Abraham Lincoln y nuestro tiempo

La Guerra de Secesión Norteamericana (1861-1865) ha sido uno de los episodios más traumáticos de la breve Historia de los Estados Unidos de América, suponiendo un choque entre dos visiones enfrentadas sobre el entendimiento de la organización territorial del Estado, la opinión de los padres fundadores hacia la institución de la esclavitud y la forma de entender la propia democracia.

La esclavitud corrió una suerte irregular en Estados Unidos, pues mientras el norte la prohibía expresamente o cuanto menos era observada como una realidad social abocada a la desaparición, en el sur estadounidense se sostenía gracias a la presunción del predominio blanco y por un oligopolio económico que la entendía como una institución legítima. Todo ello en un marco jurídico donde se entendía que la regulación sobre la esclavitud era competencia de los estados y no del poder federal.

Esta tensión entre dos concepciones contrapuestas y las múltiples batallas socio-legislativas, en un contexto de intereses económicos enfrentados, acabó desembocando en una guerra civil. Los estados del sur, presionados por la mayoría parlamentaria antiesclavista y convencidos de que lo conveniente era un fortalecimiento del poder y autonomía estatal frente al poder federal, decidieron proclamar su independencia y organizarse en torno a una confederación. Los métodos y medios que los oligarcas sureños utilizaron distaba mucho de ser un proceso democrático libre y apoyado por la población.

Ante esta situación de extrema gravedad y pasividad de los unionistas emerge Abraham Lincoln, quien alcanza la presidencia comenzada la guerra. Lincoln, abogado y político, había sufrido en su vida numerosos contratiempos, desde derrotas electorales y políticas hasta la muerte de uno de sus hijos. Su llegada al frente del Gobierno federal supuso una descarga eléctrica que permitió reaccionar a la Unión frente al desafío independentista. Lincoln conocía la importancia histórica de la guerra que se estaba librando, pues la supervivencia de la Unión significaba la supervivencia de la democracia. Y no sólo eso, detrás de todo aquello se planteaba un conflicto moral: el debate sobre la esclavitud.

El Presidente defendía que los hombres habían sido creados iguales por Dios, por lo que la esclavitud estaba condenada a desaparecer progresivamente en el sur, sin necesidad de medidas legislativas orientadas a erradicarla de golpe. Su postura le obligaría a tomar medidas durante la guerra que parecieron demasiado blandas a los republicanos radicales e inaceptables para los demócratas simpatizantes de la causa confederada, pues suponían una invasión ejecutiva y legislativa en las competencias estatales. Su pensamiento se condensó en la siguiente frase: “Si pudiera salvar la Unión sin liberar a ningún esclavo lo haría, y si pudiera salvarla liberando a todos los esclavos lo haría; y si pudiera salvarla liberando a algunos y dejando a otros, también lo haría”.

Aunque la guerra no empezó bien para los unionistas debido a la inexperiencia de su ejército y los indecisos generales que lo dirigían, Lincoln no desfalleció. Junto a la determinación presidencial la Unión contaba con la industria y superioridad numérica. Tras numerosos reveses el curso de la guerra cambió a favor de la Unión, a la par que decayó la posibilidad rebelde de reconocimiento internacional. Su disgregación y la inexistencia de un poder central fuerte fueron claves en su derrota. Durante el transcurso de la guerra el dilema moral de Lincoln se resolvió a favor de los esclavos: se declaró efectivamente la emancipación de los esclavos en todo el territorio nacional, incluyendo los estados independentistas.

Aunque en la práctica no tuvo una repercusión relevante y Lincoln se encontró ante un fuego cruzado de los dos extremos radicales, el Presidente tomó una decisión consecuente con la creencia de la fundamental igualdad de todos los hombres reconocida por la Constitución y que hundía sus raíces en las escrituras bíblicas y la fe cristiana. Lincoln estaba convencido de que cumplía con los designios del Creador.

Terminada la guerra y habiendo sobrevivido Estados Unidos, frente a lo que cabía esperar y las demandas de venganza, Lincoln lideró una política de apaciguamiento respecto a los vencidos. Creía que la mejor manera de preservar la Unión y cerrar heridas pasaba por reincorporar a los rebeldes a la vida nacional, sin rencor ni revanchismo. Esta noble intención se manifestó en la conmutación de penas de muerte, indultos, incorporación al ejército regular estadounidense de los sureños y la estricta limitación de confiscaciones. Sin embargo, la completa reconciliación nacional e inclusión social de los negros se retrasó hasta bien entrado el s.XX como consecuencia del asesinato del Presidente.

Desaparecido el mayor exponente de la reconciliación nacional y la moderación respecto a la desaparición de la esclavitud, los radicales republicanos se hicieron con el control del poder legislativo y ejecutivo, aprobando normas encaminadas a castigar a los rebeldes y usando para fines partidistas el voto negro. Como consecuencia de este radicalismo, se instituyó un sistema basado en el favoritismo y la corrupción, que tuvo como consecuencia la articulación de una respuesta legal por parte de los demócratas sureños que situaba a los negros en una posición jurídica y social inferior. Todo ello acompañado de actuaciones violentas de grupos radicales. La muerte de Lincoln y su política retrasó casi un siglo lo que podría haberse logrado en pocas décadas.

De este capítulo de la Historia norteamericana se extraen enseñanzas universales: la necesidad de defender férreamente la democracia, impidiendo que minorías la subviertan o chantajeen anteponiendo su sectarismo al resto de la nación. También es necesaria la firmeza ante quienes pretenden destruir lo que ha costado esfuerzo y sacrificio, frente a quienes atacan la obra democrática deben alzarse firmemente sus defensores. Asimismo, debe reconocerse la existencia de espacios que se elevan por encima del juego de las mayorías parlamentarias, y la conveniencia de una política de reconciliación nacional, consiguiendo una nación donde quepan todos, cerrando heridas y mirando hacia el futuro.

Por último, a pesar de la aconfesionalidad del Estado, no sería dañino que los líderes políticos confíen en un ente superior que conoce el destino de hombres y naciones, como hizo Lincoln. Y coherentemente, defiendan al pobre y oprimido, otorgándole igualdad de oportunidades. Es especialmente en España donde estas ideas necesitan ser practicadas.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (II)

También los detractores de las prospecciones incurren en incoherencias, pues mientras rechazan los recursos fósiles, simultáneamente reivindican autonomía energética y una factura de la luz más barata. Además, también el archipiélago corre un riesgo permanente si tenemos en cuenta la cantidad de petroleros y buques cisterna que navegan por sus aguas, el constante tráfico aéreo, la refinería situada en plena capital de Santa Cruz de Tenerife, las centrales nucleares y las actividades marroquíes frente a las aguas españolas.

Marruecos lleva años investigando zonas de su costa y el Sáhara en busca de combustibles: si encuentran hidrocarburos los explotarán de manera efectiva y no se detendrán. Hasta el momento, ningún ciudadano español ni fuerza política del archipiélago se ha manifestado frente a la embajada marroquí exigiendo la paralización de las investigaciones. Por lo tanto, también existe un riesgo derivado de la exploración e investigación marroquí, máxime si tenemos en cuenta las escasas garantías medioambientales de la legislación del vecino africano.

Respecto a la necesidad de que Canarias decida sobre sus propios recursos, la soberanía en su conjunto reside en España, soberanía indivisible que no debe supeditarse a las posturas políticas de la autonomía de turno. Reivindicar un referéndum regional constituye una actitud egoísta e insolidaria respecto al conjunto de España, pues podría llevar a plantear un referéndum sobre la tasa en la factura de la luz que reduce los costes extrapeninsulares. Esto también conduciría a la posibilidad de plantear un referéndum en las autonomías que más contribuyen al sostenimiento nacional, arriesgando la redistribución de recursos y la solidaridad territorial proclamada constitucionalmente.

Los canarios deben preguntarse qué modelo económico prefieren, si se resignan a que Canarias dependa del turismo barato y de mala calidad o si se plantean la posibilidad de emprender nuevas vías económicas y potenciar una industria prácticamente inexistente. Debe debatirse si el archipiélago está condenado a depender de un sector que aún creciendo durante la crisis ha sido incapaz de reducir el desempleo.

Por otra parte, no debe olvidarse que ya existe un oligopolio económico basado en la industria hotelera, siendo uno de sus miembros Paulino Rivero. No se engañen, Canarias no aprovecha su potencialidad energética ni investiga lo suficiente en este campo. Sigue dependiendo de los carburantes y todo ello gracias a la actuación de Coalición Canaria; quienes en 2001 y 2005 no se opusieron a las prospecciones, en 2014 las rechazan radicalmente. El Gobierno canario nunca ha impulsado verdaderamente las renovables y, víctimas de la amnesia, se niegan a explotar recursos imprescindibles: ¿A qué juegan los líderes de la Comunidad Autónoma?

Por último, debe exigirse la objetividad de las declaraciones de impacto ambiental, siendo la veracidad de los informes determinante para inclinar la balanza sobre la conveniencia de las prospecciones. En cualquier caso, las condiciones en las que Repsol explotaría el yacimiento deben negociarse en profundidad, procurando que parte de la inversión se destine al archipiélago. Será por ello imprescindible y exigible hacer cumplir la legislación de protección medioambiental. Si se decide explotar el eventual yacimiento, debe hacerse con las máximas garantías.

Prospecciones en Canarias, argumentos en contra, a favor y conclusiones (I)

El Gobierno ha autorizado a Repsol iniciar la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. Dicha aprobación y consiguiente prospección, avalada por la Declaración de Impacto Medioambiental, constituyen el primer paso para la eventual explotación de crudo. Suponiendo que el combustible encontrado fuese de calidad y rentable, debería iniciarse un nuevo procedimiento acompañado de una segunda declaración medioambiental. Todo ello cumpliendo legislación medioambiental europea de máximas garantías.

Los argumentos en contra refieren a la cuestión ecológica y soberana. Paulino Rivero al frente del Gobierno canario, las instituciones insulares afectadas y un amplio sector social aglutinado bajo la campaña “Save Canarias”, han denunciado la entrega del archipiélago a intereses privados con la miserable complicidad de Manuel Soria. Esgrimen que se dañará gravemente la biodiversidad de la zona y el turismo, motor económico de las islas. En esta línea, la autorización gubernamental agita el germen del nacionalismo, encontrándonos ante una situación compleja donde intervienen intereses enfrentados y se derivan consecuencias.

Desde una perspectiva integral, se han interpuesto toda una serie de recursos por parte del Gobierno canario donde se denuncian defectos en el procedimiento, siendo desestimados por el TS y cuyos argumentos no han sido suficientemente sólidos para paralizar cautelarmente el procedimiento. No obstante, el TS tiene una nueva oportunidad para pronunciarse sobre esta cuestión. Respecto al fondo de la cuestión, las instituciones autonómicas alegan que debe ser el pueblo canario quien se pronuncie en referéndum sobre una actividad que tendrá consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el problema parece esencialmente político.

Los detractores entienden que la explotación de hidrocarburos generaría contaminación y un inherente riesgo de derrame, lo cual tendría como consecuencia inevitable el menoscabo a la biodiversidad de la zona y la afectación negativa al turismo. Con otras palabras, el Estado actúa al servicio de Repsol y sus intereses privados, ignorando los riesgos y al pueblo canario. Asimismo, los detractores insisten que aunque se inicie dicha actividad con la consiguiente depreciación medioambiental y turística, la región no se beneficiaría ni tampoco contribuiría a su desarrollo.

Además, alegan la incoherencias del Gobierno, pues mientras en Baleares se ha roto la disciplina de partido frente a las prospecciones, en Canarias se mantienen firmes. Además, cuando fueron oposición frente al Gobierno socialista, alegaron en el Congreso los mismos argumentos que se esgrimen ahora contra sus intenciones. Parece que no existe ninguna diferencia significativa entre los dos casos que justifique la existencia de dos respuestas diferentes. Definitivamente, el panorama que dibujan los detractores es el de un Estado opresor y una colonia vulnerable, saqueada y maltratada.

Por otra parte, un sector minoritario encabezado por el Gobierno de España defiende las prospecciones y eventual explotación. A pesar de la tendencia existente a invertir en investigación y potenciación de las renovables, actualmente los combustibles fósiles son imprescindibles. El petróleo y sus derivados son la base que permite el funcionamiento de todo cuanto usamos y ningún país civilizado puede permitirse el lujo de ignorar o eludir la explotación de sus propios recursos naturales.

Los cálculos manifiestan que la eventual explotación del yacimiento satisfacería parte de la demanda energética nacional, existiendo actualmente un déficit energético motivado por decisiones políticas. Por tanto, debe plantearse si el alivio del déficit y los beneficios económicos derivados de la actividad compensan el riesgo de las operaciones. Según Repsol, en el peor de los casos dicho riesgo consistiría en un derrame descontrolado, siendo del 5,83% la cantidad máxima que alcanzaría las costas canarias mientras un 26,2% lo haría en el continente. En cualquier caso, la probabilidad de derrame es de 0,003 unidades, no produciéndose un impacto ambiental relevante.

Elecciones Europeas 2014 (IV)

Desde una perspectiva autonómica resulta preocupante el triunfo del independentismo en Navarra y País Vasco, donde EH Bildu se consolida como segunda fuerza política con el 20,10 y 23,35% de los votos respectivamente. En Cataluña, Esquerra Republicana ha tomado el relevo y mando del proceso independentista con un 23,67% de los votos, relegando a CiU a un segundo puesto. Dichos resultados son sorprendentes si se comparan con las europeas de 2009, donde ERC era cuarta fuerza política con el 9,20% de los votos, y el PSC la primera con el 36,00%. En Navarra y País Vasco, la posición de Bildu, inexistente en aquel momento, la ocupaba el PSOE con el 31,48% y 27,78% de los votos respectivamente.

En Canarias las elecciones vuelven a poner de manifiesto el descontento de la ciudadanía hacia los nacionalistas aglutinados bajo las siglas de Coalición Canaria, con el 12,21% de los votos, frente al 15,84% que obtuvieron en 2009, siendo de nuevo tercera fuerza política. En este sentido, Coalición Canaria lleva dos derrotas electorales consecutivas, y continúa gobernando Canarias gracias a los alternativos pactos con populares y socialistas, que constituyen la primera y segunda fuerza política del archipiélago.

Esta situación define perfectamente la inexistencia de compromiso de Estado: PP y PSOE son incapaces de llegar a un acuerdo para destronar a Paulino Rivero y CC del Gobierno. Mientras Canarias mantiene el liderato junto al sur peninsular de la tasa de desempleo y abandono escolar, miles de jóvenes emigran por culpa de un mercado laboral incapaz de absorberlos y la corrupción sigue abriéndose paso en la vida política canaria, las mayores fuerzas políticas del archipiélago siguen de brazos cruzados, incapaces de llegar a un acuerdo para acabar con más de 20 años de gobierno nacionalista.

España en su conjunto se desgarra en manos del extremismo, la decepción y la desilusión, ocupando el vacío dejado por un PSOE debilitado, sin unidad y sin proyecto nacional. Todos estos datos son preocupantes, y mientras manifiestan el fin del bipartidismo, anuncian simultáneamente una etapa de disgregación política e inestabilidad gubernamental que sólo será superada a través de frágiles alianzas electoralistas que no resistirán el primer embate.

No obstante, hay algo más preocupante que la inestabilidad y el ascenso del radicalismo: el alarmante nivel de abstención. Afortunadamente, la participación ha subido en comparación con las de 2009, pero sigue habiendo un 54,16% de abstención. Más de la mitad de los ciudadanos que están convocados a las urnas no ejercen su derecho ¿Cómo cambiar esa tendencia? ¿Qué piensan los ciudadanos de esta situación? ¿Cómo afectaría al resultado electoral su voto? ¿Qué ocurriría en Cataluña si el 52,37% de abstención se convirtiera en votos? La situación es de extrema gravedad, y merece que los ciudadanos se pronuncien.