Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.