Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (II)

Los defensores del aborto libre mantienen que el Gobierno es hipócrita e incurre en una desfachatez ilimitada, puesto que suprime el supuesto de malformaciones y simultáneamente suspende la Ley de Dependencia. Es cierto que el Gobierno debe poner a disposición de las madres con hijos discapacitados y con problemas graves todas las ayudas y facilidades necesarias, pero tampoco es menos cierto que dicha ley nunca llegó a entrar en vigor de manera efectiva, viéndose paralizada desde los años de Zapatero. En el sector provida pueden haber hipócritas, pero no creo que superen la desfachatez de ciertos sectores progresistas, que defienden sin escrúpulos el aborto libre mientras condenan la tauromaquia reivindicando respeto por los animales. Esto sí que es una vergüenza, como también que se abanderen como protectores de los débiles, mientras sindicatos y partidos políticos están enfangados en escándalos de corrupción. En definitiva, no está la izquierda en disposición de denunciar desfachateces.

Uno de los argumentos más utilizados por los abortistas reside en la inexistencia de persona humana en el vientre de la mujer, defendiendo que no se está arrebatando una vida; y en caso de haberla, esta cedería incondicionalmente. Dicha táctica neutraliza cualquier posible reflexión en cuanto a lo que en el vientre de la embarazada se está desarrollando. En palabras de Bibiana Aido: “un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano”. ¿Qué es entonces? Todo depende de cómo entendamos la existencia de una persona humana: los abortistas cabales consideran que para estar ante una persona humana debe concurrir vida humana y otros elementos, siendo estos un determinado número de semanas o un cierto porcentaje de desarrollo. ¿Quién decide cuántas semanas? ¿Qué diferencia sustancial existe entre un concebido de 14 semanas y otro de 13, que hace que este último no merezca tener ninguna clase de protección? ¿Por qué tiene menos derecho a vivir el embrión menos desarrollado?¿Quién establece el porcentaje de desarrollo? ¿Quién tiene legitimidad para decidir quién vive y quién muere?

Apoyar el planteamiento anterior llevaría a establecer dos clases de vidas: aquellas que merecen ser vividas y otras que no lo merecen. Por lo tanto, se distorsiona la concepción original de dignidad defendida por el pensamiento cristiano y kantiano que sustentan uno de los principios liberales. Pensar que por ciertas malformaciones una vida no sea digna de vivir, contradice e invierte la concepción original de dignidad. El otro planteamiento consiste en entender que estamos ante una persona humana por el simple hecho de concurrir vida humana, sin necesidad de más elementos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la dignidad inherente de la persona humana que impide violentar o arrebatarle la vida, el concebido merecería el mismo respeto y protección que una persona humana completamente desarrollada. Esto, como mínimo, invita a reflexionar y evitar tratar con tanta ligereza al concebido.

En cuanto a la situación jurídica del nasciturus en España, el TC tuvo ocasión de pronunciarse cuando la primera ley socialista de los supuestos fue recurrida ante la jurisdicción constitucional. En su pronunciamiento, el Tribunal indica que la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y acaba con la muerte; además, insiste en señalar que desde el momento de la gestación existe un tercero diferente de la madre. Este tertium merece una protección que se desprende del artículo 15 CE, el cual no protege la vida en abstracto sino de manera efectiva. No obstante, el TC ha hecho compatible este planteamiento con el aborto, puesto que al nasciturus se le niega la titularidad del derecho a la vida, aunque está protegido constitucionalmente en forma de bien jurídico. Las consecuencias de ser entendido como bien jurídico y no como titular tiene consecuencias relevantes, siendo la más importante la negación de subjetividad propia para el concebido.

Lo expuesto anteriormente contrasta con la facilidad con que el TC ha reconocido subjetividad propia y titularidad de derechos a las personas jurídicas. También resulta curioso que el nasciturus no sea titular del derecho a la vida mientras en el plano civil se le tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siendo capaz de recibir donaciones, heredar e incluso ser parte en un proceso jurisdiccional. En cualquier caso, la legislación abortiva debe asegurar el equilibrio entre los derechos de la mujer y el concebido, siendo inconstitucional aquella ley que desprotegiese de manera clara al nasciturus. En este sentido, convendría que el máximo intérprete constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos socialista y, en su momento, sobre la ley conservadora.

Aunque falta conocer el proyecto de ley en su última forma, considero que debe debatirse en profundidad el supuesto de malformaciones, barajando la posibilidad de incluirlo tal y como hiciera la ley de 1985. No obstante, en caso de desecharse definitivamente esta posibilidad, el Gobierno debe asumir el compromiso de apoyar financieramente aquellas familias que deban hacerse cargo de un niño con importantes problemas y fuerte dependencia. Sería injusto que las familias cargaran exclusivamente con el coste económico de tal situación, puesto que de lo contrario se estaría abandonando esos niños a su suerte, debiendo intervenir los poderes públicos de manera efectiva y sin vacilaciones.

Finalmente, estamos ante un tema complejo de interminable casuística, lo cual dificulta hacer valoraciones con carácter general. En este sentido, debe abordarse el debate tomando partido por una determinada visión, pero de manera sosegada y sin radicalismos. Quienes convierten el debate en simples proclamas irreflexivas, insultos y descalificaciones personales carecen de credibilidad intelectual. Quienes debaten sobre el aborto criticando desde el odio, la intransigencia y convirtiendo el debate en un asunto de “guerra de género” no llegan al nivel mínimo exigible: debemos reflexionar sobre cuestiones profundas, sin esgrimir proclamas absurdas, planteándonos que tal vez estemos equivocados.

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (I)

El anteproyecto de la futura ley del aborto ha provocado la protesta de toda la izquierda. Desde ciertos medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales se ataca una ley que durará el tiempo que los conservadores permanezcan en el poder. El PSOE, haciendo gala de violenta prosa, ha movilizado a su base social tan pronto como tuvo conocimiento de la noticia, clamando venganza a través de su vicesecretaria Elena Valenciano: “tenemos que hacer que paguen por ello”. Las críticas han sido contundentes, esgrimiéndose toda clase de argumentos, algunos dignos de reflexión y otros carentes de apoyatura intelectual vertidos por la izquierda más radical.

La futura ley modificará la legislación vigente bajo la rúbrica de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer. La reforma devuelve a una legislación de supuestos tasados de manera similar a la ley de 1985, aunque más restringida. Sólo se contemplan dos supuestos para poder realizar el aborto: en caso de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. En cuanto al primer supuesto, el hecho debe estar denunciado, existiendo un plazo máximo de 12 semanas para realizar la intervención. Respecto al segundo supuesto, debe estar acreditado el peligro por al menos dos informes médicos, realizados por sanitarios diferentes a los que practiquen el aborto y que trabajen en diferente centro. Todo ello en un plazo de 22 semanas. En cualquier caso, es necesario que el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico y que de lo contrario, se provoque un menoscabo no necesariamente irreversible pero sí importante y duradero.

A diferencia de la ley socialista de 1985, el supuesto de malformaciones ha sido suprimido, aunque se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo en tal caso cuando esa malformación sea incompatible con la vida y genere un peligro psíquico para la vida de la mujer, en cuyo caso se realizarán dos informes: uno relativo a la mujer y otro referente al nasciturus. Por otra parte, Gallardón manifestó que no habría respuesta penal para la mujer que consintiera un aborto fuera de los supuestos previstos, puesto que “la mujer nunca es culpable sino víctima”. No obstante, sí responderán penalmente los médicos que se aparten de lo legalmente previsto. En cuanto a las menores de edad, necesitarán el consentimiento de sus padres en sintonía con la Ley de Autonomía del Paciente.

Los detractores del anteproyecto denuncian la imposición de determinada moral religiosa, argumentando que impondrá obligatoriamente la maternidad a las mujeres, estando presente la presión de la Iglesia Católica. No obstante, los críticos parecen ignorar que la ley nunca es amoral, siempre toma partido respecto al modelo de sociedad que se trata de alcanzar. La izquierda cree que es la única legitimada para legislar en asuntos de especial trascendencia social, partiendo de una supuesta superioridad moral del progresismo, ante la cual la derecha debe abstenerse de configurar la práctica social. Este planteamiento es erróneo, el Gobierno conservador no hace algo distinto a lo que hicieran los socialistas al aprobar la Ley del Matrimonio Homosexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o las diversas leyes educativas. Es decir, legislar conforme a su identidad ideológica.

Los detractores del anteproyecto plantean que el mismo supone un retroceso social, llevando consigo un recorte de los derechos alcanzados por las mujeres. Según esta lógica, el Gobierno en su caracterización retrograda, invade espacios de intimidad, libertad y autonomía que son inviolables, siendo la máxima de este razonamiento la frase: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Es cierto que el TS norteamericano, no sin polémica, ha incluido el aborto dentro del derecho a la intimidad y la autonomía, extendiendo esta consideración al aborto; este criterio también ha sido seguido por el TEDH. No obstante, estamos ante planteamientos erróneos, puesto que lo no penalmente prohibido no supone necesariamente la existencia de un derecho, existen conductas que a pesar de no estar perseguidas por el ordenamiento no se convierten en derechos subjetivos.

De nuestra Constitución tampoco se desprende un derecho fundamental a abortar. En este sentido, rebatiendo los razonamientos del TS norteamericano y haciendo un símil, el derecho a la intimidad no ampara vender un riñón por el simple hecho de que esa acción incumba únicamente al sujeto. Tampoco es cierto que la decisión del aborto recaiga exclusivamente en la mujer por ser la única afectada, puesto que también deben tenerse en cuenta los sentimientos de la otra persona que ha contribuido a la concepción; y por último, como afirmara el TC español, desde el momento de la gestación existe un tertium diferente de la madre que debe ser protegido.

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.

La cuestión gibraltareña

Para abordar el asunto gibraltareño debemos retroceder hasta sus orígenes históricos, lo cual nos hará comprender perfectamente el dolor que produce en España la posesión británica de la Roca. Todo comienza con la Guerra de Sucesión española a principios del siglo XVIII, cuando el último monarca Habsburgo, falleciendo sin descendencia, entregó la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. El temor a la ruptura del equilibrio continental debido a una posible alianza entre franceses y españoles, con la consecuente hegemonía franco-española en Europa, llevó a Inglaterra y otros países a proponer un candidato alternativo: el archiduque Carlos.

Estas circunstancias condujeron al estallido de una nueva guerra y la división civil española. El desenlace del conflicto supuso para España algo más que pérdidas territoriales y la extinción de su hegemonía en Europa; significó la completa implantación de la Monarquía absolutista. En este sentido, si bien Felipe V respetó los fueros vascos, la Corona de Aragón perdió la mínima autonomía que le quedaba, pasando a reformarse al estilo francés la organización territorial. En otras palabras, Felipe V impuso un control centralista del Estado, tal y como Olivares recomendó a Felipe IV en 1624. En definitiva, las instituciones aragonesas de control del poder real fueron liquidadas por los Decretos de Nueva Planta.

En estas líneas nos hemos limitado a realizar un análisis histórico-jurídico de lo que supuso la llegada de los Borbones a España; pero lamentablemente, son muchos los análisis subjetivos que se hacen de esta etapa de nuestra Historia, convirtiendo algunos episodios en baluartes nacionalistas. Un ejemplo puede ser Rafael Casanova y la Diada, quienes en ningún momento estuvieron vinculados con el independentismo, sino con la visión particular que cada bando tenía sobre la España de aquella época.

Retomando el asunto meramente territorial, las tropas anglo-holandesas tomando posiciones en la guerra civil en nombre del archiduque, ocuparon Gibraltar, y en contra de lo que debiera esperarse, el Peñón fue tomado en nombre del monarca inglés. Este acto contrariaba cualquier norma moral o de caballería, puesto que España no se encontraba propiamente en guerra con la Gran Bretaña, ni debe olvidarse que esta nación únicamente tomaba partido en una guerra civil. Dicho punto de vista no es parcial, puesto que han sido muchas las voces británicas ilustres que han condenado este episodio, como Sir Robert Gardiner, John Bright, William Atkinson, Holliday Sutherland y Arnold Toynbee.

Dicha situación fue ratificada posteriormente en el Tratado de Utrecht de 1715, donde se reconocía a Felipe de Anjou como rey de España a cambio de ciertas condiciones, como la imposibilidad de que España y Francia estuvieran bajo el mismo trono y la pérdida de algunos territorios como Gibraltar. La situación de la colonia era bastante precaria, ya que estaba incomunicada del resto del territorio español, contando únicamente con la fortaleza y las aguas del puerto, sin ningún tipo de aguas jurisdiccionales. A partir de ese momento, la supervivencia de la colonia ha estado basada en actividades fraudulentas; debiendo añadirse la desobediencia continua al tratado y las leyes por parte de las autoridades del Peñón, quienes favorecidos por ciertos acontecimientos históricos aprovecharon para extenderse territorialmente.

Desde el s.XVIII los intentos de recuperar la posesión de la plaza fueron continuos, quedando abierta una herida que sigue sin cicatrizar. A lo largo del s.XX se lograron algunos avances considerables como la inclusión de Gibraltar por parte de la ONU en la lista de territorios a descolonizar. En pleno s.XXI, el derecho internacional y las leyes amparan las pretensiones españolas, siendo muestra de ello la sentencia del TJUE relativa a las aguas jurisdiccionales. Por otra parte, esquivando la cuestión de la soberanía y el patriotismo, al cual se atribuye erróneamente la razón de denunciar una injusticia, es obvio que Gibraltar infringe las leyes, siendo menester sancionar los atropellos de acuerdo a la legalidad.

El lanzamiento de hormigón al mar y el acoso a pescadores andaluces no es un plan preestablecido del Gobierno español, cuyas acertadas respuestas en este asunto deben ser respaldadas por la ciudadanía y la oposición. Picardo, en la engañosa seguridad del cacique, ha subestimado a los conservadores, creyendo que continuarían la línea de aceptación de hechos consumados de los últimos años. El líder gibraltareño pensó que el Gobierno de España seguía siendo partidario de la inclusión de la Roca, sin voz ni voto y cuya política exterior depende del Reino Unido, en las negociaciones. Afortunadamente, atrás quedan las torpezas de Moratinos y compañía, para quienes España era un “concepto discutido y discutible”.

Si nos ajustamos a lo dispuesto en el propio tratado de Utrecht, no se contempla la autonomía ni la independencia de la colonia, sino únicamente se expresa la preferencia del Reino de España en caso de enajenación del territorio por parte del Reino Unido. Por lo tanto, no cabe otra solución al conflicto que no sea la devolución del territorio a manos españolas. Mientras eso no ocurra, deben dejarse claras las intenciones españolas, procurando que la alternancia en el poder no suponga un giro de la política exterior respecto a Gibraltar. Todo ello transmitirá una imagen de seguridad a la comunidad internacional, frenando el deterioro de nuestra maltrecha reputación.

Por último, conviene mencionar ciertos intereses económicos perversos que reinan en la colonia británica, constituyendo el principal escollo para la devolución. Debe denunciarse su papel como paraíso fiscal y las prácticas irregulares que acoge; en este sentido, España debe perseguir el fraude, el engaño de las sociedades fantasma, cumplir las leyes y no recular bajo ningún concepto en sus exigencias.

Bárcenas, la dimisión del Gobierno y la oposición.

Una tormenta sacude el Partido Popular y el Gobierno de España: el estallido de un supuesto nuevo caso de corrupción que implica a Luis Bárcenas, titular de ostentosas cuentas en Suiza, y la existencia de unos documentos acreditativos del pago de comisiones irregulares a miembros de la cúpula del Partido Popular. El último episodio de esta polémica lo constituye la publicación de unos mensajes entre Mariano Rajoy y el ex-tesorero. En dicha conversación, el Presidente del Gobierno le muestra su apoyo, exhortándole a aguantar y reconociendo el esfuerzo del partido.

La conversación se produce en un momento en el que el asunto es investigado por la Audiencia Nacional, incrementándose las sospechas sobre la financiación irregular del Partido Popular. Dicho episodio es el último de una serie de escándalos que motivan la comparecencia de Mariano Rajoy ante las Cortes, las demandas de la oposición y la opinión pública. En este sentido, los gestos más valientes del Presidente han sido la comparecencia a través de un plasma ante los periodistas, sin turno de preguntas; y la huida indisimulada ante cuestiones directas. El silencio y la invisibilidad han sido la tónica dominante en la escena política española durante muchos meses.

Este último capítulo podría precipitar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Es imposible gobernar dignamente sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades políticas; resulta vergonzoso ejercer funciones presidenciales bajo semejantes sospechas. No obstante, a pesar de la dificultad que supone decepcionar en mayor grado a la ciudadanía ante el incumplimiento del programa electoral y la incapacidad para frenar el independentismo, las pruebas contra Rajoy no son aún suficientemente sólidas. Serán los Tribunales quienes deben verificar la autenticidad de los documentos y pruebas, no la oposición ni la opinión pública.

El caso Bárcenas se engloba en un contexto de podredumbre institucional y política; polémicas como ésta demuestran la escasa calidad democrática de España y su posicionamiento en las democracias de segundo orden. La corrupción institucionalizada se consolida mientras el país sigue una deriva nada esperanzadora, donde los ciudadanos pierden calidad de vida y los políticos velan únicamente por su electorado. Ante la inexistencia de estadistas ni verdaderos líderes, el bipartidismo agoniza; pero mientras eso ocurre, la separación de poderes brilla por su ausencia, el CGPJ sigue siendo un órgano político y los dos grandes partidos continúan repartiéndose los magistrados del TC.

Conociendo que semejante situación institucional se extiende desde el comienzo de la democracia y que la corrupción no es endémica del centro derecha, la escandalizada oposición, con el PSOE e IU al frente, se ha reunido de urgencia barajando la posibilidad de presentar una moción de censura, simbólica y sin posibilidades de triunfo. Resulta curiosa la desmemoria de estos partidos, salpicados igualmente por escándalos de corrupción unidos a la pésima gestión de las Comunidades Autónomas bajo su gobierno. La regeneración democrática no vendrá de la mano de estos partidos, quienes se nutrirán de los restos del Partido Popular sin haber realizado un ejercicio de verdadera transparencia, obviando sus propias corruptelas.

El Gobierno conservador ha entrado en franca decadencia, aunque no debemos dejarnos engañar por la oposición, entendiendo que los políticos constituyen un precipitado de la sociedad; y que la legitimidad de quienes exigen la dimisión de Mariano Rajoy no aumenta un ápice con la corrupción popular. Bajo las exigencias opositoras se esconde el interés de derribar al Gobierno a cualquier precio. El espíritu crítico entiende que quienes se autoproclaman defensores de la transparencia y la ética política, conocen perfectamente las cloacas del funcionamiento partidista y los trapos sucios del propio Estado.

La Unión Europea y las promesas electorales

En 1999, un grupo de países cedieron su soberanía monetaria al Banco Central Europeo y adoptaron el euro como moneda común. Con ello se pretendía profundizar en la integración económica, convirtiendo Europa en un coloso capaz de competir con EEUU y Japón, a través de una moneda fuerte frente al dólar americano y la libra británica. Efectivamente, España cedía soberanía a cambio de un futuro ilusionante y esperanzador, que nos haría progresar como país y contribuiría a la convergencia europea.

Sin embargo, catorce años después y siendo la crisis económica el gran detonante, el sueño económico europeo se derrumba por su propio peso. En un contexto donde los movimientos euroescépticos se incrementan, la ciudadanía de los Estados miembros se distancia de las instituciones europeas. La crisis, el primer gran embate sufrido por la Unión Europea nacida del Tratado de Maastricht, ha puesto de manifiesto los defectos originarios de la unión: una superestructura construida sobre pilares endebles y distante de ser una verdadera unión política y económica, existiendo serios desajustes en la consecución equilibrada de sus objetivos.

A semejante déficit estructural se une la mejorable gestión de la dirección europea frente a la crisis económica, ya que mientras otras grandes potencias económicas se recuperan, la Eurozona continúa estancada y hundiéndose en la fangosa recesión. Los países europeos mediterráneos, los llamados PIGS, no son los únicos que atraviesan dificultades: Estados económicamente potentes como Francia y Alemania empiezan a presentar síntomas de agotamiento. En este sentido, muchos reclaman la puesta en marcha de alternativas frente a la estricta austeridad, políticas que conduzcan al crecimiento.

El Gobierno esgrime que su política fiscal está condicionada por las exigencias de Bruselas y el maquillaje contable de los socialistas. Esto les ha obligado a incumplir sistemáticamente su programa electoral; son las circunstancias las que supuestamente obligan al Gobierno a recortar servicios sociales, subir impuestos y engañar a votantes y ciudadanía. El objetivo de déficit y el saneamiento de las cuentas públicas son los escudos esgrimidos por el Gobierno de Mariano Rajoy para traicionar las ideas liberales y poner en marcha unas políticas al servicio de la insuficiente austeridad.

Ciertamente la UE establece determinados objetivos en el marco de sus reglas económicas fundacionales: el equilibrio presupuestario, el saneamiento de las cuentas públicas y el mantenimiento de niveles bajos de déficit e inflación; pero no indica a los Estados miembros cómo han de alcanzarlos, por lo que la subida impositiva es una elección exclusiva del Gobierno, a pesar del desvío del centro de atención. Dicha medida junto a otras ha retrotraído el consumo y disminuido la recaudación, todo ante la atenta mirada de una Unión Europea que rechaza abogar por estas medidas y condena el elevado desempleo.

Aunque la ciudadanía ha soportado grandes esfuerzos y el Gobierno ha emprendido algunas reformas sobre asuntos relevantes, las reformas esenciales para la supervivencia del proyecto de convivencia social aún no se han planteado. Siguen siendo tareas pendientes la reducción del tamaño de una Administración hipertrófica, la recuperación estatal de competencias vitales como la educación y la sanidad, la modernización de la organización territorial, una auténtica transparencia y la separación de poderes. Mientras no se aborden esas cuestiones y se suprima verdaderamente cualquier gasto superfluo, será difícilmente justificable cualquier recorte social.

Los argumentos esgrimidos en ningún momento avalan la política del despilfarro ni suponen un voto de confianza a la izquierda; resulta evidente que el Gobierno gestiona una situación desastrosa y que la legislatura aún no ha finalizado. Este artículo no pretende ser una crítica ciega e ignorante, sino una proclama de fidelidad a las ideas liberales, al sentido democrático y coherente del arte de gobernar, al carácter sacrosanto del programa electoral y a la lucha implacable contra la mentira.

Luis Bárcenas, las maniobras políticas y la corrupción

Ha saltado a la palestra un supuesto nuevo caso de corrupción; todo parece indicar, según los documentos publicados por El País y otros medios, que existiría un cuaderno con la contabilidad B del Partido Popular, donde aparecería reflejado el pago de sobresueldos a miembros de la cúpula del partido, entre ellos el propio Presidente del Gobierno. Además, y esto es cierto, el ex-tesorero acumula una fortuna de 22 millones de euros, a salvo de impuestos en un paraíso fiscal.

Ésta es la gota que ha colmado el vaso, el PP se encuentra bajo continua sospecha y con un índice de desconfianza bastante alto, y es que la sociedad no olvida la supuesta relación entre la ministra Ana Mato y la trama Gürtel; los regalos de “el Bigotes” (a pesar de la absolución de Camps); las relaciones entre el Partido Popular balear y el caso Urdangarín; y las mentiras electorales.

Si todo esto resulta verdadero, supondría que el partido aglutinador del centro-derecha habría incumplido con su propio núcleo fundacional, el que le permitió llegar al poder en 1996 bajo el lema de la transparencia y como antagónico de un Partido Socialista corrupto que había extendido la desconfianza al resto de las instituciones estatales.

Sin embargo, si algo caracteriza al espíritu crítico es el raciocinio y la capacidad para no dejarse arrastrar por la indignación del momento, distanciarse de los hechos y examinar la situación con perspectiva. En nuestro país hemos sustituido la “presunción de inocencia” por la “presunción de culpabilidad”; es decir, hemos convertido el “inocente hasta que se demuestre lo contrario” en “culpable hasta que se demuestre lo contrario”. Además, hemos olvidado que la carga de la prueba recae sobre quien acusa, pasando del concepto de que quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad a entender que es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.

Los dos valores anteriormente mencionados son pilares fundamentales del Estado de Derecho que lo diferencian del Estado absolutista de la Edad Moderna. Alejado de casos particulares, dejando de lado preferencias políticas y asumiendo los altos niveles de corrupción de nuestro país, el Estado democrático que ignora estos principios desde todos los aspectos de la vida social, está condenado al fracaso.

No obstante, uno de los aspectos más destacados es que quienes menos credibilidad poseen deslegitimen al actual Gobierno. Es curioso como Rubalcaba reclama la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones anticipadas, con el objetivo indudable de que las riendas del Gobierno de la Nación vuelvan a manos socialistas. Me pregunto cómo puede Rubalcaba exigir responsabilidad política al Gobierno cuando el primer partido condenado por financiación ilegal en 35 años de democracia ha sido el Partido Socialista Obrero Español.

En un mismo sentido, Rubalcaba también destaca por sus métodos para lograr objetivos políticos, y es que la manipulación, el engaño y arengar a las juventudes socialistas contra las sedes del Partido Popular son tres de sus herramientas favoritas.

Si finalmente en una sentencia firme y definitiva resulta que todo ha sido un montaje, quedará demostrada la hipótesis propuesta: se evidenciaría que esta nueva polémica es otra maniobra de acoso y derribo al Gobierno conservador, otro pseudogolpe de Estado encubierto como los que la engañada sociedad española ya ha presenciado. Ejemplos de lo planteado anteriormente son el caso Naseiro y la manipulación del 11-M, orquestada por el PSOE y el Grupo Prisa.

Independientemente de cómo acabe esta nueva polémica, es evidente que existe un grave problema de corrupción en España, siendo otra de las manifestaciones de la decadencia institucional y de la profunda crisis de valores. Se necesitan nuevos dirigentes, políticos que independientemente de su tendencia tengan como valores supremos la honradez y la justicia. Sin embargo, esto sólo puede lograrse gracias al papel de la familia, derrotando al relativismo, promulgando leyes menos permisivas con los corruptos, y devolviéndole a la política el noble carácter que le pertenece.

La decadencia autonómica

Como célebremente dijo Adolfo Suárez: "la transición española fue un ejemplo para el resto del mundo"; un país cuya historia reciente había sido convulsa, sellaba completamente su reconciliación. La Transición y la Constitución de 1978 fueron una gran obra de ingeniería, ensamblando los diferentes intereses del bloque de corrientes políticas existentes en la España del momento. El harakiri político de la derecha franquista permitió la llegada de la democracia, junto al liderazgo ejercido por personajes como Adolfo Suárez o el rey Juan Carlos, en un momento en el que la sociedad española clamaba libertad y la oposición política ganaba cada vez más adeptos.

No obstante, treinta años más tarde la Constitución de 1978 y el derecho a la autonomía han dejado de tener validez. Los excesos del modelo autonómico contra la identidad nacional y el sano funcionamiento democrático no deben continuar, sobre todo en un momento en el que la situación económica y decadente del país exige políticas firmes que permitan a España un respiro de los mercados.

Las Comunidades Autónomas se han convertido en agencias de colocación, derroche, duplicidades, endeudamiento y patios particulares de los partidos políticos, no siendo un modelo de acercamiento al ciudadano, sino el prototipo de fracaso por excelencia. Muestras de ello lo deja la nefasta administración valenciana, el pozo sin fondo autonómico andaluz y las cada vez más nacionalistas Cataluña, Canarias y País Vasco, gracias a los cavernarios partidos nacionalistas que las gobiernan.

El último capítulo del exceso autonómico tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la delegación catalana plantó al ministro y los andaluces abandonaron la mesa de negociaciones. Antonio Griñán justificó el desaire argumentando que la fijación del límite de endeudamiento, es decir, la prohibición de gastar más dinero del que se tiene, supone un ataque a Andalucía y rompe la igualdad de todos los españoles. Además, para el presidente de la Junta, la puesta en marcha del límite supondrá un duro golpe a la educación y sanidad pública andaluza.

¿En qué planeta vive el señor Griñán? ¿No se da cuenta que mayor gasto no implica mejor resultado? ¿Acaso no sabe que Andalucía es la comunidad que más gasta en Educación y la que peor resultado obtiene? ¿Acaso es tan populista que no se da cuenta que la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, es una quimera? ¿No entiende que mientras sigan existiendo privilegios fiscales o diferencias legales y jurídicas será imposible la igualdad entre españoles? ¿Cómo puede reivindicar igualdad entre compatriotas mientras su actitud caciquil lo único que consigue es dividir a la nación en luchas fangosas?

El caso de los nacionalistas catalanes se lleva la palma, quedando al descubierto la hipocresía y doble rasero con el que desarrollan su actividad política. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta que los nacionalistas no tienen principios, envenenan la juventud con la parafernalia nacionalista carente de raciocinio, inculcan desde sus decadentes administraciones el odio a España y promocionan una corriente ideológica cuyo origen reside en los intereses pueblerinos de cierta burguesía catalana textil durante el último tercio del s.XIX.

La falsa dignidad política también caracteriza a los nacionalistas; es decir, mientras reivindican una Hacienda propia, se acogen al fondo estatal de ayuda para evitar la suspensión de pagos. Tampoco dice mucho de ellos el acto cobarde y maleducado de dejar plantado al ministro, ignorando la inconveniencia de morder la mano que los salvará de ahogarse en sus propias deudas.

El insostenible Estado de las Autonomías, el llamado “café para todos”, caerá por su propio peso e inviabilidad. Para acelerar ese proceso, el Gobierno debe tener las agallas de exigir contraprestaciones políticas a cambio del rescate autonómico. Un buen ejemplo sería la devolución de competencias como la sanidad o la educación, siendo los primeros pasos para la restitución de un Estado centralizado e igualitario para los españoles.

El fracaso de la Unión Europea, el Euro y los recortes

España se halla bajo la atenta mirada de los mercados internacionales, recibiendo un golpe tras otro, con la prima de riesgo batiendo récords y el IBEX en caída libre. Ante este panorama el Gobierno sigue la hoja de ruta “recomendada” por Bruselas, basada en fuertes ajustes económicos de ahorro, control del déficit y recorte de gastos.

Sin embargo, las medidas no han servido para relajar la presión sobre España, concluyendo que existe un problema más grave de fondo: el fracaso de la Unión Europea y el Euro. Como consecuencia, no sólo la sombra del rescate se cierne sobre España, sino también sobre Italia, cuya prima de riesgo superó recientemente la barrera de los 500 puntos. La crisis en su conjunto ha supuesto un fracaso europeo, complementado con las ruinosas legislaturas de Zapatero y Berlusconi, entre otros. 

Pretendíamos construir la casa por el tejado y ahora pagamos las consecuencias de nuestros errores, siendo imposible una verdadera unión sin la unificación bancaria y fiscal. Asociado a ello, Europa no se recuperará hasta que no aplique una política exterior verdaderamente común y tampoco mientras siga dependiendo de las tres agencias de calificación americanas.

Mientras la Unión Europea siga siendo una estructura sin una base común y solida, será imposible recobrar la confianza de los mercados; tampoco mientras el BCE evite comprar deuda soberana y permita el ahogamiento de los países por la financiación. Sin embargo, a pesar del panorama, la Unión puede sobrevivir a esta crisis, sirviendo de ejemplo las palabras de Draghi, cuya consecuencia inmediata fue el notable descenso de la prima de riesgo y la mayor subida de la bolsa en dos años.

El proyecto europeo es ilusionante, un reto que dejar a las generaciones venideras: países que hasta hace menos de un siglo luchaban en encarnizadas guerras intentan llegar a una meta común. Pero ese sueño se cumplirá cuando se refunde la Unión Europea desde su base; es el único camino para evitar la decadencia absoluta del continente.

Por todo ello, Rajoy debe centrar sus esfuerzos en combatir el desempleo y abandonar temporalmente su política de austeridad y recortes, porque de nada servirán hasta que no se recupere la confianza de los mercados. El Gobierno debe tomar las riendas y luchar por un papel predominante de España en Europa,  reformar la Unión y emprender reformas que realmente aporten confianza.

Dichas reformas no consisten en recortar servicios sociales como la educación y la sanidad, sino reformar el Estado y la política española: eliminar diputaciones, unificar ayuntamientos, acabar con las autonomías y el Senado, reducir privilegios políticos, prohibir la entrada de cómplices etarras en el desarrollo institucional, eliminar subvenciones a patronal, sindicatos, partidos políticos y demás sanguijuelas, privatizar televisiones públicas, penalizar severamente a los implicados en fraude, aplicar verdadera transparencia en los ingresos de los partidos políticos, reformar la ley electoral e instaurar una verdadera separación judicial.

Estas medidas, inevitablemente, deben ir acompañadas de una subida de impuestos ya que el problema es macroeconómico, pero sin duda alguna aportarán más confianza y crédito que los temidos recortes.

El papel de los medios de comunicación y la privatización.

Internet puede ser usado de diversas formas, siendo una de ellas la movilización popular. No obstante, en países con regímenes dictatoriales como China, Cuba o Irán, estos movimientos sociales pierden fuerza cuando la red es controlada.

Muchos establecen un paralelismo con el control ejercido por los gobiernos occidentales sobre ciertos aspectos de la red, comparando sus actuaciones con las de los países nombrados anteriormente. Como ejemplo de lo dicho podemos hablar de Estados Unidos y Francia, que han protagonizado acciones de censura contra determinadas páginas, especialmente contra portales piratas y yihadistas.

No obstante, aquellos que establecen esa comparación están completamente equivocados, al situar en un mismo plano ambos casos. Mientras los gobiernos democráticos obstaculizan en ciertos aspectos la descarga gratuita de contenidos, son incapaces de limitar el libre razonamiento del individuo, existiendo gran cantidad de blogs y páginas web que así lo constatan.

Por otra parte, los países con dictaduras no sólo restringen las descargas con respecto a Internet, sino también lo referente a la libre circulación de las ideas. Muestras de ello lo dan las frecuentes noticias que muestran la censura de las autoridades comunistas chinas contra cualquier página contraria al régimen o simpatizante de otros sistemas.

Acorde al papel de los medios de comunicación, es importante destacar el papel de la telefonía móvil con respecto a la movilización popular, no sólo a nivel nacional sino también internacional. El teléfono es la única vía que tienen iraníes, chinos y sirios para mostrar a la comunidad internacional la continua vulneración de sus derechos y el grado represivo que sufren. También cabe destacar el papel de los smartphones en los disturbios de Londres el año pasado, siendo necesario el control de los servidores por parte de la policía para conocer los movimientos de aquellos que usaron la violencia para hacer oír su voz.

No obstante, el papel de las nuevas tecnologías es diferente en cada sociedad, influyendo sobremanera en su desarrollo, pudiendo ser usadas con diferentes grados de responsabilidad. Para entender lo expuesto anteriormente, es necesario comprender que Internet es la mejor vía que tienen los pueblos dictatorialmente sometidos para hacer oír su voz, conocer la realidad de otros países y gozar de libertad de conciencia. Es por ello que Internet sirve de base para poner de acuerdo a las masas, siendo unos pocos los suficientes para transmitir esas ideas democráticas al resto.

Es cierto que en países totalitarios las revoluciones se ganan mediante manifestaciones y lucha en la calle, pero este concepto no es aplicable al desarrollo de la vida política, ciudadana y democrática de los países occidentales, incluyendo por lo tanto a España. Es decir, cabe rechazar cualquier uso de la violencia para lograr cambios en nuestro país, teniendo muy presente la responsabilidad a la hora de usar los medios de comunicación.

Acorde a lo anteriormente dicho, subrayo la irresponsabilidad de ciertos sectores de la izquierda, que alientan la movilización popular y obstaculizan ciertas medidas necesarias; olvidando o pareciendo querer olvidar su culpabilidad en lo que ha provocado la situación en la que estamos. En ningún momento reniego del derecho a manifestarse otorgado por la Constitución, a lo que sí me opongo es a la utilización de esa movilización popular para fines políticos, partidistas e hipócritas.

Lo ideal sería que todas las corrientes ideológicas adquirieran una concepción responsable de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la vida ciudadana; es decir, el rechazo a cualquier clase de manipulación, existiendo ésta en muchos de los ámbitos del desarrollo individual; pudiendo no ser sólo la televisión o la prensa, sino también la Educación convertida en una herramienta del adoctrinamiento.

Ciertas polémicas han estado relacionadas con el control estatal de los medios de comunicación, como por ejemplo la decisión del actual gobierno de purgar la dirección de RTVE, lo cual ha provocado la ácida crítica de la oposición. Pero es aquí donde se aprecia la hipocresía, planteando con ello una serie de cuestiones:

¿Cuándo ha sido independiente RTVE? ¿Lo ha sido alguna vez? ¿No sabe la oposición que el gobierno ha hecho esto basándose en un mecanismo aprobado por el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Olvidan los socialistas su colaboración con el grupo PRISA?

No obstante, mi planteamiento va más lejos, preguntándome si existe alguna posibilidad de obtener información pulcra y no adulterada. Defiendo que las televisiones privadas sean la única manera de encontrar cierta información imparcial y no gubernamental; por lo que apoyo la privatización de las televisiones públicas, en especial las autonómicas, cuyo gasto infinito podría invertirse en otros servicios públicos más necesarios, como la Sanidad y Educación.

Como conclusión, quiero dejar claro que la democracia posibilita una serie de herramientas para su propia mejoría, e incluso para cambiar la vida política y social. Todo lo que conlleve violencia únicamente contribuirá a la degradación de un sistema que tanto esfuerzo costó a generaciones pasadas y personalidades como Adolfo Suárez, el presidente de la Transición.  

La democracia según los sindicatos españoles.

La Huelga General del 29 de marzo se ha celebrado democráticamente acorde al derecho de reivindicar los derechos laborales y defender los intereses de los trabajadores; no obstante, estos intereses parecen no estar en consonancia con los motivos y fines sindicales.

Ha sido una huelga politizada y protagonizada por unos sindicatos que han visto reducidas las subvenciones estatales en un 20%; y claramente alentados por un PSOE que no encaja bien las derrotas electorales. Los sindicatos pierden credibilidad ante el ciudadano bien informado, y es que han actuado como el brazo sindical de cierta izquierda, comportándose como auténticos estómagos agradecidos. En este sentido cabe subrayar la pasividad de los sindicatos ante el anterior gobierno de Zapatero; y su incapacidad de actuar ante la escandalosa cifra de cinco millones de parados.

El comportamiento sindical no se ha correspondido con los valores democráticos inherentes al ejercicio de la huelga; ya que no es lógico inflamar su causa de carácter democrático y reivindicativo y exigir respeto, mientras son incapaces de respetar la libre elección de otros a acudir a sus puestos de trabajo. Es curioso la actitud dictatorial de los líderes sindicales a la hora de escudarse en la supuesta defensa de los derechos laborales, incluso de aquellos que no han acudido a la huelga.

En un artículo anterior me preguntaba cuál sería el comportamiento de los piquetes informativos con respecto a los trabajadores que decidieran acudir a sus puestos de trabajo. Como esperaba, muchos de los que quisieron incorporarse a su jornada laboral se vieron dificultados por los antes mencionados piquetes informativos; que más bien merecen el adjetivo de “coactivos”, siendo buque insignia de ese comportamiento el actor Willy Toledo, denunciado junto a sus camaradas sindicales por destrozar supuestamente el bar de un peruano.

De lo anteriormente expuesto se desprenden imágenes tales como la obstaculización de la entrada de camiones a Merca Madrid; las acciones encaminadas a paralizar el desarrollo de la vida ciudadana; la coacción a pequeños y medianos comerciantes para que cierren sus negocios; y la intolerable acción de colocar silicona a la cerradura de entidades bancarias o pegar pegatinas a los retrovisores de guaguas con vistas a impedir la realización del servicio, entre otras muchas acciones vandálicas.

Los españoles deben ser conscientes de esto e informarse, actuar y opinar desde un punto de vista crítico y objetivo. Todo ello contribuirá a la mejora de nuestra imperfecta democracia, que se ha visto ultrajada por el comportamiento totalitario de los sindicatos; que parecen incapaces de adquirir responsabilidad en el uso de la libertad que les otorga la Constitución de 1978.

Personalmente, secundaré una huelga general cuando sea protagonizada por verdaderos sindicatos cuyo único fin sea la defensa de los derechos laborales; y no movidos por fines ideológicos o políticos.

Hidrocarburos en Canarias

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, anunció hace algunos días la concesión del permiso para la realización de prospecciones petrolíferas en Canarias, las cuales permitirían comprobar la existencia de crudo en la zona y su posible extracción; todo ello a cargo del operador Repsol.

No es un anuncio completamente nuevo, ya que desde 2001 existía el proyecto; siendo cancelado con la llegada socialista al poder en 2004. Las reacciones y diversas opiniones ante este anuncio no se han hecho esperar; desde este artículo he intentando abordar y evaluar de forma imparcial y objetiva cada uno de los pros y los contras.

Según la opinión de algunos, la extracción de petróleo en las costas de Lanzarote y Fuerteventura supondría la destrucción de gran parte de la biosfera española. Además, la adopción de un sistema productivo contrario al modelo turístico adoptado por el archipiélago traería consecuencias nefastas; relacionado todo ello con la pérdida masiva de turistas y la consecuente degradación del medio ambiente.

Tampoco se debe el obviar el riesgo que entraña un escape de combustible, que sin duda alguna traería consecuencias nefastas para las islas; dañando el turismo y el sector pesquero, principal actividad económica de muchos majoreros y conejeros. A pesar de los setenta kilómetros que separan la costa canaria de la posible extracción, nadie niega las catastróficas consecuencias económicas y ecológicas de una posible fuga; temiendo un suceso similar al del vertido de crudo en el Golfo de México, ocurrido el pasado abril de 2010.

Por otra parte, muchos se preguntan dónde irán a parar los beneficios de la posible industria petrolífera canaria. Es justo que parte de las ganancias vayan a las arcas de Repsol, en sintonía con su participación e inversión privada; sin embargo, puede ser dudoso que los beneficios del Estado español, derivados de impuestos y demás formalidades legales, contribuyan al desarrollo de la precaria economía canaria.

Las incógnitas que se plantean son: ¿Canarias merece una percepción mayor de los beneficios? ¿Debería el Gobierno Central destinar la mayor parte de los beneficios al archipiélago? ¿Es éste un planteamiento nacionalista? ¿Crecería la economía canaria con la extracción de crudo? ¿Contribuiría a la destrucción de puestos de trabajo relacionados con el sector terciario?

No obstante, no todo son opiniones negativas; y es que la posible extracción de petróleo en aguas canarias satisfacería un 10% de la demanda española; además, la producción diaria ascendería a 140.000 barriles durante veinte años, suponiendo un ahorro energético de 28.000 millones; lo cual conllevaría la estabilización del tradicional déficit energético español.

Según las palabras del ministro, la actividad económica derivada de la posible extracción de combustible podría complementar el modelo productivo turístico canario; y es que muchos niegan un impacto negativo sobre el turismo. Sobre el papel, la producción del crudo supondría un incentivo para la actividad mecánica industrial; la industria eléctrica; el aprovisionamiento de buques relacionados con la extracción; y un empuje para el comercio, los servicios y la ocupación de hoteles.

Por otra parte, Marruecos ya ha iniciado la búsqueda del oro negro, autorizando prospecciones en su franja territorial. Nuestro vecino no dudará un instante en extraer el crudo si tenemos en cuenta que ningún país se permite el lujo de no explotar esa clase de yacimientos. Llegados a este punto, el debate pierde fuerza y se decanta hacia una de las dos partes; contribuyendo a ello ciertas cuestiones:

¿Está reñida la economía turística con la extracción de combustibles fósiles? ¿Es Dubai o Noruega un buen ejemplo de ello? ¿Una actividad petrolífera supone necesariamente peligro medioambiental? ¿Qué garantías tenemos de que Marruecos será más respetuosa que Repsol con el medio ambiente? ¿Acaso un escape en aguas marroquíes no afectaría a las costas canarias de igual modo? ¿Podemos permitirnos prescindir de semejante actividad económica?

Por otra parte es digno de estudio el comportamiento de la clase política en este asunto; es decir, mientras el Partido Popular se negaba en rotundo a realizar prospecciones petrolíferas en la costa valenciana, nos sorprende su apoyo a las extracciones en Canarias. ¿Qué diferencia hay entre Canarias y Valencia? ¿Por qué en Valencia no y en Canarias sí? ¿Qué intereses son los responsables de este doble rasero?

El Gobierno Canario con Paulino Ribero a la cabeza se niega en rotundo, alegando las desastrosas consecuencias económicas y ecológicas que supone para el archipiélago la puesta en marcha del proyecto. No obstante, para el pensador crítico será fácil averiguar que lo menos que persigue el presidente canario es el bienestar de su región; su objetivo primordial es la obtención de un beneficio personal y dejar claras sus diferencias personales con el señor Soria. Además, los tintes nacionalistas de su política influyen claramente en su rechazo.

Sin embargo, no acaba aquí el escandaloso comportamiento de los políticos; ya que el ministro de Industria, Energía y Turismo fue el mismo que se negó en 2001 a las prospecciones cuando era Vicepresidente del Gobierno canario. Por tanto, ¿Olvidó el señor Soria su negativa de 2001? ¿Olvidar los principios y éticas es una regla general en los políticos?

La Huelga General del 29 de marzo

La respuesta sindical a las agresivas e impopulares medidas del Gobierno de Mariano Rajoy no se han hecho esperar: los sindicatos han convocado una huelga general para el 29 de marzo de 2012, la séptima en la historia de nuestra democracia.

Esta huelga, la segunda que se convoca bajo mandato del Partido Popular, tiene como fin último la marcha atrás de las medidas proyectadas por el Gobierno, siendo la más famosa el abaratamiento del despido. Además, los sindicatos proponen una protesta que se dilate más allá del 29 de marzo; argumentando que los recortes sobre los derechos de los trabajadores españoles son inaceptables y que provocarán más desempleo.

Son muchos los dramas del español de a pie; muestras de ello lo dan la incapacidad para llegar a fin de mes, el aumento de los impuestos, la bajada de sueldos y la incapacidad para hacer frente a préstamos o hipotecas; sin olvidar la dificultad que encuentran millones de jóvenes a la hora de independizarse o encontrar trabajo, independientemente de su experiencia laboral o formación académica.

En contraste, nos encontramos con una casta política incapaz de predicar con el ejemplo; es decir, mientras invitan a la población a realizar esfuerzos y sacrificios para volver a la senda económica y el pleno empleo, mantienen sus astronómicos sueldos y privilegios. Ejemplo de ello lo encontramos en las duplicidades de órganos administrativos que únicamente sirven para colocar “amigos” o la inmunidad que poseen ciertos cargos políticos a la hora de enfrentarse a procesos judiciales.

A nadie se le escapa que el malestar popular es palpable; no obstante, es en este punto donde el pensador crítico y objetivo llega a la conclusión de que el malestar social es un arma de doble filo, utilizado por ciertos grupos con unos intereses partidistas que nada tienen que ver con la búsqueda del bien y estabilidad de la nación española. Con el falso pretexto de las reivindicaciones sociales justifican la puesta en marcha de una serie de acciones violentas que se han dejado notar en las manifestaciones “estudiantiles” y “pacíficas” de Valencia y Madrid.

¿Son suficientes los motivos, y por tanto, está justificada la quema de contenedores, el apedreamiento de entidades bancarias, comercios o delegaciones de gobierno? ¿Verdaderamente esas personas que arrojan piedras contra los escaparates o cortan el tráfico son los más afectados por la crisis? ¿Son simplemente individuos influidos por y para fines políticos?

Sin duda alguna, son muchas las razones que empujan a los ciudadanos a manifestarse; pero bajo ningún concepto debemos permitir la paralización de la vida ciudadana por medio de la violencia. Porque si utilizamos la violencia nuestras reivindicaciones pierden autenticidad y credibilidad; es incoherente reivindicar la mejora de la democracia mientras se agrede a policías o se hace imposible al resto de ciudadanos el desarrollo de sus actividades.

Es digno de estudio el comportamiento de los sindicatos: autoproclamándose defensores de los derechos laborales y salvaguardas de la democracia, salen a la calle tras estar escondidos durante la legislatura de Zapatero. Sus argumentos contra la reforma laboral se basan en la destrucción que ésta supone de la arquitectura social y laboral, prometiendo que la lucha se dilatará más allá del 29 de marzo; sin embargo, esta actitud agresiva y beligerante no tiene nada que ver con la protagonizada durante los últimos años socialistas. Por tanto, se establecen una serie de cuestiones fácilmente contestables:

¿Por qué no defendieron los derechos laborales durante la anterior legislatura? ¿Acaso el ejecutivo de Zapatero defendió los derechos laborales? ¿Es que acaso los recortes en educación y sanidad empezaron con el gobierno conservador? ¿Los cinco millones de parados los ha provocado el Partido Popular en los cuatro meses de gobierno que lleva? ¿Por qué los sindicatos únicamente se manifestaron una vez para protestar contra la política laboral de Zapatero? ¿La reducción de subvenciones en un 20% por parte del Gobierno tendrá algo que ver con el malestar sindical?

Como síntesis de lo anteriormente expuesto cabe destacar la falta de credibilidad que poseen Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, que por méritos propios se han ganado el apelativo de “estómagos agradecidos”.

Verdaderamente, creo que la convocatoria a la huelga general no ayudará a la creación de empleo, ni mucho menos a mejorar la credibilidad e imagen financiera de España en el exterior; que nos guste o no, actúa como referente para las inversiones extranjeras. Por otra parte, queda en el aire el comportamiento “democrático” que tendrán los sindicatos: ¿Sus piquetes “informativos” respetarán la elección de no ir a la huelga de la más que probable mayoría de los españoles?

¿Primavera valenciana?

Ha sacudido la actualidad española la represión por parte de la policía de un grupo de estudiantes valencianos que protestaban sin autorización contra los recortes en Educación; tras los altercados, las cadenas de televisión han mostrado la brutalidad policial contra unos estudiantes que lo único que hacían era defender sus derechos, estableciendo una clara comparativa con la España franquista.

Además, la versión oficial, insiste en que estamos asistiendo a un acto represivo contra una juventud que reacciona frente a los excesos de una clase política corrupta, cuyas herramientas y métodos no son los adecuados para calmar la conflictividad social que vive el país, ni mucho menos para sacar a España de la crisis en la que está inmersa. No niego en ningún momento lo expuesto anteriormente, pero soy consciente de que se utiliza esa clase de acontecimientos con fines políticos, y sobre todo, se adoctrina a una juventud imberbe sujeta a una clase de clichés.

Algunas frases tendenciosas que pasarán a la posteridad serán: “los recortes en Educación empezaron con el PP” o “estando Rajoy en el gobierno el sistema educativo era una ruina”. Debemos tener en cuenta que los recortes empezaron bajo mandato socialista y que el sistema educativo español lleva años siendo pésimo, debido a las numerosas e ineficaces reformas de los sucesivos gobiernos democráticos. Por tanto, no podemos achacar únicamente a la gestión conservadora la precariedad de nuestra Educación, la cual sólo mejorará cuando se haga un gran pacto de Estado y se establezcan claramente cuáles son las prioridades del mismo.

Lo ocurrido está siendo utilizado por grupos políticos con el único fin de desestabilizar al gobierno; el cual justifica la actuación de la policía en base a la violencia de la protesta, reflejada en once policías heridos y numerosos incidentes callejeros, como la destrucción de un escaparate del Corte Inglés y el corte del tráfico. Apelando al espíritu crítico y sacudiendo la aureola de manipulación que rodea el pensamiento popular, se establecen una serie de reflexiones sobre lo ocurrido:

¿Fue la respuesta policial causa de la violencia de los manifestantes? ¿Actuaría la policía con violencia sin haber sido previamente atacada?¿Eran verdaderamente alumnos del IES Luís Vives? ¿Niños de un instituto que imparte clases para menores entre 14 y 17 años no deberían estar estudiando en su casa? ¿Cuántos antisistema hay entre los detenidos? ¿No habrá sido la manifestación la excusa perfecta para jóvenes exaltados? ¿Dónde ha estado esta gente durante los siete años de gobierno zapaterista?

Como última reflexión cabe decir que el pueblo desconocedor de su historia está irremediablemente condenado a repetirla; ojalá no esté en lo cierto pero este convulso ambiente me recuerda a la España de 1936.

Mal empezamos

Finalmente ha ocurrido lo que nos temíamos, el actual gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido una de sus promesas electorales y ha subido los impuestos; junto a otras medidas tales como la subida de las pensiones un 1%, del IRPF (frente a la alternativa del universal IVA), la congelación del sueldo de los funcionarios (la cuarta vez en la Democracia española), la reducción de un 20% en subvenciones a partidos políticos, sindicatos y otros agentes sociales, o la aprobación de la Ley Sinde.

El País afirma que es la mayor subida de impuestos en la historia de la España democrática, un titular tal vez exagerado; no obstante, la subida de impuestos ya estaba vaticinada y es que, según algunos periodistas que podríamos considerar imparciales, era imposible cumplir con las exigencias europeas sin una medida tan impopular.

Rajoy ya lo dijo, tomaría medidas drásticas y duras pero empezamos mal si empieza a incumplir promesas electorales; en el mismo discurso de investidura mantuvo que no subiría los impuestos y que no serían los ciudadanos los que cargarían con todo el peso de la crisis. El presidente del Gobierno se ha escudado en la anterior gestión del ejecutivo de Zapatero, argumentando que los socialistas han dejado una herencia desastrosa y es que el déficit no es del 6% como en un primer momento se pensaba, sino que alcanza la más preocupante cifra del 8%; y este dato es el detonante de que el gobierno tome esta medida.

No pretendo justificar a Mariano Rajoy porque dudo mucho que no se supiera que la subida de impuestos era inevitable; es evidente que en campaña electoral esas verdades incómodas hacen perder votos, por tanto se evitan. Por otra parte, la herencia zapaterista no ayuda, ya que España se encuentra aún peor que cuando Felipe González abandonó La Moncloa.

Como ciudadano raso la subida de impuestos no me parece justa, no es justo que el pueblo pague por una crisis que ha sido provocada por otros. Es una vergüenza que el pueblo deba pagar por ello mientras los dirigentes políticos continúan sin bajar sus astronómicos sueldos, sus pensiones vitalicias y esos privilegios propios de la época medieval. Sigo pensando que actualmente la política es elegir entre dos males, siendo el mal menor el que escogió España el 20 de noviembre de 2011.

España ha hablado

Como anunciaban todas las estadísticas, el PP ha logrado el mejor resultado de su historia (186 escaños) frente al peor PSOE en 30 años de democracia (110 escaños). Aquél que perdió dos veces (2004 y 2008) es ahora presidente del gobierno. Tendrá que hacer frente a los acuciantes problemas que azotan España y que el partido saliente no ha sabido hacer frente. Rajoy tendrá que combatir una crisis económica de escalas bíblicas, luchar contra la mayor tasa de desempleo de Europa y sanear las cuentas públicas del Estado.

El Partido Popular tiene que afrontar muchos otros problemas que no están relacionados con la economía y el empleo, como por ejemplo la vuelta de ETA a la vida parlamentaria, la politízación de la Justicia, el bajo nivel de la Educación o la estructuración de la política exterior.

La trayectoria que llevamos y a la que nos dirigimos ha hecho que el pueblo español hable a favor del cambio, han dado carta blanca a Rajoy para que tome las medidas que estime oportunas, sin la segura oposición del Partido Socialista y partidos menores. Los milagros en política son difíciles pero aún así los españoles han dado un voto de confianza al Partido Popular, el cual no debe eludir la gran responsabilidad que le ha sido asignada. El pueblo español ha hablado y se ha manifestado en las urnas.

Por otra parte mucha gente ve en la obtención de la mayoría absoluta un peligro para la democracia , la pregunta que se plantea es: ¿En tiempos de crisis, en el que se deben tomar decisiones difíciles, es necesario o aconsejable que el partido gobernante sea capaz de sacar adelante las reformas y leyes que el país necesita a través de la mayoría absoluta? ¿Es realmente un problema que el partido entrante acumule tanto poder constitucional?

Es importante subrayar que aún queda mucho camino que recorrer para que España llegue a ser una auténtica democracia, no es un camino fácil pero podemos conseguirlo. Para ello es indispensable que la gente no rechace el derecho a votar que le otorga la Constitución, que la juventud se interese en política y que, en general, la población se vea respaldada por la clase política (sea de la ideología que sean).

Es una mala noticia que la participación haya sido inferior con respecto a la de 2008, refleja el razonable descontento de la población con la clase política. El pueblo tiene que confiar en los políticos, para ello deben ser estos los que den ejemplo desde un primer momento, que sean los que más trabajen y más esfuerzo realicen por el país.

Un ejemplo claro de lo que no se debe hacer se está dando en Cataluña: Artur Mas planea poner en marcha, entre otras cosas, un sistema de copago sanitario, la reducción del salario público y la elevación de las matriculas universitarias. ¿No debería primero el señor Artur Mas suprimir las embajadas nacionalistas catalanas en el resto del mundo? ¿No sería recomendable en primer lugar que el señor Mas rebajase su sueldo y el de los demás miembros del Govern?

El debate electoral y la carrera al 20-N

Primero, me gustaría decir que la puesta en marcha de debates electorales entre los principales partidos de la vida política española es una costumbre que no debemos perder, porque supone la consolidación de nuestro sistema democrático.

 No obstante, hay una serie de cuestiones que merecen ser objeto de debate y es que si se llevaran a cabo lograrían hacer de España un país plenamente democrático. Para mí no hay lugar a dudas, el ganador del debate fue el líder de la oposición Mariano Rajoy, cuya victoria sobre el PSOE vaticinan todas las estadísticas, siendo la peor derrota sufrida por los socialistas, que se hundirían en el Congreso y quedarían muy tocados en sus feudos electorales. La victoria de la derecha sería absoluta en todo el país, a excepción de Cataluña y País Vasco.

Para empezar, la perspectiva desde la que abordo Rubalcaba el debate fue errónea, dando por asegurada la victoria de su contrincante, pareciendo en vez de un debate electoral una sesión de control al gobierno. Al contrario de lo que piensan algunas personas,  Rajoy contestó todas las preguntas que se le plantearon e incluso fue capaz de contraatacar.

Es cierto que Rajoy cometió errores imperdonables, por ejemplo el estar continuamente mirando sus papeles, ¿Es que el líder de la oposición necesita ver los papeles que tiene sobre la mesa para dar el pésame a los familiares del militar español fallecido en Afganistán? ¿No sabe el señor Rajoy que da poca seguridad el estar continuamente guiándose por lo que tiene escrito? ¿No se sabe el líder de la oposición su programa electoral? Puede que lo anteriormente preguntado se deba al miedo que tenía Mariano Rajoy de equivocarse o decir algo incorrecto pero debió de haber estado más seguro y haber transmitido más seguridad.

Por otra parte hay que decir que el PSOE se ha vuelto a retratar una vez más, sin temblarle un solo músculo del rostro al señor Rubalcaba cuando dijo ante cámara una serie de afirmaciones, que cualquiera que lea o se informe un poco sabe de su verdadera naturaleza: “España goza de la mejor posición en Europa de su Historia” o “El gobierno no le ha dado dinero público a los bancos”.

Ciertamente la mayor parte del debate la ocuparon los temas que más preocupan a los españoles, como son el paro y la economía, no obstante eché de menos que se abordaran otros asuntos como por ejemplo el “fin” de ETA, la toma por parte de Bildu de numerosos ayuntamientos vascos o el problema de la corrupción. Con ésto quiero decir que hay otros muchos problemas que no están relacionados con la economía y que España necesita resolver urgentemente.

No quiero acabar el artículo sin incluir una reflexión sobre la clase política de nuestro país, la cual se encuentra claramente en decadencia y es vista con muy malos ojos por una gran parte de la ciudadanía. Ciertamente existen motivos para esta decadencia y es que la clase gobernante española debería plantearse un cambio, una revolución. Necesitamos políticos preparados, con conocimientos de lenguas (es una vergüenza ver al presidente del gobierno con un traductor en las cumbres internacionales), con valores y se comprometan (lo que no está en mi programa no lo llevo a cabo), sin olvidar que deben dar ejemplo a la ciudadanía, demostrando su preocupación por los problemas que azotan a ésta, empezando por bajarse esos astronómicos sueldos.

Todo ésto es necesario para que el pueblo español empiece a implicarse en política, que vean transparencia en los gobernantes, lo cual dará vida y pureza a nuestra todavía joven e imperfecta democracia.

Pido disculpas por no haber publicado ésto antes pero me ha sido imposible.