La España del siglo XXI, segunda parte.

Los pueblos desconocedores de su Historia están condenados a repetirla, no siendo España la excepción. Por ello es fundamental conocer nuestra Historia con sus luces y sombras, estudiando especialmente los motivos de las sombras. Para progresar como nación es de vital importancia desterrar el fantasma de las dos Españas, asunto zanjado en 1978 y resucitado por Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente se han reabierto heridas, simplificando la Historia con fines electorales y revanchistas; no debemos dar la espalda a los familiares de los asesinados en la Guerra Civil, pero debemos conocer los límites que separan justicia y tergiversar la Historia.

La división interna nos debilitará a la hora de afrontar los retos del siglo, por ello necesitamos unidad y unas fuerzas políticas responsables con vocación de Estado. Otra cuestión importante que deberá abordarse en algún momento de la centuria es el debate monarquía-república. La instauración de una república sólo será beneficiosa si sus políticos adquieren una concepción universal del Estado, alejada de visiones partidistas. En este sentido, la III República deberá ser de todos los españoles, verdaderamente democrática y desvinculada de la fallida II República. Esta forma de Estado deberá ser patrimonio de toda la nación, alejada del uso partidista que ciertos sectores hacen de dicha formulación.

En el plano económico, situar a España como potencia económica pasa por invertir en un modelo de crecimiento basado en la innovación y diversificación de la base económica. A pesar de que el sector terciario ha soportado el peso económico a finales del s.XX y principios del XXI, convendría potenciar la industria y las actividades de alto valor añadido. Para lograr nuestros objetivos económicos se debe explotar y rentabilizar al máximo nuestra pertenencia a la Unión Europea, proyecto común que parece irreversible. Además, debe incentivarse la creación de empresas a través de impuestos bajos y la eliminación de barreras y trámites burocráticos.

Por lo tanto, la mejor receta para reducir un paro que parece estructural, es el fortalecimiento y multiplicación de las PYME y los autónomos. Debemos construir un país puntero en I+D+i, donde si los jóvenes se marchan no sea por inexistencia de oportunidades; poniendo en marcha programas de inversión pública y especialmente de inversión privada. Con el objetivo de crear y reclutar a los mejores cerebros de Europa debemos atraer la inversión, aumentar la productividad, la competitividad y reformar el sistema educativo. Luchar firmemente contra la corrupción y cumplir la ley frente al fraude son determinantes para crear riqueza y reforzar nuestra imagen internacional.

España debe apostar por una economía de mercado y libre competencia, pero nunca debe olvidar las circunstancias de los más desfavorecidos. Las leyes y la economía se encuentran al servicio del ciudadano, por ello el Estado debe contar con una red efectiva de servicios públicos y subsidios para los más pobres, asegurando la dignidad y proveyendo lo indispensable. Debemos priorizar en el gasto de servicios públicos esenciales y recortar gastos superfluos como radio televisiones públicas, policía política y florituras del teatro institucional. Debe existir igualdad de oportunidades para quien desee progresar, donde el esfuerzo y el espíritu de sacrificio aseguren el triunfo. El capital no debería ser determinante, entendiendo que perseguir la riqueza no acaba con la pobreza.

Finalmente, parafraseando a Víctor Hugo: “Animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria; poned término a la explotación del débil por el fuerte; poned freno al inicuo recelo del que está en camino contra el que ha llegado ya; ajustad matemáticamente y fraternalmente el salario al trabajo; mezclad enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia; haced de la ciencia la base de la virilidad; desarrollar las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos; sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices; democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano, sin excepción, pueda ser propietario, cosa más fácil de la que se cree; en una palabra: sabed producir y repartir riqueza, y tendréis justamente la grandeza material y la grandeza moral”.

La España del siglo XXI, primera parte.

El comienzo del siglo XXI está siendo desalentador, España continúa sumida en una crisis económica agravada por una errónea gestión. Los Gobiernos parecen incapaces de encontrar la fórmula del crecimiento, mientras el paro alcanza cotas elevadas y la pobreza generalizada aumenta. El modelo de convivencia social se tambalea; unión y solidaridad se difuminan mientras sectores ostracistas ocultan sus fracasos mediante falacias. Existe una corrupción institucionalizada, minadora de los pilares democráticos y del Estado de Derecho. Muchos jóvenes abandonan sus estudios, en un contexto donde la cultura brilla por su ausencia y la democracia es desvirtuada.

No obstante, nuestro país ha sufrido peores momentos históricos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En este sentido, aún tenemos el privilegio de pertenecer al hemisferio rico del planeta, nunca antes se habían alcanzado semejantes niveles de alfabetización, renta per cápita y desarrollo. La crisis económica ha deteriorado esta situación, pero corresponde a los españoles asumir el reto que plantea el siglo XXI: la consolidación en esos campos. La nación aceptará ese difícil desafío, que requiere líneas de actuación claras, sin las cuales España está condenada al segundo plano de la escena internacional e incluso queda comprometida su propia existencia.

España necesita una reforma constitucional garantizadora de la separación de poderes, truncada a través de los artículos 122.3, 123.2 y 159.1 de la Constitución. La carta magna actual se adaptó a un marco histórico determinado; el poder y privilegios otorgados a los partidos políticos se ajustan al final del franquismo, asegurando su consolidación frente a un Estado con una experiencia democrática inexistente. Después de treinta y cinco años de democracia algunas prerrogativas políticas carecen de sentido real. Por ello es fundamental actualizar nuestra Constitución, permitiendo que los jueces elijan a los miembros del CGPJ, y velando por la independencia del Tribunal Constitucional, viciado por los intereses del bipartidismo.

Para situarnos entre las primeras democracias mundiales debemos abordar la existencia de España y su supervivencia. En este sentido la ley electoral, igualmente adaptada a un marco histórico caduco, favorece que partidos regionales obtengan una representación mayor que formaciones de ámbito nacional con una cantidad mayor de votantes. Como consecuencia, corrientes ideológicas minoritarias sirven como bisagra para la formación de gobiernos nacionales, existiendo contrapartidas que redundan en perjuicio de los intereses globales. Aunque el Senado se diseñó para la resolución de conflictos territoriales, dicha función la cumple el Congreso desvirtuando las funciones de la cámara alta.

Una de las riquezas de España es la pluralidad, presente durante toda su Historia, cuyo carácter aglutinador empezó a ser discutido por ciertos sectores burgueses a finales del s.XIX. Actualmente el nacionalismo se encuentra en auge favorecido por el diseño territorial del Estado, siendo competencia autonómica materias esenciales como la educación. Se ha permitido durante años que los nacionalistas eduquen varias generaciones de ciudadanos en el odio hacia España, un odio irracional basado en mitos y calumnias. Además, se ha llegado a un punto donde es más fácil culpar al Estado español y ser señor feudal autonómico que asumir responsabilidades políticas y ser referencia para el resto de España.

Evidentemente, necesitamos actualizar nuestra organización territorial. Desconociendo si conviene una mayor descentralización o una centralización, debe ser una reforma que impida la ruptura de España, no entorpezca el desarrollo económico ni favorezca el despilfarro, y mucho menos la corrupción. Además, debe solucionar definitivamente el asunto de la financiación autonómica; en este sentido, si pretendemos que España perdure más allá del siglo XXI debe revisarse la ley electoral, recuperar competencias esenciales y actualizar la organización territorial.

Bárcenas, la dimisión del Gobierno y la oposición.

Una tormenta sacude el Partido Popular y el Gobierno de España: el estallido de un supuesto nuevo caso de corrupción que implica a Luis Bárcenas, titular de ostentosas cuentas en Suiza, y la existencia de unos documentos acreditativos del pago de comisiones irregulares a miembros de la cúpula del Partido Popular. El último episodio de esta polémica lo constituye la publicación de unos mensajes entre Mariano Rajoy y el ex-tesorero. En dicha conversación, el Presidente del Gobierno le muestra su apoyo, exhortándole a aguantar y reconociendo el esfuerzo del partido.

La conversación se produce en un momento en el que el asunto es investigado por la Audiencia Nacional, incrementándose las sospechas sobre la financiación irregular del Partido Popular. Dicho episodio es el último de una serie de escándalos que motivan la comparecencia de Mariano Rajoy ante las Cortes, las demandas de la oposición y la opinión pública. En este sentido, los gestos más valientes del Presidente han sido la comparecencia a través de un plasma ante los periodistas, sin turno de preguntas; y la huida indisimulada ante cuestiones directas. El silencio y la invisibilidad han sido la tónica dominante en la escena política española durante muchos meses.

Este último capítulo podría precipitar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Es imposible gobernar dignamente sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades políticas; resulta vergonzoso ejercer funciones presidenciales bajo semejantes sospechas. No obstante, a pesar de la dificultad que supone decepcionar en mayor grado a la ciudadanía ante el incumplimiento del programa electoral y la incapacidad para frenar el independentismo, las pruebas contra Rajoy no son aún suficientemente sólidas. Serán los Tribunales quienes deben verificar la autenticidad de los documentos y pruebas, no la oposición ni la opinión pública.

El caso Bárcenas se engloba en un contexto de podredumbre institucional y política; polémicas como ésta demuestran la escasa calidad democrática de España y su posicionamiento en las democracias de segundo orden. La corrupción institucionalizada se consolida mientras el país sigue una deriva nada esperanzadora, donde los ciudadanos pierden calidad de vida y los políticos velan únicamente por su electorado. Ante la inexistencia de estadistas ni verdaderos líderes, el bipartidismo agoniza; pero mientras eso ocurre, la separación de poderes brilla por su ausencia, el CGPJ sigue siendo un órgano político y los dos grandes partidos continúan repartiéndose los magistrados del TC.

Conociendo que semejante situación institucional se extiende desde el comienzo de la democracia y que la corrupción no es endémica del centro derecha, la escandalizada oposición, con el PSOE e IU al frente, se ha reunido de urgencia barajando la posibilidad de presentar una moción de censura, simbólica y sin posibilidades de triunfo. Resulta curiosa la desmemoria de estos partidos, salpicados igualmente por escándalos de corrupción unidos a la pésima gestión de las Comunidades Autónomas bajo su gobierno. La regeneración democrática no vendrá de la mano de estos partidos, quienes se nutrirán de los restos del Partido Popular sin haber realizado un ejercicio de verdadera transparencia, obviando sus propias corruptelas.

El Gobierno conservador ha entrado en franca decadencia, aunque no debemos dejarnos engañar por la oposición, entendiendo que los políticos constituyen un precipitado de la sociedad; y que la legitimidad de quienes exigen la dimisión de Mariano Rajoy no aumenta un ápice con la corrupción popular. Bajo las exigencias opositoras se esconde el interés de derribar al Gobierno a cualquier precio. El espíritu crítico entiende que quienes se autoproclaman defensores de la transparencia y la ética política, conocen perfectamente las cloacas del funcionamiento partidista y los trapos sucios del propio Estado.

La reforma educativa

Vivimos en un momento histórico donde la educación es obligatoria y gratuita hasta determinada edad; atrás quedan épocas donde tan sólo un grupo de privilegiados accedían a la enseñanza. Además, España se encuentra entre los países que disponen de una red de ayudas y becas, a pesar del contexto económico y los recortes. No obstante, ciertos sectores preocupados únicamente por la educación cuando pierden el poder, han criticado duramente la reforma educativa y el decreto sobre becas.

La educación española es mejorable según los informes PISA y de la OCDE; a través de estos documentos quedan desmontados los mitos que rodean el sistema educativo. Es falso que España invierta poco en comparación con sus vecinos europeos; de hecho, el gasto por alumno y otros indicadores se encuentran en la media continental. La educación ha sufrido recortes, pero también es cierto que los resultados siguen siendo pésimos en épocas de bonanza y con una inversión mayor. Por lo tanto, existe un problema de fondo: el fracaso escolar no es una cuestión económica, sino de proyecto educativo. Corregir los defectos de una educación financiada correctamente, de pésimos resultados y que desincentiva al alumnado es el mayor reto al que se enfrenta la España del siglo XXI.

El fracaso educativo español tiene unos orígenes claros. En primer lugar, no existe un proyecto global, dado que las Comunidades Autónomas desarrollan la legislación educativa a su antojo; en segundo lugar, la enseñanza es inestable, asentándose en un dinamismo perpetuo donde es concebida como fruto de la tendencia política del ministro de turno. En tercer lugar, es imposible lograr buenos resultados donde equidad e igualdad se confunden con mediocridad, y la excelencia es impropia, en un intento deliberado de igualar hacia el mínimo a todos los estudiantes. Y en cuarto lugar, es difícil alcanzar la excelencia donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y el profesorado está excesivamente politizado.

Las reformas propuestas por el ministro Wert se engloban en la costumbre española de concebir la educación como un asunto dependiente de la alternancia política; no obstante, suponen un claro avance abordando cuestiones relevantes. Con ciertos matices, es conveniente instaurar de forma activa la religión en las aulas, dado que los valores del cristianismo han contribuido de forma decisiva a la formación de la cultura europea, constituyendo junto a la filosofía griega y el derecho romano los pilares de Occidente. Alejándonos del debate sobre sotanas y catecismo, es positivo inculcar unos principios que se elevan sobre ideologías, sirviendo para conocer nuestras raíces y combatir el simplismo y la demagogia dominantes.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa también aborda una cuestión relevante: el elevado excedente universitario y la masificación de las aulas, frente a una Formación Profesional desmerecida y despreciada, a pesar de ofrecer grandes posibilidades. Nos encontramos ante un dogma sociológico inexistente en el resto de Europa, según el cual cuando se finaliza la educación secundaria lo más sensato es emprender una carrera universitaria, sin plantearse previamente otras alternativas. El resultado de esta inercia social es la elección arbitraria de estudios, la desmotivación y el consiguiente abandono.

Por otra parte, las becas no deben ser entendidas como limosna y requieren de la necesaria correspondencia del alumno. Son muchas las críticas dirigidas contra José Ignacio Wert, pero éstas se derrumban cuando planteamos qué clase de educación queremos. Si pretendemos lograr una enseñanza y alumnos mediocres, continuemos tomando el cinco como punto de partida; por el contrario, si el objetivo es la excelencia, aumentar el rendimiento y no malgastar recursos públicos, barajemos la posibilidad de elevar la nota necesaria para acceder a una beca, promovamos el esfuerzo y la dedicación.

La oposición cree que los más humildes serán expulsados del sistema mientras los ricos, aunque tengan un rendimiento escaso, podrán permitirse el pago de una matrícula. Además, el impulso de la religión y la subvención a centros que segregan por sexo son medidas retrógradas según Rubalcaba, quien tacha al Gobierno de reaccionario mientras las universidades públicas están dominadas por una izquierda intolerante, populista y alejada de sus principios originales. Todo ello constituyen cortinas de humo que intentan ocultar el nefasto resultado de los planes educativos socialistas.

El éxito académico depende de la capacidad de sacrificio y no de la capacidad económica; acceder a la universidad no significa alcanzar intelecto, sabiduría o espíritu crítico, puesto que deben estar precedidos por la dedicación y el esfuerzo. Finalmente, debemos apostar por una educación de calidad, exigente y accesible a todos, entendida como asunto de Estado y promotora del espíritu crítico, lo cual significa cuestionar el monopolio de la razón y la intelectualidad arrogada por la izquierda durante tanto tiempo.