viernes, 18 de julio de 2014

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (II)

La fundación de Iglesias ha sido acusada de recibir contraprestaciones del Gobierno venezolano por servicios de asesoría, señalando a dicho régimen como financiador del entramado político-institucional que rodea al equipo de Iglesias. Ante esto, el eurodiputado denuncia la hipocresía de quienes le acusan, pues dichos servicios son legales y nunca se ha aconsejado la represión. Además, insiste en que hasta el propio Gobierno español ha vendido armas a Venezuela, y que en ningún momento ha defendido la aplicación del sistema bolivariano en España.

No obstante, a pesar de las justificaciones esgrimidas, una entrevista en la televisión venezolana y declaraciones en su programa contradicen y ponen en evidencia sus explicaciones. En dichas intervenciones Iglesias alaba a Hugo Chávez, sus enseñanzas y el carácter invencible que representa para sus enemigos después de muerto. El eurodiputado lo ensalza como gran demócrata y señala el momento de su fallecimiento como día de luto para quienes aman la democracia. En este sentido, Iglesias muestra a Venezuela como modelo a seguir para el sur de Europa, ejemplo de que se puede recuperar la soberanía y hacer las cosas de otra manera.

Además, presenta a España como un país desolado donde élites económicas controlan los medios de comunicación e impiden que la información esté al servicio del pueblo. Resulta curioso como Iglesias critica ferozmente el sistema televisivo que le ha catapultado a la fama y permite ejercer su derecho de expresión. Paradójicamente, ataca el sistema que le reconoce el derecho a concurrir en unas elecciones con un programa electoral contrario al Gobierno y ejercer la libertad de cátedra. Aunque le pese, la sociedad española cuenta con diversidad de medios informativos reflejo del pluralismo existente, unos medios de ética dudosa pero libres y plurales.

La democracia no existe en el régimen bolivariano, un sistema represivo cuyo sistema electoral y de recuento es manifiestamente perverso y donde los medios de comunicación no afines a la política gubernamental son víctimas de una campaña que persigue el monopolio de la información, manipulándola y distorsionándola a su voluntad. Con la falsa excusa de proteger al pueblo, se criminaliza la protesta y todos los resortes del Estado se orientan hacia la perpetuación del sistema bolivariano. Todo ello mientras las políticas económicas del Gobierno y el dominio de sus élites sumergen en la pobreza y el desabastecimiento a Venezuela.

Pablo Iglesias no es terrorista pero simpatiza con el entorno proetarra, abertzale y borroka, formando parte del sector social que pretende instaurar un régimen pseudocomunista en España. Por último, Iglesias representa a la población joven nacida en democracia que arrastra los prejuicios de una guerra que no sufrió. Frente a la conveniencia del espíritu de reconciliación nacional y tolerancia, le domina un sentimiento revanchista y la necesidad de instaurar un sistema traumático en toda época y lugar.



miércoles, 16 de julio de 2014

Pablo Iglesias, ETA y Venezuela (I)

Podemos se enmarca en el auge generalizado del radicalismo en Europa, consecuencia de la crisis
económica y los recortes sociales. Pablo Iglesias ha irrumpido en el panorama político español como un vendaval, promocionado por ciertas cadenas televisivas, su capacidad argumentativa, convencimiento y el uso maestro de las redes sociales. Todo parece indicar que el triunfo en las elecciones europeas no será un episodio aislado, sino que el partido irrumpirá con fuerza en las municipales y generales.

No obstante, buena parte de sus votantes desconocen quién es Pablo Iglesias y la esencia de su perfil ideológico contenido en un programa electoral que pocos han leído. Los detractores del eurodiputado atacan principalmente su vinculación con el entorno de ETA y el régimen bolivariano de Venezuela. En este sentido, documentos incautados a Herrira, la red de apoyo a los presos de ETA desarticulada por el poder judicial, le señalan como hombre de referencia en Madrid. Además, el profesor universitario impartió una conferencia en una herriko taberna, donde señaló que quienes primero se habían dado cuenta de la falsedad del proceso constituyente español fueron la izquierda vasca y ETA.

Los guiños al entorno proetarra son numerosos, pues en esa conferencia Iglesias reconoce que existen derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad, independientemente de lo que proclame la Constitución Española. Además, en una de sus intervenciones en el programa “La Tuerka”, Pablo Iglesias señala que la banda terrorista ha dejado de asesinar y que ya no constituye una de las principales preocupaciones de la población española, por lo que apelando a los demócratas plantea la posibilidad de que los presos empiecen a abandonar las cárceles.

Las duras críticas por estas intervenciones han sido merecidas, aunque a veces los detractores han perdido la serenidad en sus críticas, confundiendo “explicación política” con “justificación”, en relación a una de las intervenciones del eurodiputado y la actividad criminal etarra. Desde que surgió la polémica, los líderes de Podemos han reiterado su condena a la actividad asesina de ETA, desvinculándose de cualquier relación con el entramado proetarra y argumentando que Herrira mantuvo contacto con otras fuerzas políticas. Además, señalan que la banda terrorista negoció con los diferentes Gobiernos de España, por lo que ellos no han hecho nada que no hayan hecho otros antes.

Aunque lo último es cierto, con matices y salvando las distancias, el programa electoral de la formación de izquierdas aclara sus posiciones políticas. En primer lugar, la apuesta por una política penitenciaria más flexible al compás de la desaparición de ETA, que abarcaría desde acercar a los presos al País Vasco hasta su liberación. Pablo Iglesias se equivoca, que ETA haya dejado de matar no implica su desaparición, ni que deje de ser fuente de preocupación. La banda ha dejado de asesinar porque su radicalismo y simpatizantes han obtenido representación en los parlamentos navarro, vasco e incluso en las Cortes Generales.

Los asesinos y cómplices de ETA no han retirado su desafío al Estado de Derecho ni a la Democracia, pues no se han disuelto ni entregado las armas, dispuestos a retomar su actividad delictiva cuando se ordene desde ciertas instancias. Los verdaderos demócratas deben combatir a ETA hasta su rendición incondicional y desaparición, apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sin renunciar a derrotar en el campo de batalla de las ideas a los secesionistas no simpatizantes de la violencia.

En segundo lugar, la defensa del derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español, por lo que un eventual Gobierno de Podemos autorizaría los referéndum a favor de este tergiversado y manido derecho. Con otras palabras, dicho Gobierno permitiría el desgarro y destrucción de la nación española, otorgándole la victoria sin presentar batalla a los intereses sectarios, intolerantes y partidistas del secesionismo.


miércoles, 18 de junio de 2014

Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

sábado, 14 de junio de 2014

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.


viernes, 13 de junio de 2014

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

lunes, 2 de junio de 2014

Elecciones Europeas 2014 (IV)

Desde una perspectiva autonómica resulta preocupante el triunfo del independentismo en Navarra y País Vasco, donde EH Bildu se consolida como segunda fuerza política con el 20,10 y 23,35% de los votos respectivamente. En Cataluña, Esquerra Republicana ha tomado el relevo y mando del proceso independentista con un 23,67% de los votos, relegando a CiU a un segundo puesto. Dichos resultados son sorprendentes si se comparan con las europeas de 2009, donde ERC era cuarta fuerza política con el 9,20% de los votos, y el PSC la primera con el 36,00%. En Navarra y País Vasco, la posición de Bildu, inexistente en aquel momento, la ocupaba el PSOE con el 31,48% y 27,78% de los votos respectivamente.

En Canarias las elecciones vuelven a poner de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia los nacionalistas aglutinados bajo las siglas de Coalición Canaria, con el 12,21% de los votos, frente al 15,84% que obtuvieron en 2009, siendo de nuevo tercera fuerza política. En este sentido, Coalición Canaria lleva dos derrotas electorales consecutivas, y continúa gobernando Canarias gracias a los alternativos pactos con populares y socialistas, que constituyen la primera y segunda fuerza política del archipiélago.

Esta situación define perfectamente la inexistencia de compromiso de Estado: PP y PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo para destronar a Paulino Rivero y CC del Gobierno. Mientras Canarias mantiene el liderato junto al sur peninsular de la tasa de desempleo y abandono escolar, miles de jóvenes emigran por culpa de un mercado laboral incapaz de absorberlos y la corrupción sigue abriéndose paso en la vida política canaria, las mayores fuerzas políticas del archipiélago siguen de brazos cruzados, incapaces de llegar a un acuerdo para acabar con más de 20 años de gobierno nacionalista.

España en su conjunto se desgarra en manos del extremismo, la decepción y la desilusión, ocupando el vacío dejado por un PSOE debilitado, sin unidad y sin proyecto nacional. Todos estos datos son preocupantes, y mientras manifiestan el fin del bipartidismo, anuncian simultáneamente una etapa de disgregación política e inestabilidad gubernamental que sólo será superada a través de frágiles alianzas electoralistas que no resistirán el primer embate.

No obstante, hay algo más preocupante que la inestabilidad y el ascenso del radicalismo: el alarmante nivel de abstención. Afortunadamente, la participación ha subido en comparación con las de 2009, pero sigue habiendo un 54,16% de abstención. Más de la mitad de los ciudadanos que están convocados a las urnas no ejercen su derecho ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Qué piensan los ciudadanos de esta situación? ¿Cómo afectaría al resultado electoral su voto? ¿Qué ocurriría en Cataluña si el 52,37% de abstención se convirtiera en votos? La situación es de extrema gravedad, y merece que los ciudadanos se pronuncien.


sábado, 31 de mayo de 2014

Elecciones Europeas 2014 (III)

Lo constitucionalmente relativo a la vivienda se encuentra en el Capítulo III del Título I de la CE, referente a los principios rectores que deben informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación del conjunto de los poderes públicos, aunque sólo pueden ser alegados conforme a lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. Por lo tanto, no tienen la misma fuerza ni vinculación que lo dispuesto en los Capítulos I y II del citado título referentes a los derechos y libertades. Por tanto, la radical propuesta de expropiar viviendas vacías que lo lleven más de un año tiene muchas posibilidades de ser declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho fundamental de propiedad privada reconocido en el artículo 33 CE, inserto en la sección segunda del Capítulo II.

Indudablemente, expropiar una vivienda por el simple hecho de estar deshabitada más de un año (plazo excesivamente corto en comparación con una medida tan drástica) incide inevitablemente en el derecho de los titulares a disponer libremente de la vivienda. Además, una irrupción de medidas de corte socialista colectivista en nuestro sistema jurídico podría conducir a contradicciones con el Código Civil, el principio de autonomía de la voluntad y demás leyes relacionadas. En cualquier caso, convendría saber si a pesar de esa brutal incidencia en la libre disposición de la propiedad, el eventual Gobierno de Pablo Iglesias indemnizaría adecuadamente a los titulares o les abonaría una retribución mensual.

En cuanto a la nacionalización de sectores estratégicos de la economía como las telecomunicaciones, energía, alimentación, transporte, sanidad, sector farmacéutico y educativo, encontraría muchas dificultades tanto a nivel nacional como internacional, conllevando inevitablemente una bolivarización de España. En este sentido, se limitaría la libertad de empresa y se vulneraría uno de los principios que sustentan la pertenencia a la Unión Europea: la economía de mercado, contrariando las recomendaciones de privatización de algunos aspectos de estos sectores.

Además, el programa electoral desconoce el papel que corresponde a un Estado cada vez más limitado en un mundo cada vez más globalizado. No es necesaria una intervención del Estado tan directa, ni que tome totalmente las riendas de estos sectores. La Administración debe replegarse a posiciones estratégicas, aprobando normas reguladoras sectoriales, asegurando que los operadores privados las cumplan y corrigiendo desequilibrios e injusticias. Desconocer estos principios y con ello incumplir los compromisos de España en Europa, conduciría inevitablemente al aislamiento de nuestro país.

Respecto a los dos últimos puntos (renta y referéndum), no existe una confrontación directa con los principios constitucionales, pero en la práctica se plantean como difícilmente realizables y utópicos, especialmente lo relativo a la retribución mínima universal por el hecho de ser ciudadano. Esto, junto a la propuesta de jubilación a los 60, plantea toda una serie de retos económicos: ¿Quién pagará todo eso? Respecto al referéndum vinculante, manifestación de la reivindicada democracia participativa, deberíamos preguntarnos cuáles serían las materias sometidas a referéndum ciudadano. Una de las características estrella sería su carácter vinculante, lo cual significa que aunque los ciudadanos voten en un sentido, pueden contradecirse posteriormente y su decisión sería inatacable por muy incoherente o disparatada que fuera.

Este sistema podría resultar útil para Administraciones pequeñas, pero no para el funcionamiento de la Administración General del Estado; funcionar de esta manera es un disparate y pondría prácticamente todo al albur de la mayoría social. Es también un principio democrático reconocer la existencia de elementos que se elevan por encima de mayorías, conociendo que lo bueno no siempre está del lado de la mayoría de turno. Además, se restringiría de manera desproporcionada la autonomía gubernamental para desarrollar la política interior y presupuestaria. En definitiva, no todo es tan sencillo como pretende hacer ver e implantar Pablo Iglesias, todas estas medidas nos llevarían a otro callejón sin salida.




viernes, 30 de mayo de 2014

Elecciones Europeas 2014 (II)

El proyecto de Vidal Quadras ha recibido un duro golpe, motivado por el desapego hacia un político profesional cuya trayectoria ha estado vinculada al bipartidismo y reparto de las instituciones. España necesita una alternativa de centro derecha, aunque no es suficiente para constituirse como tal la crítica ácida al Gobierno ni el desfile de personalidades públicas como el propio Quadras, Abascal o Lara. En este sentido, la izquierda fragmentada ha impartido una lección de movilización y utilización de los medios de comunicación, de la cual deben aprender quienes pretenden ser alternativa al PP.

En líneas generales existe una obsesión contra el bipartidismo, resumiéndose toda la campaña electoral en la destrucción del sistema y la llegada al poder de grupos minoritarios. Las redes sociales han atacado duramente el bipartidismo y todo lo relacionado con él, equiparando a las dos fuerzas mayoritarias y aunándolas bajo las siglas PPSOE, como si sus políticas y trayectoria histórica fueran idénticas. La ciudadanía se encuentra en cierta medida cegada por la frustración y el descontento; que haya alternancia en el gobierno entre dos partidos no es en sí mismo malo, el sistema no es perverso por existir el bipartidismo. En muchos Estados funciona ese sistema, manteniéndose la separación de poderes y no existiendo déficit democrático en sus instituciones.

Lo que sí merece desprecio y condena es que estos partidos mayoritarios se repartan el nombramiento de las instituciones claves del Estado, vulnerando la separación de poderes. El objetivo no debe ser atacar el bipartidismo a cualquier precio, sino asegurar la independencia de órganos tales como el TC y el CGPJ. El objetivo no pasa por eliminar a los dos partidos de la vida pública en favor de una amalgama de partidos que harían España ingobernable o supeditando su estabilidad a frágiles alianzas electoralistas que cederían ante el primer embate. La meta debe ser cambiar algunos aspectos esenciales del sistema: asegurar la separación de poderes, la independencia del poder constitucional y devolver el gobierno de los jueces a los jueces. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Es especialmente preocupante el ascenso del grupo Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Resulta sorprendente que este partido de cuatro meses de vida consiguiese 5 diputados. Su programa electoral resulta cuanto menos inquietante, con tintes totalitarios a la par que utópicos. Muchos son los puntos que merecen crítica, especialmente los relativos a la eliminación de ayudas o subvenciones a la educación privada, incluida la concertada; la expropiación estatal de viviendas, la nacionalización de ciertos sectores estratégicos, el derecho a una renta básica por el hecho de ser ciudadano y la extensión del referéndum vinculante.

Los tres primeros puntos (educación, expropiación y nacionalización) son claramente inconstitucionales. Eliminar cualquier tipo de ayuda a la educación privada, incluida la concertada, e invertir ese dinero únicamente en la educación pública, tendría como consecuencia inevitable la monopolización estatal de la educación, eliminando la iniciativa privada. Una medida de este tipo vulneraría toda una serie de convenios internacionales ratificados por España donde se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que deseen para sus hijos, no debiendo necesariamente ser pública y apoyando el Estado dicha elección. En definitiva, se reconoce el derecho a elegir con respaldo estatal el sistema educativo que se prefiera.

El TC ha recogido esta idea, matizando que el Estado no debe sufragar el gasto que supone la inscripción en una escuela o universidad privada, pero sí está obligado a reconocer este derecho y contribuir de alguna manera mediante subvenciones. Negar cualquier tipo de subsidio a la educación de iniciativa privada vulneraría el artículo 27 CE, solución histórica de compromiso entre dos concepciones educativas contrapuestas, y también supondría negar la igualdad de oportunidades para quien sin medios suficientes elige la educación privada o concertada. En definitiva, es absurdo creer que el problema de la educación pública reside en la privada o que sus intereses se contraponen necesariamente.

jueves, 29 de mayo de 2014

Elecciones Europeas 2014 (I)

Los comicios celebrados el 25 de mayo, donde los ciudadanos elegían a los parlamentarios que les
representarán en el Parlamento Europeo, órgano colegislador de la Unión junto al Consejo, ha arrojado unos resultados preocupantes, merecedores de análisis y reflexión. Los europeos, aunque algunos no quieran admitirlo, aprueban la gestión de los conservadores durante la crisis, otorgando al Parlamento Europeo un carácter eminentemente conservador. Parece que el discurso de la izquierda europea y sus políticas de mayor flexibilidad frente al endeudamiento no han recabado el apoyo esperado.

Resulta preocupante el ascenso de grupos euroescépticos y radicales en la cámara europea: el “Frente Nacional” de Marine Le Pen en Francia, la coalición de izquierda radical “Syriza” en Grecia, el “Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia, y otros grupos han conseguido escaños. Su éxito se debe sin duda al discurso populista que emplean, ofreciendo las soluciones que la población quiere escuchar aunque resulten irrealizables, a las consecuencias de una crisis financiera que ha obligado a rescatar Estados y someterlos a una férrea disciplina económica, al aumento de la pobreza, la desigualdad y en menor medida el desconocimiento ciudadano sobre las instituciones europeas.

La respuesta de los ciudadanos en las urnas puede ser la reacción lógica a la cada vez mayor pérdida de soberanía económica de los Estados; tal vez el proceso de integración económica haya llegado demasiado lejos, y los Estados deban tener mayor margen de maniobra para afrontar las crisis económicas. Tal vez haya llegado el momento de reformular la Unión Europea y corregir los defectos que juristas y economistas señalaron en los orígenes de la organización. La integración europea es una meta apasionante, que sin duda ha reportado beneficios y supone el inicio de una nueva Europa, pretendiendo poner fin a siglos de conflicto.

No obstante, la institucionalización de ese proyecto debe debatirse y, en su caso, corregir defectos: subsanación del déficit democrático, puesta en marcha de manera definitiva de la Política Exterior y de Seguridad Común; ahondar en la internacionalización del sistema educativo de tal forma que se permita trabajar en la Unión exclusivamente en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y la utilización de otros idiomas para sectores concretos (el español e Hispanoamérica), permitiendo reducir un excesivo cuerpo funcionarial y burocrático que ha recibido numerosas críticas. Sin olvidar una mayor integración económica que verdaderamente permita el progreso de los Estados; y especialmente acercar el funcionamiento y diversos fines de la UE al ciudadano.

A nivel nacional español, 63 parlamentarios de los 751 que componen el Parlamento Europeo son elegidos en España en función de una distribución poblacional. Centrándonos en los resultados españoles, los datos anuncian el principio del fin del bipartidismo, aunque los conservadores hayan ganado las elecciones han perdido 8 eurodiputados con respecto a 2009, quedándose en 16 parlamentarios. La caída del PSOE también parece imparable, quedando su representación en 14 parlamentarios, 9 menos que en los anteriores comicios. Los dos partidos mayoritarios no suponen ni la mitad de los parlamentarios; definitivamente, han sufrido el castigo de una ciudadanía que no olvida la herencia socialista pero que tampoco termina de aprobar la gestión de Mariano Rajoy.

Asimismo, la propaganda televisiva y de las redes sociales alentando el castigo al bipartidismo ha tenido éxito: son 9 las formaciones y coaliciones que tendrán representación en Europa. El PSOE ha sido adelantado por la izquierda por Podemos, Izquierda Plural y UPyD, produciéndose un trasvase de los votos tradicionalmente destinados al partido progresista por excelencia en favor de agrupaciones políticas minoritarias que apenas tienen representación en el Congreso. Se ha producido una especie de balcanización de la izquierda que puede hacer mucho daño a los socialistas.

lunes, 26 de mayo de 2014

Segunda Transición Española (II)

Los políticos deben tener cierto nivel cultural y demostrar su capacidad para vivir autónomamente,
pretendiéndose neutralizar el enchufismo y la mediocridad. El político no sólo debe instruirse, sino también ser virtuoso y honrado; en este sentido, la transparencia debería reconocerse explícitamente en el eventual texto constitucional. Todo ello acompañado de una legislación que dificulte la corrupción, publicándose periódicamente y con auténtico detalle lo recaudado e invertido por las diferentes administraciones públicas.

También debe abordarse la reformulación o supresión del Senado, cámara territorial desvirtuada y sin utilidad práctica, pues los conflictos que debe conocer son resueltos en el Congreso, representativo de la voluntad de los españoles. Si se sigue apostando por la descentralización es imprescindible revitalizar el Senado, permitiéndole ejercer en la práctica las competencias que constitucionalmente le corresponden. Los nacionalistas deberán plantear sus conflictos en dicha cámara, evitando el chantaje a costa de la estabilidad gubernamental o la propia existencia de la nación. Para lograrlo, la eventual Constitución debe pronunciarse sobre el reparto competencial de ambas cámaras, de manera que una distribución clara y constitucionalmente prevista impida dejar en papel mojado estas ideas. En este sentido, reformar la LOREG debería asegurar una “representación auténticamente representativa”, evitando la sobre-representación.

La Monarquía se encuentra en decadencia, no contando con el respaldo de la mayoría de los españoles. Es un hecho objetivo y estadísticamente demostrado que la monarquía es la institución peor valorada, no sólo por la izquierda, sino también por un sector creciente de la derecha. Los motivos de esta situación residen tanto en las propias corruptelas de la familia real como en el distanciamiento ciudadano, especialmente de los jóvenes, que no se sienten representados por un monarca que no votaron. Tarde o temprano deberá convocarse un referéndum donde la ciudadanía manifieste si aboga por una república; no obstante, la desaparición de la monarquía tendría consecuencias que pocos comprenden plenamente.

La III República Española no debería ser patrimonio de ideología alguna, ni propiedad del sectarismo político. Debería ser la república de todos los españoles, independientemente de su ideología o creencia. Su presidente debería velar por la unidad de la Nación, aglutinarla bajo un mismo horizonte futuro para crecer en fortaleza y determinación. El proyecto fracasará si el jefe del Estado obra velando por un determinado electorado o intereses partidistas, si no existe mentalidad de Estado. El nuevo sistema no debería servir como arma arrojadiza de división entre ciudadanos, ni tampoco ser utilizado para tergiversar la Historia. Sobre las futuras generaciones no debe recaer la carga de reavivar un conflicto civil, ni tampoco heredar la división genética entre “rojos y fachas”.

Lo expuesto anteriormente debe ser meditado y debatido en profundidad. En este sentido, la forma de Estado no garantiza el bienestar ciudadano, no contraponiéndose monarquía y progreso, y existiendo otras acuciantes prioridades. Además, este proyecto republicano es imposible sin el liderazgo de políticos con vocación de Estado, inexistentes en el panorama político español, por lo que emprender el cambio en las condiciones actuales es garantía de fracaso. Definitivamente, en España aún no existe una mentalidad nacional que asegure el éxito en la instauración del sistema republicano. En cualquier caso, la Monarquía debe ser reformulada y saneada, lo cual pasa por la abdicación del monarca.

sábado, 24 de mayo de 2014

Segunda Transición Española (I)

Tras 36 años de democracia, el sistema se derrumba y España no tiene garantizada su supervivencia.
Corrupción, desempleo, desigualdad, privilegios políticos, hipocresía y malos Gobiernos han dinamitado el sistema creado tras la muerte del general Franco. Nada queda del espíritu de la Transición, que permitió en un breve período de tiempo desmontar la dictadura franquista e instaurar uno de los regímenes más duraderos de la Historia contemporánea de nuestro país, trayendo consigo mayor bienestar, reconocimiento de libertades y tolerancia.

La complicidad entre Juan Carlos I, sucesor de Franco como Rey de España, y Adolfo Suárez, líder del Movimiento, permitió que aquella aventura trepidante tuviera éxito pese a desarrollarse en un momento crítico, superando obstáculos y presiones. El período histórico iniciado en 2008 ha puesto de manifiesto la decadencia económica, política y social del país, obligando a plantear la conveniencia de actualizar el pacto constitucional. Es necesaria una Segunda Transición, pues la sociedad y la ley cambian con el tiempo, únicamente pudiendo ser superada esta crítica situación mediante el replanteamiento de las normas de convivencia. Debe tomarse como modelo la Transición de 1978, reflexionando sobre errores pasados, estableciendo prioridades y perfeccionando nuestras leyes.

Los principios que deben inspirar esta nueva etapa histórica se exponen a continuación. En primer lugar, como manifestara el propio Suárez, debe conservarse la dignidad de las instituciones. Aquella sociedad donde los ciudadanos desconfíen de las instituciones y no les merezcan respeto, como actualmente ocurre, está condenada a desaparecer. Para la supervivencia del nuevo proyecto es imprescindible que las instituciones transmitan respeto y confianza, así como las personas que las lideren. ¿Cómo devolver la dignidad perdida del Gobierno, Cortes Generales, Monarquía y Tribunales?

España se constituye como Estado parlamentario, siendo el Gobierno órgano fiduciario del Parlamento, aunque en la práctica sea a la inversa, fruto de la denominada separación flexible de poderes. Tal vez haya llegado el momento de plantearse un cambio hacia un sistema presidencialista como el existente en Francia o EEUU. En este sistema de separación rígida de poderes es más fácil que la maquinaria del poder se atasque, puesto que no necesariamente el Gobierno posee mayoría parlamentaria. Por otra parte, un sistema presidencialista fuerza la necesidad de llegar al consenso y permite alcanzar soluciones de compromiso. En España, donde los estadistas no se encuentran y los intereses partidistas son prioritarios, puede que no sea idóneo implantar esta clase de sistema.

En el período de entreguerras Carl Schmitt criticó la inexistencia de representación popular en los parlamentos de comienzos del s.XX. Para él, la ley no era expresión de la voluntad popular, sino una transacción de intereses entre grupos de poder encarnados en los partidos políticos. Por otra parte, otros juristas y filósofos contemporáneos suyos, entre otros Hans Kelsen, apuntaron que las formaciones políticas encauzaban el interés general y que de algún modo son instrumento de la voluntad popular. Los críticos de Schmitt reconocen que siempre existirán lobbies de poder, pero que en defecto de democracia directa impracticable en nuestra época, los partidos políticos y sus intereses constituyen un “mal menor”.

Siguiendo este razonamiento, en la futura España deberá reducirse la incidencia de esos grupos de poder que nunca desaparecerán. Para ello, debe permitirse que las leyes emanadas del Parlamento respondan al interés general: familia y universidad deberán formar auténticos pensadores. En 2014 no existen estadistas visibles, se legisla conforme a férrea disciplina de partido y los diputados carecen de criterio propio. Para luchar contra esa tendencia debe reformarse la LOREG, instaurando un sistema aperturista que permita a los ciudadanos elegir de manera más directa a sus representantes, pudiendo estos romper la disciplina partidista: las listas cerradas y bloqueadas ya no tienen razón de ser.

sábado, 28 de diciembre de 2013

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (II)

Los defensores del aborto libre mantienen que el Gobierno es hipócrita e incurre en una desfachatez ilimitada, puesto que suprime el supuesto de malformaciones y simultáneamente suspende la Ley de Dependencia. Es cierto que el Gobierno debe poner a disposición de las madres con hijos discapacitados y con problemas graves todas las ayudas y facilidades necesarias, pero tampoco es menos cierto que dicha ley nunca llegó a entrar en vigor de manera efectiva, viéndose paralizada desde los años de Zapatero. En el sector provida pueden haber hipócritas, pero no creo que superen la desfachatez de ciertos sectores progresistas, que defienden sin escrúpulos el aborto libre mientras condenan la tauromaquia reivindicando respeto por los animales. Esto sí que es una vergüenza, como también que se abanderen como protectores de los débiles, mientras sindicatos y partidos políticos están enfangados en escándalos de corrupción. En definitiva, no está la izquierda en disposición de denunciar desfachateces.

Uno de los argumentos más utilizados por los abortistas reside en la inexistencia de persona humana en el vientre de la mujer, defendiendo que no se está arrebatando una vida; y en caso de haberla, esta cedería incondicionalmente. Dicha táctica neutraliza cualquier posible reflexión en cuanto a lo que en el vientre de la embarazada se está desarrollando. En palabras de Bibiana Aido: “un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero no es un ser humano”. ¿Qué es entonces? Todo depende de cómo entendamos la existencia de una persona humana: los abortistas cabales consideran que para estar ante una persona humana debe concurrir vida humana y otros elementos, siendo estos un determinado número de semanas o un cierto porcentaje de desarrollo. ¿Quién decide cuántas semanas? ¿Qué diferencia sustancial existe entre un concebido de 14 semanas y otro de 13, que hace que este último no merezca tener ninguna clase de protección? ¿Por qué tiene menos derecho a vivir el embrión menos desarrollado?¿Quién establece el porcentaje de desarrollo? ¿Quién tiene legitimidad para decidir quién vive y quién muere?

Apoyar el planteamiento anterior llevaría a establecer dos clases de vidas: aquellas que merecen ser vividas y otras que no lo merecen. Por lo tanto, se distorsiona la concepción original de dignidad defendida por el pensamiento cristiano y kantiano que sustentan uno de los principios liberales. Pensar que por ciertas malformaciones una vida no sea digna de vivir, contradice e invierte la concepción original de dignidad. El otro planteamiento consiste en entender que estamos ante una persona humana por el simple hecho de concurrir vida humana, sin necesidad de más elementos. Por lo tanto, teniendo en cuenta la dignidad inherente de la persona humana que impide violentar o arrebatarle la vida, el concebido merecería el mismo respeto y protección que una persona humana completamente desarrollada. Esto, como mínimo, invita a reflexionar y evitar tratar con tanta ligereza al concebido.

En cuanto a la situación jurídica del nasciturus en España, el TC tuvo ocasión de pronunciarse cuando la primera ley socialista de los supuestos fue recurrida ante la jurisdicción constitucional. En su pronunciamiento, el Tribunal indica que la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y acaba con la muerte; además, insiste en señalar que desde el momento de la gestación existe un tercero diferente de la madre. Este tertium merece una protección que se desprende del artículo 15 CE, el cual no protege la vida en abstracto sino de manera efectiva. No obstante, el TC ha hecho compatible este planteamiento con el aborto, puesto que al nasciturus se le niega la titularidad del derecho a la vida, aunque está protegido constitucionalmente en forma de bien jurídico. Las consecuencias de ser entendido como bien jurídico y no como titular tiene consecuencias relevantes, siendo la más importante la negación de subjetividad propia para el concebido.

Lo expuesto anteriormente contrasta con la facilidad con que el TC ha reconocido subjetividad propia y titularidad de derechos a las personas jurídicas. También resulta curioso que el nasciturus no sea titular del derecho a la vida mientras en el plano civil se le tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables, siendo capaz de recibir donaciones, heredar e incluso ser parte en un proceso jurisdiccional. En cualquier caso, la legislación abortiva debe asegurar el equilibrio entre los derechos de la mujer y el concebido, siendo inconstitucional aquella ley que desprotegiese de manera clara al nasciturus. En este sentido, convendría que el máximo intérprete constitucional se pronuncie sobre la ley de plazos socialista y, en su momento, sobre la ley conservadora.

Aunque falta conocer el proyecto de ley en su última forma, considero que debe debatirse en profundidad el supuesto de malformaciones, barajando la posibilidad de incluirlo tal y como hiciera la ley de 1985. No obstante, en caso de desecharse definitivamente esta posibilidad, el Gobierno debe asumir el compromiso de apoyar financieramente aquellas familias que deban hacerse cargo de un niño con importantes problemas y fuerte dependencia. Sería injusto que las familias cargaran exclusivamente con el coste económico de tal situación, puesto que de lo contrario se estaría abandonando esos niños a su suerte, debiendo intervenir los poderes públicos de manera efectiva y sin vacilaciones.

Finalmente, estamos ante un tema complejo de interminable casuística, lo cual dificulta hacer valoraciones con carácter general. En este sentido, debe abordarse el debate tomando partido por una determinada visión, pero de manera sosegada y sin radicalismos. Quienes convierten el debate en simples proclamas irreflexivas, insultos y descalificaciones personales carecen de credibilidad intelectual. Quienes debaten sobre el aborto criticando desde el odio, la intransigencia y convirtiendo el debate en un asunto de “guerra de género” no llegan al nivel mínimo exigible: debemos reflexionar sobre cuestiones profundas, sin esgrimir proclamas absurdas, planteándonos que tal vez estemos equivocados.

viernes, 27 de diciembre de 2013

Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer (I)

El anteproyecto de la futura ley del aborto ha provocado la protesta de toda la izquierda. Desde ciertos medios de comunicación, partidos políticos y redes sociales se ataca una ley que durará el tiempo que los conservadores permanezcan en el poder. El PSOE, haciendo gala de violenta prosa, ha movilizado a su base social tan pronto como tuvo conocimiento de la noticia, clamando venganza a través de su vicesecretaria Elena Valenciano: “tenemos que hacer que paguen por ello”. Las críticas han sido contundentes, esgrimiéndose toda clase de argumentos, algunos dignos de reflexión y otros carentes de apoyatura intelectual vertidos por la izquierda más radical.

La futura ley modificará la legislación vigente bajo la rúbrica de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer. La reforma devuelve a una legislación de supuestos tasados de manera similar a la ley de 1985, aunque más restringida. Sólo se contemplan dos supuestos para poder realizar el aborto: en caso de violación y grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer. En cuanto al primer supuesto, el hecho debe estar denunciado, existiendo un plazo máximo de 12 semanas para realizar la intervención. Respecto al segundo supuesto, debe estar acreditado el peligro por al menos dos informes médicos, realizados por sanitarios diferentes a los que practiquen el aborto y que trabajen en diferente centro. Todo ello en un plazo de 22 semanas. En cualquier caso, es necesario que el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista médico y que de lo contrario, se provoque un menoscabo no necesariamente irreversible pero sí importante y duradero.

A diferencia de la ley socialista de 1985, el supuesto de malformaciones ha sido suprimido, aunque se abre la posibilidad de interrumpir el embarazo en tal caso cuando esa malformación sea incompatible con la vida y genere un peligro psíquico para la vida de la mujer, en cuyo caso se realizarán dos informes: uno relativo a la mujer y otro referente al nasciturus. Por otra parte, Gallardón manifestó que no habría respuesta penal para la mujer que consintiera un aborto fuera de los supuestos previstos, puesto que “la mujer nunca es culpable sino víctima”. No obstante, sí responderán penalmente los médicos que se aparten de lo legalmente previsto. En cuanto a las menores de edad, necesitarán el consentimiento de sus padres en sintonía con la Ley de Autonomía del Paciente.

Los detractores del anteproyecto denuncian la imposición de determinada moral religiosa, argumentando que impondrá obligatoriamente la maternidad a las mujeres, estando presente la presión de la Iglesia Católica. No obstante, los críticos parecen ignorar que la ley nunca es amoral, siempre toma partido respecto al modelo de sociedad que se trata de alcanzar. La izquierda cree que es la única legitimada para legislar en asuntos de especial trascendencia social, partiendo de una supuesta superioridad moral del progresismo, ante la cual la derecha debe abstenerse de configurar la práctica social. Este planteamiento es erróneo, el Gobierno conservador no hace algo distinto a lo que hicieran los socialistas al aprobar la Ley del Matrimonio Homosexual, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva o las diversas leyes educativas. Es decir, legislar conforme a su identidad ideológica.

Los detractores del anteproyecto plantean que el mismo supone un retroceso social, llevando consigo un recorte de los derechos alcanzados por las mujeres. Según esta lógica, el Gobierno en su caracterización retrograda, invade espacios de intimidad, libertad y autonomía que son inviolables, siendo la máxima de este razonamiento la frase: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”. Es cierto que el TS norteamericano, no sin polémica, ha incluido el aborto dentro del derecho a la intimidad y la autonomía, extendiendo esta consideración al aborto; este criterio también ha sido seguido por el TEDH. No obstante, estamos ante planteamientos erróneos, puesto que lo no penalmente prohibido no supone necesariamente la existencia de un derecho, existen conductas que a pesar de no estar perseguidas por el ordenamiento no se convierten en derechos subjetivos.

De nuestra Constitución tampoco se desprende un derecho fundamental a abortar. En este sentido, rebatiendo los razonamientos del TS norteamericano y haciendo un símil, el derecho a la intimidad no ampara vender un riñón por el simple hecho de que esa acción incumba únicamente al sujeto. Tampoco es cierto que la decisión del aborto recaiga exclusivamente en la mujer por ser la única afectada, puesto que también deben tenerse en cuenta los sentimientos de la otra persona que ha contribuido a la concepción; y por último, como afirmara el TC español, desde el momento de la gestación existe un tertium diferente de la madre que debe ser protegido.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

Continúa el delirio independentista

El delirio independentista de Artur Mas parece no tener límites, está decidido a alcanzar a través de su política la independencia de Cataluña, violentando el régimen constitucional y las más elementales bases del Estado democrático. Los independentistas basan su planteamiento precisamente en aquello que destruyen conscientemente: la democracia. Ésta y el derecho de libre determinación de los pueblos constituyen los pilares sobre los que se asienta la doctrina independentista, salpicando todo ello de argumentaciones históricas y sociológicas.

Impedir la consulta soberanista violentaría la democracia, alegando que tienen fobia a las urnas quienes mantienen que el futuro de España recae sobre todos los españoles. La máxima manifestación democrática consistiría en un referéndum donde los catalanes decidan. No obstante, no estarían votando un estatuto autonómico, sino sobre el futuro de la nación española. Lo votado en Cataluña no sólo repercutiría en la región, sino en todo el país. El Gobierno catalán pretende decidir unilateralmente qué es España, imponiendo su visión sobre Cataluña e ignorando flagrantemente a quienes se sienten tanto españoles como catalanes. El presidente y sus socios invierten los principios democráticos, ignorando las reglas del juego, violentando los preceptos constitucionales y los siglos de historia de la nación española.

Los separatistas se aferran al principio de libre determinación de los pueblos consagrado en la Resolución 1514 de la ONU, la cual inspiró las grandes descolonizaciones del s.XX. El uso que los secesionistas hacen de éste revela un gran desconocimiento o un ánimo desmedido de manipulación. El principio no es aplicable a Cataluña porque estaba pensado para las colonias asiáticas y africanas que durante el s.XIX estuvieron sometidas a las potencias occidentales. Además, Cataluña no es una colonia: los catalanes acceden en igualdad de condiciones a los puestos públicos, no ven constreñidos ninguno de los derechos garantizados constitucionalmente ni son expoliados por ningún Estado opresor. Por último, el principio tiene un límite claro y expresamente reconocido: el respeto de los derechos soberanos de todos los pueblos y de su integridad territorial. Por lo tanto, no es un cheque en blanco ni es aplicable en cualquier circunstancia.

Tras desmontar estos dos argumentos, al separatismo sólo le queda recurrir a tergiversaciones históricas carentes de veracidad. El secesionismo se alimenta y fortalece inoculando el odio entre los ciudadanos, promoviendo una radical intransigencia ideológica. No obstante, la situación actual es herencia lógica de un reparto competencial erróneo entre Estado y CCAA: la educación, pilar clave de la sociedad y en manos de las autonomías, ha sido utilizada como instrumento para dinamitar lo logrado durante siglos. Durante estos treinta y cinco años de democracia, las escuelas han sido productoras de generaciones envenenadas, que ahora reclaman la independencia por inercia, apoyándose en argumentaciones falaces.

La locura de Artur Mas continúa, planificando la creación de instituciones estatales para la eventual independencia, ensalzando el mito separatista a través de la red de televisiones públicas y la propaganda, financiando a ciertos grupos afines para que difundan las tesis independentistas, convocando consultas y haciendo declaraciones sin ningún tipo de eficacia jurídica. Todo ello mientras los más débiles siguen sufriendo, la creación de empresas es dificultada por culpa de asfixiantes impuestos y los casos de corrupción se multiplican. En este sentido, el Gobierno catalán procura desviar la atención del pueblo hacia cuestiones que no salpiquen su mala gestión o provoquen un examen del despilfarro de los recursos públicos.

Frente a los planes de la Generalitat, Mariano Rajoy asegura que la consulta soberanista no se celebrará. Es menester que el Gobierno de la Nación se mantenga firme en este asunto y cuente con el apoyo de la oposición; conviene que las fuerzas políticas nacionales aúnen esfuerzos en pos de la unidad nacional, puesto que nos encontramos ante una cuestión de Estado. No obstante, es perceptible cierta pasividad ante los acontecimientos: el Presidente evita desviarse de lo políticamente correcto. Por su parte, el TC ha suspendido la declaración soberanista del Parlamento catalán, aunque no deja de ser curioso: ¿Qué es exactamente lo que ha sido suspendido? ¿Cómo procesar semejante ataque directo al ordenamiento constitucional?

Ha llegado el momento de defender la unidad nacional de forma clara, combatiendo los mitos y falacias del independentismo. Debemos reflexionar acerca de una eventual reforma constitucional de competencias, plantearnos cómo subsanar este problema, lo cual pasa por devolver la educación al poder central y debatir acerca de la financiación autonómica, entre otras cuestiones. Nos encontramos verdaderamente ante una situación crítica, siendo el momento oportuno para iniciar una verdadera ofensiva intelectual contra el separatismo, la cual tan sólo han iniciado unos pocos.




martes, 27 de agosto de 2013

La cuestión gibraltareña

Para abordar el asunto gibraltareño debemos retroceder hasta sus orígenes históricos, lo cual nos hará comprender perfectamente el dolor que produce en España la posesión británica de la Roca. Todo comienza con la Guerra de Sucesión española a principios del siglo XVIII, cuando el último monarca Habsburgo, falleciendo sin descendencia, entregó la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. El temor a la ruptura del equilibrio continental debido a una posible alianza entre franceses y españoles, con la consecuente hegemonía franco-española en Europa, llevó a Inglaterra y otros países a proponer un candidato alternativo: el archiduque Carlos.

Estas circunstancias condujeron al estallido de una nueva guerra y la división civil española. El desenlace del conflicto supuso para España algo más que pérdidas territoriales y la extinción de su hegemonía en Europa; significó la completa implantación de la Monarquía absolutista. En este sentido, si bien Felipe V respetó los fueros vascos, la Corona de Aragón perdió la mínima autonomía que le quedaba, pasando a reformarse al estilo francés la organización territorial. En otras palabras, Felipe V impuso un control centralista del Estado, tal y como Olivares recomendó a Felipe IV en 1624. En definitiva, las instituciones aragonesas de control del poder real fueron liquidadas por los Decretos de Nueva Planta.

En estas líneas nos hemos limitado a realizar un análisis histórico-jurídico de lo que supuso la llegada de los Borbones a España; pero lamentablemente, son muchos los análisis subjetivos que se hacen de esta etapa de nuestra Historia, convirtiendo algunos episodios en baluartes nacionalistas. Un ejemplo puede ser Rafael Casanova y la Diada, quienes en ningún momento estuvieron vinculados con el independentismo, sino con la visión particular que cada bando tenía sobre la España de aquella época.

Retomando el asunto meramente territorial, las tropas anglo-holandesas tomando posiciones en la guerra civil en nombre del archiduque, ocuparon Gibraltar, y en contra de lo que debiera esperarse, el Peñón fue tomado en nombre del monarca inglés. Este acto contrariaba cualquier norma moral o de caballería, puesto que España no se encontraba propiamente en guerra con la Gran Bretaña, ni debe olvidarse que esta nación únicamente tomaba partido en una guerra civil. Dicho punto de vista no es parcial, puesto que han sido muchas las voces británicas ilustres que han condenado este episodio, como Sir Robert Gardiner, John Bright, William Atkinson, Holliday Sutherland y Arnold Toynbee.

Dicha situación fue ratificada posteriormente en el Tratado de Utrecht de 1715, donde se reconocía a Felipe de Anjou como rey de España a cambio de ciertas condiciones, como la imposibilidad de que España y Francia estuvieran bajo el mismo trono y la pérdida de algunos territorios como Gibraltar. La situación de la colonia era bastante precaria, ya que estaba incomunicada del resto del territorio español, contando únicamente con la fortaleza y las aguas del puerto, sin ningún tipo de aguas jurisdiccionales. A partir de ese momento, la supervivencia de la colonia ha estado basada en actividades fraudulentas; debiendo añadirse la desobediencia continua al tratado y las leyes por parte de las autoridades del Peñón, quienes favorecidos por ciertos acontecimientos históricos aprovecharon para extenderse territorialmente.

Desde el s.XVIII los intentos de recuperar la posesión de la plaza fueron continuos, quedando abierta una herida que sigue sin cicatrizar. A lo largo del s.XX se lograron algunos avances considerables como la inclusión de Gibraltar por parte de la ONU en la lista de territorios a descolonizar. En pleno s.XXI, el derecho internacional y las leyes amparan las pretensiones españolas, siendo muestra de ello la sentencia del TJUE relativa a las aguas jurisdiccionales. Por otra parte, esquivando la cuestión de la soberanía y el patriotismo, al cual se atribuye erróneamente la razón de denunciar una injusticia, es obvio que Gibraltar infringe las leyes, siendo menester sancionar los atropellos de acuerdo a la legalidad.

El lanzamiento de hormigón al mar y el acoso a pescadores andaluces no es un plan preestablecido del Gobierno español, cuyas acertadas respuestas en este asunto deben ser respaldadas por la ciudadanía y la oposición. Picardo, en la engañosa seguridad del cacique, ha subestimado a los conservadores, creyendo que continuarían la línea de aceptación de hechos consumados de los últimos años. El líder gibraltareño pensó que el Gobierno de España seguía siendo partidario de la inclusión de la Roca, sin voz ni voto y cuya política exterior depende del Reino Unido, en las negociaciones. Afortunadamente, atrás quedan las torpezas de Moratinos y compañía, para quienes España era un “concepto discutido y discutible”.

Si nos ajustamos a lo dispuesto en el propio tratado de Utrecht, no se contempla la autonomía ni la independencia de la colonia, sino únicamente se expresa la preferencia del Reino de España en caso de enajenación del territorio por parte del Reino Unido. Por lo tanto, no cabe otra solución al conflicto que no sea la devolución del territorio a manos españolas. Mientras eso no ocurra, deben dejarse claras las intenciones españolas, procurando que la alternancia en el poder no suponga un giro de la política exterior respecto a Gibraltar. Todo ello transmitirá una imagen de seguridad a la comunidad internacional, frenando el deterioro de nuestra maltrecha reputación.

Por último, conviene mencionar ciertos intereses económicos perversos que reinan en la colonia británica, constituyendo el principal escollo para la devolución. Debe denunciarse su papel como paraíso fiscal y las prácticas irregulares que acoge; en este sentido, España debe perseguir el fraude, el engaño de las sociedades fantasma, cumplir las leyes y no recular bajo ningún concepto en sus exigencias.

domingo, 18 de agosto de 2013

"Los Miserables", de Víctor Hugo

Este artículo nace como reflexión sobre el contenido de cierta novela publicada en 1862 bajo el título de
“Los Miserables”, escrita por Víctor Hugo. Cualquiera ha oído mencionar este escritor y la gran altura intelectual de sus obras; quien haya profundizado en su figura habrá comprobado su vocación política y las consecuencias derivadas de su compromiso ideológico, como el exilio. Definitivamente, Víctor Hugo fue un destacado intelectual del siglo XIX y uno de los personajes más ilustres de la Historia contemporánea de Francia y Occidente.

Todos le atribuyen elogios sin ni tan siquiera haber leído previamente cualquiera de sus obras. Sin embargo, tras la lectura de “Los Miserables” lo expuesto anteriormente no varía un ápice; de hecho, las virtudes expuestas son incapaces de abarcar en su totalidad la grandeza del autor y su obra. Existe un antes y un después tras la lectura de esta novela; quien considere la literatura un goce aprenderá lecciones vitales, emprenderá una revisión interna que le llevará a crecer intelectual y espiritualmente. En todos los sentidos, esta obra de arte constituye un gran alimento para el alma inquieta que busca respuestas en el torbellino de la realidad, bajo la incorruptibilidad y coherencia de los principios.

“Los Miserables” constituye un monumento de reflexión filosófica, política y religiosa. Para un ser humano ávido de conocimiento y debate, esta novela representa una explosión de crítica hacia los hombres, los sistemas políticos y las leyes; y de denuncia hacia la hipocresía e incoherencia social. Interiorizar esta obra literaria permite al lector detener el tiempo en el dinamismo y vorágine social, fijar la vista en los más desfavorecidos y encontrar un amplio abanico de personajes: héroes, villanos y mártires. Además, cada capítulo se encuentra plagado de reflexiones que permiten navegar en el océano de los sentimientos más sublimes.

Víctor Hugo sitúa al lector en el contexto histórico del momento, impartiendo una magistral clase de Historia contemporánea y mostrando los defectos de la primera formulación del Estado liberal, testigo de la agonía del absolutismo. Durante el s.XVIII la monarquía absolutista frenó el avance del comercio y la economía; la seguridad que proporcionaba frente al feudalismo había pasado a mejor vida. Además, las aspiraciones de la burguesía pujante confrontaron con los estrictos controles y requisas estatales. La Ilustración y los precedentes históricos, combinados con el malestar social y la estrategia burguesa, constituyeron el caldo de cultivo para las dos grandes revoluciones del s.XVIII.

En un primer momento, los derechos y libertades eran efectivos únicamente para cierta minoría privilegiada, siendo muestra de ello el sufragio censitario. La Constitución representaba un mero marco político, de carácter programático y vulnerable a reformas arbitrarias, debido a la inexistencia de mecanismos jurídicos de aplicación y estabilidad temporal. Víctor Hugo recoge las demandas de la clase media y popular, ilustra de forma sublime el camino a seguir para la consecución del Estado social y democrático. En su línea visionaria, el escritor demanda un Estado más comprometido con los desfavorecidos, que proteja a aquellos pilluelos huérfanos de París y garante de unas condiciones dignas para los obreros.

Ese modelo de convivencia tan sólo aparecerá como fruto de la evolución del Estado liberal, presionado por las demandas de la clase media y el movimiento obrero, siendo grandes rivales ideológicos el fascismo y el socialismo. Será después de las dos conflagraciones mundiales cuando las Constituciones adquirirán auténtico carácter vinculante y asegurarán la existencia del Estado democrático y social, donde se lucha frente a las desgarradoras escenas que Víctor Hugo describe. También merece la pena mencionar su discurso en la Conferencia de la Paz de 1849 en París, donde el intelectual apuesta por la unidad de Europa consagrándose como precursor de la Unión Europea.

La persecución del policía Javert sobre Juan Valjean representa uno de los debates más prolíficos del Derecho, y es la no necesaria coincidencia entre legalidad y justicia. Víctor Hugo muestra que el cumplimiento de la ley no siempre es sinónimo de justicia, que la obediencia ciega a los códigos obviando principios morales puede conducir a excesos. La situación filosófico-jurídica francesa del s.XIX es reflejada perfectamente, predominando el tenor literal de los textos legales y la prohibición de cualquier clase de interpretación judicial. En definitiva, intentar evitar la arbitrariedad condujo a la obediencia ciega de la ley y al olvido del derecho natural, error que permitió al Estado nazi cometer los excesos del Holocausto amparándose en la ley.

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el Estado democrático no es definitivo, es susceptible de sufrir retrocesos, siendo por ello un continuo aprendizaje. En esta línea, los ciudadanos deben ser críticos con la actuación de sus representantes, concienciarse sobre la importancia de su voto y el sacrificio que ha supuesto alcanzar la democracia.

martes, 30 de julio de 2013

La España del siglo XXI, segunda parte.

Los pueblos desconocedores de su Historia están condenados a repetirla, no siendo España la excepción. Por ello es fundamental conocer nuestra Historia con sus luces y sombras, estudiando especialmente los motivos de las sombras. Para progresar como nación es de vital importancia desterrar el fantasma de las dos Españas, asunto zanjado en 1978 y resucitado por Rodríguez Zapatero. Desgraciadamente se han reabierto heridas, simplificando la Historia con fines electorales y revanchistas; no debemos dar la espalda a los familiares de los asesinados en la Guerra Civil, pero debemos conocer los límites que separan justicia y tergiversar la Historia.

La división interna nos debilitará a la hora de afrontar los retos del siglo, por ello necesitamos unidad y unas fuerzas políticas responsables con vocación de Estado. Otra cuestión importante que deberá abordarse en algún momento de la centuria es el debate monarquía-república. La instauración de una república sólo será beneficiosa si sus políticos adquieren una concepción universal del Estado, alejada de visiones partidistas. En este sentido, la III República deberá ser de todos los españoles, verdaderamente democrática y desvinculada de la fallida II República. Esta forma de Estado deberá ser patrimonio de toda la nación, alejada del uso partidista que ciertos sectores hacen de dicha formulación.

En el plano económico, situar a España como potencia económica pasa por invertir en un modelo de crecimiento basado en la innovación y diversificación de la base económica. A pesar de que el sector terciario ha soportado el peso económico a finales del s.XX y principios del XXI, convendría potenciar la industria y las actividades de alto valor añadido. Para lograr nuestros objetivos económicos se debe explotar y rentabilizar al máximo nuestra pertenencia a la Unión Europea, proyecto común que parece irreversible. Además, debe incentivarse la creación de empresas a través de impuestos bajos y la eliminación de barreras y trámites burocráticos.

Por lo tanto, la mejor receta para reducir un paro que parece estructural, es el fortalecimiento y multiplicación de las PYME y los autónomos. Debemos construir un país puntero en I+D+i, donde si los jóvenes se marchan no sea por inexistencia de oportunidades; poniendo en marcha programas de inversión pública y especialmente de inversión privada. Con el objetivo de crear y reclutar a los mejores cerebros de Europa debemos atraer la inversión, aumentar la productividad, la competitividad y reformar el sistema educativo. Luchar firmemente contra la corrupción y cumplir la ley frente al fraude son determinantes para crear riqueza y reforzar nuestra imagen internacional.

España debe apostar por una economía de mercado y libre competencia, pero nunca debe olvidar las circunstancias de los más desfavorecidos. Las leyes y la economía se encuentran al servicio del ciudadano, por ello el Estado debe contar con una red efectiva de servicios públicos y subsidios para los más pobres, asegurando la dignidad y proveyendo lo indispensable. Debemos priorizar en el gasto de servicios públicos esenciales y recortar gastos superfluos como radio televisiones públicas, policía política y florituras del teatro institucional. Debe existir igualdad de oportunidades para quien desee progresar, donde el esfuerzo y el espíritu de sacrificio aseguren el triunfo. El capital no debería ser determinante, entendiendo que perseguir la riqueza no acaba con la pobreza.

Finalmente, parafraseando a Víctor Hugo: “Animad al rico y proteged al pobre, suprimid la miseria; poned término a la explotación del débil por el fuerte; poned freno al inicuo recelo del que está en camino contra el que ha llegado ya; ajustad matemáticamente y fraternalmente el salario al trabajo; mezclad enseñanza gratuita y obligatoria con el crecimiento de la infancia; haced de la ciencia la base de la virilidad; desarrollar las inteligencias, ocupando al mismo tiempo los brazos; sed a la vez un pueblo poderoso y una familia de hombres felices; democratizad la propiedad, no aboliéndola, sino universalizándola, de modo que todo ciudadano, sin excepción, pueda ser propietario, cosa más fácil de la que se cree; en una palabra: sabed producir y repartir riqueza, y tendréis justamente la grandeza material y la grandeza moral”.


viernes, 26 de julio de 2013

La España del siglo XXI, primera parte.

El comienzo del siglo XXI está siendo desalentador, España continúa sumida en una crisis económica agravada por una errónea gestión. Los Gobiernos parecen incapaces de encontrar la fórmula del crecimiento, mientras el paro alcanza cotas elevadas y la pobreza generalizada aumenta. El modelo de convivencia social se tambalea; unión y solidaridad se difuminan mientras sectores ostracistas ocultan sus fracasos mediante falacias. Existe una corrupción institucionalizada, minadora de los pilares democráticos y del Estado de Derecho. Muchos jóvenes abandonan sus estudios, en un contexto donde la cultura brilla por su ausencia y la democracia es desvirtuada.

No obstante, nuestro país ha sufrido peores momentos históricos como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En este sentido, aún tenemos el privilegio de pertenecer al hemisferio rico del planeta, nunca antes se habían alcanzado semejantes niveles de alfabetización, renta per cápita y desarrollo. La crisis económica ha deteriorado esta situación, pero corresponde a los españoles asumir el reto que plantea el siglo XXI: la consolidación en esos campos. La nación aceptará ese difícil desafío, que requiere líneas de actuación claras, sin las cuales España está condenada al segundo plano de la escena internacional e incluso queda comprometida su propia existencia.

España necesita una reforma constitucional garantizadora de la separación de poderes, truncada a través de los artículos 122.3, 123.2 y 159.1 de la Constitución. La carta magna actual se adaptó a un marco histórico determinado; el poder y privilegios otorgados a los partidos políticos se ajustan al final del franquismo, asegurando su consolidación frente a un Estado con una experiencia democrática inexistente. Después de treinta y cinco años de democracia algunas prerrogativas políticas carecen de sentido real. Por ello es fundamental actualizar nuestra Constitución, permitiendo que los jueces elijan a los miembros del CGPJ, y velando por la independencia del Tribunal Constitucional, viciado por los intereses del bipartidismo.

Para situarnos entre las primeras democracias mundiales debemos abordar la existencia de España y su supervivencia. En este sentido la ley electoral, igualmente adaptada a un marco histórico caduco, favorece que partidos regionales obtengan una representación mayor que formaciones de ámbito nacional con una cantidad mayor de votantes. Como consecuencia, corrientes ideológicas minoritarias sirven como bisagra para la formación de gobiernos nacionales, existiendo contrapartidas que redundan en perjuicio de los intereses globales. Aunque el Senado se diseñó para la resolución de conflictos territoriales, dicha función la cumple el Congreso desvirtuando las funciones de la cámara alta.

Una de las riquezas de España es la pluralidad, presente durante toda su Historia, cuyo carácter aglutinador empezó a ser discutido por ciertos sectores burgueses a finales del s.XIX. Actualmente el nacionalismo se encuentra en auge favorecido por el diseño territorial del Estado, siendo competencia autonómica materias esenciales como la educación. Se ha permitido durante años que los nacionalistas eduquen varias generaciones de ciudadanos en el odio hacia España, un odio irracional basado en mitos y calumnias. Además, se ha llegado a un punto donde es más fácil culpar al Estado español y ser señor feudal autonómico que asumir responsabilidades políticas y ser referencia para el resto de España.

Evidentemente, necesitamos actualizar nuestra organización territorial. Desconociendo si conviene una mayor descentralización o una centralización, debe ser una reforma que impida la ruptura de España, no entorpezca el desarrollo económico ni favorezca el despilfarro, y mucho menos la corrupción. Además, debe solucionar definitivamente el asunto de la financiación autonómica; en este sentido, si pretendemos que España perdure más allá del siglo XXI debe revisarse la ley electoral, recuperar competencias esenciales y actualizar la organización territorial.

sábado, 20 de julio de 2013

Bárcenas, la dimisión del Gobierno y la oposición.

Una tormenta sacude el Partido Popular y el Gobierno de España: el estallido de un supuesto nuevo caso de corrupción que implica a Luis Bárcenas, titular de ostentosas cuentas en Suiza, y la existencia de unos documentos acreditativos del pago de comisiones irregulares a miembros de la cúpula del Partido Popular. El último episodio de esta polémica lo constituye la publicación de unos mensajes entre Mariano Rajoy y el ex-tesorero. En dicha conversación, el Presidente del Gobierno le muestra su apoyo, exhortándole a aguantar y reconociendo el esfuerzo del partido.

La conversación se produce en un momento en el que el asunto es investigado por la Audiencia Nacional, incrementándose las sospechas sobre la financiación irregular del Partido Popular. Dicho episodio es el último de una serie de escándalos que motivan la comparecencia de Mariano Rajoy ante las Cortes, las demandas de la oposición y la opinión pública. En este sentido, los gestos más valientes del Presidente han sido la comparecencia a través de un plasma ante los periodistas, sin turno de preguntas; y la huida indisimulada ante cuestiones directas. El silencio y la invisibilidad han sido la tónica dominante en la escena política española durante muchos meses.

Este último capítulo podría precipitar la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Es imposible gobernar dignamente sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades políticas; resulta vergonzoso ejercer funciones presidenciales bajo semejantes sospechas. No obstante, a pesar de la dificultad que supone decepcionar en mayor grado a la ciudadanía ante el incumplimiento del programa electoral y la incapacidad para frenar el independentismo, las pruebas contra Rajoy no son aún suficientemente sólidas. Serán los Tribunales quienes deben verificar la autenticidad de los documentos y pruebas, no la oposición ni la opinión pública.

El caso Bárcenas se engloba en un contexto de podredumbre institucional y política; polémicas como ésta demuestran la escasa calidad democrática de España y su posicionamiento en las democracias de segundo orden. La corrupción institucionalizada se consolida mientras el país sigue una deriva nada esperanzadora, donde los ciudadanos pierden calidad de vida y los políticos velan únicamente por su electorado. Ante la inexistencia de estadistas ni verdaderos líderes, el bipartidismo agoniza; pero mientras eso ocurre, la separación de poderes brilla por su ausencia, el CGPJ sigue siendo un órgano político y los dos grandes partidos continúan repartiéndose los magistrados del TC.

Conociendo que semejante situación institucional se extiende desde el comienzo de la democracia y que la corrupción no es endémica del centro derecha, la escandalizada oposición, con el PSOE e IU al frente, se ha reunido de urgencia barajando la posibilidad de presentar una moción de censura, simbólica y sin posibilidades de triunfo. Resulta curiosa la desmemoria de estos partidos, salpicados igualmente por escándalos de corrupción unidos a la pésima gestión de las Comunidades Autónomas bajo su gobierno. La regeneración democrática no vendrá de la mano de estos partidos, quienes se nutrirán de los restos del Partido Popular sin haber realizado un ejercicio de verdadera transparencia, obviando sus propias corruptelas.

El Gobierno conservador ha entrado en franca decadencia, aunque no debemos dejarnos engañar por la oposición, entendiendo que los políticos constituyen un precipitado de la sociedad; y que la legitimidad de quienes exigen la dimisión de Mariano Rajoy no aumenta un ápice con la corrupción popular. Bajo las exigencias opositoras se esconde el interés de derribar al Gobierno a cualquier precio. El espíritu crítico entiende que quienes se autoproclaman defensores de la transparencia y la ética política, conocen perfectamente las cloacas del funcionamiento partidista y los trapos sucios del propio Estado.