Consulta soberanista del 9 de noviembre (II)

Por otra parte, el nacionalismo-soberanista es un proyecto criticable que no triunfaría si el imperio de la razón y la sensatez fuera absoluto. En un momento histórico donde las fronteras se suprimen y la globalización impone la unidad, los reduccionismos nacionalistas están fuera de lugar. Además, ningún político posee suficiente legitimidad para fracturar de semejante manera una sociedad. Artur Mas ha agitado los sentimientos soberanistas para distraer el debate respecto de lo importante: la gestión económica, la corrupción o el mantenimiento de los servicios públicos. El Presidente de la Generalitat ha incentivado el odio entre ciudadanos y dividido familias, basándose en argumentos falsos y demagógicos.

Los defensores de la unidad han visto como se utiliza la Educación y los medios de comunicación públicos y privados subvencionados para adoctrinar a los jóvenes y generalizar mitos y prejuicios sin ningún tipo de fundamento. La eventual independencia catalana no sólo afectará al conjunto de España, sino que hará mucho daño a Cataluña con los consiguientes perjuicios económicos que se derivarían. En un contexto donde el mundo contemporáneo y la competencia económica imponen la puesta en marcha de fórmulas unionistas, la fractura supondría el debilitamiento de los dos países, ahondando la profunda fractura social que sufre Cataluña. En definitiva, los políticos nacionales han olvidado que la unión hace la fuerza.

No obstante, existe un problema en Cataluña pues se ha extendido un sentimiento independentista que pone en peligro la pacífica convivencia democrática y la unidad de la Nación. Debe rechazarse la irreversibilidad de esta situación, es decir, existen soluciones. Algunos partidos como el PSOE liderado por Pedro Sánchez proponen la reforma del modelo territorial como posible solución, abogando por una reforma constitucional que instaure un sistema federal y reconozca la singularidad catalana. Sin embargo, la España de las Comunidades Autónomas no tiene nada que envidiar al modelo federal; de hecho, las diferencias apenas se notarían.

Una segunda solución pasaría por la instauración de un sistema descentralizado asimétrico, reconociendo especificidades jurídico territoriales y económicas de unas Comunidades frente a otras, especialmente País Vasco, Cataluña y Galicia. En este sentido, es objeto de debate la posible concesión de un régimen económico-fiscal diferenciado para Cataluña similar al navarro, reconociendo y compensando diferencias históricas. No obstante, ello podría suponer la vulneración de la igualdad de los españoles, creando situaciones de ciudadanía de segunda. Tal vez sea más idóneo mantener la descentralización territorial aclarando el reparto competencial, reduciendo la indeterminación de titularidades competenciales y evitando conflictos de este tipo.

Existe una tercera vía consistente en una centralización estatal, volviendo al sistema preconstitucional. Es dudoso que la ciudadanía acepte un retroceso de este tipo, abandonando la autonomía territorial alcanzada. España ha sido históricamente descentralizada, interrumpiéndose dicha realidad con la llegada de los Borbones en el s.XVIII y la dictadura franquista. En este sentido, el principal objetivo de la descentralización es acercar el poder al ciudadano, no conllevando necesariamente hipertrofia o corrupción. Por tanto, si no se ha cumplido ese objetivo, lo cual parece evidente, es necesario someter a examen nuestro modelo territorial. Y si de la centralización se derivan beneficios para España debe contemplarse seriamente esta alternativa.

No obstante, la naturaleza expansiva e insaciable del nacionalismo harían insuficientes estas reformas, el nacionalismo no se conformará con una mayor descentralización del Estado: no parará hasta lograr la independencia. La solución no pasa por una simple reforma del modelo territorial, sino por una reforma educativa que cuanto menos no incentive el odio entre españoles ni tergiverse la Historia al servicio del proyecto rupturista.

Consulta soberanista del 9 de Noviembre (I)

El proceso soberanista iniciado por Artur Mas y sus socios en el Gobierno prosigue. Tras la doble
suspensión del 9N por el TC, finalmente la consulta fue celebrada desobedeciendo las resoluciones del tribunal y desafiando el orden constitucional. Los colegios electorales abrieron sus puertas ante la pasividad del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De un electorado de 6 millones, 1,8 acudieron a votar resultando victorioso previsiblemente el independentismo, obteniendo el 94,4% de los votos.

En aquella jornada se interpusieron denuncias ante los juzgados catalanes, los cuales denegaron la suspensión cautelar de la votación argumentando la desproporcionalidad y la no intención de provocar un mal mayor del producido. Proceder a la clausura de los colegios una vez abiertos podría haber provocado alteraciones del orden público cuyas consecuencias hubieran sido imprevisibles. Tampoco actuó el Gobierno central a través de la Policía Nacional, no procediendo a impedir una violación tan flagrante del ordenamiento. Además, los mossos se encontraban custodiando la votación en claro conflicto entre la obediencia jerárquica a sus superiores y el hegemónico deber de respeto a la legalidad.

La batalla jurídica por la depuración de responsabilidades siguió a la inactividad estatal y judicial, acumulándose las demandas en la interpuesta por Manos Limpias frente a Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat y la Consejera de Educación. El TSJ ha admitido a trámite la demanda contra dichos sujetos por posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. De estos delitos, parece concurrir la desobediencia por cuanto de manera manifiesta se ha incumplido la suspensión de la consulta decretada por el TC. Respecto a los otros existen indicios de concurrencia, siendo clave lo que se entiende por “resolución arbitraria en un asunto administrativo” (404 CP). Existirá responsabilidad penal si el decreto de convocatoria de la consulta y formación de la “Junta Electoral” se considera resolución en el sentido del tipo.

En cuanto a la malversación de fondos públicos, la apertura de centros electorales y propaganda constituye gasto público. Dicho destino económico contradice el orden legal y constitucional, por lo que existen evidencias de delito. En coherencia con lo anterior, difusa es la frontera entre estas actuaciones y el delito de sedición. No obstante, serán los magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña quienes valorarán la concurrencia o no de estos delitos. Con pleno respeto a la ley e interpretación de los requisitos de concurrencia, la violación del orden legal y constitucional no debe quedar impune, por cuanto lo contrario constituiría un precedente indeseable, pudiendo ser lo siguiente la declaración unilateral de independencia.

Si el Estado no responde a estas violaciones se confirmará su debilidad e incapacidad para hacer frente a los ataques que sufre. La metástasis del cáncer que supone la mezcla de la política en la actuación del personal cooperador con la Administración de Justicia ha tenido una clara manifestación en la negativa de los fiscales catalanes de presentar querella contra Artur Mas. En este sentido, han desobedecido el principio de dependencia jerárquica y obligado al por aquel entonces Fiscal General del Estado a firmar la querella.

La consulta soberanista ha fracasado aunque sus promotores se vanaglorien. Nadie serio y responsable avalaría una consulta ajena al orden constitucional y sin amparo legal, tampoco sin garantías que aseguren la fiabilidad del resultado. Además, menos de la mitad del electorado convocado acudió a la votación, por lo que a pesar de existir una participación destacable (aproximadamente 1,8 millones) no llega ni por asomo a los 6 millones convocados. En este sentido, la herramienta utilizada no ha sido la idónea si los promotores pretendían una explosión del sentimiento independentista, por cuanto la primera encuesta realizada por el Gobierno catalán tras el 9N arroja una victoria del no a la independencia.

Reflexiones sobre el aborto.

En 2011 el programa electoral del PP incorporaba la reforma de la ley del aborto, con el fin de restaurar el sistema de supuestos de 1983. Tras obtener mayoría absoluta aplastante, el Gobierno de Mariano Rajoy se encontraba en posición inmejorable para emprender dicha reforma legislativa. Sin embargo, la propuesta fue incumplida como muchas otras promesas electorales. Además, lo fue de manera traumática y vergonzosa: cuando el anteproyecto había sido aprobado por Consejo de Ministros y provocando la dimisión de Gallardón. Finalmente, la Ley de 2010 será modificada tímidamente en cuanto al consentimiento de las menores y tutores.

El comportamiento político de Rajoy ha sido deleznable, pero debe abordarse la raíz del problema y posibles soluciones. La actual concepción mayoritaria del aborto es fruto de una visión filosófica que tiene sus orígenes en la Modernidad. Es un problema demasiado complejo como para abordarlo en su totalidad, pero una de las consecuencias de esa mentalidad se traduce en el desposeimiento de la condición humana del nasciturus. Por lo tanto, para el Derecho no será más que un bien jurídico que merece cierta protección (en nuestra legislación a partir de 14 semanas) pudiendo ceder ante otros derechos de origen y desarrollo discutible como la ciega autonomía y libertad de elección.

El Hombre ha llegado a decidir quienes merecen entrar en la Humanidad, como si fuera un club con reserva del derecho de admisión. Tal es la fuerza de la mentalidad empírica racionalista malinterpretada que no se concede la plena condición humana a quienes no pueden manifestar características demostrables de su condición y dignidad. De esta manera, se decide quienes forman parte de la Humanidad y quienes no, lo cual se advierte claramente en el aborto y eutanasia. Relevante es la consecuencia de invertir la carga de la prueba sobre el sujeto desposeído de su condición humana, y es que la protección decae hasta límites insospechados. Como resultado, a pesar de constituir vida humana y poseer dignidad ontológica inviolable, el nasciturus no dispone del bien jurídico “vida”, sino que es constituido como bien jurídico protegible que cede en innumerables ocasiones.

Debe defenderse la condición humana del nasciturus, y por tanto una protección coherente con ello. Los argumentos se apoyan en explicaciones científicas y fundamentos judeo-cristianos. No obstante, incluso la vida cede a favor de otros derechos en nuestro ordenamiento, por ejemplo la legítima defensa. Es decir, puede afirmarse que ningún derecho de los enumerados en la Constitución Española tiene una pretensión de eficacia tan potente que lo conduzca a ser absoluto. De hecho, los límites y excepciones de ejercicio son abundantes, por lo que cabe afirmar su relatividad. No obstante, lo expuesto no son más que reflexiones y observaciones jurídicas que se empequeñecen ante la filosofía.

El aborto es un hecho traumático y merece que los poderes públicos trabajen para erradicarlo o cuanto menos disminuirlo. Para conseguirlo existen diversas vías: una de ellas es la prohibición legal del aborto, punificando el hecho abortivo aunque con matices, como puede ser que bajo ningún concepto exista responsabilidad penal de la mujer, sino de los facultativos asistentes. Esta era la intención inicial del Gobierno, pero resulta muy discutible que con la simple aprobación de la ley se reduzcan los abortos. Deberían potenciarse otras vías alternativas: desarrollar las ayudas a la maternidad creando un marco favorable a la misma, y cambiar la cultura de la autonomía y la muerte por la vida y sexualidad responsable.

Además, no existe mejor incentivo para reducir la tasa de aborto que la prosperidad y florecimiento económico, de tal forma que los ciudadanos tengan un nivel de vida tal que les permita emprender la aventura de la paternidad. En este sentido, debe denunciarse la presión mediática y social que empuja de manera inercial y encubierta al aborto, de modo que ante esta situación el entorno social es más proclive a aconsejar el aborto que continuar con el embarazo. En este punto es donde los poderes públicos deben intervenir de tal manera que la solución al problema del aborto no se circunscriba únicamente a una ineficaz reforma legislativa.

Por último, deben denunciarse otras incoherencias sociales. En este sentido, existe una corriente de pensamiento extendida defensora de la “igualdad animal”: los animales como sujetos con derechos. Por ello, teniendo en cuenta la obligación humana de respetar el medioambiente, se condena con buen criterio la tauromaquia, el maltrato animal o el abandono de mascotas. No obstante, existe desproporción entre la intensidad con que se reivindica el derecho de los animales y el trato que se dispensan los seres humanos unos con otros. ¿Cómo pretenden algunos que los animales tengan mayor protección que un ser humano en gestación?

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (II)

Los defensores del aborto libre mantienen que el Gobierno es hipócrita e incurre en una desfachatez ilimitada, puesto que suprime el supuesto de malformaciones y simultáneamente suspende la Ley de Dependencia. Es cierto que el Gobierno debe poner a disposición de las madres con hijos discapacitados y con problemas graves todas las ayudas y facilidades necesarias, pero tampoco es menos cierto que dicha ley nunca llegó a entrar en vigor de manera efectiva, viéndose paralizada desde los años de Zapatero. En el sector provida pueden haber hipócritas, pero no creo que superen la desfachatez de ciertos sectores progresistas, que defienden sin escrúpulos el aborto libre mientras condenan la tauromaquia reivindicando respeto por los animales. Esto sí que es una vergüenza, como también que se abanderen como protectores de los débiles, mientras sindicatos y partidos políticos están enfangados en escándalos de corrupción. En definitiva, no está la izquierda en disposición de denunciar desfachateces.

Uno de los argumentos más utilizados por los abortistas reside en la inexistencia de persona humana en el vientre de la mujer, defendiendo que no se está arrebatando una vida; y en caso de haberla, esta cedería incondicionalmente. Dicha táctica neutraliza cualquier posible reflexión en cuanto a lo que en el vientre de la embarazada se está desarrollando. En palabras de Bibiana Aido: “un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano”. ¿Qué es entonces? Todo depende de cómo entendamos la existencia de una persona humana: los abortistas cabales consideran que para estar ante una persona humana debe concurrir vida humana y otros elementos, siendo estos un determinado número de semanas o un cierto porcentaje de desarrollo. ¿Quién decide cuántas semanas? ¿Qué diferencia sustancial existe entre un concebido de 14 semanas y otro de 13, que hace que este último no merezca tener ninguna clase de protección? ¿Por qué tiene menos derecho a vivir el embrión menos desarrollado?¿Quién establece el porcentaje de desarrollo? ¿Quién tiene legitimidad para decidir quién vive y quién muere?

Apoyar el planteamiento anterior llevaría a establecer dos clases de vidas: aquellas que merecen ser vividas y otras que no lo merecen. Por lo tanto, se distorsiona la concepción original de dignidad defendida por el pensamiento cristiano y kantiano que sustentan uno de los principios liberales. Pensar que por ciertas malformaciones una vida no sea digna de vivir, contradice e invierte la concepción original de dignidad. El otro planteamiento consiste en entender que estamos ante una persona humana por el simple hecho de concurrir vida humana, sin necesidad de más elementos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la dignidad inherente de la persona humana que impide violentar o arrebatarle la vida, el concebido merecería el mismo respeto y protección que una persona humana completamente desarrollada. Esto, como mínimo, invita a reflexionar y evitar tratar con tanta ligereza al concebido.

En cuanto a la situación jurídica del nasciturus en España, el TC tuvo ocasión de pronunciarse cuando la primera ley socialista de los supuestos fue recurrida ante la jurisdicción constitucional. En su pronunciamiento, el Tribunal indica que la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y acaba con la muerte; además, insiste en señalar que desde el momento de la gestación existe un tercero diferente de la madre. Este tertium merece una protección que se desprende del artículo 15 CE, el cual no protege la vida en abstracto sino de manera efectiva. No obstante, el TC ha hecho compatible este planteamiento con el aborto, puesto que al nasciturus se le niega la titularidad del derecho a la vida, aunque está protegido constitucionalmente en forma de bien jurídico. Las consecuencias de ser entendido como bien jurídico y no como titular tiene consecuencias relevantes, siendo la más importante la negación de subjetividad propia para el concebido.

Lo expuesto anteriormente contrasta con la facilidad con que el TC ha reconocido subjetividad propia y titularidad de derechos a las personas jurídicas. También resulta curioso que el nasciturus no sea titular del derecho a la vida mientras en el plano civil se le tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siendo capaz de recibir donaciones, heredar e incluso ser parte en un proceso jurisdiccional. En cualquier caso, la legislación abortiva debe asegurar el equilibrio entre los derechos de la mujer y el concebido, siendo inconstitucional aquella ley que desprotegiese de manera clara al nasciturus. En este sentido, convendría que el máximo intérprete constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos socialista y, en su momento, sobre la ley conservadora.

Aunque falta conocer el proyecto de ley en su última forma, considero que debe debatirse en profundidad el supuesto de malformaciones, barajando la posibilidad de incluirlo tal y como hiciera la ley de 1985. No obstante, en caso de desecharse definitivamente esta posibilidad, el Gobierno debe asumir el compromiso de apoyar financieramente aquellas familias que deban hacerse cargo de un niño con importantes problemas y fuerte dependencia. Sería injusto que las familias cargaran exclusivamente con el coste económico de tal situación, puesto que de lo contrario se estaría abandonando esos niños a su suerte, debiendo intervenir los poderes públicos de manera efectiva y sin vacilaciones.

Finalmente, estamos ante un tema complejo de interminable casuística, lo cual dificulta hacer valoraciones con carácter general. En este sentido, debe abordarse el debate tomando partido por una determinada visión, pero de manera sosegada y sin radicalismos. Quienes convierten el debate en simples proclamas irreflexivas, insultos y descalificaciones personales carecen de credibilidad intelectual. Quienes debaten sobre el aborto criticando desde el odio, la intransigencia y convirtiendo el debate en un asunto de “guerra de género” no llegan al nivel mínimo exigible: debemos reflexionar sobre cuestiones profundas, sin esgrimir proclamas absurdas, planteándonos que tal vez estemos equivocados.

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (I)

El anteproyecto de la futura ley del aborto ha provocado la protesta de toda la izquierda. Desde ciertos medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales se ataca una ley que durará el tiempo que los conservadores permanezcan en el poder. El PSOE, haciendo gala de violenta prosa, ha movilizado a su base social tan pronto como tuvo conocimiento de la noticia, clamando venganza a través de su vicesecretaria Elena Valenciano: “tenemos que hacer que paguen por ello”. Las críticas han sido contundentes, esgrimiéndose toda clase de argumentos, algunos dignos de reflexión y otros carentes de apoyatura intelectual vertidos por la izquierda más radical.

La futura ley modificará la legislación vigente bajo la rúbrica de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer. La reforma devuelve a una legislación de supuestos tasados de manera similar a la ley de 1985, aunque más restringida. Sólo se contemplan dos supuestos para poder realizar el aborto: en caso de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. En cuanto al primer supuesto, el hecho debe estar denunciado, existiendo un plazo máximo de 12 semanas para realizar la intervención. Respecto al segundo supuesto, debe estar acreditado el peligro por al menos dos informes médicos, realizados por sanitarios diferentes a los que practiquen el aborto y que trabajen en diferente centro. Todo ello en un plazo de 22 semanas. En cualquier caso, es necesario que el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico y que de lo contrario, se provoque un menoscabo no necesariamente irreversible pero sí importante y duradero.

A diferencia de la ley socialista de 1985, el supuesto de malformaciones ha sido suprimido, aunque se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo en tal caso cuando esa malformación sea incompatible con la vida y genere un peligro psíquico para la vida de la mujer, en cuyo caso se realizarán dos informes: uno relativo a la mujer y otro referente al nasciturus. Por otra parte, Gallardón manifestó que no habría respuesta penal para la mujer que consintiera un aborto fuera de los supuestos previstos, puesto que “la mujer nunca es culpable sino víctima”. No obstante, sí responderán penalmente los médicos que se aparten de lo legalmente previsto. En cuanto a las menores de edad, necesitarán el consentimiento de sus padres en sintonía con la Ley de Autonomía del Paciente.

Los detractores del anteproyecto denuncian la imposición de determinada moral religiosa, argumentando que impondrá obligatoriamente la maternidad a las mujeres, estando presente la presión de la Iglesia Católica. No obstante, los críticos parecen ignorar que la ley nunca es amoral, siempre toma partido respecto al modelo de sociedad que se trata de alcanzar. La izquierda cree que es la única legitimada para legislar en asuntos de especial trascendencia social, partiendo de una supuesta superioridad moral del progresismo, ante la cual la derecha debe abstenerse de configurar la práctica social. Este planteamiento es erróneo, el Gobierno conservador no hace algo distinto a lo que hicieran los socialistas al aprobar la Ley del Matrimonio Homosexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o las diversas leyes educativas. Es decir, legislar conforme a su identidad ideológica.

Los detractores del anteproyecto plantean que el mismo supone un retroceso social, llevando consigo un recorte de los derechos alcanzados por las mujeres. Según esta lógica, el Gobierno en su caracterización retrograda, invade espacios de intimidad, libertad y autonomía que son inviolables, siendo la máxima de este razonamiento la frase: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Es cierto que el TS norteamericano, no sin polémica, ha incluido el aborto dentro del derecho a la intimidad y la autonomía, extendiendo esta consideración al aborto; este criterio también ha sido seguido por el TEDH. No obstante, estamos ante planteamientos erróneos, puesto que lo no penalmente prohibido no supone necesariamente la existencia de un derecho, existen conductas que a pesar de no estar perseguidas por el ordenamiento no se convierten en derechos subjetivos.

De nuestra Constitución tampoco se desprende un derecho fundamental a abortar. En este sentido, rebatiendo los razonamientos del TS norteamericano y haciendo un símil, el derecho a la intimidad no ampara vender un riñón por el simple hecho de que esa acción incumba únicamente al sujeto. Tampoco es cierto que la decisión del aborto recaiga exclusivamente en la mujer por ser la única afectada, puesto que también deben tenerse en cuenta los sentimientos de la otra persona que ha contribuido a la concepción; y por último, como afirmara el TC español, desde el momento de la gestación existe un tertium diferente de la madre que debe ser protegido.

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.

"Los Miserables", de Víctor Hugo

Este artículo nace como reflexión sobre el contenido de cierta novela publicada en 1862 bajo el título de
“Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo. Cualquiera ha oído mencionar este escritor y la gran altura intelectual de sus obras; quien haya profundizado en su figura habrá comprobado su vocación política y las consecuencias derivadas de su compromiso ideológico, como el exilio. Definitivamente, Víctor Hugo fue un destacado intelectual del siglo XIX y uno de los personajes más ilustres de la Historia contemporánea de Francia y Occidente.

Todos le atribuyen elogios sin ni tan siquiera haber leído previamente cualquiera de sus obras. Sin embargo, tras la lectura de “Los Miserables” lo expuesto anteriormente no varía un ápice; de hecho, las virtudes expuestas son incapaces de abarcar en su totalidad la grandeza del autor y su obra. Existe un antes y un después tras la lectura de esta novela; quien considere la literatura un goce aprenderá lecciones vitales, emprenderá una revisión interna que le llevará a crecer intelectual y espiritualmente. En todos los sentidos, esta obra de arte constituye un gran alimento para el alma inquieta que busca respuestas en el torbellino de la realidad, bajo la incorruptibilidad y coherencia de los principios.

“Los Miserables” constituye un monumento de reflexión filosófica, política y religiosa. Para un ser humano ávido de conocimiento y debate, esta novela representa una explosión de crítica hacia los hombres, los sistemas políticos y las leyes; y de denuncia hacia la hipocresía e incoherencia social. Interiorizar esta obra literaria permite al lector detener el tiempo en el dinamismo y vorágine social, fijar la vista en los más desfavorecidos y encontrar un amplio abanico de personajes: héroes, villanos y mártires. Además, cada capítulo se encuentra plagado de reflexiones que permiten navegar en el océano de los sentimientos más sublimes.

Víctor Hugo sitúa al lector en el contexto histórico del momento, impartiendo una magistral clase de Historia contemporánea y mostrando los defectos de la primera formulación del Estado liberal, testigo de la agonía del absolutismo. Durante el s.XVIII la monarquía absolutista frenó el avance del comercio y la economía; la seguridad que proporcionaba frente al feudalismo había pasado a mejor vida. Además, las aspiraciones de la burguesía pujante confrontaron con los estrictos controles y requisas estatales. La Ilustración y los precedentes históricos, combinados con el malestar social y la estrategia burguesa, constituyeron el caldo de cultivo para las dos grandes revoluciones del s.XVIII.

En un primer momento, los derechos y libertades eran efectivos únicamente para cierta minoría privilegiada, siendo muestra de ello el sufragio censitario. La Constitución representaba un mero marco político, de carácter programático y vulnerable a reformas arbitrarias, debido a la inexistencia de mecanismos jurídicos de aplicación y estabilidad temporal. Víctor Hugo recoge las demandas de la clase media y popular, ilustra de forma sublime el camino a seguir para la consecución del Estado social y democrático. En su línea visionaria, el escritor demanda un Estado más comprometido con los desfavorecidos, que proteja a aquellos pilluelos huérfanos de París y garante de unas condiciones dignas para los obreros.

Ese modelo de convivencia tan sólo aparecerá como fruto de la evolución del Estado liberal, presionado por las demandas de la clase media y el movimiento obrero, siendo grandes rivales ideológicos el fascismo y el socialismo. Será después de las dos conflagraciones mundiales cuando las Constituciones adquirirán auténtico carácter vinculante y asegurarán la existencia del Estado democrático y social, donde se lucha frente a las desgarradoras escenas que Víctor Hugo describe. También merece la pena mencionar su discurso en la Conferencia de la Paz de 1849 en París, donde el intelectual apuesta por la unidad de Europa consagrándose como precursor de la Unión Europea.

La persecución del policía Javert sobre Juan Valjean representa uno de los debates más prolíficos del Derecho, y es la no necesaria coincidencia entre legalidad y justicia. Víctor Hugo muestra que el cumplimiento de la ley no siempre es sinónimo de justicia, que la obediencia ciega a los códigos obviando principios morales puede conducir a excesos. La situación filosófico-jurídica francesa del s.XIX es reflejada perfectamente, predominando el tenor literal de los textos legales y la prohibición de cualquier clase de interpretación judicial. En definitiva, intentar evitar la arbitrariedad condujo a la obediencia ciega de la ley y al olvido del derecho natural, error que permitió al Estado nazi cometer los excesos del Holocausto amparándose en la ley.

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el Estado democrático no es definitivo, es susceptible de sufrir retrocesos, siendo por ello un continuo aprendizaje. En esta línea, los ciudadanos deben ser críticos con la actuación de sus representantes, concienciarse sobre la importancia de su voto y el sacrificio que ha supuesto alcanzar la democracia.

La España del siglo XXI, segunda parte.

Los pueblos desconocedores de su Historia están condenados a repetirla, no siendo España la excepción. Por ello es fundamental conocer nuestra Historia con sus luces y sombras, estudiando especialmente los motivos de las sombras. Para progresar como nación es de vital importancia desterrar el fantasma de las dos Españas, asunto zanjado en 1978 y resucitado por Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente se han reabierto heridas, simplificando la Historia con fines electorales y revanchistas; no debemos dar la espalda a los familiares de los asesinados en la Guerra Civil, pero debemos conocer los límites que separan justicia y tergiversar la Historia.

La división interna nos debilitará a la hora de afrontar los retos del siglo, por ello necesitamos unidad y unas fuerzas políticas responsables con vocación de Estado. Otra cuestión importante que deberá abordarse en algún momento de la centuria es el debate monarquía-república. La instauración de una república sólo será beneficiosa si sus políticos adquieren una concepción universal del Estado, alejada de visiones partidistas. En este sentido, la III República deberá ser de todos los españoles, verdaderamente democrática y desvinculada de la fallida II República. Esta forma de Estado deberá ser patrimonio de toda la nación, alejada del uso partidista que ciertos sectores hacen de dicha formulación.

En el plano económico, situar a España como potencia económica pasa por invertir en un modelo de crecimiento basado en la innovación y diversificación de la base económica. A pesar de que el sector terciario ha soportado el peso económico a finales del s.XX y principios del XXI, convendría potenciar la industria y las actividades de alto valor añadido. Para lograr nuestros objetivos económicos se debe explotar y rentabilizar al máximo nuestra pertenencia a la Unión Europea, proyecto común que parece irreversible. Además, debe incentivarse la creación de empresas a través de impuestos bajos y la eliminación de barreras y trámites burocráticos.

Por lo tanto, la mejor receta para reducir un paro que parece estructural, es el fortalecimiento y multiplicación de las PYME y los autónomos. Debemos construir un país puntero en I+D+i, donde si los jóvenes se marchan no sea por inexistencia de oportunidades; poniendo en marcha programas de inversión pública y especialmente de inversión privada. Con el objetivo de crear y reclutar a los mejores cerebros de Europa debemos atraer la inversión, aumentar la productividad, la competitividad y reformar el sistema educativo. Luchar firmemente contra la corrupción y cumplir la ley frente al fraude son determinantes para crear riqueza y reforzar nuestra imagen internacional.

España debe apostar por una economía de mercado y libre competencia, pero nunca debe olvidar las circunstancias de los más desfavorecidos. Las leyes y la economía se encuentran al servicio del ciudadano, por ello el Estado debe contar con una red efectiva de servicios públicos y subsidios para los más pobres, asegurando la dignidad y proveyendo lo indispensable. Debemos priorizar en el gasto de servicios públicos esenciales y recortar gastos superfluos como radio televisiones públicas, policía política y florituras del teatro institucional. Debe existir igualdad de oportunidades para quien desee progresar, donde el esfuerzo y el espíritu de sacrificio aseguren el triunfo. El capital no debería ser determinante, entendiendo que perseguir la riqueza no acaba con la pobreza.

Finalmente, parafraseando a Víctor Hugo: “Animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria; poned término a la explotación del débil por el fuerte; poned freno al inicuo recelo del que está en camino contra el que ha llegado ya; ajustad matemáticamente y fraternalmente el salario al trabajo; mezclad enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia; haced de la ciencia la base de la virilidad; desarrollar las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos; sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices; democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano, sin excepción, pueda ser propietario, cosa más fácil de la que se cree; en una palabra: sabed producir y repartir riqueza, y tendréis justamente la grandeza material y la grandeza moral”.

La reforma educativa

Vivimos en un momento histórico donde la educación es obligatoria y gratuita hasta determinada edad; atrás quedan épocas donde tan sólo un grupo de privilegiados accedían a la enseñanza. Además, España se encuentra entre los países que disponen de una red de ayudas y becas, a pesar del contexto económico y los recortes. No obstante, ciertos sectores preocupados únicamente por la educación cuando pierden el poder, han criticado duramente la reforma educativa y el decreto sobre becas.

La educación española es mejorable según los informes PISA y de la OCDE; a través de estos documentos quedan desmontados los mitos que rodean el sistema educativo. Es falso que España invierta poco en comparación con sus vecinos europeos; de hecho, el gasto por alumno y otros indicadores se encuentran en la media continental. La educación ha sufrido recortes, pero también es cierto que los resultados siguen siendo pésimos en épocas de bonanza y con una inversión mayor. Por lo tanto, existe un problema de fondo: el fracaso escolar no es una cuestión económica, sino de proyecto educativo. Corregir los defectos de una educación financiada correctamente, de pésimos resultados y que desincentiva al alumnado es el mayor reto al que se enfrenta la España del siglo XXI.

El fracaso educativo español tiene unos orígenes claros. En primer lugar, no existe un proyecto global, dado que las Comunidades Autónomas desarrollan la legislación educativa a su antojo; en segundo lugar, la enseñanza es inestable, asentándose en un dinamismo perpetuo donde es concebida como fruto de la tendencia política del ministro de turno. En tercer lugar, es imposible lograr buenos resultados donde equidad e igualdad se confunden con mediocridad, y la excelencia es impropia, en un intento deliberado de igualar hacia el mínimo a todos los estudiantes. Y en cuarto lugar, es difícil alcanzar la excelencia donde el espíritu crítico brilla por su ausencia y el profesorado está excesivamente politizado.

Las reformas propuestas por el ministro Wert se engloban en la costumbre española de concebir la educación como un asunto dependiente de la alternancia política; no obstante, suponen un claro avance abordando cuestiones relevantes. Con ciertos matices, es conveniente instaurar de forma activa la religión en las aulas, dado que los valores del cristianismo han contribuido de forma decisiva a la formación de la cultura europea, constituyendo junto a la filosofía griega y el derecho romano los pilares de Occidente. Alejándonos del debate sobre sotanas y catecismo, es positivo inculcar unos principios que se elevan sobre ideologías, sirviendo para conocer nuestras raíces y combatir el simplismo y la demagogia dominantes.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa también aborda una cuestión relevante: el elevado excedente universitario y la masificación de las aulas, frente a una Formación Profesional desmerecida y despreciada, a pesar de ofrecer grandes posibilidades. Nos encontramos ante un dogma sociológico inexistente en el resto de Europa, según el cual cuando se finaliza la educación secundaria lo más sensato es emprender una carrera universitaria, sin plantearse previamente otras alternativas. El resultado de esta inercia social es la elección arbitraria de estudios, la desmotivación y el consiguiente abandono.

Por otra parte, las becas no deben ser entendidas como limosna y requieren de la necesaria correspondencia del alumno. Son muchas las críticas dirigidas contra José Ignacio Wert, pero éstas se derrumban cuando planteamos qué clase de educación queremos. Si pretendemos lograr una enseñanza y alumnos mediocres, continuemos tomando el cinco como punto de partida; por el contrario, si el objetivo es la excelencia, aumentar el rendimiento y no malgastar recursos públicos, barajemos la posibilidad de elevar la nota necesaria para acceder a una beca, promovamos el esfuerzo y la dedicación.

La oposición cree que los más humildes serán expulsados del sistema mientras los ricos, aunque tengan un rendimiento escaso, podrán permitirse el pago de una matrícula. Además, el impulso de la religión y la subvención a centros que segregan por sexo son medidas retrógradas según Rubalcaba, quien tacha al Gobierno de reaccionario mientras las universidades públicas están dominadas por una izquierda intolerante, populista y alejada de sus principios originales. Todo ello constituyen cortinas de humo que intentan ocultar el nefasto resultado de los planes educativos socialistas.

El éxito académico depende de la capacidad de sacrificio y no de la capacidad económica; acceder a la universidad no significa alcanzar intelecto, sabiduría o espíritu crítico, puesto que deben estar precedidos por la dedicación y el esfuerzo. Finalmente, debemos apostar por una educación de calidad, exigente y accesible a todos, entendida como asunto de Estado y promotora del espíritu crítico, lo cual significa cuestionar el monopolio de la razón y la intelectualidad arrogada por la izquierda durante tanto tiempo.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (II)

El plano jurídico debe ser complementado con el ámbito ético y moral. En este sentido, el debate no sólo reside en si apostamos por el derecho a la vida o en si negamos derechos inalienables a la criatura concebida, sino también a principios elementales de la condición humana como la responsabilidad y la libertad.

Los pro abortistas reivindican esta libertad, pero realmente están promoviendo la irresponsabilidad y el libertinaje, defienden un egoísmo que ahoga cualquier posible aceptación de las consecuencias derivadas de los propios actos. Debido a un error y en un ambiente donde la sexualidad pasa a un plano mundano, se acaba con la vida de un ser humano poseedor de potenciales oportunidades: derecho a vivir, crecer y desarrollarse. Entran en una peligrosa espiral donde cualquier limitación a la absoluta voluntad es considerada opresiva, reivindican la titularidad de derechos, pero no están dispuestos a contraer obligaciones ni asumir las consecuencias de sus acciones.

La incoherencia se ha apropiado de la sociedad, cayendo en la mayor de las hipocresías sin percatarse de ello. Un claro ejemplo lo aporta la promoción abolicionista de las corridas de toros, la reivindicación de la dignidad del animal frente al matador, mientras se niega cualquier derecho al concebido y el aborto libre es defendido a ultranza. La sociedad debería reflexionar profundamente sobre este tema ya que las menores de edad pueden interrumpir su embarazo sin el conocimiento de sus padres, mientras la compra de alcohol y tabaco se les prohíbe.

Defendamos el derecho a la vida y planteemos el debate, mostremos ante un espejo las propias contradicciones de la sociedad. Todo ello conlleva reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva manteniendo intactos sus elementos positivos, restringir la venta de la píldora del día después e investigar sobre sus posibles consecuencias. En este sentido, la ley de los supuestos (peligro para la vida de la madre, violación o malformación) concilia el derecho a la vida con la libertad de la mujer, debiendo ser complementada por la instrucción familiar en la responsabilidad y mentalidad de una sexualidad responsable.

Con respecto a la reforma Gallardón, no es necesario retroceder a una legislación que suprima el supuesto de malformación, puesto que condena irreversiblemente dos vidas humanas, rompiéndose el equilibrio entre derecho a la vida y libertad. Sin embargo, surge una reflexión en torno al supuesto de malformación: el avance científico nos situará en un punto donde podrá elegirse a la carta, y el rechazo a cualquier mínimo defecto nos retrotraerá a una mentalidad donde sólo merezcan vivir aquellos individuos que reúnan determinadas características físicas.

Sería igualmente abominable encarcelar mujeres por abortar, imponer el modelo centroamericano donde el aborto está penado independientemente de las circunstancias. Por lo tanto, se debe rechazar una legislación opresora, aunque la sociedad deba moverse hacia la reducción de los embarazos no deseados y los abortos, reivindicando la concienciación sobre los peligros que supone contraer enfermedades de transmisión sexual.

Por último, conviene denunciar el relativismo en el cual la sociedad occidental se está acomodando: los valores y principios se desdibujan ante una oleada de falso progreso social. Se asume como natural el declive intelectual, cultural y emocional, reduciendo el papel familiar al mero residuo. Mantener relaciones es algo superfluo y carente de compromiso, el sexo sin verdadera motivación pasa a ser lo común y se rechaza asumir responsabilidades. Ante este desolador panorama, sólo queda difundir la reflexión y el respeto a la dignidad de los demás y la nuestra propia.

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y la reforma Gallardón (I)

La intención gubernamental de reformar la legislación sobre el aborto ha reavivado el debate acerca de las cuestiones relativas a los derechos fundamentales y la maternidad libremente decidida. Para valorar esta reforma debemos partir desde el análisis de la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva, perteneciente al proyecto social de José Luís Rodríguez Zapatero, según el cual suponía una conquista en la autonomía personal y los derechos sociales.

El Preámbulo de la citada ley orgánica planteaba que la anterior normativa, la de los tres supuestos aprobada por Felipe González, ofrecía inseguridad jurídica y desprotegía a las mujeres. Profundizando en esta idea, se manifestaba el retraso de la legislación española con respecto a la mayoría de países europeos donde regían leyes de plazos; además, la normativa aprobada por el ejecutivo socialista planteaba dos ambiciosos proyectos: reducir los abortos y la transmisión de enfermedades sexuales.

Desde el punto de vista jurídico, la ley armoniza efectivamente la legislación española en esta materia con respecto a Europa, permitiendo el aborto libre hasta las catorce semanas y elevándose hasta las veintidós semanas en determinados supuestos. No obstante, ese es su único logro real, puesto que tras tres años de aplicación no se han reducido los abortos ni la transmisión de enfermedades sexuales; de hecho, España lidera el ranking europeo de transmisión de estas enfermedades.

El fracaso de la ley no puede entenderse sin una medida complementaria: la liberalización de la venta de la píldora del día después. La píldora, un fármaco con posibles efectos secundarios perjudiciales, pasó a convertirse en un método anticonceptivo habitual en sustitución del tradicional preservativo. Por lo tanto, las buenas intenciones que recogía la ley de salud sexual y reproductiva desaparecen ante la liberalización del fármaco.

Ahondado en este sentido, la norma se distancia de los hechos sociológicos, ignorando que una buena parte de los jóvenes mantienen relaciones sexuales sin preservativo, evitando posibles embarazos mediante el consumo de la píldora. Conforme a este razonamiento, se sitúa en una balanza el embarazo no deseado y el peligro de contraer una enfermedad de transmisión sexual, valorando con mayor riesgo el embarazo y descuidando la higiene sexual. Por lo tanto, la liberalización de la píldora y la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva conllevan planteamientos contradictorios e incoherentes con la finalidad última de reducir los abortos y la transmisión de las enfermedades sexuales.

Para finalizar con el ámbito estrictamente jurídico, la ley de 2010 rompe con los preceptos contenidos en el Código Civil y la Constitución acerca de la mayoría de edad, al aplicar dicho régimen a las jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y diecisiete años. Todo ello contradice de manera evidente las disposiciones de la Ley de Autonomía del Paciente con respecto al consentimiento relativo a las intervenciones quirúrgicas en los menores de edad.

Por otra parte, una vertiente importante es la relativa a las medidas educativas enunciadas en el artículo 9: “El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral que contribuya a: El desarrollo armónico de la sexualidad acorde a las características de las personas jóvenes”. Inquieta la referencia a las características de las personas jóvenes: ¿Cuáles son dichas características? ¿Hacemos referencia a una educación sexual basada en la inexperiencia y la impulsividad? ¿O tal vez sea un enunciado propio para desarrollar el relativismo absoluto que inspiró las políticas de Rodríguez Zapatero? ¿Estamos ante otra herramienta de adoctrinamiento escolar?

El ser y el deber ser del modelo universitario actual.

El acceso a la educación universitaria supone un gran salto cualitativo. La universidad amplía nuestras fronteras intelectuales y pone a nuestro alcance la formación superior. Sin embargo, la entrada en la institución no sólo conlleva profundización en el conocimiento, sino un estilo de reflexión y estudio guiado por el espíritu racional y crítico.

Actualmente, la universidad pública española es poco selectiva, prescindiendo de filtros en búsqueda de la auténtica calidad. Profundizando en este sentido, ingresan personas que realmente no poseen vocación o que deciden incorporarse a la institución como consecuencia de la inercia social, conforme a la cual lo natural es iniciar estudios universitarios. De esta manera, la búsqueda de la verdad, el conocimiento y nuevos enfoques de la realidad no constituyen los motivos esenciales del ingreso en las facultades universitarias.

Nos encontramos ante un exceso de demanda que trae consigo la masificación de las aulas y el deterioro de la relación entre alumno y profesor, en un ambiente de mediocridad y desinterés donde los nombres se convierten en números. La masificación supone un despilfarro de los recursos públicos y los ingresos de las familias, quienes dilapidan su patrimonio en la formación universitaria de muchos jóvenes que ni tienen vocación ni son conscientes del privilegio que supone pertenecer a la institución universitaria.

Los jóvenes deben entender que están condenados al fracaso quienes entran en la universidad guiados por intereses superfluos, sin metas medianamente definidas, o conducidos por una sociedad que no se plantea otras salidas profesionales. El sustento de este razonamiento lo aportan las estadísticas: masificación de las aulas de primero de grado y un número reducido de graduados finales. Debemos entender que a pesar de terminar la aventura universitaria los mejor preparados, el despilfarro de los recursos públicos y familiares es irreparable.

Para contrarrestar esta tendencia deben aplicarse estrictos controles en la entrega de becas públicas y la instauración de mayores filtros no aplicables al ámbito económico con el aumento de tasas, sino elevando las exigencias y notas de acceso. También es fundamental la puesta en marcha de un programa educativo estable en el tiempo, por encima de ideologías e inmune a las reformas políticas del Gobierno de turno.

El funcionamiento universitario deficiente no es consecuencia única de los alumnos, el borreguismo imperante o el desinterés de los padres en la formación y vocación intelectual de sus hijos, sino que también son responsables las autoridades universitarias y los programas educativos. Bolonia y la legislación europea condicionan el planteamiento y estructuración de las clases universitarias, pero es difícil aceptar que la implantación del grado europeo amordace la autonomía universitaria española de tal forma que la chabacanería y la desidia sean el ambiente imperante en las facultades.

En este sentido, la universidad no es una institución divina, sino una institución formada por personas y guiada por profesionales encargados de poner en práctica desde la organización y la logística los valores que presiden la institución. Por lo tanto, estos profesionales asumen gran parte de la responsabilidad en el triunfo o fracaso del proyecto, así como del prestigio y eficacia del centro.

En el caso de la universidad pública canaria, es difícil alcanzar el máximo rendimiento mediante un reducido horario presencial que ocupa de lunes a miércoles. Tampoco es idóneo que asignaturas cuatrimestrales distribuidas en clases teóricas, prácticas y seminarios sean impartidas por tres docentes diferentes, al mismo tiempo que se apuesta por la personalización de la enseñanza. Todo ello desencadena un contexto en el que las primeras víctimas son la constancia y el aprendizaje significativo.

Desde una perspectiva optimista, nos enfrentamos a una tendencia extendida y generalizada pero cuyas coordenadas están claramente delimitadas, conociendo sus causas y consecuencias. De esta forma, sabemos cuáles son las herramientas que deben emplearse para convertir las facultades en centros de auténtica intelectualidad, presidida por el espíritu crítico y alejada de tergiversaciones ideológicas. Debemos apostar por un modelo universitario elitista donde exista igualdad de oportunidades para quienes no dispongan de recursos económicos y posean talento, espíritu de superación y ambición.

En este modelo intelectualmente elitista no deberían olvidarse los valores morales directores de cualquier actividad personal o profesional, ya que ese canon universitario fracasará si prescinde del enfoque humano y social. Conceder una importancia desorbitada al conocimiento teórico sin subordinarlo al progreso y bienestar social significaría incurrir en un grave error.

En definitiva, el modelo universitario propuesto debe favorecer el ambiente para el desarrollo del espíritu crítico, aportar nuevos enfoques a una sociedad excesivamente maleable y contribuir al progreso de nuestro país.

La decadencia autonómica

Como célebremente dijo Adolfo Suárez: "la transición española fue un ejemplo para el resto del mundo"; un país cuya historia reciente había sido convulsa, sellaba completamente su reconciliación. La Transición y la Constitución de 1978 fueron una gran obra de ingeniería, ensamblando los diferentes intereses del bloque de corrientes políticas existentes en la España del momento. El harakiri político de la derecha franquista permitió la llegada de la democracia, junto al liderazgo ejercido por personajes como Adolfo Suárez o el rey Juan Carlos, en un momento en el que la sociedad española clamaba libertad y la oposición política ganaba cada vez más adeptos.

No obstante, treinta años más tarde la Constitución de 1978 y el derecho a la autonomía han dejado de tener validez. Los excesos del modelo autonómico contra la identidad nacional y el sano funcionamiento democrático no deben continuar, sobre todo en un momento en el que la situación económica y decadente del país exige políticas firmes que permitan a España un respiro de los mercados.

Las Comunidades Autónomas se han convertido en agencias de colocación, derroche, duplicidades, endeudamiento y patios particulares de los partidos políticos, no siendo un modelo de acercamiento al ciudadano, sino el prototipo de fracaso por excelencia. Muestras de ello lo deja la nefasta administración valenciana, el pozo sin fondo autonómico andaluz y las cada vez más nacionalistas Cataluña, Canarias y País Vasco, gracias a los cavernarios partidos nacionalistas que las gobiernan.

El último capítulo del exceso autonómico tuvo lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la delegación catalana plantó al ministro y los andaluces abandonaron la mesa de negociaciones. Antonio Griñán justificó el desaire argumentando que la fijación del límite de endeudamiento, es decir, la prohibición de gastar más dinero del que se tiene, supone un ataque a Andalucía y rompe la igualdad de todos los españoles. Además, para el presidente de la Junta, la puesta en marcha del límite supondrá un duro golpe a la educación y sanidad pública andaluza.

¿En qué planeta vive el señor Griñán? ¿No se da cuenta que mayor gasto no implica mejor resultado? ¿Acaso no sabe que Andalucía es la comunidad que más gasta en Educación y la que peor resultado obtiene? ¿Acaso es tan populista que no se da cuenta que la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, es una quimera? ¿No entiende que mientras sigan existiendo privilegios fiscales o diferencias legales y jurídicas será imposible la igualdad entre españoles? ¿Cómo puede reivindicar igualdad entre compatriotas mientras su actitud caciquil lo único que consigue es dividir a la nación en luchas fangosas?

El caso de los nacionalistas catalanes se lleva la palma, quedando al descubierto la hipocresía y doble rasero con el que desarrollan su actividad política. Cada vez más ciudadanos se dan cuenta que los nacionalistas no tienen principios, envenenan la juventud con la parafernalia nacionalista carente de raciocinio, inculcan desde sus decadentes administraciones el odio a España y promocionan una corriente ideológica cuyo origen reside en los intereses pueblerinos de cierta burguesía catalana textil durante el último tercio del s.XIX.

La falsa dignidad política también caracteriza a los nacionalistas; es decir, mientras reivindican una Hacienda propia, se acogen al fondo estatal de ayuda para evitar la suspensión de pagos. Tampoco dice mucho de ellos el acto cobarde y maleducado de dejar plantado al ministro, ignorando la inconveniencia de morder la mano que los salvará de ahogarse en sus propias deudas.

El insostenible Estado de las Autonomías, el llamado “café para todos”, caerá por su propio peso e inviabilidad. Para acelerar ese proceso, el Gobierno debe tener las agallas de exigir contraprestaciones políticas a cambio del rescate autonómico. Un buen ejemplo sería la devolución de competencias como la sanidad o la educación, siendo los primeros pasos para la restitución de un Estado centralizado e igualitario para los españoles.

Crítica a panfleto socialista, primera parte

Este artículo nace como reacción a un panfleto donde se explicaba que ciertos partidos políticos no eran de izquierdas por el simple hecho de tomar ciertas medidas progresistas en un momento concreto del tiempo. A raíz de esta introducción, el artículo exponía las bases sobre las que debería actuar una auténtica formación de izquierdas. Dichos argumentos son los que he tratado de contraponer y desmontar.

En primer lugar, el artículo socialista afirma que términos como “igualdad” o “derechos sociales” van asociados exclusivamente a la izquierda, cosa que no se sostiene bajo ningún concepto. La igualdad y los derechos sociales van unidos a cualquier formación política regida bajo un marco constitucional regulador del Estado de derecho. A su forma, la derecha trabaja para conseguir la igualdad y bajo ningún concepto es detractora de los derechos sociales alcanzados con mucho esfuerzo desde finales del s.XIX y todo el s.XX.

Por otra parte, la ideología progresista, como señalaba el artículo, es la actitud que toma el individuo contra el sistema establecido; es decir, el capitalismo. No obstante, me pregunto a qué clase de sistema quieren llegar esas personas que luchan contra el sistema establecido, me gustaría saber cómo pretenden alcanzar semejante paradigma igualitario. Me pregunto si están dispuestos a desprenderse de sus i-Phone, Blackberrys, ordenadores, i-Pods y todos aquellos artículos nacidos del capitalismo.

La experiencia está de mi parte, y es que la puesta en práctica del proceso gracias al cual se llega al socialismo no ha reportado beneficios a los países que lo han intentado. El ejemplo más representativo del fracaso socialista es la extinta URSS; donde tras la caída del muro de Berlín se pudo apreciar que el desarrollo del individuo era inexistente y donde la pretendida “igualdad” no era más que una quimera.

La ideología marxista se basa en fundamentos respetables, pero imposibles de lograr dado el propio carácter egoísta del Ser humano. Marx habla de conceptos que tienen sentido si nos remontamos al contexto social del s.XIX, existiendo una fuerte diferencia de clases y una evidente explotación sobre el proletariado. No obstante, en la sociedad actual prácticamente no tiene sentido la propugnación de la “lucha de clases” o “dictadura del proletariado”; aunque sí tiene sentido la responsabilidad en el reparto de las culpas por la crisis económica o el enjuiciamiento de los malos gestores; así como el establecimiento de una España igualitaria en derechos.

Por otra parte, en clara alusión al PSOE, el autor critica que no se puede hablar de partido de izquierdas por el simple hecho de crear una ley de igualdad, una ley de dependencia y una ley de memoria histórica. Resulta ineludible hablar de estas leyes, generadoras de una fuerte polémica; es decir, la primera regula numerosos aspectos de la vida social y decisiones que hasta el momento eran libres, estableciéndose una dicotomía entre una supuesta problemática social y una herramienta de control gubernamental; y la segunda ha supuesto un rotundo fracaso organizativo y económico.

La tercera y más discutida, la Ley de Memoria Histórica, ha vuelto a poner sobre la mesa una problemática resuelta desde la transición democrática comenzada con la muerte de Franco en 1975. Dicha ley ha supuesto la institucionalización de la tradicional división de las dos Españas y la falta de visión en el proyecto común. La consecuencia es el anclamiento de España en el pasado, en un momento en el que la unidad de la nación es imprescindible para hacer frente a los retos del futuro.

El papel de los medios de comunicación y la privatización.

Internet puede ser usado de diversas formas, siendo una de ellas la movilización popular. No obstante, en países con regímenes dictatoriales como China, Cuba o Irán, estos movimientos sociales pierden fuerza cuando la red es controlada.

Muchos establecen un paralelismo con el control ejercido por los gobiernos occidentales sobre ciertos aspectos de la red, comparando sus actuaciones con las de los países nombrados anteriormente. Como ejemplo de lo dicho podemos hablar de Estados Unidos y Francia, que han protagonizado acciones de censura contra determinadas páginas, especialmente contra portales piratas y yihadistas.

No obstante, aquellos que establecen esa comparación están completamente equivocados, al situar en un mismo plano ambos casos. Mientras los gobiernos democráticos obstaculizan en ciertos aspectos la descarga gratuita de contenidos, son incapaces de limitar el libre razonamiento del individuo, existiendo gran cantidad de blogs y páginas web que así lo constatan.

Por otra parte, los países con dictaduras no sólo restringen las descargas con respecto a Internet, sino también lo referente a la libre circulación de las ideas. Muestras de ello lo dan las frecuentes noticias que muestran la censura de las autoridades comunistas chinas contra cualquier página contraria al régimen o simpatizante de otros sistemas.

Acorde al papel de los medios de comunicación, es importante destacar el papel de la telefonía móvil con respecto a la movilización popular, no sólo a nivel nacional sino también internacional. El teléfono es la única vía que tienen iraníes, chinos y sirios para mostrar a la comunidad internacional la continua vulneración de sus derechos y el grado represivo que sufren. También cabe destacar el papel de los smartphones en los disturbios de Londres el año pasado, siendo necesario el control de los servidores por parte de la policía para conocer los movimientos de aquellos que usaron la violencia para hacer oír su voz.

No obstante, el papel de las nuevas tecnologías es diferente en cada sociedad, influyendo sobremanera en su desarrollo, pudiendo ser usadas con diferentes grados de responsabilidad. Para entender lo expuesto anteriormente, es necesario comprender que Internet es la mejor vía que tienen los pueblos dictatorialmente sometidos para hacer oír su voz, conocer la realidad de otros países y gozar de libertad de conciencia. Es por ello que Internet sirve de base para poner de acuerdo a las masas, siendo unos pocos los suficientes para transmitir esas ideas democráticas al resto.

Es cierto que en países totalitarios las revoluciones se ganan mediante manifestaciones y lucha en la calle, pero este concepto no es aplicable al desarrollo de la vida política, ciudadana y democrática de los países occidentales, incluyendo por lo tanto a España. Es decir, cabe rechazar cualquier uso de la violencia para lograr cambios en nuestro país, teniendo muy presente la responsabilidad a la hora de usar los medios de comunicación.

Acorde a lo anteriormente dicho, subrayo la irresponsabilidad de ciertos sectores de la izquierda, que alientan la movilización popular y obstaculizan ciertas medidas necesarias; olvidando o pareciendo querer olvidar su culpabilidad en lo que ha provocado la situación en la que estamos. En ningún momento reniego del derecho a manifestarse otorgado por la Constitución, a lo que sí me opongo es a la utilización de esa movilización popular para fines políticos, partidistas e hipócritas.

Lo ideal sería que todas las corrientes ideológicas adquirieran una concepción responsable de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de la vida ciudadana; es decir, el rechazo a cualquier clase de manipulación, existiendo ésta en muchos de los ámbitos del desarrollo individual; pudiendo no ser sólo la televisión o la prensa, sino también la Educación convertida en una herramienta del adoctrinamiento.

Ciertas polémicas han estado relacionadas con el control estatal de los medios de comunicación, como por ejemplo la decisión del actual gobierno de purgar la dirección de RTVE, lo cual ha provocado la ácida crítica de la oposición. Pero es aquí donde se aprecia la hipocresía, planteando con ello una serie de cuestiones:

¿Cuándo ha sido independiente RTVE? ¿Lo ha sido alguna vez? ¿No sabe la oposición que el gobierno ha hecho esto basándose en un mecanismo aprobado por el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Olvidan los socialistas su colaboración con el grupo PRISA?

No obstante, mi planteamiento va más lejos, preguntándome si existe alguna posibilidad de obtener información pulcra y no adulterada. Defiendo que las televisiones privadas sean la única manera de encontrar cierta información imparcial y no gubernamental; por lo que apoyo la privatización de las televisiones públicas, en especial las autonómicas, cuyo gasto infinito podría invertirse en otros servicios públicos más necesarios, como la Sanidad y Educación.

Como conclusión, quiero dejar claro que la democracia posibilita una serie de herramientas para su propia mejoría, e incluso para cambiar la vida política y social. Todo lo que conlleve violencia únicamente contribuirá a la degradación de un sistema que tanto esfuerzo costó a generaciones pasadas y personalidades como Adolfo Suárez, el presidente de la Transición.  

Actual reflexión kantiana

La consecución de la libertad ha sido una de las proclamas más repetidas a lo largo del último tercio del s.XVIII y durante todo el siglo XIX y XX; abanderando movimientos sociales que han marcado un antes y un después en la Historia de la Sociedad Occidental. Como ejemplos representativos de esto podemos destacar la Revolución Norteamericana de 1778, la Revolución Francesa de 1789; el movimiento obrero de finales del s.XIX; el movimiento sufragista; la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la caída del Muro de Berlín (1981).

Se puede afirmar además, que un gran número de revoluciones liberales estuvieron influidas por los sentimientos nacionalistas y el Romanticismo; pero también por los planteamientos kantianos sobre la libertad y el orden civil. Asimismo, actualmente es visible la separación que Kant realizó de la Razón y sus usos público y privado, siendo este último el que está sujeto a más polémica; no sólo porque implica ser coherente en las palabras cuando el individuo desempeña un determinado puesto civil, sino porque también implica ser coherente con los actos, cosa que muchos funcionarios públicos parecen haber olvidado.

Un gran ejemplo de lo anteriormente expuesto puede ser la corrupción, la falta de ética política y el no velar verdaderamente por los intereses de los ciudadanos. Como consecuencia de todo esto, el pueblo desconfía de sus políticos y funcionarios públicos, reclamando herramientas útiles y eficaces con vistas a paliar todas esa clase de males. Dichas herramientas útiles y eficaces proceden, entre otros muchos orígenes, del Poder Judicial del Estado, en teoría independiente de las influencias de los otros dos grandes poderes estatales. No obstante muchos también desconfían de ese poder judicial, ya que gran parte de sus miembros son elegidos por ese poder al que supuestamente deben controlar y juzgar; con lo cual es lógico que desaparezcan la objetividad y la imparcialidad sobre un manto de mentiras e hipocresía.

Sin embargo, existen gentes de esperanza, quienes confían plenamente en que la democracia debe y puede ser mejorada; provocando con ello la inherente regeneración y saneamiento del sistema. Para ello aportan medidas concretas, pero sobre todo apuestan por un cambio de mentalidad en la sociedad y en especial, un cambio de mentalidad en lo que respecta a las instituciones públicas. Todo ello se condensa en la adquisición de una concepción responsable en la utilización de los puestos públicos, cuyo único fin debe ser servir a los ciudadanos y velar por sus intereses.

En un campo práctico, esto puede ser simbolizado por la concienciación global de que no se debe acceder a un puesto público con vistas al enriquecimiento personal; no aceptar sobornos o chantajes para favorecer a unos pocos; el no defraudar económicamente al Estado máxime cuando se desempeña un cargo público; la separación efectiva y demostrable de los poderes estatales; y la aceptación de que el interés nacional y la sociedad están por encima de disputas políticas superfluas, que tan sólo la debilitan y no le permiten hacer frente a los muchos retos que el s.XXI presenta.

Todo lo expuesto anteriormente es de alguna forma un modo para que la sociedad pueda contribuir a la mejora de la democracia, que como dijo Winston Churchill: “Es el peor sistema de todos, a excepción de todos los demás”; lo cual convierte a la democracia en el único modelo aceptable para el progreso del individuo, y la sociedad en su conjunto.  

¿Es la República el camino? (I)

El tema de la República no trae en España muy bueno recuerdos y actualmente es motivo de división entre españoles, acentuado y manipulado por ciertos grupos políticos con intereses partidistas.

El ambiente es propicio para pensar en el asunto: los excesos de una clase política en la que el pueblo no confía; una crisis económica que empobrece a una mayoritaria clase media y una democracia que parece deteriorarse por momentos. Esta combinación de incidencias hacen que gran parte de la población se pregunte y cuestione sobre algunos de los pilares que fundamentan nuestra actual democracia, cuya expresión máxima es la Constitución de 1978; pero sobre todo se cuestionan la necesidad de la figura monárquica. Por otra parte, son muchos los que defienden que la República no solucionaría los grandes problemas de España, principalmente la tasa de paro y la corrupción; y que tampoco mejoraría las instituciones democráticas.

He intentado abordar este debate desde la imparcialidad, el conocimiento y el espíritu crítico; únicas vías para el análisis productivo y el crecimiento de la actividad intelectual del individuo. La reivindicación republicana actual nace, entre otras causas, de la búsqueda de soluciones, de rebelarse contra un sistema que no da esperanzas, un sistema cuya máxima figura es un monarca no elegido y de carácter vitalicio. No obstante, ¿ayudaría una República a la regeneración del sistema?

En el republicanismo pueden diferenciarse claramente dos corrientes: la primera, enarbolada principalmente por la izquierda; parte desde una actitud revanchista, evocando aquellos años treinta en los que supuestamente España era una auténtica democracia, muy adelantada para su época y que fue brutalmente vulnerada por una derecha tradicionalista y católica. La segunda corriente no parte desde consignas socialistas o comunistas; es más, acoge en su seno a una derecha democrática con visión de futuro y sin estar atada a los sucesos acaecidos hace 76 años, a diferencia de la izquierda.

Vamos a centrarnos en la primera corriente; como expresé en un artículo anterior, España no puede enfrentarse a los retos del futuro y mucho menos salir de la crisis sin unidad nacional ni espíritu de trabajo. Es demasiado complejo como para explicarlo en un sólo texto, pero sabemos que es de actualidad la herencia de la Ley de Memoria Histórica, la apertura de fosas y la investigación por parte del juez Garzón de crímenes franquistas. Si instauramos una República basada en la de 1931, en su carácter "totalmente democrático" y con el deseo de ser justos con aquellos republicanos que murieron en la Guerra Civil; no estaremos siendo objetivos con la Historia, ni mucho menos con los fallecidos de ambos bandos.

¿Por qué sería un error basar la supuesta III República española en la que establecía la Constitución de 1931? Por una sencilla razón, y es que la II República no fue totalmente democrática, en el sentido de que la izquierda no estuvo libre de pecado en la caída de la misma. Se tiene asumido en la conciencia popular que la izquierda en su conjunto fue respetuosa con la República y tuvo que soportar las conspiraciones de una derecha rancia y golpista; todo esto es falso en gran medida.