Una tormenta sacude el Partido Popular
y el Gobierno de España: el estallido de un supuesto nuevo caso de
corrupción que implica a Luis Bárcenas, titular de
ostentosas cuentas en Suiza, y la existencia de unos documentos
acreditativos del pago de comisiones irregulares a miembros de la
cúpula del Partido Popular. El último episodio de esta polémica lo
constituye la publicación de unos mensajes entre Mariano Rajoy y el ex-tesorero. En dicha conversación, el Presidente del Gobierno le muestra su apoyo, exhortándole a aguantar y
reconociendo el esfuerzo del partido.
La conversación se produce en un
momento en el que el asunto es investigado por la Audiencia Nacional,
incrementándose las sospechas sobre la financiación irregular del
Partido Popular. Dicho episodio es el último de una serie de
escándalos que motivan la comparecencia de Mariano Rajoy ante las
Cortes, las demandas de la oposición y la opinión pública. En este
sentido, los gestos más valientes del Presidente han sido la
comparecencia a través de un plasma ante los periodistas, sin turno
de preguntas; y la huida indisimulada ante cuestiones directas. El
silencio y la invisibilidad han sido la tónica dominante en la
escena política española durante muchos meses.
Este último capítulo podría
precipitar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Es imposible
gobernar dignamente sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades
políticas; resulta vergonzoso ejercer funciones presidenciales bajo
semejantes sospechas. No obstante, a pesar de la dificultad que
supone decepcionar en mayor grado a la ciudadanía ante el
incumplimiento del programa electoral y la incapacidad para frenar el
independentismo, las pruebas contra Rajoy no son aún suficientemente
sólidas. Serán los Tribunales quienes deben verificar la
autenticidad de los documentos y pruebas, no la oposición ni la
opinión pública.
El caso Bárcenas se engloba en un
contexto de podredumbre institucional y política; polémicas como
ésta demuestran la escasa calidad democrática de España y su
posicionamiento en las democracias de segundo orden. La corrupción
institucionalizada se consolida mientras el país sigue una deriva
nada esperanzadora, donde los ciudadanos pierden calidad de vida y
los políticos velan únicamente por su electorado. Ante la
inexistencia de estadistas ni verdaderos líderes, el bipartidismo
agoniza; pero mientras eso ocurre, la separación de poderes brilla
por su ausencia, el CGPJ sigue siendo un órgano político y los dos
grandes partidos continúan repartiéndose los magistrados del TC.
Conociendo que semejante situación
institucional se extiende desde el comienzo de la democracia y que la
corrupción no es endémica del centro derecha, la escandalizada
oposición, con el PSOE e IU al frente, se ha reunido de urgencia
barajando la posibilidad de presentar una moción de censura,
simbólica y sin posibilidades de triunfo. Resulta curiosa la
desmemoria de estos partidos, salpicados igualmente por escándalos
de corrupción unidos a la pésima gestión de las Comunidades
Autónomas bajo su gobierno. La regeneración democrática no vendrá
de la mano de estos partidos, quienes se nutrirán de los restos del
Partido Popular sin haber realizado un ejercicio de verdadera
transparencia, obviando sus propias corruptelas.
El Gobierno conservador ha entrado en
franca decadencia, aunque no debemos dejarnos engañar por la
oposición, entendiendo que los políticos constituyen un
precipitado de la sociedad; y que la legitimidad de quienes exigen la
dimisión de Mariano Rajoy no aumenta un ápice con la corrupción
popular. Bajo las exigencias opositoras se esconde el interés de
derribar al Gobierno a cualquier precio. El espíritu crítico entiende que quienes se autoproclaman defensores de la transparencia
y la ética política, conocen perfectamente las cloacas del
funcionamiento partidista y los trapos sucios del propio Estado.
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