También los detractores de las prospecciones incurren en
incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles,
simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de
la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un
riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y
buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico
aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de
Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes
frente a las aguas españolas.
Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara
en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán
de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún
ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha
manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización
de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo
derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si
tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la
legislación del vecino africano.
Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios
recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía
indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la
autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye
una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España,
pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la
factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto
también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en
las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional,
arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad
territorial proclamada constitucionalmente.
Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren,
si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala
calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías
económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente.
Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un
sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de
reducir el desempleo.
Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio
económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus
miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su
potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo.
Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la
actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se
opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El
Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y,
víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos
imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad
Autónoma?
Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de
impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante
para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones.
En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el
yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de
la inversión se destine al archipiélago. Será por ello
imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección
medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe
hacerse con las máximas garantías.
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