Elecciones generales de 26 de junio de 2016 (II)

Por otra parte, Podemos es quien más tiene que ganar, siendo el otro partido de reciente formación que aspira a ser segunda fuerza política y principal partido de la izquierda. Con un líder carismático y un excelente manejo de las técnicas telecomunicativas, ha aprovechado el descontento de la ciudadanía, marcándose un objetivo claro con un itinerario detalladamente calculado y exitosamente ejecutado. En este sentido, ya ha absorbido a IU y el siguiente paso será la fagocitación del PSOE, tendiendo su mano al líder socialista y asegurando que sólo pactará con él. Si la ambición de Sánchez es mayor que su prudencia, y acude a los cantos de sirena de Iglesias, el PSOE caerá en manos de los populistas.

Aunque Iglesias se reivindique como garante de la socialdemocracia y asuma posiciones más moderadas, sigue siendo de extrema izquierda. Su ideología, manifestada en sus programas y entrevistas, no puede maquillarse de un día para otro. Cualquier moderación en su discurso responde a intereses electoralistas. Iglesias no es socialdemócrata, sino bolivariano; tampoco cree en la UE, sino que aboga por salir del euro; y no sólo asesora a una dictadura de facto, sino que ha sido financiado por la misma para fomentar sus políticas en España. Es difícil que lleguemos a la situación de Venezuela, pero no porque Iglesias no esté dispuesto a aplicar ciertas políticas, sino porque nuestro país pertenece a ciertas organizaciones internacionales que dificultarían su aplicación.

Sin duda alguna, la situación más complicada es la de los socialistas, quienes siguen lastrados por la herencia de Zapatero. Tras sus casi ocho años de Gobierno, los socialistas no han logrado recuperar el electorado perdido ni con Rubalcaba ni con Sánchez, evidenciándose este hecho una y otra vez en unos cada vez peores resultados electorales. La conjugación de nefastos líderes, la falta de un marco discursivo común y la incoherencia de sus pactos electorales con las “filiales” de Podemos, han hecho del PSOE una sombra de lo que en su día fue. Es triste cómo el partido de izquierdas por excelencia en España, garante de estabilidad y con experiencia de Gobierno, naufraga de semejante manera.

Los socialistas saldrán mal parados sea cual sea la decisión que tomen. Las alternativas reales se reducen a formar un Gobierno progresista con Unidos Podemos, o bien permitir que el PP gobierne en minoría. Respecto a la primera opción, Sánchez no tiene la certeza de ser presidente del Gobierno debido al eventual sorpasso. Sánchez ambiciona el poder, pero es dudoso que esté dispuesto a alcanzarlo a cualquier precio. Pactar con Podemos supone abrazar el populismo, las políticas que han llevado a Grecia al abismo y la posibilidad de que los secesionistas consigan sus propósitos.

La segunda posibilidad pasa por pactar con el PP, formando un gobierno de coalición o permitiendo que gobiernen en minoría. Ello supondría pactar con aquellos a quienes llevan cuatro años criticando, y con quienes han “destruido” los derechos sociales. La continuidad de las políticas populares significaría la destrucción de los socialistas y su completa pérdida de credibilidad. En cualquier caso, la abstención para que gobiernen en minoría permitiría a los socialistas aguantar la posición a Podemos y a los populares, de tal manera que podrían calcular los tiempos y derribar el Gobierno conservador cuando fuera el momento oportuno.

Todas las encuestas auguran similares resultados a los de las anteriores elecciones, con algún ligero matiz. No habrá mayorías amplias que permitan formar un gobierno estable, sino más bien débil y de legislatura corta. El objetivo principal debe ser alejar a Podemos del poder, evitando que destruyan el mínimo progreso que haya podido conseguirse en los últimos cuatro años. En este sentido, será trascendental el papel que juegue el PSOE. Si consigue ser segunda fuerza política, Pedro Sánchez pretenderá formar gobierno con la abstención de Podemos. Si no lo consigue, Sánchez se abstendrá y permitirá formar gobierno a Rajoy, con tal de impedir que Iglesias sea presidente. En cualquier caso, Sánchez no tardará en ser sustituido sea cual sea el resultado.

Todas estas suposiciones ignoran ciertas variables, como el eventual apoyo de Sánchez a la formación de un frente popular, o el requisito sine qua non de que Rajoy abandone la presidencia. Teniendo en cuenta los tiempos de inestabilidad que se avecinan, los diferentes candidatos deben abandonar sus posicionamientos personalistas y anteponer el interés de España. Es evidente que la situación de desgobierno no puede prologarse por más tiempo, nuestro país necesita un Gobierno, y sobre todo políticos con visión de Estado. 

Elecciones generales de 26 de junio de 2016 (I)

El pueblo español ha sido convocado a las urnas el próximo 26 de junio, tras el fracasado intento de formar Gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre. Aunque PSOE y C´s lograron llegar a un acuerdo de mínimos para evitar el bloqueo institucional, el mismo no convenció al resto de formaciones políticas. En consecuencia, tanto el PP como Podemos votaron en contra de la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España.

Lo sucedido no sorprende, claramente la época del bipartidismo ha terminado y nos encontramos ante un Parlamento enormemente fraccionado. Por tanto, la formación de Gobierno será sumamente complicada, especialmente debido a la disparidad ideológica de las cuatro principales fuerzas políticas. Resulta muy interesante la situación en que se encuentran dichas fuerzas, las cuales deben actuar prudentemente y gestionar los eventuales pactos electorales conforme a sus principios ideológicos y las necesidades de la nación.

Respecto al Partido Popular, Mariano Rajoy es el máximo responsable de todo lo ocurrido desde 2011. Entender la política en clave exclusivamente económica, la ausencia de comunicación y la corrupción sistemática son las causas de la presente situación de disgregación política. La transición entre alcanzar una mayoría absoluta aplastante y, a los cuatro años no obtener ni la sombra de dicho resultado, es un enorme fracaso. El PP tiene la suerte de ser el único situado en el centro derecha, pues de lo contrario podría haber sido víctima de un trasvase de votos aún mayor.

Los populares no conseguirán formar gobierno si no se replantean ciertos posicionamientos, aunque sean la lista más votada. En este sentido, tal vez Rajoy deba dimitir si con ello facilita la formación de un gobierno de coalición, o corregir ciertas decisiones puntuales de enorme trascendencia, como el aforamiento de la señora Barberá. Es necesaria una auténtica regeneración del PP que devuelva la confianza a la ciudadanía y sitúe a los conservadores en una posición reforzada para poder negociar la formación de gobierno.

En cuanto a C´s, una de las nuevas fuerzas políticas, las encuestas de las anteriores elecciones llegaron a situarlo en tercera posición, e incluso en segunda. Finalmente eso no ocurrió, quedando como cuarta fuerza política a cierta distancia del PSOE y Podemos, lo cual no deja de ser un buen resultado. La opinión pública y la izquierda le han acusado de ser escudero de los populares, alegando que su programa electoral constituye una copia del de aquellos, y situándolo en el espectro político de la derecha. Por otra parte, los populares han lanzado las mismas acusaciones en sentido inverso.

Las acusaciones de la izquierda no son del todo justas. Rivera ha tendido puentes con el PSOE antes que con el PP, proponiendo un modelo socio-económico distinto y defendiendo la legalización de ciertas drogas, la eutanasia y la regulación de la prostitución. De lo anterior no se desprende ningún tipo de conservadurismo. Ciudadanos puede ayudar modestamente y dentro de sus posibilidades a la formación de un Gobierno de mínimos, habiendo demostrado que apuesta por la estabilidad y unidad. Ahora bien, su insuficiente mayoría parlamentaria, la elección del socio incorrecto, la intención de agradar a todo el mundo y su excesiva moldeabilidad contribuyen a que C´s no sea una alternativa completamente creíble. 

Elecciones municipales y autonómicas 2015

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ponen de manifiesto el cambio de tendencia producido en la política española. Partidos de reciente formación han alcanzado la alcaldía de grandes ciudades, acabando con la tradicional hegemonía de los partidos mayoritarios. Como ocurrió en las elecciones europeas, el resultado constata la ruptura del bipartidismo y la entrada en escena de nuevos partidos. El juego de pactos ha permitido a Carmena y Colau ser alcaldesas gracias al apoyo del PSM en Madrid y del PSC, Esquerra y CUP en Barcelona.

No obstante, a nivel autonómico los pactos han permitido la continuidad de gobiernos históricos en Andalucía, Madrid y Extremadura, de la mano de Ciudadanos y Podemos. Además, estas elecciones han confirmado el descalabro de partidos minoritarios como IU y UPyD, los cuales han desaparecido prácticamente del mapa territorial y político. En general, los resultados obtenidos deben inducir a los partidos políticos a la reflexión, especialmente aquellos que se han alternado el poder durante treinta años.

El Partido Socialista no ha logrado desvincularse de la herencia de Zapatero y jugará un papel clave en su propia decadencia. Pedro Sánchez piensa que la recuperación del partido pasa por girar a la izquierda abandonando el centro, cree que apoyar a Podemos en las municipales le permitirá situarse como alternativa de Gobierno. El líder socialista considera aliados a quienes antes tachaba de radicales y con los que aseguraba que no pactaría. Sánchez ignora que el plan de Iglesias no consiste en aliarse definitivamente con el PSOE, sino fagocitarlo y ocupar el espectro que le pertenece. El PSOE está siendo destruido por su incapacidad para articular un proyecto nacional creíble y la falta de un discurso universal aplicable a todas las CCAA.

Muchas de las propuestas de Sánchez desconocen la realidad española, por ejemplo proponer el federalismo para un país cuya organización territorial no desmerece dicho modelo. El PSOE ha logrado más poder en estas últimas elecciones, pero ha obtenido el peor resultado de su Historia. Es una lástima que el partido de izquierdas por excelencia y tradición histórica, garantía de estabilidad, se hunda de tal manera en las aguas del populismo. En este sentido, los resultados de las elecciones generales serán aún peores y forzarán al desorientado PSOE de Sánchez a formar parte de una coalición de izquierdas y no precisamente liderándola.

Respecto al Partido Popular, sus impopulares medidas y la corrupción le han pasado factura, siendo incapaz de explicar de manera comprensible sus ideas y propuestas. El PP ha abandonado la arena mediática y renuncia a defender la fundamentación y fin de las medidas tomadas, o cuanto menos lo hace inadecuada e insuficientemente. Los populares han olvidado que en la argumentación y el debate intelectual reside el núcleo de la batalla por las ideas. No obstante, resulta más lamentable que hayan entendido la política en clave netamente económica. Es cierto que la economía juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea y España necesitaba reformas económicas, pero no todo se reduce al mercado.

El Gobierno debe plantear debates en cuestiones como la investigación, educación o búsqueda del bien común, cuestiones que no sólo se plasman en leyes y medidas económicas. Mariano Rajoy ha rehuido debatir sobre muchas cuestiones, perdiendo una oportunidad histórica y contagiándose del complejo que reina en la derecha española, que le amputa la legitimidad para plantear y tomar cualquier tipo de medida social. Si el Partido Popular no corrige esta tendencia está condenado a volver a la oposición o, en el peor de los casos, convertirse en un partido veleta como el dirigido por Pedro Sánchez.

Respecto a Ciudadanos, debe valorarse positivamente sus intenciones de renovación sin destruir lo conseguido, la disposición para llegar a acuerdos que eviten el desgobierno y la labor realizada en Cataluña en defensa de la unidad nacional. No obstante, Ciudadanos intenta contentar a todos y presenta indefiniciones que acabarán perjudicándole. Además, merece especial crítica algunas de sus propuestas: la imposición legal de primarias a todos los partidos y la supresión del régimen foral navarro. Imponer el modelo de primarias supone una intromisión intolerable en la libertad organizativa de las formaciones políticas, sin perjuicio de las consecuencias legales que se deriven de escoger un modelo u otro. Por otra parte, la supresión del fuero navarro conlleva la eliminación de uno de los elementos que conforman la identidad navarra en el conjunto de la Nación Española.

En cuanto a Podemos, ha logrado alcanzar la alcaldía de las principales ciudades y ser palanca de gobierno en alguna autonomía. No obstante, le hará perder votos su buscada vinculación con el Gobierno griego, los problemas asociados a la formación de las listas, y la simpatía por el bolivarianismo y los abertzales. Los populistas han moderado su discurso para impedirlo, a pesar de lo cual su retroceso es inevitable tal y como presagian algunas encuestas. Además, su probabilidad de éxito e influencia se reducirán a medida que mejore la situación económica y sean visibles las consecuencias de las medidas adoptadas en las alcaldías: inseguridad jurídica, inestabilidad, retroceso y división.

España afronta un reto sin precedentes, planteando un nuevo panorama las próximas elecciones generales. El bipartidismo será liquidado a nivel nacional y en el Congreso habrá cuatro partidos principales: el entendimiento y los pactos serán necesarios. Probablemente el PP gane las elecciones por la mínima y necesite apoyos para gobernar, aunque otro escenario pasa por un gran pacto de izquierdas en el cual Podemos alce a Pedro Sánchez a la Moncloa, o a la inversa, que sea el PSOE quien permita a Iglesias convertirse en Presidente del Gobierno. Ambas alternativas suponen el inicio de una etapa de inestabilidad y dificultades, requiriendo visión de Estado y consenso.

Ha llegado el momento de iniciar una nueva Transición; las instituciones deben recuperar la confianza ciudadana y desterrar la corrupción de la vida política. España debe emprender las reformas necesarias que permitan mejorar su democracia sin promover la división entre españoles por motivos de vecindad o ideología. Dichos cambios requieren respetar nuestro pasado, nuestra Constitución y no olvidar que los políticos son fiel reflejo del estado de la sociedad, por lo que los cambios requieren la revisión de algunos planteamientos sociales.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (II)

La fundación de Iglesias ha sido acusada de recibir contraprestaciones del Gobierno venezolano por servicios de asesoría, señalando a dicho régimen como financiador del entramado político-institucional que rodea al equipo de Iglesias. Ante esto, el eurodiputado denuncia la hipocresía de quienes le acusan, pues dichos servicios son legales y nunca se ha aconsejado la represión. Además, insiste en que hasta el propio Gobierno español ha vendido armas a Venezuela, y que en ningún momento ha defendido la aplicación del sistema bolivariano en España.

No obstante, a pesar de las justificaciones esgrimidas, una entrevista en la televisión venezolana y declaraciones en su programa contradicen y ponen en evidencia sus explicaciones. En dichas intervenciones Iglesias alaba a Hugo Chávez, sus enseñanzas y el carácter invencible que representa para sus enemigos después de muerto. El eurodiputado lo ensalza como gran demócrata y señala el momento de su fallecimiento como día de luto para quienes aman la democracia. En este sentido, Iglesias muestra a Venezuela como modelo a seguir para el sur de Europa, ejemplo de que se puede recuperar la soberanía y hacer las cosas de otra manera.

Además, presenta a España como un país desolado donde élites económicas controlan los medios de comunicación e impiden que la información esté al servicio del pueblo. Resulta curioso como Iglesias critica ferozmente el sistema televisivo que le ha catapultado a la fama y permite ejercer su derecho de expresión. Paradójicamente, ataca el sistema que le reconoce el derecho a concurrir en unas elecciones con un programa electoral contrario al Gobierno y ejercer la libertad de cátedra. Aunque le pese, la sociedad española cuenta con diversidad de medios informativos reflejo del pluralismo existente, unos medios de ética dudosa pero libres y plurales.

La democracia no existe en el régimen bolivariano, un sistema represivo cuyo sistema electoral y de recuento es manifiestamente perverso y donde los medios de comunicación no afines a la política gubernamental son víctimas de una campaña que persigue el monopolio de la información, manipulándola y distorsionándola a su voluntad. Con la falsa excusa de proteger al pueblo, se criminaliza la protesta y todos los resortes del Estado se orientan hacia la perpetuación del sistema bolivariano. Todo ello mientras las políticas económicas del Gobierno y el dominio de sus élites sumergen en la pobreza y el desabastecimiento a Venezuela.

Pablo Iglesias no es terrorista pero simpatiza con el entorno proetarra, abertzale y borroka, formando parte del sector social que pretende instaurar un régimen pseudocomunista en España. Por último, Iglesias representa a la población joven nacida en democracia que arrastra los prejuicios de una guerra que no sufrió. Frente a la conveniencia del espíritu de reconciliación nacional y tolerancia, le domina un sentimiento revanchista y la necesidad de instaurar un sistema traumático en toda época y lugar.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis

económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.

Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.