Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.

La España del siglo XXI, primera parte.

El comienzo del siglo XXI está siendo desalentador, España continúa sumida en una crisis económica agravada por una errónea gestión. Los Gobiernos parecen incapaces de encontrar la fórmula del crecimiento, mientras el paro alcanza cotas elevadas y la pobreza generalizada aumenta. El modelo de convivencia social se tambalea; unión y solidaridad se difuminan mientras sectores ostracistas ocultan sus fracasos mediante falacias. Existe una corrupción institucionalizada, minadora de los pilares democráticos y del Estado de Derecho. Muchos jóvenes abandonan sus estudios, en un contexto donde la cultura brilla por su ausencia y la democracia es desvirtuada.

No obstante, nuestro país ha sufrido peores momentos históricos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En este sentido, aún tenemos el privilegio de pertenecer al hemisferio rico del planeta, nunca antes se habían alcanzado semejantes niveles de alfabetización, renta per cápita y desarrollo. La crisis económica ha deteriorado esta situación, pero corresponde a los españoles asumir el reto que plantea el siglo XXI: la consolidación en esos campos. La nación aceptará ese difícil desafío, que requiere líneas de actuación claras, sin las cuales España está condenada al segundo plano de la escena internacional e incluso queda comprometida su propia existencia.

España necesita una reforma constitucional garantizadora de la separación de poderes, truncada a través de los artículos 122.3, 123.2 y 159.1 de la Constitución. La carta magna actual se adaptó a un marco histórico determinado; el poder y privilegios otorgados a los partidos políticos se ajustan al final del franquismo, asegurando su consolidación frente a un Estado con una experiencia democrática inexistente. Después de treinta y cinco años de democracia algunas prerrogativas políticas carecen de sentido real. Por ello es fundamental actualizar nuestra Constitución, permitiendo que los jueces elijan a los miembros del CGPJ, y velando por la independencia del Tribunal Constitucional, viciado por los intereses del bipartidismo.

Para situarnos entre las primeras democracias mundiales debemos abordar la existencia de España y su supervivencia. En este sentido la ley electoral, igualmente adaptada a un marco histórico caduco, favorece que partidos regionales obtengan una representación mayor que formaciones de ámbito nacional con una cantidad mayor de votantes. Como consecuencia, corrientes ideológicas minoritarias sirven como bisagra para la formación de gobiernos nacionales, existiendo contrapartidas que redundan en perjuicio de los intereses globales. Aunque el Senado se diseñó para la resolución de conflictos territoriales, dicha función la cumple el Congreso desvirtuando las funciones de la cámara alta.

Una de las riquezas de España es la pluralidad, presente durante toda su Historia, cuyo carácter aglutinador empezó a ser discutido por ciertos sectores burgueses a finales del s.XIX. Actualmente el nacionalismo se encuentra en auge favorecido por el diseño territorial del Estado, siendo competencia autonómica materias esenciales como la educación. Se ha permitido durante años que los nacionalistas eduquen varias generaciones de ciudadanos en el odio hacia España, un odio irracional basado en mitos y calumnias. Además, se ha llegado a un punto donde es más fácil culpar al Estado español y ser señor feudal autonómico que asumir responsabilidades políticas y ser referencia para el resto de España.

Evidentemente, necesitamos actualizar nuestra organización territorial. Desconociendo si conviene una mayor descentralización o una centralización, debe ser una reforma que impida la ruptura de España, no entorpezca el desarrollo económico ni favorezca el despilfarro, y mucho menos la corrupción. Además, debe solucionar definitivamente el asunto de la financiación autonómica; en este sentido, si pretendemos que España perdure más allá del siglo XXI debe revisarse la ley electoral, recuperar competencias esenciales y actualizar la organización territorial.

Nacionalismo, el sarampión de la Humanidad

El presidente de la Generalitat y su equipo de Gobierno ignoran que en democracia existen ciertos campos de actuación en los cuales una mayoría parlamentaria no es suficiente, ni menos aún una mayoría absoluta. Existen espacios de libertad en los que las instituciones deben procurar especial protección y respeto. Esto recuerda a un famoso debate que tuvo lugar entre las fuerzas políticas de la Segunda República: la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales.

Por una parte, algunos se oponían a la instauración de un tribunal de esa naturaleza, alegando que la carta magna debía ser defendida mediante la acción política. Por el contrario, desde una perspectiva más coherente, otro sector defendía la necesidad de la existencia de un Tribunal Constitucional que garantizase las libertades y derechos de las minorías y del conjunto de la sociedad al mismo tiempo, impidiendo su vulneración por la mayoría parlamentaria de turno.

Es muy fácil extrapolar esta situación a nuestra España actual, donde una mayoría parlamentaria intenta imponer de forma unilateral la visión de su electorado sobre el resto de la sociedad catalana, y más generalmente sobre la sociedad española. Este nacionalismo autoritario, preludio de una ideología pseudofascista, es uno de los elementos que más daño e inestabilidad pueden causar a nuestra democracia.

Para el nacionalismo sólo existe una visión de Cataluña que debe ser impuesta sobre cualquier otra concepción pluralista de la sociedad, inspirándose al modo fascista en una raza ideal y hermética, ignorando que el origen de muchos catalanes se remonta a los movimientos migratorios procedentes del sur peninsular que ayudaron al desarrollo industrial catalán. Además, este nacionalismo con tintes fascistas, utiliza la acción política para asfixiar a sus contrincantes y perseguir cualquier oposición, obstaculizando la escolarización en castellano y subvencionando ciertos colectivos para que transmitan una visión única de Cataluña, la visión secesionista.

¿Qué hará el Estado catalán con aquellos que quieran seguir siendo españoles? ¿Serán declarados enemigos del Estado y exiliados? ¿Qué hará con aquellos catalanes que quieran escolarizar a sus hijos en castellano? ¿Cómo justificará el Gobierno catalán que tras la independencia Cataluña siga sumida en una profunda crisis económica? ¿Seguirá culpando al diabólico y opresor Estado español?

Muchos reivindican que Cataluña pueda decidir libremente, al margen de la opinión que al resto del país merezca tal trascendental asunto. Valoremos esta opción cuando los defensores de la unidad nacional estén en igualdad de condiciones frente a los separatistas. Esto significa abordar el derecho a decidir cuando en Cataluña se enseñe la Historia de España sin tergiversaciones y alejada del adoctrinamiento educativo nacionalista.

No obstante, comprendo la dificultad que supone enseñar en la escuela vasca, catalana y canaria, una Historia apasionante de España con sus éxitos y sus fracasos. Me pregunto qué ocurriría si se explicase que siempre existió una conciencia de unidad entre los diferentes reino hispánicos, el Regnum Hispaniae; y si se dijese que la unificación del Derecho supuso la entrada de España (y por tanto de Cataluña) en la Modernidad. Es fácil imaginar la indignación nacionalista cuando se desmonten los mitos del expolio, la Guerra de Sucesión y demás tergiversaciones históricas.

El nacionalismo tiene la intención de apuntillar a la debilitada España y hacerse amo y señor de Cataluña utilizando los volátiles sentimientos. Los catalanes deben entender que el enemigo no es España, sino la división orquestada por cierta casta política que no sabe cómo maquillar sus fracasos, corruptelas y despropósitos.

En un contexto de decadencia institucional, política, económica y social, la única posibilidad de que España sobreviva pasa por la creación de un ambicioso proyecto nacional que renueve el pacto constitucional de 1978 y en el que todos sumemos. En ese renovado proyecto es imprescindible que a las instituciones no les tiemble la mano a la hora de asegurar el papel de la Constitución como norma jurídica suprema.  

Regeneración democrática y nacionalismo

Actualmente no sólo se cuestiona la existencia de España por parte de sectores nacionalistas, sino que también se encuentra en crisis la estructura política que trajo consigo la Constitución de 1978, no sólo con respecto a las autonomías, sino también con respecto a la Ley de partidos y el sistema electoral. Son estos dos aspectos concretos los que más inciden en la desconfianza ciudadana y en la decadencia de la España democrática y estable que intentamos construir.

Por una parte, la Ley de partidos ha tenido como consecuencia el excesivo aglutinamiento de poder por parte de las directivas de las formaciones políticas, las cuales anteponen sus intereses partidistas al bienestar e interés ciudadano. La máxima expresión de este despropósito son las listas plurinominales de origen cerrado y selectivo, en las cuales la promoción política no está basada en dotes de liderazgo, experiencia o profesionalidad, sino en la fidelidad que el individuo esté dispuesto a jurar a la directiva de turno.

En un mismo sentido y dejando al margen el excesivo control de las direcciones, el sistema electoral favorece con un plus de representatividad aquellos partidos de ámbito regional que convierten la cámara nacional en el lugar de resolución de conflictos territoriales. Esta disfunción entre la teoría constitucional y el funcionamiento real del sistema trae consigo el sinsentido de la existencia del Senado, auténtica cámara de representación territorial reconocida por el artículo 69 de la Constitución, siendo prácticamente un órgano desvirtuado y residual.

En definitiva, los partidos nacionalistas condicionan la actividad de la cámara representativa del interés nacional, actuando como "partidos bisagra" a la hora de otorgar la confianza parlamentaria a los gobiernos nacionales cuando estos no poseen una mayoría suficiente. Tal y como se desarrolla nuestro sistema, partidos de ámbito nacional como Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia tienen muchísima menos representación parlamentaria que Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria, a pesar de haber conseguido muchísimos más votos.

Varias reformas son requisitos indispensables para volver a recuperar la confianza ciudadana en la democracia y para una mayor participación en la vida pública: cambios en la ley de partidos y mayor transparencia en los ingresos y gestión del gasto; suspensión del sistema D´Hont, transformación del Congreso de los Diputados en auténtica cámara de proyección nacional y la imprescindible reforma del régimen autonómico, comenzando por la devolución al Estado de competencias esenciales como la Educación o la Sanidad.

Estas ambiciosas reformas hacen indispensable una compleja reforma de la Constitución que probablemente ciertos partidos políticos bloquearán de acuerdo a intereses sectarios, pero que la mayor parte de la población apoyará, siendo una cuestión que trasciende el mero término de la "mayoría absoluta".

Finalmente, en un ámbito mucho más específico, expreso mi repulsa frente a la maquiavelista estrategia política del señor Artur Mas, quien enmascara su pésima gestión económica con el debate soberanista; un debate que se le ha escapado de las manos y ha acabado atropellándolo  Su torpeza ha propiciado una de las situaciones más complejas de la Cataluña reciente: la formación de un gobierno estable depende de una izquierda (Izquierda Republicana de Cataluña) que rechaza frontalmente la política de recortes del presidente de la Generalitat.

Todo ello, unido a la desconfianza que genera la galopante corrupción y las excesivas subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal hacen que nuestra democracia, y por tanto la idea de España, se tambalee. ¿Podrá España ocupar el lugar que le corresponde entre las primeras democracias mundiales? ¿Seremos capaces de emprender las reformas necesarias? ¿Sobrevivirá España al desafío secesionista?