulares medidas y la corrupción le han pasado factura, siendo incapaz de explicar de manera comprensible sus ideas y propuestas. El PP ha abandonado la arena mediática y renuncia a defender la fundamentación y fin de las medidas tomadas, o cuanto menos lo hace inadecuada e insuficientemente. Los populares han olvidado que en la argumentación y el debate intelectual reside el núcleo de la batalla por las ideas. No obstante, resulta más lamentable que hayan entendido la política en clave netamente económica. Es cierto que la economía juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea y España necesitaba reformas económicas, pero no todo se reduce al mercado.

El Gobierno debe plantear debates en cuestiones como la investigación, educación o búsqueda del bien común, cuestiones que no sólo se plasman en leyes y medidas económicas. Mariano Rajoy ha rehuido debatir sobre muchas cuestiones, perdiendo una oportunidad histórica y contagiándose del complejo que reina en la derecha española, que le amputa la legitimidad para plantear y tomar cualquier tipo de medida social. Si el Partido Popular no corrige esta tendencia está condenado a volver a la oposición o, en el peor de los casos, convertirse en un partido veleta como el dirigido por Pedro Sánchez.

Respecto a Ciudadanos, debe valorarse positivamente sus intenciones de renovación sin destruir lo conseguido, la disposición para llegar a acuerdos que eviten el desgobierno y la labor realizada en Cataluña en defensa de la unidad nacional. No obstante, Ciudadanos intenta contentar a todos y presenta indefiniciones que acabarán perjudicándole. Además, merece especial crítica algunas de sus propuestas: la imposición legal de primarias a todos los partidos y la supresión del régimen foral navarro. Imponer el modelo de primarias supone una intromisión intolerable en la libertad organizativa de las formaciones políticas, sin perjuicio de las consecuencias legales que se deriven de escoger un modelo u otro. Por otra parte, la supresión del fuero navarro conlleva la eliminación de uno de los elementos que conforman la identidad navarra en el conjunto de la Nación Española.

En cuanto a Podemos, ha logrado alcanzar la alcaldía de las principales ciudades y ser palanca de gobierno en alguna autonomía. No obstante, le hará perder votos su buscada vinculación con el Gobierno griego, los problemas asociados a la formación de las listas, y la simpatía por el bolivarianismo y los abertzales. Los populistas han moderado su discurso para impedirlo, a pesar de lo cual su retroceso es inevitable tal y como presagian algunas encuestas. Además, su probabilidad de éxito e influencia se reducirán a medida que mejore la situación económica y sean visibles las consecuencias de las medidas adoptadas en las alcaldías: inseguridad jurídica, inestabilidad, retroceso y división.

España afronta un reto sin precedentes, planteando un nuevo panorama las próximas elecciones generales. El bipartidismo será liquidado a nivel nacional y en el Congreso habrá cuatro partidos principales: el entendimiento y los pactos serán necesarios. Probablemente el PP gane las elecciones por la mínima y necesite apoyos para gobernar, aunque otro escenario pasa por un gran pacto de izquierdas en el cual Podemos alce a Pedro Sánchez a la Moncloa, o a la inversa, que sea el PSOE quien permita a Iglesias convertirse en Presidente del Gobierno. Ambas alternativas suponen el inicio de una etapa de inestabilidad y dificultades, requiriendo visión de Estado y consenso.

Ha llegado el momento de iniciar una nueva Transición; las instituciones deben recuperar la confianza ciudadana y desterrar la corrupción de la vida política. España debe emprender las reformas necesarias que permitan mejorar su democracia sin promover la división entre españoles por motivos de vecindad o ideología. Dichos cambios requieren respetar nuestro pasado, nuestra Constitución y no olvidar que los políticos son fiel reflejo del estado de la sociedad, por lo que los cambios requieren la revisión de algunos planteamientos sociales.

Estado Islámico y libertad de expresión

El Estado Islámico controla extensos territorios de Siria e Irak, donde la guerra fratricida y debilidad estatal han posibilitado su consolidación. Los islamistas han logrado adueñarse de Mosul y Palmira, situándose a las puertas de Bagdad. Su estilo sanguinario y la debilidad de los ejércitos sirio e iraquí han contribuido a su éxito militar, permitiéndole apoderarse de vehículos militares y armamento de variada consideración. Además, este grupo no constituye una simple turba terrorista, sino que ha conseguido organizarse como un verdadero Estado.

El IS siembra el terror en los territorios que controla, aplicando de la manera más rigurosa y radical la ley islámica, perpetrando atrocidades contra su propia población y descargando cruelmente su odio contra los occidentales que caen en sus manos: mutilaciones, martirios, crucifixiones y decapitaciones por realizar cualquier actividad contraria a los preceptos del Corán. En este sentido, toda su puesta en escena y actuación está impregnada de simbología, utilizando las propias técnicas audiovisuales occidentales para infundir terror.

Los islamistas no se conforman con controlar territorio sirio e iraquí, sino que pretenden dominar Europa, contando para ello con fieles combatientes dispuestos a dar la vida dentro de nuestras fronteras. Combatientes que, adoctrinados en la fe radical islámica, esperan el momento oportuno para atentar. Un claro ejemplo de esta disposición fue el ataque a la revista Charlie Hebdó, amenazada en múltiples ocasiones por las publicaciones de Mahoma en actitud indecorosa. La respuesta al atentado no se hizo esperar, Occidente condenó el ataque y la frase “Je suis Charlie Hebdó” se convirtió en bandera de la libertad de expresión.

Sin embargo, la libertad de expresión no ampara el menoscabo de la dignidad ni el simple insulto. Al contrario, es un derecho limitado y no absoluto, y por tanto es discutible que las viñetas satíricas de Mahoma estén amparadas por la libertad de expresión. La mentalidad errónea que sustenta la frase “Je suis Charlie Hebdó” es fruto de concebir los derechos como simples y absolutas facultades de disposición, donde el propietario puede enajenar e incluso destruir su propiedad. La consecuencia de entender la propiedad como paradigma y modelo de los demás derechos pasa por entender que no existen diferencias cualitativas entre ellos, priorizándose el interés propio en detrimento de los demás. En este sentido, el ejercicio de los derechos no tendrá más límites que los voluntariamente reconocidos por su titular.

Occidente debe concienciarse sobre la amenaza del radicalismo, lo cual exige medidas concretas como la vigilancia de individuos radicalizados provenientes de zonas de conflicto y el control de flujos migratorios de determinados países. Respecto a la web y redes sociales, herramientas de captación y reclutamiento, el Estado debe reforzar el control sobre aquellas webs promotoras de la yihad. No obstante, dichas intervenciones podrían plantear problemas de constitucionalidad y recrudecer el debate sobre los límites de la intervención pública en la web y libertad de circulación ciudadana. Estas actuaciones podrían ser viables si son proporcionadas y respetan las garantías esenciales salvaguardadas por los tribunales.

Por último, debe lograrse la plena integración de los musulmanes no radicales y respaldar a los moderados en sus respectivos países. Además, deben promoverse acuerdos de reciprocidad que permitan a los occidentales practicar el culto libremente en esos países. Si Europa quiere vencer al terrorismo islámico debe recuperar su identidad y construir un proyecto alejado de la dictadura totalitaria del relativismo, reencontrándose consigo misma.

Consulta soberanista del 9 de noviembre (II)

Por otra parte, el nacionalismo-soberanista es un proyecto criticable que no triunfaría si el imperio de la razón y la sensatez fuera absoluto. En un momento histórico donde las fronteras se suprimen y la globalización impone la unidad, los reduccionismos nacionalistas están fuera de lugar. Además, ningún político posee suficiente legitimidad para fracturar de semejante manera una sociedad. Artur Mas ha agitado los sentimientos soberanistas para distraer el debate respecto de lo importante: la gestión económica, la corrupción o el mantenimiento de los servicios públicos. El Presidente de la Generalitat ha incentivado el odio entre ciudadanos y dividido familias, basándose en argumentos falsos y demagógicos.

Los defensores de la unidad han visto como se utiliza la Educación y los medios de comunicación públicos y privados subvencionados para adoctrinar a los jóvenes y generalizar mitos y prejuicios sin ningún tipo de fundamento. La eventual independencia catalana no sólo afectará al conjunto de España, sino que hará mucho daño a Cataluña con los consiguientes perjuicios económicos que se derivarían. En un contexto donde el mundo contemporáneo y la competencia económica imponen la puesta en marcha de fórmulas unionistas, la fractura supondría el debilitamiento de los dos países, ahondando la profunda fractura social que sufre Cataluña. En definitiva, los políticos nacionales han olvidado que la unión hace la fuerza.

No obstante, existe un problema en Cataluña pues se ha extendido un sentimiento independentista que pone en peligro la pacífica convivencia democrática y la unidad de la Nación. Debe rechazarse la irreversibilidad de esta situación, es decir, existen soluciones. Algunos partidos como el PSOE liderado por Pedro Sánchez proponen la reforma del modelo territorial como posible solución, abogando por una reforma constitucional que instaure un sistema federal y reconozca la singularidad catalana. Sin embargo, la España de las Comunidades Autónomas no tiene nada que envidiar al modelo federal; de hecho, las diferencias apenas se notarían.

Una segunda solución pasaría por la instauración de un sistema descentralizado asimétrico, reconociendo especificidades jurídico territoriales y económicas de unas Comunidades frente a otras, especialmente País Vasco, Cataluña y Galicia. En este sentido, es objeto de debate la posible concesión de un régimen económico-fiscal diferenciado para Cataluña similar al navarro, reconociendo y compensando diferencias históricas. No obstante, ello podría suponer la vulneración de la igualdad de los españoles, creando situaciones de ciudadanía de segunda. Tal vez sea más idóneo mantener la descentralización territorial aclarando el reparto competencial, reduciendo la indeterminación de titularidades competenciales y evitando conflictos de este tipo.

Existe una tercera vía consistente en una centralización estatal, volviendo al sistema preconstitucional. Es dudoso que la ciudadanía acepte un retroceso de este tipo, abandonando la autonomía territorial alcanzada. España ha sido históricamente descentralizada, interrumpiéndose dicha realidad con la llegada de los Borbones en el s.XVIII y la dictadura franquista. En este sentido, el principal objetivo de la descentralización es acercar el poder al ciudadano, no conllevando necesariamente hipertrofia o corrupción. Por tanto, si no se ha cumplido ese objetivo, lo cual parece evidente, es necesario someter a examen nuestro modelo territorial. Y si de la centralización se derivan beneficios para España debe contemplarse seriamente esta alternativa.

No obstante, la naturaleza expansiva e insaciable del nacionalismo harían insuficientes estas reformas, el nacionalismo no se conformará con una mayor descentralización del Estado: no parará hasta lograr la independencia. La solución no pasa por una simple reforma del modelo territorial, sino por una reforma educativa que cuanto menos no incentive el odio entre españoles ni tergiverse la Historia al servicio del proyecto rupturista.

Consulta soberanista del 9 de Noviembre (I)

El proceso soberanista iniciado por Artur Mas y sus socios en el Gobierno prosigue. Tras la doble
suspensión del 9N por el TC, finalmente la consulta fue celebrada desobedeciendo las resoluciones del tribunal y desafiando el orden constitucional. Los colegios electorales abrieron sus puertas ante la pasividad del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De un electorado de 6 millones, 1,8 acudieron a votar resultando victorioso previsiblemente el independentismo, obteniendo el 94,4% de los votos.

En aquella jornada se interpusieron denuncias ante los juzgados catalanes, los cuales denegaron la suspensión cautelar de la votación argumentando la desproporcionalidad y la no intención de provocar un mal mayor del producido. Proceder a la clausura de los colegios una vez abiertos podría haber provocado alteraciones del orden público cuyas consecuencias hubieran sido imprevisibles. Tampoco actuó el Gobierno central a través de la Policía Nacional, no procediendo a impedir una violación tan flagrante del ordenamiento. Además, los mossos se encontraban custodiando la votación en claro conflicto entre la obediencia jerárquica a sus superiores y el hegemónico deber de respeto a la legalidad.

La batalla jurídica por la depuración de responsabilidades siguió a la inactividad estatal y judicial, acumulándose las demandas en la interpuesta por Manos Limpias frente a Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y la Consejera de Educación. El TSJ ha admitido a trámite la demanda contra dichos sujetos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. De estos delitos, parece concurrir la desobediencia por cuanto de manera manifiesta se ha incumplido la suspensión de la consulta decretada por el TC. Respecto a los otros existen indicios de concurrencia, siendo clave lo que se entiende por “resolución arbitraria en un asunto administrativo” (404 CP). Existirá responsabilidad penal si el decreto de convocatoria de la consulta y formación de la “Junta Electoral” se considera resolución en el sentido del tipo.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, la apertura de centros electorales y propaganda constituye gasto público. Dicho destino económico contradice el orden legal y constitucional, por lo que existen evidencias de delito. En coherencia con lo anterior, difusa es la frontera entre estas actuaciones y el delito de sedición. No obstante, serán los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña quienes valorarán la concurrencia o no de estos delitos. Con pleno respeto a la ley e interpretación de los requisitos de concurrencia, la violación del orden legal y constitucional no debe quedar impune, por cuanto lo contrario constituiría un precedente indeseable, pudiendo ser lo siguiente la declaración unilateral de independencia.

Si el Estado no responde a estas violaciones se confirmará su debilidad e incapacidad para hacer frente a los ataques que sufre. La metástasis del cáncer que supone la mezcla de la política en la actuación del personal cooperador con la Administración de Justicia ha tenido una clara manifestación en la negativa de los fiscales catalanes de presentar querella contra Artur Mas. En este sentido, han desobedecido el principio de dependencia jerárquica y obligado al por aquel entonces Fiscal General del Estado a firmar la querella.

La consulta soberanista ha fracasado aunque sus promotores se vanaglorien. Nadie serio y responsable avalaría una consulta ajena al orden constitucional y sin amparo legal, tampoco sin garantías que aseguren la fiabilidad del resultado. Además, menos de la mitad del electorado convocado acudió a la votación, por lo que a pesar de existir una participación destacable (aproximadamente 1,8 millones) no llega ni por asomo a los 6 millones convocados. En este sentido, la herramienta utilizada no ha sido la idónea si los promotores pretendían una explosión del sentimiento independentista, por cuanto la primera encuesta realizada por el Gobierno catalán tras el 9N arroja una victoria del no a la independencia.

Reflexiones sobre el aborto.

En 2011 el programa electoral del PP incorporaba la reforma de la ley del aborto, con el fin de restaurar el sistema de supuestos de 1983. Tras obtener mayoría absoluta aplastante, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontraba en posición inmejorable para emprender dicha reforma legislativa. Sin embargo, la propuesta fue incumplida como muchas otras promesas electorales. Además, lo fue de manera traumática y vergonzosa: cuando el anteproyecto había sido aprobado por Consejo de Ministros y provocando la dimisión de Gallardón. Finalmente, la Ley de 2010 será modificada tímidamente en cuanto al consentimiento de las menores y tutores.

El comportamiento político de Rajoy ha sido deleznable, pero debe abordarse la raíz del problema y posibles soluciones. La actual concepción mayoritaria del aborto es fruto de una visión filosófica que tiene sus orígenes en la Modernidad. Es un problema demasiado complejo como para abordarlo en su totalidad, pero una de las consecuencias de esa mentalidad se traduce en el desposeimiento de la condición humana del nasciturus. Por lo tanto, para el Derecho no será más que un bien jurídico que merece cierta protección (en nuestra legislación a partir de 14 semanas) pudiendo ceder ante otros derechos de origen y desarrollo discutible como la ciega autonomía y libertad de elección.

El Hombre ha llegado a decidir quienes merecen entrar en la Humanidad, como si fuera un club con reserva del derecho de admisión. Tal es la fuerza de la mentalidad empírica racionalista malinterpretada que no se concede la plena condición humana a quienes no pueden manifestar características demostrables de su condición y dignidad. De esta manera, se decide quienes forman parte de la Humanidad y quienes no, lo cual se advierte claramente en el aborto y eutanasia. Relevante es la consecuencia de invertir la carga de la prueba sobre el sujeto desposeído de su condición humana, y es que la protección decae hasta límites insospechados. Como resultado, a pesar de constituir vida humana y poseer dignidad ontológica inviolable, el nasciturus no dispone del bien jurídico “vida”, sino que es constituido como bien jurídico protegible que cede en innumerables ocasiones.

Debe defenderse la condición humana del nasciturus, y por tanto una protección coherente con ello. Los argumentos se apoyan en explicaciones científicas y fundamentos judeo-cristianos. No obstante, incluso la vida cede a favor de otros derechos en nuestro ordenamiento, por ejemplo la legítima defensa. Es decir, puede afirmarse que ningún derecho de los enumerados en la Constitución Española tiene una pretensión de eficacia tan potente que lo conduzca a ser absoluto. De hecho, los límites y excepciones de ejercicio son abundantes, por lo que cabe afirmar su relatividad. No obstante, lo expuesto no son más que reflexiones y observaciones jurídicas que se empequeñecen ante la filosofía.

El aborto es un hecho traumático y merece que los poderes públicos trabajen para erradicarlo o cuanto menos disminuirlo. Para conseguirlo existen diversas vías: una de ellas es la prohibición legal del aborto, punificando el hecho abortivo aunque con matices, como puede ser que bajo ningún concepto exista responsabilidad penal de la mujer, sino de los facultativos asistentes. Esta era la intención inicial del Gobierno, pero resulta muy discutible que con la simple aprobación de la ley se reduzcan los abortos. Deberían potenciarse otras vías alternativas: desarrollar las ayudas a la maternidad creando un marco favorable a la misma, y cambiar la cultura de la autonomía y la muerte por la vida y sexualidad responsable.

Además, no existe mejor incentivo para reducir la tasa de aborto que la prosperidad y florecimiento económico, de tal forma que los ciudadanos tengan un nivel de vida tal que les permita emprender la aventura de la paternidad. En este sentido, debe denunciarse la presión mediática y social que empuja de manera inercial y encubierta al aborto, de modo que ante esta situación el entorno social es más proclive a aconsejar el aborto que continuar con el embarazo. En este punto es donde los poderes públicos deben intervenir de tal manera que la solución al problema del aborto no se circunscriba únicamente a una ineficaz reforma legislativa.

Por último, deben denunciarse otras incoherencias sociales. En este sentido, existe una corriente de pensamiento extendida defensora de la “igualdad animal”: los animales como sujetos con derechos. Por ello, teniendo en cuenta la obligación humana de respetar el medioambiente, se condena con buen criterio la tauromaquia, el maltrato animal o el abandono de mascotas. No obstante, existe desproporción entre la intensidad con que se reivindica el derecho de los animales y el trato que se dispensan los seres humanos unos con otros. ¿Cómo pretenden algunos que los animales tengan mayor protección que un ser humano en gestación?

Consulta sobre las prospecciones.

Tras la autorización de las prospecciones por parte del Ministerio de Industria, el Gobierno de Canarias desafía al Estado convocando una consulta para que los canarios se pronuncien acerca de las mismas. Rivero aseguró que la consulta del 26 de noviembre estaba amparada por el ordenamiento jurídico, mientras insiste en que la Administración autonómica cumplirá la ley y pronunciamientos judiciales. Además, asegura que la Comunidad Autónoma seguirá combatiendo jurídicamente contra unas prospecciones que atentan contra Canarias y la hacen víctima de un atropello colonialista.

En primer lugar, estudiando el marco jurídico en el que se está desarrollando el conflicto, debe destacarse la porosidad del lenguaje y el uso interesado del mismo. Según la Constitución Española el único legitimado para aprobar la realización de referéndum, herramienta jurídica cuyos resultados son vinculantes políticamente, es el Estado. Todo ello a través de una propuesta presidencial y posterior aprobación parlamentaria. Paulino Rivero, a través del lenguaje, pretende que su consulta tenga el efecto vinculante propio del referéndum.

En este sentido, la Ley Canaria de Consultas de 2010 constituye un cauce efectivo para la participación de los ciudadanos en la vida pública, conforme a la existencia del principio administrativo-constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, exigiendo cauces jurídicos para ello. No obstante, dicho principio y ley tienen unos límites que se desprenden del bloque de constitucionalidad y régimen competencial español: el Gobierno canario puede proponer cualquier consulta, siempre y cuando las materias sobre las que verse sean competencia de la Comunidad Autónoma y no del Estado. Rivero conoce las limitaciones de su ley, su posible interpretación y la más que probable inconstitucionalidad de una consulta que interrogue directamente sobre las prospecciones.

La eventual pregunta sería: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. No deja indiferente esta formulación, debiendo advertirse la astucia de los asesores de Rivero al desvirtuar formalmente el referéndum, para convertirlo en una enrevesada e incongruente consulta. La Autonomía puede consultar sobre la planificación económica del archipiélago por cuanto es un asunto de su competencia, no existiendo inconstitucionalidad desde un punto de vista estrictamente formal. Sin embargo, materialmente la consulta constituye un claro fraude pues realmente no se pregunta sobre el modelo económico, sino sobre las prospecciones. Por tanto, existen dudas razonables sobre su constitucionalidad: formalmente podría adecuarse al ordenamiento, pero no materialmente por cuanto supone un fraude.

Los modelos no son excluyentes, pueden convivir la industria petrolera y turística, siendo diferente el debate sobre la elección de un modelo energético u otro. Además, el Gobierno español ha seguido el procedimiento administrativo exigido, cumpliendo las garantías legales. Por lo tanto, como ha manifestado el TS al desestimar las pretensiones suspensivas del Gobierno autonómico, la autorización de las prospecciones se adecua al ordenamiento. Rivero debería preocuparse por otros asuntos como los posibles vicios del reglamento que desarrolla la Ley de 2010, haciéndola decir lo que no dice, o la forma en que manipula al pueblo canario, enmascarando sus rencillas personales con Soria mediante el debate sobre las prospecciones. El presidente no se opuso al proyecto en 2001 ni 2005, y tampoco planteó una consulta cuando se construyó el puerto de Granadilla, que produjo gran rechazo ciudadano.

En conclusión, Canarias debe diversificar su economía como fundamento para combatir el elevado desempleo, buscando no depender exclusivamente del turismo. La actuación de los poderes públicos debe atraer inversiones para el archipiélago, buscando que éste se constituya en referencia. En este proyecto deben reconocerse su autonomía y peculiaridad, siendo posible convertir Canarias en vanguardia atlántica de España si existe voluntad política y entendimiento, desechando actitudes sectarias o partidistas. Los nacionalistas deben saber que no aman más esta tierra volcánica que quienes defienden las prospecciones.

Conflicto palestino-israelí y la legítima defensa.

La comunidad internacional ha sido testigo del último episodio de violencia y guerra en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Este capítulo conforma un contexto más amplio que se remonta hasta la creación del Estado hebreo tras la Segunda Guerra Mundial. Abordar el conflicto requiere esfuerzo intelectual y memoria histórica, acompañado necesariamente de cierta dosis de impermeabilidad frente al sensacionalismo y discursos tendenciosos.

El debate debe centrarse en ciertos puntos clave de gran repercusión jurídica: el derecho de legítima defensa, la necesidad y la proporcionalidad en la respuesta. El Estado hebreo debe responder a los ataques que los milicianos palestinos lanzan sobre su territorio, desde misiles capaces de alcanzar cualquier zona del territorio israelí hasta túneles subterráneos que facilitan la infiltración de terroristas. Llegados a este punto, el hecho de contar con escudos antimisiles en las zonas más pobladas no suprime el derecho de legítima defensa, ni justifica que la población hebrea esté expuesta a ser atacada en cualquier momento.

El derecho internacional permite a Israel defenderse, pues Hamás ha atacado primero y roto unilateralmente varias treguas humanitarias. Tras los bombardeos de Israel no existe una intencionalidad genocida desde que ordena el desplazamiento de la población y la evacuación de las zonas objeto de bombardeo para reducir las bajas civiles. Tampoco debe ignorarse que la matanza de civiles beneficia a Hamás, pues agitando el avispero de odio contra Occidente consigue adeptos a su causa. Los terroristas sitúan a los civiles en el conflicto, distribuyendo armamento y logística en lugares de vital importancia como escuelas, hospitales y viviendas.

La proporcionalidad es un principio trascendental en el derecho internacional por el cual la legítima defensa debe ceñirse a una respuesta equilibrada. Esta visión es apoyada por la mayoría de la doctrina jurídica, existiendo sectores que reivindican la no necesaria proporcionalidad. En este caso resulta evidente que la defensa no ha sido proporcional, pues mientras los misiles palestinos rara vez alcanzan sus objetivos gracias a los sistemas de defensa, Israel logra dar en el blanco con una precisión absoluta. Mientras los terroristas poseen cohetes M-302 y milicia armada, los israelíes disponen de tecnología puntera en cazas, drones, fragatas y ejército regular que ha dejado más de 2000 muertos y 6000 heridos, la mayoría civiles.

Las autoridades israelíes deben reflexionar sobre estas operaciones, plantear si la desaparición del terrorismo y el riesgo de un ataque en territorio israelí puede hacerse a cualquier precio. En coherencia con lo anterior, también debería abordarse el régimen de bloqueo que recae sobre la franja de Gaza. En cualquier caso, en este conflicto se han violando de manera sistemática los convenios internacionales reguladores de la guerra y el derecho humanitario. Estos casos deben denunciarse y exigir responsabilidades.
 
El conflicto palestino israelí es demasiado complejo y no existe solución a corto plazo. La eventual creación de un Estado palestino se encuentra en el centro del debate aunque Gaza y Cisjordania no cuenten con un líder común, pues los terroristas de Hamás elegidos por su propio pueblo dirigen la franja con puño de hierro. Tal vez debería retirarse esta propuesta, o cuanto menos considerar las consecuencias de la creación de un Estado terrorista. No obstante, Palestina rechazó en su momento la creación de un Estado propio por discrepancias con las fronteras propuestas por la ONU.

Israel tiene derecho a defenderse, hacer desaparecer los túneles que se adentran en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es seguro que lo anterior pueda conseguirse a cualquier precio, pero los hebreos no son los únicos responsables de las muertes de civiles: Hamás tiene las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo. La muerte de civiles inocentes es algo imposible de aceptar y debería remorder su conciencia.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (II)

La fundación de Iglesias ha sido acusada de recibir contraprestaciones del Gobierno venezolano por servicios de asesoría, señalando a dicho régimen como financiador del entramado político-institucional que rodea al equipo de Iglesias. Ante esto, el eurodiputado denuncia la hipocresía de quienes le acusan, pues dichos servicios son legales y nunca se ha aconsejado la represión. Además, insiste en que hasta el propio Gobierno español ha vendido armas a Venezuela, y que en ningún momento ha defendido la aplicación del sistema bolivariano en España.

No obstante, a pesar de las justificaciones esgrimidas, una entrevista en la televisión venezolana y declaraciones en su programa contradicen y ponen en evidencia sus explicaciones. En dichas intervenciones Iglesias alaba a Hugo Chávez, sus enseñanzas y el carácter invencible que representa para sus enemigos después de muerto. El eurodiputado lo ensalza como gran demócrata y señala el momento de su fallecimiento como día de luto para quienes aman la democracia. En este sentido, Iglesias muestra a Venezuela como modelo a seguir para el sur de Europa, ejemplo de que se puede recuperar la soberanía y hacer las cosas de otra manera.

Además, presenta a España como un país desolado donde élites económicas controlan los medios de comunicación e impiden que la información esté al servicio del pueblo. Resulta curioso como Iglesias critica ferozmente el sistema televisivo que le ha catapultado a la fama y permite ejercer su derecho de expresión. Paradójicamente, ataca el sistema que le reconoce el derecho a concurrir en unas elecciones con un programa electoral contrario al Gobierno y ejercer la libertad de cátedra. Aunque le pese, la sociedad española cuenta con diversidad de medios informativos reflejo del pluralismo existente, unos medios de ética dudosa pero libres y plurales.

La democracia no existe en el régimen bolivariano, un sistema represivo cuyo sistema electoral y de recuento es manifiestamente perverso y donde los medios de comunicación no afines a la política gubernamental son víctimas de una campaña que persigue el monopolio de la información, manipulándola y distorsionándola a su voluntad. Con la falsa excusa de proteger al pueblo, se criminaliza la protesta y todos los resortes del Estado se orientan hacia la perpetuación del sistema bolivariano. Todo ello mientras las políticas económicas del Gobierno y el dominio de sus élites sumergen en la pobreza y el desabastecimiento a Venezuela.

Pablo Iglesias no es terrorista pero simpatiza con el entorno proetarra, abertzale y borroka, formando parte del sector social que pretende instaurar un régimen pseudocomunista en España. Por último, Iglesias representa a la población joven nacida en democracia que arrastra los prejuicios de una guerra que no sufrió. Frente a la conveniencia del espíritu de reconciliación nacional y tolerancia, le domina un sentimiento revanchista y la necesidad de instaurar un sistema traumático en toda época y lugar.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis

económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.

Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.