Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.