jueves, 2 de agosto de 2012

La decadencia autonómica


Como célebremente dijo Adolfo Suárez: "la transición española fue un ejemplo para el resto del mundo"; un país cuya historia reciente había sido convulsa, sellaba completamente su reconciliación. La Transición y la Constitución de 1978 fueron una gran obra de ingeniería, ensamblando los diferentes intereses del bloque de corrientes políticas existentes en la España del momento. El harakiri político de la derecha franquista permitió la llegada de la democracia, junto al liderazgo ejercido por personajes como Adolfo Suárez o el rey Juan Carlos, en un momento en el que la sociedad española clamaba libertad y la oposición política ganaba cada vez más adeptos.

No obstante, treinta años más tarde la Constitución de 1978 y el derecho a la autonomía han dejado de tener validez. Los excesos del modelo autonómico contra la identidad nacional y el sano funcionamiento democrático no deben continuar, sobre todo en un momento en el que la situación económica y decadente del país exige políticas firmes que permitan a España un respiro de los mercados.

Las Comunidades Autónomas se han convertido en agencias de colocación, derroche, duplicidades, endeudamiento y patios particulares de los partidos políticos, no siendo un modelo de acercamiento al ciudadano, sino el prototipo de fracaso por excelencia. Muestras de ello lo deja la nefasta administración valenciana, el pozo sin fondo autonómico andaluz y las cada vez más nacionalistas Cataluña, Canarias y País Vasco, gracias a los cavernarios partidos nacionalistas que las gobiernan.

El último capítulo del exceso autonómico tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la delegación catalana plantó al ministro y los andaluces abandonaron la mesa de negociaciones. Antonio Griñán justificó el desaire argumentando que la fijación del límite de endeudamiento, es decir, la prohibición de gastar más dinero del que se tiene, supone un ataque a Andalucía y rompe la igualdad de todos los españoles. Además, para el presidente de la Junta, la puesta en marcha del límite supondrá un duro golpe a la educación y sanidad pública andaluza.

¿En qué planeta vive el señor Griñán? ¿No se da cuenta que mayor gasto no implica mejor resultado? ¿Acaso no sabe que Andalucía es la comunidad que más gasta en Educación y la que peor resultado obtiene? ¿Acaso es tan populista que no se da cuenta que la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, es una quimera? ¿No entiende que mientras sigan existiendo privilegios fiscales o diferencias legales y jurídicas será imposible la igualdad entre españoles? ¿Cómo puede reivindicar igualdad entre compatriotas mientras su actitud caciquil lo único que consigue es dividir a la nación en luchas fangosas?

El caso de los nacionalistas catalanes se lleva la palma, quedando al descubierto la hipocresía y doble rasero con el que desarrollan su actividad política. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta que los nacionalistas no tienen principios, envenenan la juventud con la parafernalia nacionalista carente de raciocinio, inculcan desde sus decadentes administraciones el odio a España y promocionan una corriente ideológica cuyo origen reside en los intereses pueblerinos de cierta burguesía catalana textil durante el último tercio del s.XIX.

La falsa dignidad política también caracteriza a los nacionalistas; es decir, mientras reivindican una Hacienda propia, se acogen al fondo estatal de ayuda para evitar la suspensión de pagos. Tampoco dice mucho de ellos el acto cobarde y maleducado de dejar plantado al ministro, ignorando la inconveniencia de morder la mano que los salvará de ahogarse en sus propias deudas.

El insostenible Estado de las Autonomías, el llamado “café para todos”, caerá por su propio peso e inviabilidad. Para acelerar ese proceso, el Gobierno debe tener las agallas de exigir contraprestaciones políticas a cambio del rescate autonómico. Un buen ejemplo sería la devolución de competencias como la sanidad o la educación, siendo los primeros pasos para la restitución de un Estado centralizado e igualitario para los españoles.

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