Elecciones autonómicas catalanas de 27 de septiembre de 2015

El 27 de septiembre de 2015, último episodio del desafío soberanista, será decisivo para el futuro de Cataluña y España. Los independentistas se aglutinan en torno a una única lista con la que esperan obtener la mayoría necesaria para declarar unilateralmente la independencia y crear un Estado. Para lograrlo, Artur Mas se ha rodeado de un equipo de “expertos”, creando verdaderas estructuras de Estado en el seno de la Comunidad catalana y disponiendo de todo lo necesario para conseguir sus objetivos.

Los soberanistas han planteado las elecciones como plebiscitarias, aunque en el decreto de convocatoria no se le imprima ese carácter para evitar una posible impugnación ante el TC. No obstante, aunque jurídicamente sean unas simples autonómicas, estos comicios son esenciales y constituyen una batalla decisiva en la guerra dialéctica que los unionistas llevan décadas perdiendo. El voto masivo, la victoria del “no a la independencia” y el fracaso de la lista soberanista son fundamentales para invertir la tendencia fracturadora que se impone desde 1980.

A Mas se le ha escapado de las manos el juego iniciado hace años, encontrándose en un callejón sin salida presionado por sus socios y lobbies independentistas. La estrategia del chantaje se ha convertido en algo peligroso que ha llevado a Cataluña al borde del abismo. El presidente ha fracturado profundamente la sociedad catalana, dividiendo familias y sembrando la semilla del odio y el radicalismo. También ha conseguido destruir su propio partido, fruto de una coalición de más de treinta años. No existe político lo suficientemente legitimado para causar semejante daño, desviando la atención de los asuntos verdaderamente importantes para ocultar sus miserias.

Desde el punto de vista económico, resulta dudoso que el Estado catalán sea viable, pues muchos aseguran que la desconexión con España conduciría al colapso e incapacitaría para hacer frente al pago de pensiones, funcionarios y demás gasto esencial. A todo ello debe añadirse las dificultades que entrañaría el restablecimiento de aduanas y controles fronterizos. No obstante, los unionistas no deben apostar todo a la cuestión económica, pues nada les quedaría si finalmente el Estado catalán fuese viable. A diferencia de lo comúnmente alegado, los mejores argumentos deben ser históricos, sociales, jurídicos y especialmente los del sentido común.

Históricamente Cataluña nunca ha sido un reino independiente, sino perteneciente a la corona aragonesa. Tampoco la Guerra de Sucesión supuso un conflicto armado por la independencia de Cataluña, sino una guerra civil por la ocupación de un trono vacante. Tampoco la proclamación de la I República catalana supuso obviar al resto de España, sino la proclamación del Estado catalán dentro de una Federación. En esencia, se ignora que el nacionalismo tiene su origen fundamentalmente a finales del s.XIX en el contexto de la industria textil catalana y las importaciones extranjeras.

Respecto a los argumentos sociales, el soberanismo se inspira en la pureza de la raza y la marginación de lo diferente. La idea de la puridad catalana desconoce la inexistencia de catalanes de pura cepa y los flujos migratorios provenientes del sur de España durante los siglos XIX y XX. La sociedad catalana es un conglomerado de diversos orígenes y no un bloque monolítico como creen algunos. Además, en contraste con la apariencia externa, el soberanismo no constituye mayoría social, pues los partidarios de la permanencia en España superan el 50% y se mantienen al alza, tal y como manifiestan diversas encuestas realizadas por la propia Generalitat.

En cuanto a los argumentos jurídicos, la secesión es imposible aunque algunos utilicen el ordenamiento a su conveniencia con razonamientos alambicados y torticeros. No existe el “derecho a la secesión”, aunque se intente camuflar bajo el oportunista “derecho a decidir”. La Constitución reconoce la indisolubilidad de la Nación Española y el ordenamiento posee mecanismos para salvaguardarla. El comportamiento de Mas constituye un ataque a la legalidad y una actitud sediciosa punible; en este sentido, los propios funcionarios de la Generalitat deben desobedecer aquellas órdenes que sean abiertamente contrarias al ordenamiento o constituyan delito. El incumplimiento de las sentencias del TC en materia lingüística, competencial y la convocatoria de la consulta ilegal deberían haber sido abortadas bajo este principio, aunque la realidad ha sido distinta.

Desde el plano jurídico internacional, el Estado catalán estaría fuera de la UE aunque de facto siguiera usando la misma moneda. La Cataluña independiente tendría que formalizar una solicitud para entrar en la UE, requiriendo de la improbable unanimidad de todos los Estados Miembros. En este sentido, las aventuras internacionales de Mas han fracasado, pues la comunidad internacional ha respetado los principios de no injerencia en los asuntos internos e integridad territorial de un Estado soberano. Los países responsables rechazan la inestabilidad, incertidumbre y el reconocimiento de un hecho que puede calificarse como golpe de Estado. Dicho fracaso se ha producido a pesar del establecimiento de las mal llamadas “embajadas catalanas” y otras actuaciones.

No obstante, rechazar la independencia no impide debatir sobre el encaje de Cataluña ni las reformas constitucionales y fiscales que sean necesarias. Es evidente que algo no funciona en Cataluña y que la actitud inmovilista del Gobierno no es positiva. Sin embargo, para debatir sobre estas cuestiones socio-financieras es necesario disponer de datos fiables avalados por expertos independientes que desmientan o confirmen el supuesto desequilibrio financiero catalán. En cualquier caso, una mejor financiación autonómica, el reconocimiento de la singularidad catalana en una eventual reforma constitucional o el establecimiento de un modelo descentralizado asimétrico no calmará

las ansias secesionistas.

Es necesario revisar y reformar el modelo territorial, competencial y financiero autonómico. En este sentido, debe establecerse un claro reparto competencial, traspasando al Estado algunas competencias esenciales como la Educación. Deben eliminarse las incertidumbres y duplicidades, defendiendo la solidaridad territorial entre los distintos pueblos de España y exigiendo responsabilidad y buena administración a cada uno de sus gobernantes.

En definitiva, son los argumentos del sentido común los que deben imponerse: la unión hace la fuerza y la disgregación debilita. España es una gran nación y su diversidad constituye su mejor patrimonio. Cuanto mayor sea la integración entre sus pueblos, mejor y más eficaz será la respuesta ante los retos del s.XXI. Debe existir amplitud de miras en un mundo donde se difuminan las fronteras, se tiende a la universalidad y el ostracismo no tiene cabida.