Segunda Transición Española (II)

Los políticos deben tener cierto nivel cultural y demostrar su capacidad para vivir autónomamente,
pretendiéndose neutralizar el enchufismo y la mediocridad. El político no sólo debe instruirse, sino también ser virtuoso y honrado; en este sentido, la transparencia debería reconocerse explícitamente en el eventual texto constitucional. Todo ello acompañado de una legislación que dificulte la corrupción, publicándose periódicamente y con auténtico detalle lo recaudado e invertido por las diferentes administraciones públicas.

También debe abordarse la reformulación o supresión del Senado, cámara territorial desvirtuada y sin utilidad práctica, pues los conflictos que debe conocer son resueltos en el Congreso, representativo de la voluntad de los españoles. Si se sigue apostando por la descentralización es imprescindible revitalizar el Senado, permitiéndole ejercer en la práctica las competencias que constitucionalmente le corresponden. Los nacionalistas deberán plantear sus conflictos en dicha cámara, evitando el chantaje a costa de la estabilidad gubernamental o la propia existencia de la nación. Para lograrlo, la eventual Constitución debe pronunciarse sobre el reparto competencial de ambas cámaras, de manera que una distribución clara y constitucionalmente prevista impida dejar en papel mojado estas ideas. En este sentido, reformar la LOREG debería asegurar una “representación auténticamente representativa”, evitando la sobre-representación.

La Monarquía se encuentra en decadencia, no contando con el respaldo de la mayoría de los españoles. Es un hecho objetivo y estadísticamente demostrado que la monarquía es la institución peor valorada, no sólo por la izquierda, sino también por un sector creciente de la derecha. Los motivos de esta situación residen tanto en las propias corruptelas de la familia real como en el distanciamiento ciudadano, especialmente de los jóvenes, que no se sienten representados por un monarca que no votaron. Tarde o temprano deberá convocarse un referéndum donde la ciudadanía manifieste si aboga por una república; no obstante, la desaparición de la monarquía tendría consecuencias que pocos comprenden plenamente.

La III República Española no debería ser patrimonio de ideología alguna, ni propiedad del sectarismo político. Debería ser la república de todos los españoles, independientemente de su ideología o creencia. Su presidente debería velar por la unidad de la Nación, aglutinarla bajo un mismo horizonte futuro para crecer en fortaleza y determinación. El proyecto fracasará si el jefe del Estado obra velando por un determinado electorado o intereses partidistas, si no existe mentalidad de Estado. El nuevo sistema no debería servir como arma arrojadiza de división entre ciudadanos, ni tampoco ser utilizado para tergiversar la Historia. Sobre las futuras generaciones no debe recaer la carga de reavivar un conflicto civil, ni tampoco heredar la división genética entre “rojos y fachas”.

Lo expuesto anteriormente debe ser meditado y debatido en profundidad. En este sentido, la forma de Estado no garantiza el bienestar ciudadano, no contraponiéndose monarquía y progreso, y existiendo otras acuciantes prioridades. Además, este proyecto republicano es imposible sin el liderazgo de políticos con vocación de Estado, inexistentes en el panorama político español, por lo que emprender el cambio en las condiciones actuales es garantía de fracaso. Definitivamente, en España aún no existe una mentalidad nacional que asegure el éxito en la instauración del sistema republicano. En cualquier caso, la Monarquía debe ser reformulada y saneada, lo cual pasa por la abdicación del monarca.