La respuesta sindical a las agresivas e
impopulares medidas del Gobierno de Mariano Rajoy no se han hecho
esperar: los sindicatos han convocado una huelga general para el 29
de marzo de 2012, la séptima en la historia de nuestra democracia.
Esta huelga, la segunda que se convoca
bajo mandato del Partido Popular, tiene como fin último la marcha
atrás de las medidas proyectadas por el Gobierno, siendo la más
famosa el abaratamiento del despido. Además, los sindicatos proponen
una protesta que se dilate más allá del 29 de marzo; argumentando
que los recortes sobre los derechos de los trabajadores españoles
son inaceptables y que provocarán más desempleo.
Son muchos los dramas del español de a
pie; muestras de ello lo dan la incapacidad para llegar a fin de mes,
el aumento de los impuestos, la bajada de sueldos y la incapacidad
para hacer frente a préstamos o hipotecas; sin olvidar la dificultad
que encuentran millones de jóvenes a la hora de independizarse o
encontrar trabajo, independientemente de su experiencia laboral o
formación académica.
En contraste, nos encontramos con una
casta política incapaz de predicar con el ejemplo; es decir,
mientras invitan a la población a realizar esfuerzos y sacrificios
para volver a la senda económica y el pleno empleo, mantienen sus
astronómicos sueldos y privilegios. Ejemplo de ello lo encontramos
en las duplicidades de órganos administrativos que únicamente
sirven para colocar “amigos” o la inmunidad que poseen ciertos
cargos políticos a la hora de enfrentarse a procesos judiciales.
A nadie se le escapa que el malestar
popular es palpable; no obstante, es en este punto donde el pensador
crítico y objetivo llega a la conclusión de que el malestar social
es un arma de doble filo, utilizado por ciertos grupos con unos
intereses partidistas que nada tienen que ver con la búsqueda del
bien y estabilidad de la nación española. Con el falso pretexto de
las reivindicaciones sociales justifican la puesta en marcha de una
serie de acciones violentas que se han dejado notar en las
manifestaciones “estudiantiles” y “pacíficas” de Valencia y
Madrid.
¿Son suficientes los motivos, y por
tanto, está justificada la quema de contenedores, el apedreamiento
de entidades bancarias, comercios o delegaciones de gobierno?
¿Verdaderamente esas personas que arrojan piedras contra los
escaparates o cortan el tráfico son los más afectados por la
crisis? ¿Son simplemente individuos influidos por y para fines
políticos?
Sin duda alguna, son muchas las razones
que empujan a los ciudadanos a manifestarse; pero bajo ningún
concepto debemos permitir la paralización de la vida ciudadana por
medio de la violencia. Porque si utilizamos la violencia nuestras
reivindicaciones pierden autenticidad y credibilidad; es incoherente
reivindicar la mejora de la democracia mientras se agrede a policías
o se hace imposible al resto de ciudadanos el desarrollo de sus
actividades.
Es digno de estudio el comportamiento
de los sindicatos: autoproclamándose defensores de los derechos
laborales y salvaguardas de la democracia, salen a la calle tras
estar escondidos durante la legislatura de Zapatero. Sus argumentos
contra la reforma laboral se basan en la destrucción que ésta
supone de la arquitectura social y laboral, prometiendo que la lucha
se dilatará más allá del 29 de marzo; sin embargo, esta actitud
agresiva y beligerante no tiene nada que ver con la protagonizada
durante los últimos años socialistas. Por tanto, se establecen una
serie de cuestiones fácilmente contestables:
¿Por qué no defendieron los derechos
laborales durante la anterior legislatura? ¿Acaso el ejecutivo de
Zapatero defendió los derechos laborales? ¿Es que acaso los
recortes en educación y sanidad empezaron con el gobierno
conservador? ¿Los cinco millones de parados los ha provocado el
Partido Popular en los cuatro meses de gobierno que lleva? ¿Por qué
los sindicatos únicamente se manifestaron una vez para protestar
contra la política laboral de Zapatero? ¿La reducción de
subvenciones en un 20% por parte del Gobierno tendrá algo que ver
con el malestar sindical?
Como síntesis de lo anteriormente
expuesto cabe destacar la falta de credibilidad que poseen Comisiones
Obreras y la Unión General de Trabajadores, que por méritos propios
se han ganado el apelativo de “estómagos agradecidos”.
Verdaderamente, creo que la
convocatoria a la huelga general no ayudará a la creación de
empleo, ni mucho menos a mejorar la credibilidad e imagen financiera
de España en el exterior; que nos guste o no, actúa como referente
para las inversiones extranjeras. Por otra parte, queda en el aire el
comportamiento “democrático” que tendrán los sindicatos: ¿Sus
piquetes “informativos” respetarán la elección de no ir a la
huelga de la más que probable mayoría de los españoles?
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