El Brexit y los referéndums

El 52% de los electores británicos ha decidido que su país debe abandonar la UE, continuando su camino en solitario. Lo que comenzó como herramienta de presión para renegociar la posición británica, ha terminado como un paso atrás en el proceso de integración europeo. El movimiento euroescéptico no ha logrado un resultado semejante en ningún otro Estado de la Unión. Dado el resultado del referéndum, el Reino Unido debe abandonar la organización internacional que más ha avanzado a nivel mundial en la integración política, económica y social de sus miembros.

Los argumentos esgrimidos a favor del Brexit, tales como la recuperación de la soberanía nacional, el control de los flujos migratorios o el propio ego británico, son los que han triunfado. Por otra parte, los argumentos de la solidaridad entre los Estados Miembros y las ventajas y beneficios económicos reportados por la Unión no han logrado convencer a la mayoría de los británicos. Las instituciones europeas han aceptado democráticamente el resultado y han manifestado que las negociaciones formales para la completa desconexión del Reino Unido deben comenzar lo antes posible.

Durante el tiempo que duren las negociaciones se mantendrá el statu quo de los ciudadanos europeos en Gran Bretaña, y a la inversa. Pero es una realidad que cuando el proceso termine, las libertades fundamentales de libre circulación de personas y bienes y servicios quedarán restringidas. Los productos británicos serán más competitivos debido a la previsible caída de la libra, pero esto también provocará que los ciudadanos tengan menor poder adquisitivo. El comercio entre el continente y la isla volverá a sufrir aranceles y aduanas, dificultando el intercambio comercial y el progreso económico. Además, las inversiones extranjeras en el país caerán previsiblemente por la enorme inseguridad jurídica que se avecina.

Las negociaciones conducirán a un acuerdo entre el Reino Unido y la UE, o en su defecto y según la materia, con cada uno de los Estados Miembros, para reconfigurar la situación del primero en el marco europeo. Los acuerdos que se alcancen probablemente mantendrán algún tipo de cooperación y facilidades económico-comerciales, pero en ningún caso podrán alcanzarse los niveles de integración de los que actualmente disfruta el país anglosajón.

El resultado ha provocado la dimisión de David Cameron. Dimisión lógica, pues no es posible que el primer ministro que ha hecho campaña a favor del remain lidere a su país en el proceso de desconexión, pues supondría gobernar contra conciencia. Cameron se ha suicidado políticamente y ha devuelto a su país al s.XIX. Su estrategia ha fracasado estrepitosamente; pensaba que el referéndum como medio de presión permitiría a Gran Bretaña negociar de manera reforzada, y sin embargo ha provocado su salida de la UE. El primer ministro británico, ante las presiones de sus colegas euroescépticos de partido, ha antepuesto su silla al futuro de los británicos.

Cameron ha sumido a su país en una profunda crisis de consecuencias desconocidas. Ha dividido la sociedad británica en bandos y ha dado el primer paso para la desintegración de su país. El hecho de que Escocia e Irlanda del Norte hayan votado por el remain, ha dado aliento a los independentistas de ambas regiones, quienes reclaman un nuevo referéndum sobre su independencia; o como mínimo, la manutención de sus vínculos con la Unión. En cualquier caso, es necesario debatir sobre dos cuestiones fundamentales: cómo entender la democracia y la validez de su manifestación más directa, el referéndum.

No es prudente confiar cualquier tipo de asunto al referéndum, pues existen cuestiones trascendentales y técnicamente complejas que no pueden decidirse de manera tan simple. La democracia directa es difícilmente practicable, y cuanto menos, este tipo de decisiones requieren una mayoría reforzada. La salida de Gran Bretaña no puede decidirse únicamente por el 52% del electorado, pues constituye una mayoría volátil que puede convertirse en minoría en pocos años, dado que los jóvenes han votado masivamente por permanecer en la Unión.

Como conclusión, los británicos deben prepararse e iniciar el proceso formal de desconexión. Reino Unido sobrevivirá porque es una gran nación, pero se avecinan tiempos turbulentos e inestables. También es tiempo de reflexión para los defensores de la Unión, pues ha quedado demostrado que el proceso de integración europeo no es irreversible, y que todavía queda mucho camino que recorrer para conseguir la completa integración.

Estado Islámico y libertad de expresión

El Estado Islámico controla extensos territorios de Siria e Irak, donde la guerra fratricida y debilidad estatal han posibilitado su consolidación. Los islamistas han logrado adueñarse de Mosul y Palmira, situándose a las puertas de Bagdad. Su estilo sanguinario y la debilidad de los ejércitos sirio e iraquí han contribuido a su éxito militar, permitiéndole apoderarse de vehículos militares y armamento de variada consideración. Además, este grupo no constituye una simple turba terrorista, sino que ha conseguido organizarse como un verdadero Estado.

El IS siembra el terror en los territorios que controla, aplicando de la manera más rigurosa y radical la ley islámica, perpetrando atrocidades contra su propia población y descargando cruelmente su odio contra los occidentales que caen en sus manos: mutilaciones, martirios, crucifixiones y decapitaciones por realizar cualquier actividad contraria a los preceptos del Corán. En este sentido, toda su puesta en escena y actuación está impregnada de simbología, utilizando las propias técnicas audiovisuales occidentales para infundir terror.

Los islamistas no se conforman con controlar territorio sirio e iraquí, sino que pretenden dominar Europa, contando para ello con fieles combatientes dispuestos a dar la vida dentro de nuestras fronteras. Combatientes que, adoctrinados en la fe radical islámica, esperan el momento oportuno para atentar. Un claro ejemplo de esta disposición fue el ataque a la revista Charlie Hebdó, amenazada en múltiples ocasiones por las publicaciones de Mahoma en actitud indecorosa. La respuesta al atentado no se hizo esperar, Occidente condenó el ataque y la frase “Je suis Charlie Hebdó” se convirtió en bandera de la libertad de expresión.

Sin embargo, la libertad de expresión no ampara el menoscabo de la dignidad ni el simple insulto. Al contrario, es un derecho limitado y no absoluto, y por tanto es discutible que las viñetas satíricas de Mahoma estén amparadas por la libertad de expresión. La mentalidad errónea que sustenta la frase “Je suis Charlie Hebdó” es fruto de concebir los derechos como simples y absolutas facultades de disposición, donde el propietario puede enajenar e incluso destruir su propiedad. La consecuencia de entender la propiedad como paradigma y modelo de los demás derechos pasa por entender que no existen diferencias cualitativas entre ellos, priorizándose el interés propio en detrimento de los demás. En este sentido, el ejercicio de los derechos no tendrá más límites que los voluntariamente reconocidos por su titular.

Occidente debe concienciarse sobre la amenaza del radicalismo, lo cual exige medidas concretas como la vigilancia de individuos radicalizados provenientes de zonas de conflicto y el control de flujos migratorios de determinados países. Respecto a la web y redes sociales, herramientas de captación y reclutamiento, el Estado debe reforzar el control sobre aquellas webs promotoras de la yihad. No obstante, dichas intervenciones podrían plantear problemas de constitucionalidad y recrudecer el debate sobre los límites de la intervención pública en la web y libertad de circulación ciudadana. Estas actuaciones podrían ser viables si son proporcionadas y respetan las garantías esenciales salvaguardadas por los tribunales.

Por último, debe lograrse la plena integración de los musulmanes no radicales y respaldar a los moderados en sus respectivos países. Además, deben promoverse acuerdos de reciprocidad que permitan a los occidentales practicar el culto libremente en esos países. Si Europa quiere vencer al terrorismo islámico debe recuperar su identidad y construir un proyecto alejado de la dictadura totalitaria del relativismo, reencontrándose consigo misma.

Conflicto palestino-israelí y la legítima defensa.

La comunidad internacional ha sido testigo del último episodio de violencia y guerra en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Este capítulo conforma un contexto más amplio que se remonta hasta la creación del Estado hebreo tras la Segunda Guerra Mundial. Abordar el conflicto requiere esfuerzo intelectual y memoria histórica, acompañado necesariamente de cierta dosis de impermeabilidad frente al sensacionalismo y discursos tendenciosos.

El debate debe centrarse en ciertos puntos clave de gran repercusión jurídica: el derecho de legítima defensa, la necesidad y la proporcionalidad en la respuesta. El Estado hebreo debe responder a los ataques que los milicianos palestinos lanzan sobre su territorio, desde misiles capaces de alcanzar cualquier zona del territorio israelí hasta túneles subterráneos que facilitan la infiltración de terroristas. Llegados a este punto, el hecho de contar con escudos antimisiles en las zonas más pobladas no suprime el derecho de legítima defensa, ni justifica que la población hebrea esté expuesta a ser atacada en cualquier momento.

El derecho internacional permite a Israel defenderse, pues Hamás ha atacado primero y roto unilateralmente varias treguas humanitarias. Tras los bombardeos de Israel no existe una intencionalidad genocida desde que ordena el desplazamiento de la población y la evacuación de las zonas objeto de bombardeo para reducir las bajas civiles. Tampoco debe ignorarse que la matanza de civiles beneficia a Hamás, pues agitando el avispero de odio contra Occidente consigue adeptos a su causa. Los terroristas sitúan a los civiles en el conflicto, distribuyendo armamento y logística en lugares de vital importancia como escuelas, hospitales y viviendas.

La proporcionalidad es un principio trascendental en el derecho internacional por el cual la legítima defensa debe ceñirse a una respuesta equilibrada. Esta visión es apoyada por la mayoría de la doctrina jurídica, existiendo sectores que reivindican la no necesaria proporcionalidad. En este caso resulta evidente que la defensa no ha sido proporcional, pues mientras los misiles palestinos rara vez alcanzan sus objetivos gracias a los sistemas de defensa, Israel logra dar en el blanco con una precisión absoluta. Mientras los terroristas poseen cohetes M-302 y milicia armada, los israelíes disponen de tecnología puntera en cazas, drones, fragatas y ejército regular que ha dejado más de 2000 muertos y 6000 heridos, la mayoría civiles.

Las autoridades israelíes deben reflexionar sobre estas operaciones, plantear si la desaparición del terrorismo y el riesgo de un ataque en territorio israelí puede hacerse a cualquier precio. En coherencia con lo anterior, también debería abordarse el régimen de bloqueo que recae sobre la franja de Gaza. En cualquier caso, en este conflicto se han violando de manera sistemática los convenios internacionales reguladores de la guerra y el derecho humanitario. Estos casos deben denunciarse y exigir responsabilidades.
 
El conflicto palestino israelí es demasiado complejo y no existe solución a corto plazo. La eventual creación de un Estado palestino se encuentra en el centro del debate aunque Gaza y Cisjordania no cuenten con un líder común, pues los terroristas de Hamás elegidos por su propio pueblo dirigen la franja con puño de hierro. Tal vez debería retirarse esta propuesta, o cuanto menos considerar las consecuencias de la creación de un Estado terrorista. No obstante, Palestina rechazó en su momento la creación de un Estado propio por discrepancias con las fronteras propuestas por la ONU.

Israel tiene derecho a defenderse, hacer desaparecer los túneles que se adentran en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es seguro que lo anterior pueda conseguirse a cualquier precio, pero los hebreos no son los únicos responsables de las muertes de civiles: Hamás tiene las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo. La muerte de civiles inocentes es algo imposible de aceptar y debería remorder su conciencia.

Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (I)

El anteproyecto de la futura ley del aborto ha provocado la protesta de toda la izquierda. Desde ciertos medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales se ataca una ley que durará el tiempo que los conservadores permanezcan en el poder. El PSOE, haciendo gala de violenta prosa, ha movilizado a su base social tan pronto como tuvo conocimiento de la noticia, clamando venganza a través de su vicesecretaria Elena Valenciano: “tenemos que hacer que paguen por ello”. Las críticas han sido contundentes, esgrimiéndose toda clase de argumentos, algunos dignos de reflexión y otros carentes de apoyatura intelectual vertidos por la izquierda más radical.

La futura ley modificará la legislación vigente bajo la rúbrica de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer. La reforma devuelve a una legislación de supuestos tasados de manera similar a la ley de 1985, aunque más restringida. Sólo se contemplan dos supuestos para poder realizar el aborto: en caso de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. En cuanto al primer supuesto, el hecho debe estar denunciado, existiendo un plazo máximo de 12 semanas para realizar la intervención. Respecto al segundo supuesto, debe estar acreditado el peligro por al menos dos informes médicos, realizados por sanitarios diferentes a los que practiquen el aborto y que trabajen en diferente centro. Todo ello en un plazo de 22 semanas. En cualquier caso, es necesario que el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico y que de lo contrario, se provoque un menoscabo no necesariamente irreversible pero sí importante y duradero.

A diferencia de la ley socialista de 1985, el supuesto de malformaciones ha sido suprimido, aunque se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo en tal caso cuando esa malformación sea incompatible con la vida y genere un peligro psíquico para la vida de la mujer, en cuyo caso se realizarán dos informes: uno relativo a la mujer y otro referente al nasciturus. Por otra parte, Gallardón manifestó que no habría respuesta penal para la mujer que consintiera un aborto fuera de los supuestos previstos, puesto que “la mujer nunca es culpable sino víctima”. No obstante, sí responderán penalmente los médicos que se aparten de lo legalmente previsto. En cuanto a las menores de edad, necesitarán el consentimiento de sus padres en sintonía con la Ley de Autonomía del Paciente.

Los detractores del anteproyecto denuncian la imposición de determinada moral religiosa, argumentando que impondrá obligatoriamente la maternidad a las mujeres, estando presente la presión de la Iglesia Católica. No obstante, los críticos parecen ignorar que la ley nunca es amoral, siempre toma partido respecto al modelo de sociedad que se trata de alcanzar. La izquierda cree que es la única legitimada para legislar en asuntos de especial trascendencia social, partiendo de una supuesta superioridad moral del progresismo, ante la cual la derecha debe abstenerse de configurar la práctica social. Este planteamiento es erróneo, el Gobierno conservador no hace algo distinto a lo que hicieran los socialistas al aprobar la Ley del Matrimonio Homosexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o las diversas leyes educativas. Es decir, legislar conforme a su identidad ideológica.

Los detractores del anteproyecto plantean que el mismo supone un retroceso social, llevando consigo un recorte de los derechos alcanzados por las mujeres. Según esta lógica, el Gobierno en su caracterización retrograda, invade espacios de intimidad, libertad y autonomía que son inviolables, siendo la máxima de este razonamiento la frase: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Es cierto que el TS norteamericano, no sin polémica, ha incluido el aborto dentro del derecho a la intimidad y la autonomía, extendiendo esta consideración al aborto; este criterio también ha sido seguido por el TEDH. No obstante, estamos ante planteamientos erróneos, puesto que lo no penalmente prohibido no supone necesariamente la existencia de un derecho, existen conductas que a pesar de no estar perseguidas por el ordenamiento no se convierten en derechos subjetivos.

De nuestra Constitución tampoco se desprende un derecho fundamental a abortar. En este sentido, rebatiendo los razonamientos del TS norteamericano y haciendo un símil, el derecho a la intimidad no ampara vender un riñón por el simple hecho de que esa acción incumba únicamente al sujeto. Tampoco es cierto que la decisión del aborto recaiga exclusivamente en la mujer por ser la única afectada, puesto que también deben tenerse en cuenta los sentimientos de la otra persona que ha contribuido a la concepción; y por último, como afirmara el TC español, desde el momento de la gestación existe un tertium diferente de la madre que debe ser protegido.

La cuestión gibraltareña

Para abordar el asunto gibraltareño debemos retroceder hasta sus orígenes históricos, lo cual nos hará comprender perfectamente el dolor que produce en España la posesión británica de la Roca. Todo comienza con la Guerra de Sucesión española a principios del siglo XVIII, cuando el último monarca Habsburgo, falleciendo sin descendencia, entregó la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. El temor a la ruptura del equilibrio continental debido a una posible alianza entre franceses y españoles, con la consecuente hegemonía franco-española en Europa, llevó a Inglaterra y otros países a proponer un candidato alternativo: el archiduque Carlos.

Estas circunstancias condujeron al estallido de una nueva guerra y la división civil española. El desenlace del conflicto supuso para España algo más que pérdidas territoriales y la extinción de su hegemonía en Europa; significó la completa implantación de la Monarquía absolutista. En este sentido, si bien Felipe V respetó los fueros vascos, la Corona de Aragón perdió la mínima autonomía que le quedaba, pasando a reformarse al estilo francés la organización territorial. En otras palabras, Felipe V impuso un control centralista del Estado, tal y como Olivares recomendó a Felipe IV en 1624. En definitiva, las instituciones aragonesas de control del poder real fueron liquidadas por los Decretos de Nueva Planta.

En estas líneas nos hemos limitado a realizar un análisis histórico-jurídico de lo que supuso la llegada de los Borbones a España; pero lamentablemente, son muchos los análisis subjetivos que se hacen de esta etapa de nuestra Historia, convirtiendo algunos episodios en baluartes nacionalistas. Un ejemplo puede ser Rafael Casanova y la Diada, quienes en ningún momento estuvieron vinculados con el independentismo, sino con la visión particular que cada bando tenía sobre la España de aquella época.

Retomando el asunto meramente territorial, las tropas anglo-holandesas tomando posiciones en la guerra civil en nombre del archiduque, ocuparon Gibraltar, y en contra de lo que debiera esperarse, el Peñón fue tomado en nombre del monarca inglés. Este acto contrariaba cualquier norma moral o de caballería, puesto que España no se encontraba propiamente en guerra con la Gran Bretaña, ni debe olvidarse que esta nación únicamente tomaba partido en una guerra civil. Dicho punto de vista no es parcial, puesto que han sido muchas las voces británicas ilustres que han condenado este episodio, como Sir Robert Gardiner, John Bright, William Atkinson, Holliday Sutherland y Arnold Toynbee.

Dicha situación fue ratificada posteriormente en el Tratado de Utrecht de 1715, donde se reconocía a Felipe de Anjou como rey de España a cambio de ciertas condiciones, como la imposibilidad de que España y Francia estuvieran bajo el mismo trono y la pérdida de algunos territorios como Gibraltar. La situación de la colonia era bastante precaria, ya que estaba incomunicada del resto del territorio español, contando únicamente con la fortaleza y las aguas del puerto, sin ningún tipo de aguas jurisdiccionales. A partir de ese momento, la supervivencia de la colonia ha estado basada en actividades fraudulentas; debiendo añadirse la desobediencia continua al tratado y las leyes por parte de las autoridades del Peñón, quienes favorecidos por ciertos acontecimientos históricos aprovecharon para extenderse territorialmente.

Desde el s.XVIII los intentos de recuperar la posesión de la plaza fueron continuos, quedando abierta una herida que sigue sin cicatrizar. A lo largo del s.XX se lograron algunos avances considerables como la inclusión de Gibraltar por parte de la ONU en la lista de territorios a descolonizar. En pleno s.XXI, el derecho internacional y las leyes amparan las pretensiones españolas, siendo muestra de ello la sentencia del TJUE relativa a las aguas jurisdiccionales. Por otra parte, esquivando la cuestión de la soberanía y el patriotismo, al cual se atribuye erróneamente la razón de denunciar una injusticia, es obvio que Gibraltar infringe las leyes, siendo menester sancionar los atropellos de acuerdo a la legalidad.

El lanzamiento de hormigón al mar y el acoso a pescadores andaluces no es un plan preestablecido del Gobierno español, cuyas acertadas respuestas en este asunto deben ser respaldadas por la ciudadanía y la oposición. Picardo, en la engañosa seguridad del cacique, ha subestimado a los conservadores, creyendo que continuarían la línea de aceptación de hechos consumados de los últimos años. El líder gibraltareño pensó que el Gobierno de España seguía siendo partidario de la inclusión de la Roca, sin voz ni voto y cuya política exterior depende del Reino Unido, en las negociaciones. Afortunadamente, atrás quedan las torpezas de Moratinos y compañía, para quienes España era un “concepto discutido y discutible”.

Si nos ajustamos a lo dispuesto en el propio tratado de Utrecht, no se contempla la autonomía ni la independencia de la colonia, sino únicamente se expresa la preferencia del Reino de España en caso de enajenación del territorio por parte del Reino Unido. Por lo tanto, no cabe otra solución al conflicto que no sea la devolución del territorio a manos españolas. Mientras eso no ocurra, deben dejarse claras las intenciones españolas, procurando que la alternancia en el poder no suponga un giro de la política exterior respecto a Gibraltar. Todo ello transmitirá una imagen de seguridad a la comunidad internacional, frenando el deterioro de nuestra maltrecha reputación.

Por último, conviene mencionar ciertos intereses económicos perversos que reinan en la colonia británica, constituyendo el principal escollo para la devolución. Debe denunciarse su papel como paraíso fiscal y las prácticas irregulares que acoge; en este sentido, España debe perseguir el fraude, el engaño de las sociedades fantasma, cumplir las leyes y no recular bajo ningún concepto en sus exigencias.

"Los Miserables", de Víctor Hugo

Este artículo nace como reflexión sobre el contenido de cierta novela publicada en 1862 bajo el título de
“Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo. Cualquiera ha oído mencionar este escritor y la gran altura intelectual de sus obras; quien haya profundizado en su figura habrá comprobado su vocación política y las consecuencias derivadas de su compromiso ideológico, como el exilio. Definitivamente, Víctor Hugo fue un destacado intelectual del siglo XIX y uno de los personajes más ilustres de la Historia contemporánea de Francia y Occidente.

Todos le atribuyen elogios sin ni tan siquiera haber leído previamente cualquiera de sus obras. Sin embargo, tras la lectura de “Los Miserables” lo expuesto anteriormente no varía un ápice; de hecho, las virtudes expuestas son incapaces de abarcar en su totalidad la grandeza del autor y su obra. Existe un antes y un después tras la lectura de esta novela; quien considere la literatura un goce aprenderá lecciones vitales, emprenderá una revisión interna que le llevará a crecer intelectual y espiritualmente. En todos los sentidos, esta obra de arte constituye un gran alimento para el alma inquieta que busca respuestas en el torbellino de la realidad, bajo la incorruptibilidad y coherencia de los principios.

“Los Miserables” constituye un monumento de reflexión filosófica, política y religiosa. Para un ser humano ávido de conocimiento y debate, esta novela representa una explosión de crítica hacia los hombres, los sistemas políticos y las leyes; y de denuncia hacia la hipocresía e incoherencia social. Interiorizar esta obra literaria permite al lector detener el tiempo en el dinamismo y vorágine social, fijar la vista en los más desfavorecidos y encontrar un amplio abanico de personajes: héroes, villanos y mártires. Además, cada capítulo se encuentra plagado de reflexiones que permiten navegar en el océano de los sentimientos más sublimes.

Víctor Hugo sitúa al lector en el contexto histórico del momento, impartiendo una magistral clase de Historia contemporánea y mostrando los defectos de la primera formulación del Estado liberal, testigo de la agonía del absolutismo. Durante el s.XVIII la monarquía absolutista frenó el avance del comercio y la economía; la seguridad que proporcionaba frente al feudalismo había pasado a mejor vida. Además, las aspiraciones de la burguesía pujante confrontaron con los estrictos controles y requisas estatales. La Ilustración y los precedentes históricos, combinados con el malestar social y la estrategia burguesa, constituyeron el caldo de cultivo para las dos grandes revoluciones del s.XVIII.

En un primer momento, los derechos y libertades eran efectivos únicamente para cierta minoría privilegiada, siendo muestra de ello el sufragio censitario. La Constitución representaba un mero marco político, de carácter programático y vulnerable a reformas arbitrarias, debido a la inexistencia de mecanismos jurídicos de aplicación y estabilidad temporal. Víctor Hugo recoge las demandas de la clase media y popular, ilustra de forma sublime el camino a seguir para la consecución del Estado social y democrático. En su línea visionaria, el escritor demanda un Estado más comprometido con los desfavorecidos, que proteja a aquellos pilluelos huérfanos de París y garante de unas condiciones dignas para los obreros.

Ese modelo de convivencia tan sólo aparecerá como fruto de la evolución del Estado liberal, presionado por las demandas de la clase media y el movimiento obrero, siendo grandes rivales ideológicos el fascismo y el socialismo. Será después de las dos conflagraciones mundiales cuando las Constituciones adquirirán auténtico carácter vinculante y asegurarán la existencia del Estado democrático y social, donde se lucha frente a las desgarradoras escenas que Víctor Hugo describe. También merece la pena mencionar su discurso en la Conferencia de la Paz de 1849 en París, donde el intelectual apuesta por la unidad de Europa consagrándose como precursor de la Unión Europea.

La persecución del policía Javert sobre Juan Valjean representa uno de los debates más prolíficos del Derecho, y es la no necesaria coincidencia entre legalidad y justicia. Víctor Hugo muestra que el cumplimiento de la ley no siempre es sinónimo de justicia, que la obediencia ciega a los códigos obviando principios morales puede conducir a excesos. La situación filosófico-jurídica francesa del s.XIX es reflejada perfectamente, predominando el tenor literal de los textos legales y la prohibición de cualquier clase de interpretación judicial. En definitiva, intentar evitar la arbitrariedad condujo a la obediencia ciega de la ley y al olvido del derecho natural, error que permitió al Estado nazi cometer los excesos del Holocausto amparándose en la ley.

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el Estado democrático no es definitivo, es susceptible de sufrir retrocesos, siendo por ello un continuo aprendizaje. En esta línea, los ciudadanos deben ser críticos con la actuación de sus representantes, concienciarse sobre la importancia de su voto y el sacrificio que ha supuesto alcanzar la democracia.

La reforma educativa

Vivimos en un momento histórico donde la educación es obligatoria y gratuita hasta determinada edad; atrás quedan épocas donde tan sólo un grupo de privilegiados accedían a la enseñanza. Además, España se encuentra entre los países que disponen de una red de ayudas y becas, a pesar del contexto económico y los recortes. No obstante, ciertos sectores preocupados únicamente por la educación cuando pierden el poder, han criticado duramente la reforma educativa y el decreto sobre becas.

La educación española es mejorable según los informes PISA y de la OCDE; a través de estos documentos quedan desmontados los mitos que rodean el sistema educativo. Es falso que España invierta poco en comparación con sus vecinos europeos; de hecho, el gasto por alumno y otros indicadores se encuentran en la media continental. La educación ha sufrido recortes, pero también es cierto que los resultados siguen siendo pésimos en épocas de bonanza y con una inversión mayor. Por lo tanto, existe un problema de fondo: el fracaso escolar no es una cuestión económica, sino de proyecto educativo. Corregir los defectos de una educación financiada correctamente, de pésimos resultados y que desincentiva al alumnado es el mayor reto al que se enfrenta la España del siglo XXI.

El fracaso educativo español tiene unos orígenes claros. En primer lugar, no existe un proyecto global, dado que las Comunidades Autónomas desarrollan la legislación educativa a su antojo; en segundo lugar, la enseñanza es inestable, asentándose en un dinamismo perpetuo donde es concebida como fruto de la tendencia política del ministro de turno. En tercer lugar, es imposible lograr buenos resultados donde equidad e igualdad se confunden con mediocridad, y la excelencia es impropia, en un intento deliberado de igualar hacia el mínimo a todos los estudiantes. Y en cuarto lugar, es difícil alcanzar la excelencia donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y el profesorado está excesivamente politizado.

Las reformas propuestas por el ministro Wert se engloban en la costumbre española de concebir la educación como un asunto dependiente de la alternancia política; no obstante, suponen un claro avance abordando cuestiones relevantes. Con ciertos matices, es conveniente instaurar de forma activa la religión en las aulas, dado que los valores del cristianismo han contribuido de forma decisiva a la formación de la cultura europea, constituyendo junto a la filosofía griega y el derecho romano los pilares de Occidente. Alejándonos del debate sobre sotanas y catecismo, es positivo inculcar unos principios que se elevan sobre ideologías, sirviendo para conocer nuestras raíces y combatir el simplismo y la demagogia dominantes.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa también aborda una cuestión relevante: el elevado excedente universitario y la masificación de las aulas, frente a una Formación Profesional desmerecida y despreciada, a pesar de ofrecer grandes posibilidades. Nos encontramos ante un dogma sociológico inexistente en el resto de Europa, según el cual cuando se finaliza la educación secundaria lo más sensato es emprender una carrera universitaria, sin plantearse previamente otras alternativas. El resultado de esta inercia social es la elección arbitraria de estudios, la desmotivación y el consiguiente abandono.

Por otra parte, las becas no deben ser entendidas como limosna y requieren de la necesaria correspondencia del alumno. Son muchas las críticas dirigidas contra José Ignacio Wert, pero éstas se derrumban cuando planteamos qué clase de educación queremos. Si pretendemos lograr una enseñanza y alumnos mediocres, continuemos tomando el cinco como punto de partida; por el contrario, si el objetivo es la excelencia, aumentar el rendimiento y no malgastar recursos públicos, barajemos la posibilidad de elevar la nota necesaria para acceder a una beca, promovamos el esfuerzo y la dedicación.

La oposición cree que los más humildes serán expulsados del sistema mientras los ricos, aunque tengan un rendimiento escaso, podrán permitirse el pago de una matrícula. Además, el impulso de la religión y la subvención a centros que segregan por sexo son medidas retrógradas según Rubalcaba, quien tacha al Gobierno de reaccionario mientras las universidades públicas están dominadas por una izquierda intolerante, populista y alejada de sus principios originales. Todo ello constituyen cortinas de humo que intentan ocultar el nefasto resultado de los planes educativos socialistas.

El éxito académico depende de la capacidad de sacrificio y no de la capacidad económica; acceder a la universidad no significa alcanzar intelecto, sabiduría o espíritu crítico, puesto que deben estar precedidos por la dedicación y el esfuerzo. Finalmente, debemos apostar por una educación de calidad, exigente y accesible a todos, entendida como asunto de Estado y promotora del espíritu crítico, lo cual significa cuestionar el monopolio de la razón y la intelectualidad arrogada por la izquierda durante tanto tiempo.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (II)

El plano jurídico debe ser complementado con el ámbito ético y moral. En este sentido, el debate no sólo reside en si apostamos por el derecho a la vida o en si negamos derechos inalienables a la criatura concebida, sino también a principios elementales de la condición humana como la responsabilidad y la libertad.

Los pro abortistas reivindican esta libertad, pero realmente están promoviendo la irresponsabilidad y el libertinaje, defienden un egoísmo que ahoga cualquier posible aceptación de las consecuencias derivadas de los propios actos. Debido a un error y en un ambiente donde la sexualidad pasa a un plano mundano, se acaba con la vida de un ser humano poseedor de potenciales oportunidades: derecho a vivir, crecer y desarrollarse. Entran en una peligrosa espiral donde cualquier limitación a la absoluta voluntad es considerada opresiva, reivindican la titularidad de derechos, pero no están dispuestos a contraer obligaciones ni asumir las consecuencias de sus acciones.

La incoherencia se ha apropiado de la sociedad, cayendo en la mayor de las hipocresías sin percatarse de ello. Un claro ejemplo lo aporta la promoción abolicionista de las corridas de toros, la reivindicación de la dignidad del animal frente al matador, mientras se niega cualquier derecho al concebido y el aborto libre es defendido a ultranza. La sociedad debería reflexionar profundamente sobre este tema ya que las menores de edad pueden interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, mientras la compra de alcohol y tabaco se les prohíbe.

Defendamos el derecho a la vida y planteemos el debate, mostremos ante un espejo las propias contradicciones de la sociedad. Todo ello conlleva reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manteniendo intactos sus elementos positivos, restringir la venta de la píldora del día después e investigar sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, la ley de los supuestos (peligro para la vida de la madre, violación o malformación) concilia el derecho a la vida con la libertad de la mujer, debiendo ser complementada por la instrucción familiar en la responsabilidad y mentalidad de una sexualidad responsable.

Con respecto a la reforma Gallardón, no es necesario retroceder a una legislación que suprima el supuesto de malformación, puesto que condena irreversiblemente dos vidas humanas, rompiéndose el equilibrio entre derecho a la vida y libertad. Sin embargo, surge una reflexión en torno al supuesto de malformación: el avance científico nos situará en un punto donde podrá elegirse a la carta, y el rechazo a cualquier mínimo defecto nos retrotraerá a una mentalidad donde sólo merezcan vivir aquellos individuos que reúnan determinadas características físicas.

Sería igualmente abominable encarcelar mujeres por abortar, imponer el modelo centroamericano donde el aborto está penado independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, se debe rechazar una legislación opresora, aunque la sociedad deba moverse hacia la reducción de los embarazos no deseados y los abortos, reivindicando la concienciación sobre los peligros que supone contraer enfermedades de transmisión sexual.

Por último, conviene denunciar el relativismo en el cual la sociedad occidental se está acomodando: los valores y principios se desdibujan ante una oleada de falso progreso social. Se asume como natural el declive intelectual, cultural y emocional, reduciendo el papel familiar al mero residuo. Mantener relaciones es algo superfluo y carente de compromiso, el sexo sin verdadera motivación pasa a ser lo común y se rechaza asumir responsabilidades. Ante este desolador panorama, sólo queda difundir la reflexión y el respeto a la dignidad de los demás y la nuestra propia.

Crítica a panfleto socialista, segunda parte.

Posteriormente, el autor nombra ciertos conceptos fundamentales asociados al planteamiento de izquierdas: “separación plena entre el Estado y cualquier confesión religiosa o monárquica”, “lucha por la igualdad entre residentes, foráneos y no creencia en las fronteras”, “la repatriación supone un insulto a la democracia y los derechos civiles”; y “un contrato de trabajo no puede negociarse íntegramente por empresario y trabajador; hay que garantizar un empleo y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores por el que el empresario no pueda despedir y hacer lo que quiera cuando quiera con los empleados”.

En primer plano, el autor olvida consciente o inconscientemente la separación entre el Estado y otros tipos de confesión; es decir, no sólo religiosas o monárquicas, sino también militares y sindicales, siendo muy poco nítida la separación entre estas últimas y el anterior Gobierno. En segundo término, es injusto que un foráneo tenga los mismos derechos sociales que cualquier residente que haya cotizado y pagado sus impuestos religiosamente. Eso no impide sensibilizarse con la situación de los inmigrantes, pero debemos ser más sensibles con aquellos que más contribuyen al mantenimiento del Estado de bienestar.

En un mismo sentido, la repatriación no supone un insulto a la democracia, simplemente es la consecuencia lógica del incumplimiento de leyes que van encaminadas al desarrollo de una inmigración controlada y responsable.

La relación entre trabajador y empresario merece una crítica más amplia y mejor argumentada; para empezar, en España existe una visión muy negativa de lo que supone ser empresario. Es decir, muchos opinan que seguimos en el s.XIX con respecto a materia laboral, apoyando sus teorías en la última Reforma Laboral, que según ellos aumenta el poder del empresario explotador y cuyo único beneficiado es la élite empresarial.

Con ello, la izquierda irracional pretende situar en un mismo plano a las grandes empresas, las PYMES y los autónomos; ignorando o tal vez queriendo ignorar que los principales beneficiados de la reforma laboral son los dos últimos, que suponen el 95% del tejido productivo nacional. Los detractores se apoyan en el abaratamiento del despido, sin embargo ignoran que la reforma consta de 13 puntos más; y que realmente nuestra tasa de desempleo no está relacionada con nuestra legislación laboral.

Quiero decir con ello que con una legislación laboral mucho más estricta, España no ha podido evitar una tasa de desempleo superior al 24%; mientras que otros países europeos como Austria, con un marco laboral mucho más flexible, tienen una tasa de desempleo inferior al 8%.

Además, cada empresa es un ecosistema en sí mismo, no pudiendo en muchas ocasiones cumplir con los convenios sectoriales; por lo que a veces al empresario no le queda más remedio que la negociación directa con los trabajadores, especialmente cuando la empresa se encuentra al borde de la quiebra.

Por otra parte, el autor del artículo pierde totalmente el contacto con la realidad cuando pone como ejemplo a seguir algunos países de América Latina, donde “tienen gobiernos de izquierda por las políticas que están llevando a cabo”; posteriormente, el autor acusa a los medios de comunicación occidentales de “manipular” la información para que las políticas de Hugo Chávez parezcan populistas e incluso dictatoriales.

En primer lugar, la presidencia de Hugo Chávez entra en conflicto con el primer punto del programa que debe tener cualquier formación de izquierdas, y es que el mandatario venezolano no deja de ser un militar. Por lo tanto, ¿Dónde queda esa esa separación plena entre el Estado y cualquier otro tipo de formación? ¿Realmente distorsionan la realidad los medios de comunicación occidentales? ¿No se acuerda el autor de las nacionalizaciones a las que ha sometido Chávez a algunas cadenas televisivas venezolanas?

Occidente y el Integrismo islámico

Este artículo nace a colación de un comentario de texto, donde el autor argumentaba que el burka llevado por la mujer musulmana guarda cierto paralelismo con la esclavitud de la mujer occidental con respecto a la talla 38.

Sin embargo, el autor está completamente equivocado al situar ambos conceptos en un mismo plano. Mientras la mujer occidental decide estar sujeta a la moda, teniendo la última palabra a la hora de vestir una prenda; la mujer musulmana no tiene elección, inculcando desde todas las instituciones político-religiosas de sus países la imposición del burka.

En Europa llevar minifalda es una elección, mientras que llevar el velo en el mundo árabe es una obligación que se remonta a épocas antiquísimas. Por lo tanto, la mujer acaba aceptando y normalizando esa mentalidad medieval.

Occidente no se ha embarcado en una lucha contra el musulmán, sino contra el Islamismo radical representado en la sharia; siendo ésta incompatible con los derechos e igualdad de los países democráticos. Acorde a lo explicado anteriormente, Francia ha endurecido las penas contra todo aquello que represente la sumisión de la Mujer y que atente contra los valores de la Democracia; ejemplo de ello nos lo da la prohibición del velo integral en todos los espacios públicos.

Como reacción a lo explicado anteriormente, muchos alegan que prohibiciones de este tipo son hipócritas, careciendo de coherencia con respecto a la libertad de pensamiento, conciencia y culto. Sin embargo, olvidan que medidas como la adoptada por el gobierno francés están completamente justificadas, perteneciendo a diversos mecanismos que Occidente tiene para defenderse contra una radical ola de integrismo islámico, tal vez fruto de una errónea política exterior.

La prohibición del burka integral en Francia responde más bien a una cuestión de civismo público; y es que Francia, como república laica, no permite manifestaciones religiosas de ningún tipo en sus espacios públicos. No obstante, los que critican esta prohibición olvidan que los individuos extranjeros en estos países musulmanes deben acatar y cumplir a rajatabla las costumbres locales; por lo que Europa está completamente legitimada al tomar decisiones de este tipo.

Por si no fuera suficiente lo planteado anteriormente, ciertas preguntas despejan todas las dudas: ¿Acaso los mandatarios europeos no entran descalzos en las mezquitas o con una especie de velo en el caso de las mujeres? ¿Está deslegitimada por lo tanto la prohibición de llevar burka en suelo francés? ¿Hasta qué punto la flexibilidad anterior permitió llevar a cabo en territorio europeo prácticas medievales como la ablación, matrimonios forzados o incluso apología del terrorismo?

A colación de los asesinatos de Toulose, el gobierno francés ha planteado aplicar ciertas medidas restrictivas contra páginas web simpatizantes del terrorismo islámico, pudiendo ser detenidos los visitantes de dichos portales. Estas propuestas han sido calificadas por buena parte de la opinión pública como “cortinas de humo” e injustas avivadoras de la desconfianza contra el musulmán.

Es obvio que no todos los musulmanes son radicales, aunque es necesario que Europa se blinde contra un peligro cuya existencia muchos niegan: el fanatismo religioso y el Integrismo, en cualquiera de sus vertientes. Las medidas necesarias para conseguirlo pasan por replantear el papel de las democracias occidentales en el mundo árabe, el mayor control de las fronteras, la mayor efectividad de los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y la expulsión de todo extranjero o nativo que atente contra los valores de la Democracia.

En el caso particular de España, el fanatismo islámico reivindica el retorno de Al-Andalus. Cualquiera que esté informado conoce y valora las innovaciones técnicas que dejaron los musulmanes en España durante sus ocho siglos de ocupación; no obstante, el pensador crítico nunca negará que el Islam quedó anclado en el medievo; y que los países regidos por la palabra de Mahoma realizan prácticas tan abominables como la lapidación.

Por otra parte, todo es papel mojado cuando hablamos en un plano estrictamente económico. Es decir, las élite política occidental es partidaria de poner fin a las prácticas de la Sharia y defiende a ultranza los derechos de la Mujer; sin embargo, olvidan estos planteamientos cuando firman acuerdos comerciales con países árabes.

Por lo tanto, inherente a la protección de la sociedad occidental, es necesaria la ruptura de la dependencia energética con aquellos países que vulneran los derechos de la Mujer y acogen en su territorio células terroristas cuyo único fin es eliminar al infiel.

Como conclusión final, es fundamental erradicar cualquier atisbo de fanatismo religioso o político de las instituciones, contribuyendo con ello al pleno desarrollo del individuo en la sociedad democrática. También se hace necesario la implantación de reglas que eviten alcanzar el poder político a cualquier clase de radicalismo; es decir, que la propia democracia no sea usada como herramienta para conseguir su propia destrucción.

La populista decisión de Cristina Fernández Kirchner

Hace un par de días, la presidenta argentina Cristina Fernández anunció la expropiación de la petrolera Repsol. El proyecto supone la expropiación del 51% de las acciones de YPF que están en manos de la empresa española; y que pasarán a propiedad del Estado. El 49% restante pertenecerá a las provincias argentinas productoras de petróleo.

Como argumento para realizar la expropiación, la presidenta argentina ha defendido el interés público de los hidrocarburos; alegando además un incumplimiento de la ley por parte de la multinacional española, ya que supuestamente las inversiones en YPF habían caído estrepitosamente. Kirchner mantiene que las empresas ubicadas en el territorio nacional son argentinas, a pesar de que sus accionistas sean extranjeros.

La decisión del Gobierno argentino es respetable, pero completamente condenable para quien tenga sentido común y conozca la trayectoria de Repsol con respecto a YPF; siendo ésta una empresa pública privatizada en 1999, como consecuencia del programa de reestructuración económica realizado por el gobierno de Carlos Menem. Al cabo de los años, YPF pasó de ser una empresa ruinosa a convertirse en la poseedora del 32% de la producción de hidrocarburos.

Repsol reflotó YPF mediante la inversión y la modernización tecnológica, convirtiéndola en una empresa competitiva. Ahora que la empresa de origen argentino es solvente y genera riqueza, los líderes políticos han decidido que vuelva a manos estatales.

Esta maniobra populista recuerda la llevada a cabo hace 30 años: la ocupación de las Malvinas. Alentando al patriotismo se hizo olvidar a la opinión pública cuáles eran los verdaderos problemas del país, que ya no pasaban por la economía o el fin del régimen militar; sino por la lucha contra el imperialismo británico.

Esta vez, el argumento populista que se ha utilizado es la soberanía de los hidrocarburos argentinos. Puede que este argumento convenza a parte de la opinión pública argentina pero no a la comunidad internacional. No sólo han condenado la expropiación los países occidentales con intereses económicos en la zona, sino también la mayoría de países latinoamericanos.

México, Chile y Colombia han condenado la expropiación y dado su apoyo a España; mientras que Venezuela, Bolivia y Nicaragua han ratificado su apoyo a la líder argentina. Aquí se puede apreciar la división entre quienes respetan la propiedad privada y las inversiones como medio para favorecer el crecimiento económico; y los que se perpetúan en el cargo con la excusa de defender los intereses nacionales.

La más afectada será Argentina, ya que la decisión sólo provocará la fuga de capital extranjero y la inversión, que son vías para crecer y generar riqueza. Por lo tanto, pocas empresas invertirán en territorio argentino si no tienen garantías jurídicas y legales de que no serán expropiadas injustamente.

Sin embargo, parte de la opinión pública española aboga por inhibirse del asunto, alegando que ningún ciudadano español se beneficia de las actividades de la petrolera y por tanto, no habría diferencia si todas las inversiones españolas en el extranjero son expropiadas, ya que sus beneficios son para unos pocos.

Seguramente los defensores de esta teoría desconocen los criterios que se manejan para calificar la posición internacional de un país: la presencia de multinacionales en el territorio nacional y la existencia de las propias en otros países; el comercio exterior de mercancías y servicios; y la presencia de capital extranjero gracias a las compañías y la banca; sin olvidar el grado de liberalización de la economía.

Por lo tanto, cualquier vulneración de lo anteriormente expuesto supone un ataque contra los intereses españoles pero, en especial, supone un agravio a los intereses de la nación argentina; cuyo Estado guarda cada vez más paralelismos con la Venezuela chavista.

El papel actual de la Iglesia

La Religión ha jugado un papel fundamental a lo largo de la Historia; algunos sucesos históricos o sociales en los que ha intervenido son testigos de ello. En España podemos hablar de la Reconquista contra los musulmanes, las evangelizaciones en los territorios americanos descubiertos y las misiones en el Pacífico. En el contexto europeo se puede nombrar las Cruzadas, la batalla de Lepanto y la Contrarreforma contra la Europa protestante; siendo hechos que han marcado decisivamente la forma de ser, el carácter y la cultura Occidental.

La Iglesia Católica tuvo durante muchos siglos una relación muy estrecha con el Estado, influyendo en gran parte de las políticas adoptadas por el primero; es decir, además del poder espiritual, la Iglesia ostentaba un gran poder político. La Inquisición y las acciones evangelizadoras protegidas por el ejército colonial español en los territorios de ultramar, como América y Filipinas, son un claro ejemplo de la unión entre Estado e Iglesia.

En la misma tónica, la Europa actual cuenta con muestras del esplendor cultural y artístico que la Iglesia dejó como legado; siendo máximos exponentes ciudades como El Vaticano y Roma, donde la grandeza y perfección artística, arquitectónica y estilística de Occidente se siente a cada paso. En España, bellas construcciones como la catedral de Burgos o Santiago de Compostela atestiguan la influencia del catolicismo en la Historia cultural de la nación. No obstante, la institución también es en parte culpable del tradicional atraso económico y político de nuestro país.

Con el paso del tiempo, la Iglesia fue separándose de los poderes estatales y perdiendo influencia; llegando hasta nuestros días sin apenas decisión en la esfera política. No obstante, este proceso natural y lógico de separación fue tardío en España, donde el poder clerical seguía siendo considerable incluso pasada la mitad del s.XX.

En el caso español este tema es turbio y doloroso; refiriéndonos con ello a la Guerra Civil, en la que se vieron arrastradas millones de personas e instituciones; incluida la Iglesia, la cual vio como sus privilegios desaparecían mientras era víctima de una implacable persecución, iniciada antes de la guerra fratricida. Por lo tanto, fue una persecución en un contexto bélico, pero también político e ideológico.

Tras pasar episodios como la Guerra Civil, la Dictadura Franquista y la Transición Democrática; actualmente la Iglesia y la jerarquía eclesiástica han sido puestas en el punto de mira por parte de cierto gobierno socialista, ateo y anticlerical. Además, el propio comportamiento de los líderes eclesiásticos, en cuanto a declaraciones y aspectos que no sintonizan con el modelo de vida predicado por Jesucristo, ha contribuido al desarrollo de un clima negativo.

Sin embargo, este antiguo gobierno socialista ignoraba, o tal vez quería ignorar, la enorme e importante labor de la Iglesia con respecto a la sociedad española. Existe un aspecto que muy poca gente tiene en cuenta, y es que la institución no sólo la componen obispos, cardenales o el Papa. La Iglesia la componen muchísimas personas con vocación de ayudar a los demás, y que dentro de las líneas establecidas por la Doctrina Social de la Iglesia desarrollan programas con objeto de ayudar a los más desfavorecidos.

Por tanto, me gustaría dejar bien claro que una cosa son las declaraciones que pueda realizar la jerarquía eclesiástica y otra muy distinta es la labor social de todos cuanto conforman esa institución. Por otra parte, la Iglesia y sus comedores sociales han evitado en parte el estallido de una revuelta popular, y es que a nadie se le escapa que la situación por la que atraviesa gran parte de la sociedad española es desesperada; dando muestra de ello la cifra de parados, por poner un ejemplo de tanto que hay.

Finalmente me gustaría plantear una cuestión: ¿Es consciente la élite política española del gran papel humanitario que desempeña la Iglesia, atenuando de alguna forma el drama que viven más de cinco millones de personas?

Hace una década de aquéllo

Hoy se cumple una década del mayor atentado terrorista en la historia de Occidente y los Estados Unidos en particular. Todos recordamos qué estábamos haciendo en aquellos momentos. Yo estaba delante del televisor, atónito al ver estrellarse aquellos aparatos en las "Twin Towers". Tenía 8 años y lo recuerdo con claridad, como uno de los muchos recuerdos importantes que quedan grabados en la memoria.

Ese episodio dio el pistoletazo de salida a la década y en él está la clave de todo lo que sucedió después. Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo, un enemigo que no era tan palpable como en otras ocasiones. Norteamérica se vio atacada por un enemigo al que no podían darle identidad, al contrario que había sucedido sesenta años antes en Pearl Harbour.

En este artículo no voy a entrar a debatir la legalidad de las invasiones a Afganistán e Irak, simplemente voy a reflexionar sobre el 11S y sacar mis propias conclusiones.

Occidente aprendió de sus errores, aprendió a darle la importancia que merecía el terrorismo en la escena internacional. Los responsables y cerebros del secuestro de los aviones habían sido ya investigados por las agencias de inteligencia estadounidenses y estaban en el punto de mira del gobierno, que no fue capaz de prever aquella masacre.

En mi opinión las invasiones a Oriente Medio han agravado el problema, fue como sacudir un avispero. No obstante, comprendo que EEUU necesitaba venganza y después de los atentados tenía carta blanca. Me gusta establecer un paralelismo entre las invasiones a Vietnam e Irak y Afganistán. Al igual que en la primera, los norteamericanos perdieron mucho más que sus enemigos: hombres, material y una sangría económica difícilmente salvable.

La parte positiva de todo ésto es que a pesar de todo lo que se les achaca a los americanos y a la Coalición (entiéndase invasión indiscriminada, imperialismo, petróleo...) los afganos e irakíes pueden hoy votar libremente, elegir a su líder y participar activamente en la vida política. Así mismo, Bin Laden fue asesinado este mismo año por fuerzas especiales norteamericanas pero: ¿La muerte de este hombre y el sacrificio de tantos militares y civiles ha merecido la pena? ¿Estados Unidos ha cumplido su objetivo? ¿Es hora de pasar página a aquello? ¿Qué ocurrirá cuando los estadounidenses abandonen completamente Irak y Afganistán?

No obstante, todo ésto dejaría de significar algo si hacemos caso a una corriente que mantiene que los atentados fueron permitidos por el gobierno, lo cual serviría de excusa para invadir aquellos países árabes. Me cuesta creer esta versión pero se basa en argumentos sólidos a mi entender.

No es la primera vez que circulan teorías conspiratorias en la Historia de Estados Unidos, por ejemplo podemos nombrar el ataque a Pearl Harbour, cuya teoría mantiene que se sabía de la brevedad del ataque nipón, pero no se hizo nada por evitarlo porque significaba la entrada de EEUU en la guerra, lo cual justificaría su imperialismo.

Occidente debe estar en guardia frente a la amenaza del terrorismo islámico, una doctrina que se ha quedado estancada en la Edad Media: matar al infiel. Representa un peligro para la sociedad y valores occidentales: democracia e igualdad, a pesar de que no siempre prediquemos con el ejemplo.

El sinsentido del Comunismo

Estaba paseando por la céntrica plaza de La Candelaria en dirección a la Calle del Castillo, donde están ubicados los “indignados” tinerfeños. Muy cerca de allí se encuentra la “Cámara de Comercio” de Santa Cruz de Tenerife a cuyas puertas protestaban un grupo de “indignados”. Cuando pasé al lado del grupo, uno de ellos se acercó y me extendió un papel con proclamas del PCPC (Partido Comunista del Pueblo Canario).

Aquello me hizo reflexionar y es que hoy en día la corriente comunista no tiene sentido; esas ideas y sus aún defensores están completamente trasnochados. En el siglo XXI no hay cabida para una ideología que surgió a finales del XIX como reacción a las duras condiciones de vida de los obreros de las fábricas, que pronto pasaron a llamarse “proletarios”. Gracias a muchas de sus reivindicaciones se pudieron lograr una serie de derechos laborales, como pudo ser la reducción de la jornada laboral a 8 horas, la prohibición del trabajo infantil o la jornada de descanso.

En Rusia fue donde esta ideología proletaria rompió con todo el sistema establecido por los zares, un sistema que podemos denominar “medieval”. Allí se produjo una sangrienta revolución que acabó con la inauguración de una dictadura proletaria, donde la élite política comunista ostentaba una serie de privilegios mientras el resto de la URSS pasaba hambre y miserias, sometidos a un sistema en el que el Estado intervenía en todas las facetas de la vida pública y privada.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el comunismo continuó imparable atrayendo a su sistema a varios países como China, Cuba, Corea del Norte o Vietnam. A lo largo de la Guerra Fría y en la actualidad ha quedado de sobra demostrado que el sistema socialista no supone el reparto equitativo de la riqueza, sino el reparto equitativo de la pobreza, constituyendo un fracaso en todos aquellos países que lo han tenido como sistema.

Algo a destacar es el doble rasero con el que actúan estos comunistas y es que por una parte critican el sistema capitalista y todo lo que tenga que ver con él (ya sean banqueros o empresarios) pero no dejan de conducir sus “Mercedes” alemanes, de tener sus “iPhones” estadounidenses o ver la hora en un “Swatch” suizo. Si Carl Marx levantará la cabeza seguramente la volvería a enterrar. Los comunistas aprovechan cualquier cosa, esta vez ha sido el movimiento 15-M, para ir en contra del sistema; lo que comúnmente se denomina “subirse al carro”.

El Sistema Capitalista actual no tiene el mismo carácter extremo que en el siglo XIX pero sigue siendo muy competitivo y de supervivencia. No obstante, a pesar de sus desajustes, es el mejor sistema que se ha puesto en práctica, ya que garantiza las aspiraciones y libertades individuales.

Comparaciones históricas

Mediado el siglo XV, el antiguo Imperio Romano de Oriente, Bizancio había sido reducido de un moderado imperio a una pequeña península, cuya capital era Constantinopla.

Aquel Bizancio peninsular fue reducido a lo que era por las presiones del Imperio Otomano, que se extendía desde Asia hasta las puertas de Europa. En 1452, el turco Mohammed II planteó la conquista final de Bizancio, para ello cortó las comunicaciones de Bizancio con el resto de Occidente construyendo una serie de fortalezas a lo largo del Bósforo.

Giovanni Giustiannni era el que estaba al mando en la defensa de Constantinopla, y se preparó en los sucesivos meses para un seguro asedio turco, para ello se tomaron medidas como por ejemplo el cierre del puerto de la ciudad con una gran cadena que impediría el acceso de la flota otomana y por tanto un bombardeo a corta distancia, también se acumularon víveres y recursos militares de todo tipo.

No obstante, la cadena del puerto no impidió a los turcos acceder a su bahía, mediante una innovadora tecnología, las naves montadas sobre plataformas de madera sobrepasaron las colinas de Gálata y llegaron hasta el Cuerno de Oro, justo enfrente de la ciudad amurallada.

Con más de 25.000 unidades turcas, abundantes piezas de artillería y 120 naves dispuestas para el asedio, la cosa pintaba muy negra para el que sería el último emperador bizantino, Constantino XI, sin embargo se negó a rendirse.

Desde el 7 al 18 de Abril la parte occidental de la muralla fue bombardeada por la artillería pesada, logrando abrir brechas en la defensa, no obstante, los atacantes no lograron entrar en la bien defendida ciudad. El séptimo día de mayo 25.000 hombres arremetieron contra la defensa bizantina, no obstante fueron igualmente rechazados.

La zona de Blanquema también fue objetivo del asalto otomano, donde la guardia de Constantino la defendió.

Una de las estrategias frustradas del sultán turco fue minar las murallas de la ciudad mediante túneles subterráneos, no obstante, los cristianos, mediante espías rechazaron 14 intentos. Sin embargo la capital del moribundo Imperio Bizantino no resistió el que sería el asalto definitivo en la Puerta de San Romano, que con tres oleadas cedió.

No se está seguro de lo que le pasó al Emperador Constantino, varias son las teorías. En la que parece más segura Constantino sacó las insignias y peleó hasta el final. Lo que sí es cierto es que su cuerpo nunca fue encontrado.

Bizancio contaba con algunas tropas aliadas: 700 genoveses, 200 soldados del Papa, algunos mercenarios, centenares de españoles y 26 naves de guerra. Las tropas locales ascendían a 6000 soldados. Las pérdidas fueron terribles: 4000 civiles muertos y 25.000 prisioneros entre soldados y ciudadanos, todo esto sin contar con las personas muertas por el pillaje turco.

Los turcos iban mucho mejor preparados, con unos 10.000 jenizaros (jóvenes cristianos convertidos al Islam y entrenados como tropas de choque), 20.000 Bachi-Buzuk, abundante infantería y caballería, bombardas, cañones pequeños y medios, aparte de una bombarda gigantesca (se transportaba con 60 bueyes y 400 hombres). También habían 120 naves de la Marina de Guerra Otomana.

La caída de Constantinopla es uno de los iconos de la inconsciencia de Occidente frente al peligro del Imperio Otomano, las potencias europeas en su mayor parte abandonaron a lo que quedaba del extinto Imperio Romano. Occidente no se “unió” verdaderamente contra los turcos hasta que la ciudad cristiana fue conquistada. Y eso mismo nos está pasando a los europeos actuales, no entendemos el gran peligro que corre Occidente, un peligro que es indudable que corremos. Las intenciones del terrorismo islámico son directos, sin tapujos y cuyos objetivos son el destruir a Occidente, destruir la forma de vida que conocemos, para dar paso al Islám más extremista y más peligroso.

¿Reaccionaremos y nos concienciaremos del peligro que corre Occidente?