sábado, 24 de mayo de 2014

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.

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