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lunes, 3 de agosto de 2015

Elecciones municipales y autonómicas 2015


Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ponen de manifiesto el cambio de tendencia producido en la política española. Partidos de reciente formación han alcanzado la alcaldía de grandes ciudades, acabando con la tradicional hegemonía de los partidos mayoritarios. Como ocurrió en las elecciones europeas, el resultado constata la ruptura del bipartidismo y la entrada en escena de nuevos partidos. El juego de pactos ha permitido a Carmena y Colau ser alcaldesas gracias al apoyo del PSM en Madrid y del PSC, Esquerra y CUP en Barcelona.

No obstante, a nivel autonómico los pactos han permitido la continuidad de gobiernos históricos en Andalucía, Madrid y Extremadura, de la mano de Ciudadanos y Podemos. Además, estas elecciones han confirmado el descalabro de partidos minoritarios como IU y UPyD, los cuales han desaparecido prácticamente del mapa territorial y político. En general, los resultados obtenidos deben inducir a los partidos políticos a la reflexión, especialmente aquellos que se han alternado el poder durante treinta años.

El Partido Socialista no ha logrado desvincularse de la herencia de Zapatero y jugará un papel clave en su propia decadencia. Pedro Sánchez piensa que la recuperación del partido pasa por girar a la izquierda abandonando el centro, cree que apoyar a Podemos en las municipales le permitirá situarse como alternativa de Gobierno. El líder socialista considera aliados a quienes antes tachaba de radicales y con los que aseguraba que no pactaría. Sánchez ignora que el plan de Iglesias no consiste en aliarse definitivamente con el PSOE, sino fagocitarlo y ocupar el espectro que le pertenece. El PSOE está siendo destruido por su incapacidad para articular un proyecto nacional creíble y la falta de un discurso universal aplicable a todas las CCAA.

Muchas de las propuestas de Sánchez desconocen la realidad española, por ejemplo proponer el federalismo para un país cuya organización territorial no desmerece dicho modelo. El PSOE ha logrado más poder en estas últimas elecciones, pero ha obtenido el peor resultado de su Historia. Es una lástima que el partido de izquierdas por excelencia y tradición histórica, garantía de estabilidad, se hunda de tal manera en las aguas del populismo. En este sentido, los resultados de las elecciones generales serán aún peores y forzarán al desorientado PSOE de Sánchez a formar parte de una coalición de izquierdas y no precisamente liderándola.

Respecto al Partido Popular, sus impopulares medidas y la corrupción le han pasado factura, siendo incapaz de explicar de manera comprensible sus ideas y propuestas. El PP ha abandonado la arena mediática y renuncia a defender la fundamentación y fin de las medidas tomadas, o cuanto menos lo hace inadecuada e insuficientemente. Los populares han olvidado que en la argumentación y el debate intelectual reside el núcleo de la batalla por las ideas. No obstante, resulta más lamentable que hayan entendido la política en clave netamente económica. Es cierto que la economía juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea y España necesitaba reformas económicas, pero no todo se reduce al mercado.

El Gobierno debe plantear debates en cuestiones como la investigación, educación o búsqueda del bien común, cuestiones que no sólo se plasman en leyes y medidas económicas. Mariano Rajoy ha rehuido debatir sobre muchas cuestiones, perdiendo una oportunidad histórica y contagiándose del complejo que reina en la derecha española, que le amputa la legitimidad para plantear y tomar cualquier tipo de medida social. Si el Partido Popular no corrige esta tendencia está condenado a volver a la oposición o, en el peor de los casos, convertirse en un partido veleta como el dirigido por Pedro Sánchez.

Respecto a Ciudadanos, debe valorarse positivamente sus intenciones de renovación sin destruir lo conseguido, la disposición para llegar a acuerdos que eviten el desgobierno y la labor realizada en Cataluña en defensa de la unidad nacional. No obstante, Ciudadanos intenta contentar a todos y presenta indefiniciones que acabarán perjudicándole. Además, merece especial crítica algunas de sus propuestas: la imposición legal de primarias a todos los partidos y la supresión del régimen foral navarro. Imponer el modelo de primarias supone una intromisión intolerable en la libertad organizativa de las formaciones políticas, sin perjuicio de las consecuencias legales que se deriven de escoger un modelo u otro. Por otra parte, la supresión del fuero navarro conlleva la eliminación de uno de los elementos que conforman la identidad navarra en el conjunto de la Nación Española.

En cuanto a Podemos, ha logrado alcanzar la alcaldía de las principales ciudades y ser palanca de gobierno en alguna autonomía. No obstante, le hará perder votos su buscada vinculación con el Gobierno griego, los problemas asociados a la formación de las listas, y la simpatía por el bolivarianismo y los abertzales. Los populistas han moderado su discurso para impedirlo, a pesar de lo cual su retroceso es inevitable tal y como presagian algunas encuestas. Además, su probabilidad de éxito e influencia se reducirán a medida que mejore la situación económica y sean visibles las consecuencias de las medidas adoptadas en las alcaldías: inseguridad jurídica, inestabilidad, retroceso y división.

España afronta un reto sin precedentes, planteando un nuevo panorama las próximas elecciones generales. El bipartidismo será liquidado a nivel nacional y en el Congreso habrá cuatro partidos principales: el entendimiento y los pactos serán necesarios. Probablemente el PP gane las elecciones por la mínima y necesite apoyos para gobernar, aunque otro escenario pasa por un gran pacto de izquierdas en el cual Podemos alce a Pedro Sánchez a la Moncloa, o a la inversa, que sea el PSOE quien permita a Iglesias convertirse en Presidente del Gobierno. Ambas alternativas suponen el inicio de una etapa de inestabilidad y dificultades, requiriendo visión de Estado y consenso.

Ha llegado el momento de iniciar una nueva Transición; las instituciones deben recuperar la confianza ciudadana y desterrar la corrupción de la vida política. España debe emprender las reformas necesarias que permitan mejorar su democracia sin promover la división entre españoles por motivos de vecindad o ideología. Dichos cambios requieren respetar nuestro pasado, nuestra Constitución y no olvidar que los políticos son fiel reflejo del estado de la sociedad, por lo que los cambios requieren la revisión de algunos planteamientos sociales.

sábado, 24 de mayo de 2014

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.