Hace
un par de días, la presidenta argentina Cristina Fernández anunció
la expropiación de la petrolera Repsol.
El
proyecto supone la expropiación del 51% de las acciones de YPF que
están en manos de la empresa española; y que pasarán a propiedad
del Estado. El 49% restante pertenecerá a las provincias argentinas
productoras de petróleo.
Como
argumento para realizar la expropiación, la presidenta argentina ha
defendido el interés público de los hidrocarburos; alegando además
un incumplimiento de la ley por parte de la multinacional española,
ya que supuestamente las inversiones en YPF habían caído
estrepitosamente. Kirchner mantiene que las empresas ubicadas en el
territorio nacional son argentinas, a pesar de que sus accionistas
sean extranjeros.
La
decisión del Gobierno argentino es respetable, pero completamente
condenable para quien tenga sentido común y conozca la trayectoria
de Repsol con respecto a YPF; siendo ésta una empresa pública
privatizada en 1999, como consecuencia del programa de
reestructuración económica realizado por el gobierno de Carlos
Menem. Al cabo de los años, YPF pasó de ser una empresa ruinosa a
convertirse en la poseedora del 32% de la producción de
hidrocarburos.
Repsol
reflotó YPF mediante la inversión y la modernización tecnológica,
convirtiéndola en una empresa competitiva. Ahora que la empresa de
origen argentino es solvente y genera riqueza, los líderes políticos
han decidido que vuelva a manos estatales.
Esta maniobra populista recuerda la llevada a cabo hace 30 años: la ocupación de las Malvinas. Alentando al patriotismo se hizo olvidar a la opinión pública cuáles eran los verdaderos problemas del país, que ya no pasaban por la economía o el fin del régimen militar; sino por la lucha contra el imperialismo británico.
Esta
vez, el argumento populista que se ha utilizado es la soberanía de
los hidrocarburos argentinos. Puede que este argumento convenza a
parte de la opinión pública argentina pero no a la comunidad
internacional. No sólo han condenado la expropiación los países
occidentales con intereses económicos en la zona, sino también la
mayoría de países latinoamericanos.
México,
Chile y Colombia han condenado la expropiación y dado su apoyo a
España; mientras que Venezuela, Bolivia y Nicaragua han ratificado
su apoyo a la líder argentina. Aquí se puede apreciar la división
entre quienes respetan la propiedad privada y las inversiones como
medio para favorecer el crecimiento económico; y los que se
perpetúan en el cargo con la excusa de defender los intereses
nacionales.
La
más afectada será Argentina, ya que la decisión sólo provocará
la fuga de capital extranjero y la inversión, que son vías para
crecer y generar riqueza. Por lo tanto, pocas empresas invertirán en territorio argentino si no tienen garantías jurídicas y legales de que no
serán expropiadas injustamente.
Sin
embargo, parte de la opinión pública española aboga por inhibirse
del asunto, alegando que ningún ciudadano español se beneficia de
las actividades de la petrolera y por tanto, no habría diferencia
si todas las inversiones españolas en el extranjero son expropiadas,
ya que sus beneficios son para unos pocos.
Seguramente
los defensores de esta teoría desconocen los criterios que se
manejan para calificar la posición internacional de un país: la
presencia de multinacionales en el territorio nacional y la
existencia de las propias en otros países; el comercio exterior de
mercancías y servicios; y la presencia de capital extranjero gracias a
las compañías y la banca; sin olvidar el grado de liberalización
de la economía.
Por
lo tanto, cualquier vulneración de lo anteriormente expuesto supone
un ataque contra los intereses españoles pero, en especial, supone
un agravio a los intereses de la nación argentina; cuyo Estado guarda cada vez más paralelismos con la Venezuela chavista.
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