En primer lugar, estudiando el marco jurídico en el que se está desarrollando el conflicto, debe destacarse la porosidad del lenguaje y el uso interesado del mismo. Según la Constitución Española el único legitimado para aprobar la realización de referéndum, herramienta jurídica cuyos resultados son vinculantes políticamente, es el Estado. Todo ello a través de una propuesta presidencial y posterior aprobación parlamentaria. Paulino Rivero, a través del lenguaje, pretende que su consulta tenga el efecto vinculante propio del referéndum.
En este sentido, la Ley Canaria de Consultas de 2010 constituye un cauce efectivo para la participación de los ciudadanos en la vida pública, conforme a la existencia del principio administrativo-constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, exigiendo cauces jurídicos para ello. No obstante, dicho principio y ley tienen unos límites que se desprenden del bloque de constitucionalidad y régimen competencial español: el Gobierno canario puede proponer cualquier consulta, siempre y cuando las materias sobre las que verse sean competencia de la Comunidad Autónoma y no del Estado. Rivero conoce las limitaciones de su ley, su posible interpretación y la más que probable inconstitucionalidad de una consulta que interrogue directamente sobre las prospecciones.
La eventual pregunta sería: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. No deja indiferente esta formulación, debiendo advertirse la astucia de los asesores de Rivero al desvirtuar formalmente el referéndum, para convertirlo en una enrevesada e incongruente consulta. La Autonomía puede consultar sobre la planificación económica del archipiélago por cuanto es un asunto de su competencia, no existiendo inconstitucionalidad desde un punto de vista estrictamente formal. Sin embargo, materialmente la consulta constituye un claro fraude pues realmente no se pregunta sobre el modelo económico, sino sobre las prospecciones. Por tanto, existen dudas razonables sobre su constitucionalidad: formalmente podría adecuarse al ordenamiento, pero no materialmente por cuanto supone un fraude.
Los modelos no son excluyentes, pueden convivir la industria petrolera y turística, siendo diferente el debate sobre la elección de un modelo energético u otro. Además, el Gobierno español ha seguido el procedimiento administrativo exigido, cumpliendo las garantías legales. Por lo tanto, como ha manifestado el TS al desestimar las pretensiones suspensivas del Gobierno autonómico, la autorización de las prospecciones se adecua al ordenamiento. Rivero debería preocuparse por otros asuntos como los posibles vicios del reglamento que desarrolla la Ley de 2010, haciéndola decir lo que no dice, o la forma en que manipula al pueblo canario, enmascarando sus rencillas personales con Soria mediante el debate sobre las prospecciones. El presidente no se opuso al proyecto en 2001 ni 2005, y tampoco planteó una consulta cuando se construyó el puerto de Granadilla, que produjo gran rechazo ciudadano.
En conclusión, Canarias debe diversificar su economía como fundamento para combatir el elevado desempleo, buscando no depender exclusivamente del turismo. La actuación de los poderes públicos debe atraer inversiones para el archipiélago, buscando que éste se constituya en referencia. En este proyecto deben reconocerse su autonomía y peculiaridad, siendo posible convertir Canarias en vanguardia atlántica de España si existe voluntad política y entendimiento, desechando actitudes sectarias o partidistas. Los nacionalistas deben saber que no aman más esta tierra volcánica que quienes defienden las prospecciones.
