La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (II)

El plano jurídico debe ser complementado con el ámbito ético y moral. En este sentido, el debate no sólo reside en si apostamos por el derecho a la vida o en si negamos derechos inalienables a la criatura concebida, sino también a principios elementales de la condición humana como la responsabilidad y la libertad.

Los pro abortistas reivindican esta libertad, pero realmente están promoviendo la irresponsabilidad y el libertinaje, defienden un egoísmo que ahoga cualquier posible aceptación de las consecuencias derivadas de los propios actos. Debido a un error y en un ambiente donde la sexualidad pasa a un plano mundano, se acaba con la vida de un ser humano poseedor de potenciales oportunidades: derecho a vivir, crecer y desarrollarse. Entran en una peligrosa espiral donde cualquier limitación a la absoluta voluntad es considerada opresiva, reivindican la titularidad de derechos, pero no están dispuestos a contraer obligaciones ni asumir las consecuencias de sus acciones.

La incoherencia se ha apropiado de la sociedad, cayendo en la mayor de las hipocresías sin percatarse de ello. Un claro ejemplo lo aporta la promoción abolicionista de las corridas de toros, la reivindicación de la dignidad del animal frente al matador, mientras se niega cualquier derecho al concebido y el aborto libre es defendido a ultranza. La sociedad debería reflexionar profundamente sobre este tema ya que las menores de edad pueden interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, mientras la compra de alcohol y tabaco se les prohíbe.

Defendamos el derecho a la vida y planteemos el debate, mostremos ante un espejo las propias contradicciones de la sociedad. Todo ello conlleva reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manteniendo intactos sus elementos positivos, restringir la venta de la píldora del día después e investigar sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, la ley de los supuestos (peligro para la vida de la madre, violación o malformación) concilia el derecho a la vida con la libertad de la mujer, debiendo ser complementada por la instrucción familiar en la responsabilidad y mentalidad de una sexualidad responsable.

Con respecto a la reforma Gallardón, no es necesario retroceder a una legislación que suprima el supuesto de malformación, puesto que condena irreversiblemente dos vidas humanas, rompiéndose el equilibrio entre derecho a la vida y libertad. Sin embargo, surge una reflexión en torno al supuesto de malformación: el avance científico nos situará en un punto donde podrá elegirse a la carta, y el rechazo a cualquier mínimo defecto nos retrotraerá a una mentalidad donde sólo merezcan vivir aquellos individuos que reúnan determinadas características físicas.

Sería igualmente abominable encarcelar mujeres por abortar, imponer el modelo centroamericano donde el aborto está penado independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, se debe rechazar una legislación opresora, aunque la sociedad deba moverse hacia la reducción de los embarazos no deseados y los abortos, reivindicando la concienciación sobre los peligros que supone contraer enfermedades de transmisión sexual.

Por último, conviene denunciar el relativismo en el cual la sociedad occidental se está acomodando: los valores y principios se desdibujan ante una oleada de falso progreso social. Se asume como natural el declive intelectual, cultural y emocional, reduciendo el papel familiar al mero residuo. Mantener relaciones es algo superfluo y carente de compromiso, el sexo sin verdadera motivación pasa a ser lo común y se rechaza asumir responsabilidades. Ante este desolador panorama, sólo queda difundir la reflexión y el respeto a la dignidad de los demás y la nuestra propia.