Elecciones autonómicas catalanas de 27 de septiembre de 2015

El 27 de septiembre de 2015, último episodio del desafío soberanista, será decisivo para el futuro de Cataluña y España. Los independentistas se aglutinan en torno a una única lista con la que esperan obtener la mayoría necesaria para declarar unilateralmente la independencia y crear un Estado. Para lograrlo, Artur Mas se ha rodeado de un equipo de “expertos”, creando verdaderas estructuras de Estado en el seno de la Comunidad catalana y disponiendo de todo lo necesario para conseguir sus objetivos.

Los soberanistas han planteado las elecciones como plebiscitarias, aunque en el decreto de convocatoria no se le imprima ese carácter para evitar una posible impugnación ante el TC. No obstante, aunque jurídicamente sean unas simples autonómicas, estos comicios son esenciales y constituyen una batalla decisiva en la guerra dialéctica que los unionistas llevan décadas perdiendo. El voto masivo, la victoria del “no a la independencia” y el fracaso de la lista soberanista son fundamentales para invertir la tendencia fracturadora que se impone desde 1980.

A Mas se le ha escapado de las manos el juego iniciado hace años, encontrándose en un callejón sin salida presionado por sus socios y lobbies independentistas. La estrategia del chantaje se ha convertido en algo peligroso que ha llevado a Cataluña al borde del abismo. El presidente ha fracturado profundamente la sociedad catalana, dividiendo familias y sembrando la semilla del odio y el radicalismo. También ha conseguido destruir su propio partido, fruto de una coalición de más de treinta años. No existe político lo suficientemente legitimado para causar semejante daño, desviando la atención de los asuntos verdaderamente importantes para ocultar sus miserias.

Desde el punto de vista económico, resulta dudoso que el Estado catalán sea viable, pues muchos aseguran que la desconexión con España conduciría al colapso e incapacitaría para hacer frente al pago de pensiones, funcionarios y demás gasto esencial. A todo ello debe añadirse las dificultades que entrañaría el restablecimiento de aduanas y controles fronterizos. No obstante, los unionistas no deben apostar todo a la cuestión económica, pues nada les quedaría si finalmente el Estado catalán fuese viable. A diferencia de lo comúnmente alegado, los mejores argumentos deben ser históricos, sociales, jurídicos y especialmente los del sentido común.

Históricamente Cataluña nunca ha sido un reino independiente, sino perteneciente a la corona aragonesa. Tampoco la Guerra de Sucesión supuso un conflicto armado por la independencia de Cataluña, sino una guerra civil por la ocupación de un trono vacante. Tampoco la proclamación de la I República catalana supuso obviar al resto de España, sino la proclamación del Estado catalán dentro de una Federación. En esencia, se ignora que el nacionalismo tiene su origen fundamentalmente a finales del s.XIX en el contexto de la industria textil catalana y las importaciones extranjeras.

Respecto a los argumentos sociales, el soberanismo se inspira en la pureza de la raza y la marginación de lo diferente. La idea de la puridad catalana desconoce la inexistencia de catalanes de pura cepa y los flujos migratorios provenientes del sur de España durante los siglos XIX y XX. La sociedad catalana es un conglomerado de diversos orígenes y no un bloque monolítico como creen algunos. Además, en contraste con la apariencia externa, el soberanismo no constituye mayoría social, pues los partidarios de la permanencia en España superan el 50% y se mantienen al alza, tal y como manifiestan diversas encuestas realizadas por la propia Generalitat.

En cuanto a los argumentos jurídicos, la secesión es imposible aunque algunos utilicen el ordenamiento a su conveniencia con razonamientos alambicados y torticeros. No existe el “derecho a la secesión”, aunque se intente camuflar bajo el oportunista “derecho a decidir”. La Constitución reconoce la indisolubilidad de la Nación Española y el ordenamiento posee mecanismos para salvaguardarla. El comportamiento de Mas constituye un ataque a la legalidad y una actitud sediciosa punible; en este sentido, los propios funcionarios de la Generalitat deben desobedecer aquellas órdenes que sean abiertamente contrarias al ordenamiento o constituyan delito. El incumplimiento de las sentencias del TC en materia lingüística, competencial y la convocatoria de la consulta ilegal deberían haber sido abortadas bajo este principio, aunque la realidad ha sido distinta.

Desde el plano jurídico internacional, el Estado catalán estaría fuera de la UE aunque de facto siguiera usando la misma moneda. La Cataluña independiente tendría que formalizar una solicitud para entrar en la UE, requiriendo de la improbable unanimidad de todos los Estados Miembros. En este sentido, las aventuras internacionales de Mas han fracasado, pues la comunidad internacional ha respetado los principios de no injerencia en los asuntos internos e integridad territorial de un Estado soberano. Los países responsables rechazan la inestabilidad, incertidumbre y el reconocimiento de un hecho que puede calificarse como golpe de Estado. Dicho fracaso se ha producido a pesar del establecimiento de las mal llamadas “embajadas catalanas” y otras actuaciones.

No obstante, rechazar la independencia no impide debatir sobre el encaje de Cataluña ni las reformas constitucionales y fiscales que sean necesarias. Es evidente que algo no funciona en Cataluña y que la actitud inmovilista del Gobierno no es positiva. Sin embargo, para debatir sobre estas cuestiones socio-financieras es necesario disponer de datos fiables avalados por expertos independientes que desmientan o confirmen el supuesto desequilibrio financiero catalán. En cualquier caso, una mejor financiación autonómica, el reconocimiento de la singularidad catalana en una eventual reforma constitucional o el establecimiento de un modelo descentralizado asimétrico no calmará

las ansias secesionistas.

Es necesario revisar y reformar el modelo territorial, competencial y financiero autonómico. En este sentido, debe establecerse un claro reparto competencial, traspasando al Estado algunas competencias esenciales como la Educación. Deben eliminarse las incertidumbres y duplicidades, defendiendo la solidaridad territorial entre los distintos pueblos de España y exigiendo responsabilidad y buena administración a cada uno de sus gobernantes.

En definitiva, son los argumentos del sentido común los que deben imponerse: la unión hace la fuerza y la disgregación debilita. España es una gran nación y su diversidad constituye su mejor patrimonio. Cuanto mayor sea la integración entre sus pueblos, mejor y más eficaz será la respuesta ante los retos del s.XXI. Debe existir amplitud de miras en un mundo donde se difuminan las fronteras, se tiende a la universalidad y el ostracismo no tiene cabida.

Elecciones municipales y autonómicas 2015

Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 ponen de manifiesto el cambio de tendencia producido en la política española. Partidos de reciente formación han alcanzado la alcaldía de grandes ciudades, acabando con la tradicional hegemonía de los partidos mayoritarios. Como ocurrió en las elecciones europeas, el resultado constata la ruptura del bipartidismo y la entrada en escena de nuevos partidos. El juego de pactos ha permitido a Carmena y Colau ser alcaldesas gracias al apoyo del PSM en Madrid y del PSC, Esquerra y CUP en Barcelona.

No obstante, a nivel autonómico los pactos han permitido la continuidad de gobiernos históricos en Andalucía, Madrid y Extremadura, de la mano de Ciudadanos y Podemos. Además, estas elecciones han confirmado el descalabro de partidos minoritarios como IU y UPyD, los cuales han desaparecido prácticamente del mapa territorial y político. En general, los resultados obtenidos deben inducir a los partidos políticos a la reflexión, especialmente aquellos que se han alternado el poder durante treinta años.

El Partido Socialista no ha logrado desvincularse de la herencia de Zapatero y jugará un papel clave en su propia decadencia. Pedro Sánchez piensa que la recuperación del partido pasa por girar a la izquierda abandonando el centro, cree que apoyar a Podemos en las municipales le permitirá situarse como alternativa de Gobierno. El líder socialista considera aliados a quienes antes tachaba de radicales y con los que aseguraba que no pactaría. Sánchez ignora que el plan de Iglesias no consiste en aliarse definitivamente con el PSOE, sino fagocitarlo y ocupar el espectro que le pertenece. El PSOE está siendo destruido por su incapacidad para articular un proyecto nacional creíble y la falta de un discurso universal aplicable a todas las CCAA.

Muchas de las propuestas de Sánchez desconocen la realidad española, por ejemplo proponer el federalismo para un país cuya organización territorial no desmerece dicho modelo. El PSOE ha logrado más poder en estas últimas elecciones, pero ha obtenido el peor resultado de su Historia. Es una lástima que el partido de izquierdas por excelencia y tradición histórica, garantía de estabilidad, se hunda de tal manera en las aguas del populismo. En este sentido, los resultados de las elecciones generales serán aún peores y forzarán al desorientado PSOE de Sánchez a formar parte de una coalición de izquierdas y no precisamente liderándola.

Respecto al Partido Popular, sus impopulares medidas y la corrupción le han pasado factura, siendo incapaz de explicar de manera comprensible sus ideas y propuestas. El PP ha abandonado la arena mediática y renuncia a defender la fundamentación y fin de las medidas tomadas, o cuanto menos lo hace inadecuada e insuficientemente. Los populares han olvidado que en la argumentación y el debate intelectual reside el núcleo de la batalla por las ideas. No obstante, resulta más lamentable que hayan entendido la política en clave netamente económica. Es cierto que la economía juega un papel fundamental en la sociedad contemporánea y España necesitaba reformas económicas, pero no todo se reduce al mercado.

El Gobierno debe plantear debates en cuestiones como la investigación, educación o búsqueda del bien común, cuestiones que no sólo se plasman en leyes y medidas económicas. Mariano Rajoy ha rehuido debatir sobre muchas cuestiones, perdiendo una oportunidad histórica y contagiándose del complejo que reina en la derecha española, que le amputa la legitimidad para plantear y tomar cualquier tipo de medida social. Si el Partido Popular no corrige esta tendencia está condenado a volver a la oposición o, en el peor de los casos, convertirse en un partido veleta como el dirigido por Pedro Sánchez.

Respecto a Ciudadanos, debe valorarse positivamente sus intenciones de renovación sin destruir lo conseguido, la disposición para llegar a acuerdos que eviten el desgobierno y la labor realizada en Cataluña en defensa de la unidad nacional. No obstante, Ciudadanos intenta contentar a todos y presenta indefiniciones que acabarán perjudicándole. Además, merece especial crítica algunas de sus propuestas: la imposición legal de primarias a todos los partidos y la supresión del régimen foral navarro. Imponer el modelo de primarias supone una intromisión intolerable en la libertad organizativa de las formaciones políticas, sin perjuicio de las consecuencias legales que se deriven de escoger un modelo u otro. Por otra parte, la supresión del fuero navarro conlleva la eliminación de uno de los elementos que conforman la identidad navarra en el conjunto de la Nación Española.

En cuanto a Podemos, ha logrado alcanzar la alcaldía de las principales ciudades y ser palanca de gobierno en alguna autonomía. No obstante, le hará perder votos su buscada vinculación con el Gobierno griego, los problemas asociados a la formación de las listas, y la simpatía por el bolivarianismo y los abertzales. Los populistas han moderado su discurso para impedirlo, a pesar de lo cual su retroceso es inevitable tal y como presagian algunas encuestas. Además, su probabilidad de éxito e influencia se reducirán a medida que mejore la situación económica y sean visibles las consecuencias de las medidas adoptadas en las alcaldías: inseguridad jurídica, inestabilidad, retroceso y división.

España afronta un reto sin precedentes, planteando un nuevo panorama las próximas elecciones generales. El bipartidismo será liquidado a nivel nacional y en el Congreso habrá cuatro partidos principales: el entendimiento y los pactos serán necesarios. Probablemente el PP gane las elecciones por la mínima y necesite apoyos para gobernar, aunque otro escenario pasa por un gran pacto de izquierdas en el cual Podemos alce a Pedro Sánchez a la Moncloa, o a la inversa, que sea el PSOE quien permita a Iglesias convertirse en Presidente del Gobierno. Ambas alternativas suponen el inicio de una etapa de inestabilidad y dificultades, requiriendo visión de Estado y consenso.

Ha llegado el momento de iniciar una nueva Transición; las instituciones deben recuperar la confianza ciudadana y desterrar la corrupción de la vida política. España debe emprender las reformas necesarias que permitan mejorar su democracia sin promover la división entre españoles por motivos de vecindad o ideología. Dichos cambios requieren respetar nuestro pasado, nuestra Constitución y no olvidar que los políticos son fiel reflejo del estado de la sociedad, por lo que los cambios requieren la revisión de algunos planteamientos sociales.