Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.

Segunda Transición Española (II)

Los políticos deben tener cierto nivel cultural y demostrar su capacidad para vivir autónomamente,
pretendiéndose neutralizar el enchufismo y la mediocridad. El político no sólo debe instruirse, sino también ser virtuoso y honrado; en este sentido, la transparencia debería reconocerse explícitamente en el eventual texto constitucional. Todo ello acompañado de una legislación que dificulte la corrupción, publicándose periódicamente y con auténtico detalle lo recaudado e invertido por las diferentes administraciones públicas.

También debe abordarse la reformulación o supresión del Senado, cámara territorial desvirtuada y sin utilidad práctica, pues los conflictos que debe conocer son resueltos en el Congreso, representativo de la voluntad de los españoles. Si se sigue apostando por la descentralización es imprescindible revitalizar el Senado, permitiéndole ejercer en la práctica las competencias que constitucionalmente le corresponden. Los nacionalistas deberán plantear sus conflictos en dicha cámara, evitando el chantaje a costa de la estabilidad gubernamental o la propia existencia de la nación. Para lograrlo, la eventual Constitución debe pronunciarse sobre el reparto competencial de ambas cámaras, de manera que una distribución clara y constitucionalmente prevista impida dejar en papel mojado estas ideas. En este sentido, reformar la LOREG debería asegurar una “representación auténticamente representativa”, evitando la sobre-representación.

La Monarquía se encuentra en decadencia, no contando con el respaldo de la mayoría de los españoles. Es un hecho objetivo y estadísticamente demostrado que la monarquía es la institución peor valorada, no sólo por la izquierda, sino también por un sector creciente de la derecha. Los motivos de esta situación residen tanto en las propias corruptelas de la familia real como en el distanciamiento ciudadano, especialmente de los jóvenes, que no se sienten representados por un monarca que no votaron. Tarde o temprano deberá convocarse un referéndum donde la ciudadanía manifieste si aboga por una república; no obstante, la desaparición de la monarquía tendría consecuencias que pocos comprenden plenamente.

La III República Española no debería ser patrimonio de ideología alguna, ni propiedad del sectarismo político. Debería ser la república de todos los españoles, independientemente de su ideología o creencia. Su presidente debería velar por la unidad de la Nación, aglutinarla bajo un mismo horizonte futuro para crecer en fortaleza y determinación. El proyecto fracasará si el jefe del Estado obra velando por un determinado electorado o intereses partidistas, si no existe mentalidad de Estado. El nuevo sistema no debería servir como arma arrojadiza de división entre ciudadanos, ni tampoco ser utilizado para tergiversar la Historia. Sobre las futuras generaciones no debe recaer la carga de reavivar un conflicto civil, ni tampoco heredar la división genética entre “rojos y fachas”.

Lo expuesto anteriormente debe ser meditado y debatido en profundidad. En este sentido, la forma de Estado no garantiza el bienestar ciudadano, no contraponiéndose monarquía y progreso, y existiendo otras acuciantes prioridades. Además, este proyecto republicano es imposible sin el liderazgo de políticos con vocación de Estado, inexistentes en el panorama político español, por lo que emprender el cambio en las condiciones actuales es garantía de fracaso. Definitivamente, en España aún no existe una mentalidad nacional que asegure el éxito en la instauración del sistema republicano. En cualquier caso, la Monarquía debe ser reformulada y saneada, lo cual pasa por la abdicación del monarca.

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.