Consulta soberanista del 9 de noviembre (II)

Por otra parte, el nacionalismo-soberanista es un proyecto criticable que no triunfaría si el imperio de la razón y la sensatez fuera absoluto. En un momento histórico donde las fronteras se suprimen y la globalización impone la unidad, los reduccionismos nacionalistas están fuera de lugar. Además, ningún político posee suficiente legitimidad para fracturar de semejante manera una sociedad. Artur Mas ha agitado los sentimientos soberanistas para distraer el debate respecto de lo importante: la gestión económica, la corrupción o el mantenimiento de los servicios públicos. El Presidente de la Generalitat ha incentivado el odio entre ciudadanos y dividido familias, basándose en argumentos falsos y demagógicos.

Los defensores de la unidad han visto como se utiliza la Educación y los medios de comunicación públicos y privados subvencionados para adoctrinar a los jóvenes y generalizar mitos y prejuicios sin ningún tipo de fundamento. La eventual independencia catalana no sólo afectará al conjunto de España, sino que hará mucho daño a Cataluña con los consiguientes perjuicios económicos que se derivarían. En un contexto donde el mundo contemporáneo y la competencia económica imponen la puesta en marcha de fórmulas unionistas, la fractura supondría el debilitamiento de los dos países, ahondando la profunda fractura social que sufre Cataluña. En definitiva, los políticos nacionales han olvidado que la unión hace la fuerza.

No obstante, existe un problema en Cataluña pues se ha extendido un sentimiento independentista que pone en peligro la pacífica convivencia democrática y la unidad de la Nación. Debe rechazarse la irreversibilidad de esta situación, es decir, existen soluciones. Algunos partidos como el PSOE liderado por Pedro Sánchez proponen la reforma del modelo territorial como posible solución, abogando por una reforma constitucional que instaure un sistema federal y reconozca la singularidad catalana. Sin embargo, la España de las Comunidades Autónomas no tiene nada que envidiar al modelo federal; de hecho, las diferencias apenas se notarían.

Una segunda solución pasaría por la instauración de un sistema descentralizado asimétrico, reconociendo especificidades jurídico territoriales y económicas de unas Comunidades frente a otras, especialmente País Vasco, Cataluña y Galicia. En este sentido, es objeto de debate la posible concesión de un régimen económico-fiscal diferenciado para Cataluña similar al navarro, reconociendo y compensando diferencias históricas. No obstante, ello podría suponer la vulneración de la igualdad de los españoles, creando situaciones de ciudadanía de segunda. Tal vez sea más idóneo mantener la descentralización territorial aclarando el reparto competencial, reduciendo la indeterminación de titularidades competenciales y evitando conflictos de este tipo.

Existe una tercera vía consistente en una centralización estatal, volviendo al sistema preconstitucional. Es dudoso que la ciudadanía acepte un retroceso de este tipo, abandonando la autonomía territorial alcanzada. España ha sido históricamente descentralizada, interrumpiéndose dicha realidad con la llegada de los Borbones en el s.XVIII y la dictadura franquista. En este sentido, el principal objetivo de la descentralización es acercar el poder al ciudadano, no conllevando necesariamente hipertrofia o corrupción. Por tanto, si no se ha cumplido ese objetivo, lo cual parece evidente, es necesario someter a examen nuestro modelo territorial. Y si de la centralización se derivan beneficios para España debe contemplarse seriamente esta alternativa.

No obstante, la naturaleza expansiva e insaciable del nacionalismo harían insuficientes estas reformas, el nacionalismo no se conformará con una mayor descentralización del Estado: no parará hasta lograr la independencia. La solución no pasa por una simple reforma del modelo territorial, sino por una reforma educativa que cuanto menos no incentive el odio entre españoles ni tergiverse la Historia al servicio del proyecto rupturista.

Consulta soberanista del 9 de Noviembre (I)

El proceso soberanista iniciado por Artur Mas y sus socios en el Gobierno prosigue. Tras la doble
suspensión del 9N por el TC, finalmente la consulta fue celebrada desobedeciendo las resoluciones del tribunal y desafiando el orden constitucional. Los colegios electorales abrieron sus puertas ante la pasividad del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De un electorado de 6 millones, 1,8 acudieron a votar resultando victorioso previsiblemente el independentismo, obteniendo el 94,4% de los votos.

En aquella jornada se interpusieron denuncias ante los juzgados catalanes, los cuales denegaron la suspensión cautelar de la votación argumentando la desproporcionalidad y la no intención de provocar un mal mayor del producido. Proceder a la clausura de los colegios una vez abiertos podría haber provocado alteraciones del orden público cuyas consecuencias hubieran sido imprevisibles. Tampoco actuó el Gobierno central a través de la Policía Nacional, no procediendo a impedir una violación tan flagrante del ordenamiento. Además, los mossos se encontraban custodiando la votación en claro conflicto entre la obediencia jerárquica a sus superiores y el hegemónico deber de respeto a la legalidad.

La batalla jurídica por la depuración de responsabilidades siguió a la inactividad estatal y judicial, acumulándose las demandas en la interpuesta por Manos Limpias frente a Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y la Consejera de Educación. El TSJ ha admitido a trámite la demanda contra dichos sujetos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. De estos delitos, parece concurrir la desobediencia por cuanto de manera manifiesta se ha incumplido la suspensión de la consulta decretada por el TC. Respecto a los otros existen indicios de concurrencia, siendo clave lo que se entiende por “resolución arbitraria en un asunto administrativo” (404 CP). Existirá responsabilidad penal si el decreto de convocatoria de la consulta y formación de la “Junta Electoral” se considera resolución en el sentido del tipo.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, la apertura de centros electorales y propaganda constituye gasto público. Dicho destino económico contradice el orden legal y constitucional, por lo que existen evidencias de delito. En coherencia con lo anterior, difusa es la frontera entre estas actuaciones y el delito de sedición. No obstante, serán los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña quienes valorarán la concurrencia o no de estos delitos. Con pleno respeto a la ley e interpretación de los requisitos de concurrencia, la violación del orden legal y constitucional no debe quedar impune, por cuanto lo contrario constituiría un precedente indeseable, pudiendo ser lo siguiente la declaración unilateral de independencia.

Si el Estado no responde a estas violaciones se confirmará su debilidad e incapacidad para hacer frente a los ataques que sufre. La metástasis del cáncer que supone la mezcla de la política en la actuación del personal cooperador con la Administración de Justicia ha tenido una clara manifestación en la negativa de los fiscales catalanes de presentar querella contra Artur Mas. En este sentido, han desobedecido el principio de dependencia jerárquica y obligado al por aquel entonces Fiscal General del Estado a firmar la querella.

La consulta soberanista ha fracasado aunque sus promotores se vanaglorien. Nadie serio y responsable avalaría una consulta ajena al orden constitucional y sin amparo legal, tampoco sin garantías que aseguren la fiabilidad del resultado. Además, menos de la mitad del electorado convocado acudió a la votación, por lo que a pesar de existir una participación destacable (aproximadamente 1,8 millones) no llega ni por asomo a los 6 millones convocados. En este sentido, la herramienta utilizada no ha sido la idónea si los promotores pretendían una explosión del sentimiento independentista, por cuanto la primera encuesta realizada por el Gobierno catalán tras el 9N arroja una victoria del no a la independencia.

Reflexiones sobre el aborto.

En 2011 el programa electoral del PP incorporaba la reforma de la ley del aborto, con el fin de restaurar el sistema de supuestos de 1983. Tras obtener mayoría absoluta aplastante, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontraba en posición inmejorable para emprender dicha reforma legislativa. Sin embargo, la propuesta fue incumplida como muchas otras promesas electorales. Además, lo fue de manera traumática y vergonzosa: cuando el anteproyecto había sido aprobado por Consejo de Ministros y provocando la dimisión de Gallardón. Finalmente, la Ley de 2010 será modificada tímidamente en cuanto al consentimiento de las menores y tutores.

El comportamiento político de Rajoy ha sido deleznable, pero debe abordarse la raíz del problema y posibles soluciones. La actual concepción mayoritaria del aborto es fruto de una visión filosófica que tiene sus orígenes en la Modernidad. Es un problema demasiado complejo como para abordarlo en su totalidad, pero una de las consecuencias de esa mentalidad se traduce en el desposeimiento de la condición humana del nasciturus. Por lo tanto, para el Derecho no será más que un bien jurídico que merece cierta protección (en nuestra legislación a partir de 14 semanas) pudiendo ceder ante otros derechos de origen y desarrollo discutible como la ciega autonomía y libertad de elección.

El Hombre ha llegado a decidir quienes merecen entrar en la Humanidad, como si fuera un club con reserva del derecho de admisión. Tal es la fuerza de la mentalidad empírica racionalista malinterpretada que no se concede la plena condición humana a quienes no pueden manifestar características demostrables de su condición y dignidad. De esta manera, se decide quienes forman parte de la Humanidad y quienes no, lo cual se advierte claramente en el aborto y eutanasia. Relevante es la consecuencia de invertir la carga de la prueba sobre el sujeto desposeído de su condición humana, y es que la protección decae hasta límites insospechados. Como resultado, a pesar de constituir vida humana y poseer dignidad ontológica inviolable, el nasciturus no dispone del bien jurídico “vida”, sino que es constituido como bien jurídico protegible que cede en innumerables ocasiones.

Debe defenderse la condición humana del nasciturus, y por tanto una protección coherente con ello. Los argumentos se apoyan en explicaciones científicas y fundamentos judeo-cristianos. No obstante, incluso la vida cede a favor de otros derechos en nuestro ordenamiento, por ejemplo la legítima defensa. Es decir, puede afirmarse que ningún derecho de los enumerados en la Constitución Española tiene una pretensión de eficacia tan potente que lo conduzca a ser absoluto. De hecho, los límites y excepciones de ejercicio son abundantes, por lo que cabe afirmar su relatividad. No obstante, lo expuesto no son más que reflexiones y observaciones jurídicas que se empequeñecen ante la filosofía.

El aborto es un hecho traumático y merece que los poderes públicos trabajen para erradicarlo o cuanto menos disminuirlo. Para conseguirlo existen diversas vías: una de ellas es la prohibición legal del aborto, punificando el hecho abortivo aunque con matices, como puede ser que bajo ningún concepto exista responsabilidad penal de la mujer, sino de los facultativos asistentes. Esta era la intención inicial del Gobierno, pero resulta muy discutible que con la simple aprobación de la ley se reduzcan los abortos. Deberían potenciarse otras vías alternativas: desarrollar las ayudas a la maternidad creando un marco favorable a la misma, y cambiar la cultura de la autonomía y la muerte por la vida y sexualidad responsable.

Además, no existe mejor incentivo para reducir la tasa de aborto que la prosperidad y florecimiento económico, de tal forma que los ciudadanos tengan un nivel de vida tal que les permita emprender la aventura de la paternidad. En este sentido, debe denunciarse la presión mediática y social que empuja de manera inercial y encubierta al aborto, de modo que ante esta situación el entorno social es más proclive a aconsejar el aborto que continuar con el embarazo. En este punto es donde los poderes públicos deben intervenir de tal manera que la solución al problema del aborto no se circunscriba únicamente a una ineficaz reforma legislativa.

Por último, deben denunciarse otras incoherencias sociales. En este sentido, existe una corriente de pensamiento extendida defensora de la “igualdad animal”: los animales como sujetos con derechos. Por ello, teniendo en cuenta la obligación humana de respetar el medioambiente, se condena con buen criterio la tauromaquia, el maltrato animal o el abandono de mascotas. No obstante, existe desproporción entre la intensidad con que se reivindica el derecho de los animales y el trato que se dispensan los seres humanos unos con otros. ¿Cómo pretenden algunos que los animales tengan mayor protección que un ser humano en gestación?

Consulta sobre las prospecciones.

Tras la autorización de las prospecciones por parte del Ministerio de Industria, el Gobierno de Canarias desafía al Estado convocando una consulta para que los canarios se pronuncien acerca de las mismas. Rivero aseguró que la consulta del 26 de noviembre estaba amparada por el ordenamiento jurídico, mientras insiste en que la Administración autonómica cumplirá la ley y pronunciamientos judiciales. Además, asegura que la Comunidad Autónoma seguirá combatiendo jurídicamente contra unas prospecciones que atentan contra Canarias y la hacen víctima de un atropello colonialista.

En primer lugar, estudiando el marco jurídico en el que se está desarrollando el conflicto, debe destacarse la porosidad del lenguaje y el uso interesado del mismo. Según la Constitución Española el único legitimado para aprobar la realización de referéndum, herramienta jurídica cuyos resultados son vinculantes políticamente, es el Estado. Todo ello a través de una propuesta presidencial y posterior aprobación parlamentaria. Paulino Rivero, a través del lenguaje, pretende que su consulta tenga el efecto vinculante propio del referéndum.

En este sentido, la Ley Canaria de Consultas de 2010 constituye un cauce efectivo para la participación de los ciudadanos en la vida pública, conforme a la existencia del principio administrativo-constitucional que reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la vida pública, exigiendo cauces jurídicos para ello. No obstante, dicho principio y ley tienen unos límites que se desprenden del bloque de constitucionalidad y régimen competencial español: el Gobierno canario puede proponer cualquier consulta, siempre y cuando las materias sobre las que verse sean competencia de la Comunidad Autónoma y no del Estado. Rivero conoce las limitaciones de su ley, su posible interpretación y la más que probable inconstitucionalidad de una consulta que interrogue directamente sobre las prospecciones.

La eventual pregunta sería: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. No deja indiferente esta formulación, debiendo advertirse la astucia de los asesores de Rivero al desvirtuar formalmente el referéndum, para convertirlo en una enrevesada e incongruente consulta. La Autonomía puede consultar sobre la planificación económica del archipiélago por cuanto es un asunto de su competencia, no existiendo inconstitucionalidad desde un punto de vista estrictamente formal. Sin embargo, materialmente la consulta constituye un claro fraude pues realmente no se pregunta sobre el modelo económico, sino sobre las prospecciones. Por tanto, existen dudas razonables sobre su constitucionalidad: formalmente podría adecuarse al ordenamiento, pero no materialmente por cuanto supone un fraude.

Los modelos no son excluyentes, pueden convivir la industria petrolera y turística, siendo diferente el debate sobre la elección de un modelo energético u otro. Además, el Gobierno español ha seguido el procedimiento administrativo exigido, cumpliendo las garantías legales. Por lo tanto, como ha manifestado el TS al desestimar las pretensiones suspensivas del Gobierno autonómico, la autorización de las prospecciones se adecua al ordenamiento. Rivero debería preocuparse por otros asuntos como los posibles vicios del reglamento que desarrolla la Ley de 2010, haciéndola decir lo que no dice, o la forma en que manipula al pueblo canario, enmascarando sus rencillas personales con Soria mediante el debate sobre las prospecciones. El presidente no se opuso al proyecto en 2001 ni 2005, y tampoco planteó una consulta cuando se construyó el puerto de Granadilla, que produjo gran rechazo ciudadano.

En conclusión, Canarias debe diversificar su economía como fundamento para combatir el elevado desempleo, buscando no depender exclusivamente del turismo. La actuación de los poderes públicos debe atraer inversiones para el archipiélago, buscando que éste se constituya en referencia. En este proyecto deben reconocerse su autonomía y peculiaridad, siendo posible convertir Canarias en vanguardia atlántica de España si existe voluntad política y entendimiento, desechando actitudes sectarias o partidistas. Los nacionalistas deben saber que no aman más esta tierra volcánica que quienes defienden las prospecciones.

Conflicto palestino-israelí y la legítima defensa.

La comunidad internacional ha sido testigo del último episodio de violencia y guerra en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Este capítulo conforma un contexto más amplio que se remonta hasta la creación del Estado hebreo tras la Segunda Guerra Mundial. Abordar el conflicto requiere esfuerzo intelectual y memoria histórica, acompañado necesariamente de cierta dosis de impermeabilidad frente al sensacionalismo y discursos tendenciosos.

El debate debe centrarse en ciertos puntos clave de gran repercusión jurídica: el derecho de legítima defensa, la necesidad y la proporcionalidad en la respuesta. El Estado hebreo debe responder a los ataques que los milicianos palestinos lanzan sobre su territorio, desde misiles capaces de alcanzar cualquier zona del territorio israelí hasta túneles subterráneos que facilitan la infiltración de terroristas. Llegados a este punto, el hecho de contar con escudos antimisiles en las zonas más pobladas no suprime el derecho de legítima defensa, ni justifica que la población hebrea esté expuesta a ser atacada en cualquier momento.

El derecho internacional permite a Israel defenderse, pues Hamás ha atacado primero y roto unilateralmente varias treguas humanitarias. Tras los bombardeos de Israel no existe una intencionalidad genocida desde que ordena el desplazamiento de la población y la evacuación de las zonas objeto de bombardeo para reducir las bajas civiles. Tampoco debe ignorarse que la matanza de civiles beneficia a Hamás, pues agitando el avispero de odio contra Occidente consigue adeptos a su causa. Los terroristas sitúan a los civiles en el conflicto, distribuyendo armamento y logística en lugares de vital importancia como escuelas, hospitales y viviendas.

La proporcionalidad es un principio trascendental en el derecho internacional por el cual la legítima defensa debe ceñirse a una respuesta equilibrada. Esta visión es apoyada por la mayoría de la doctrina jurídica, existiendo sectores que reivindican la no necesaria proporcionalidad. En este caso resulta evidente que la defensa no ha sido proporcional, pues mientras los misiles palestinos rara vez alcanzan sus objetivos gracias a los sistemas de defensa, Israel logra dar en el blanco con una precisión absoluta. Mientras los terroristas poseen cohetes M-302 y milicia armada, los israelíes disponen de tecnología puntera en cazas, drones, fragatas y ejército regular que ha dejado más de 2000 muertos y 6000 heridos, la mayoría civiles.

Las autoridades israelíes deben reflexionar sobre estas operaciones, plantear si la desaparición del terrorismo y el riesgo de un ataque en territorio israelí puede hacerse a cualquier precio. En coherencia con lo anterior, también debería abordarse el régimen de bloqueo que recae sobre la franja de Gaza. En cualquier caso, en este conflicto se han violando de manera sistemática los convenios internacionales reguladores de la guerra y el derecho humanitario. Estos casos deben denunciarse y exigir responsabilidades.
 
El conflicto palestino israelí es demasiado complejo y no existe solución a corto plazo. La eventual creación de un Estado palestino se encuentra en el centro del debate aunque Gaza y Cisjordania no cuenten con un líder común, pues los terroristas de Hamás elegidos por su propio pueblo dirigen la franja con puño de hierro. Tal vez debería retirarse esta propuesta, o cuanto menos considerar las consecuencias de la creación de un Estado terrorista. No obstante, Palestina rechazó en su momento la creación de un Estado propio por discrepancias con las fronteras propuestas por la ONU.

Israel tiene derecho a defenderse, hacer desaparecer los túneles que se adentran en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es seguro que lo anterior pueda conseguirse a cualquier precio, pero los hebreos no son los únicos responsables de las muertes de civiles: Hamás tiene las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo. La muerte de civiles inocentes es algo imposible de aceptar y debería remorder su conciencia.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (II)

La fundación de Iglesias ha sido acusada de recibir contraprestaciones del Gobierno venezolano por servicios de asesoría, señalando a dicho régimen como financiador del entramado político-institucional que rodea al equipo de Iglesias. Ante esto, el eurodiputado denuncia la hipocresía de quienes le acusan, pues dichos servicios son legales y nunca se ha aconsejado la represión. Además, insiste en que hasta el propio Gobierno español ha vendido armas a Venezuela, y que en ningún momento ha defendido la aplicación del sistema bolivariano en España.

No obstante, a pesar de las justificaciones esgrimidas, una entrevista en la televisión venezolana y declaraciones en su programa contradicen y ponen en evidencia sus explicaciones. En dichas intervenciones Iglesias alaba a Hugo Chávez, sus enseñanzas y el carácter invencible que representa para sus enemigos después de muerto. El eurodiputado lo ensalza como gran demócrata y señala el momento de su fallecimiento como día de luto para quienes aman la democracia. En este sentido, Iglesias muestra a Venezuela como modelo a seguir para el sur de Europa, ejemplo de que se puede recuperar la soberanía y hacer las cosas de otra manera.

Además, presenta a España como un país desolado donde élites económicas controlan los medios de comunicación e impiden que la información esté al servicio del pueblo. Resulta curioso como Iglesias critica ferozmente el sistema televisivo que le ha catapultado a la fama y permite ejercer su derecho de expresión. Paradójicamente, ataca el sistema que le reconoce el derecho a concurrir en unas elecciones con un programa electoral contrario al Gobierno y ejercer la libertad de cátedra. Aunque le pese, la sociedad española cuenta con diversidad de medios informativos reflejo del pluralismo existente, unos medios de ética dudosa pero libres y plurales.

La democracia no existe en el régimen bolivariano, un sistema represivo cuyo sistema electoral y de recuento es manifiestamente perverso y donde los medios de comunicación no afines a la política gubernamental son víctimas de una campaña que persigue el monopolio de la información, manipulándola y distorsionándola a su voluntad. Con la falsa excusa de proteger al pueblo, se criminaliza la protesta y todos los resortes del Estado se orientan hacia la perpetuación del sistema bolivariano. Todo ello mientras las políticas económicas del Gobierno y el dominio de sus élites sumergen en la pobreza y el desabastecimiento a Venezuela.

Pablo Iglesias no es terrorista pero simpatiza con el entorno proetarra, abertzale y borroka, formando parte del sector social que pretende instaurar un régimen pseudocomunista en España. Por último, Iglesias representa a la población joven nacida en democracia que arrastra los prejuicios de una guerra que no sufrió. Frente a la conveniencia del espíritu de reconciliación nacional y tolerancia, le domina un sentimiento revanchista y la necesidad de instaurar un sistema traumático en toda época y lugar.

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis

económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.

Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

Elecciones Europeas 2014 (IV)

Desde una perspectiva autonómica resulta preocupante el triunfo del independentismo en Navarra y País Vasco, donde EH Bildu se consolida como segunda fuerza política con el 20,10 y 23,35% de los votos respectivamente. En Cataluña, Esquerra Republicana ha tomado el relevo y mando del proceso independentista con un 23,67% de los votos, relegando a CiU a un segundo puesto. Dichos resultados son sorprendentes si se comparan con las europeas de 2009, donde ERC era cuarta fuerza política con el 9,20% de los votos, y el PSC la primera con el 36,00%. En Navarra y País Vasco, la posición de Bildu, inexistente en aquel momento, la ocupaba el PSOE con el 31,48% y 27,78% de los votos respectivamente.

En Canarias las elecciones vuelven a poner de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia los nacionalistas aglutinados bajo las siglas de Coalición Canaria, con el 12,21% de los votos, frente al 15,84% que obtuvieron en 2009, siendo de nuevo tercera fuerza política. En este sentido, Coalición Canaria lleva dos derrotas electorales consecutivas, y continúa gobernando Canarias gracias a los alternativos pactos con populares y socialistas, que constituyen la primera y segunda fuerza política del archipiélago.

Esta situación define perfectamente la inexistencia de compromiso de Estado: PP y PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo para destronar a Paulino Rivero y CC del Gobierno. Mientras Canarias mantiene el liderato junto al sur peninsular de la tasa de desempleo y abandono escolar, miles de jóvenes emigran por culpa de un mercado laboral incapaz de absorberlos y la corrupción sigue abriéndose paso en la vida política canaria, las mayores fuerzas políticas del archipiélago siguen de brazos cruzados, incapaces de llegar a un acuerdo para acabar con más de 20 años de gobierno nacionalista.

España en su conjunto se desgarra en manos del extremismo, la decepción y la desilusión, ocupando el vacío dejado por un PSOE debilitado, sin unidad y sin proyecto nacional. Todos estos datos son preocupantes, y mientras manifiestan el fin del bipartidismo, anuncian simultáneamente una etapa de disgregación política e inestabilidad gubernamental que sólo será superada a través de frágiles alianzas electoralistas que no resistirán el primer embate.

No obstante, hay algo más preocupante que la inestabilidad y el ascenso del radicalismo: el alarmante nivel de abstención. Afortunadamente, la participación ha subido en comparación con las de 2009, pero sigue habiendo un 54,16% de abstención. Más de la mitad de los ciudadanos que están convocados a las urnas no ejercen su derecho ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Qué piensan los ciudadanos de esta situación? ¿Cómo afectaría al resultado electoral su voto? ¿Qué ocurriría en Cataluña si el 52,37% de abstención se convirtiera en votos? La situación es de extrema gravedad, y merece que los ciudadanos se pronuncien.

Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.

Segunda Transición Española (II)

Los políticos deben tener cierto nivel cultural y demostrar su capacidad para vivir autónomamente,
pretendiéndose neutralizar el enchufismo y la mediocridad. El político no sólo debe instruirse, sino también ser virtuoso y honrado; en este sentido, la transparencia debería reconocerse explícitamente en el eventual texto constitucional. Todo ello acompañado de una legislación que dificulte la corrupción, publicándose periódicamente y con auténtico detalle lo recaudado e invertido por las diferentes administraciones públicas.

También debe abordarse la reformulación o supresión del Senado, cámara territorial desvirtuada y sin utilidad práctica, pues los conflictos que debe conocer son resueltos en el Congreso, representativo de la voluntad de los españoles. Si se sigue apostando por la descentralización es imprescindible revitalizar el Senado, permitiéndole ejercer en la práctica las competencias que constitucionalmente le corresponden. Los nacionalistas deberán plantear sus conflictos en dicha cámara, evitando el chantaje a costa de la estabilidad gubernamental o la propia existencia de la nación. Para lograrlo, la eventual Constitución debe pronunciarse sobre el reparto competencial de ambas cámaras, de manera que una distribución clara y constitucionalmente prevista impida dejar en papel mojado estas ideas. En este sentido, reformar la LOREG debería asegurar una “representación auténticamente representativa”, evitando la sobre-representación.

La Monarquía se encuentra en decadencia, no contando con el respaldo de la mayoría de los españoles. Es un hecho objetivo y estadísticamente demostrado que la monarquía es la institución peor valorada, no sólo por la izquierda, sino también por un sector creciente de la derecha. Los motivos de esta situación residen tanto en las propias corruptelas de la familia real como en el distanciamiento ciudadano, especialmente de los jóvenes, que no se sienten representados por un monarca que no votaron. Tarde o temprano deberá convocarse un referéndum donde la ciudadanía manifieste si aboga por una república; no obstante, la desaparición de la monarquía tendría consecuencias que pocos comprenden plenamente.

La III República Española no debería ser patrimonio de ideología alguna, ni propiedad del sectarismo político. Debería ser la república de todos los españoles, independientemente de su ideología o creencia. Su presidente debería velar por la unidad de la Nación, aglutinarla bajo un mismo horizonte futuro para crecer en fortaleza y determinación. El proyecto fracasará si el jefe del Estado obra velando por un determinado electorado o intereses partidistas, si no existe mentalidad de Estado. El nuevo sistema no debería servir como arma arrojadiza de división entre ciudadanos, ni tampoco ser utilizado para tergiversar la Historia. Sobre las futuras generaciones no debe recaer la carga de reavivar un conflicto civil, ni tampoco heredar la división genética entre “rojos y fachas”.

Lo expuesto anteriormente debe ser meditado y debatido en profundidad. En este sentido, la forma de Estado no garantiza el bienestar ciudadano, no contraponiéndose monarquía y progreso, y existiendo otras acuciantes prioridades. Además, este proyecto republicano es imposible sin el liderazgo de políticos con vocación de Estado, inexistentes en el panorama político español, por lo que emprender el cambio en las condiciones actuales es garantía de fracaso. Definitivamente, en España aún no existe una mentalidad nacional que asegure el éxito en la instauración del sistema republicano. En cualquier caso, la Monarquía debe ser reformulada y saneada, lo cual pasa por la abdicación del monarca.

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.