Son cinco las
conexiones directas que la Abogacía del Estado ha demostrado entre
Sortu y la banda terrorista ETA; en primer lugar la conversación
mantenida en prisión entre José María Compains,
promotor de Sortu, y su hijo Eneko, miembro del aparato militar de la
organización. En dicha conversación, se identifica a Batasuna con
Sortu y se jactan de tener donde querían al Estado español.
En segundo lugar,
unos documentos intervenidos al líder etarra Ibon Fernández Iradi;
donde aparece el nombre de Sonia Respaldiza Bombín. La miembro del
grupo promotor de Sortu barajaba la posibilidad de integrarse en un
comando armado del grupo de asesinos etarras. Por tanto, es clara la radicalización de la individua que falsamente rechaza
el uso de la violencia para solucionar el conflicto vasco.
En tercer lugar,
la presencia de fieles colaboradores del entramado etarra, los
abogados Iñaki Goyoaga y Arantza Zulueta, en el acto de presentación
de Sortu, muestra la estrecha relación entre ETA y la recién
legalizada formación abertzale. Además, dichos personajes se
encuentran en libertad bajo fianza acusados de pertenecer a Halboka,
estructura controladora del colectivo de presos, creada para
transmitir consignas y evitar disidencias.
En cuarto lugar,
José Javier Artola, otro de los promotores de Sortu, es titular de
una cuenta bancaria en Caja Laboral Popular, utilizada para ayudar a
presos de la banda terrorista. Tampoco se deben olvidar las
aportaciones económicas a los procesados Xabier Alegría, Patxi
Xabier Arregi Iparragirre, Olatz Altuna y Mikel Iruskieta; cuya
relación con grupos partidarios de la lucha armada (KAS y la
Fundación Joxemi Zumalabe) está demostrada.
En quinto lugar,
los individuos que registraron los estatutos de Sortu en Madrid se
desplazaron en vehículos alquilados por dos individuos relacionados
con el entorno de la banda armada, estando uno de ellos condenado por
delito continuado de terrorismo y procesado actualmente por
integración en organización terrorista.
¿Cómo es posible
que con todas estas pruebas el Tribunal Constitucional legalice
Sortu? ¿Se mueve únicamente el tribunal en base a intereses
partidistas? ¿Dónde queda la coherencia? ¿Existe realmente
separación de poderes en el Estado español? ¿Como puede ser que el
Tribunal Supremo, basándose en pruebas aportadas por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, haya sido ignorado?
Por otra parte, el
PSOE considera un paso positivo en la normalización política del
País Vasco la legalización de una chusma proetarra, mientras el
Partido Popular pone en práctica la Vía Nanclares, que en su
momento tanto criticó. Todo ello, añadido al falso fin de ETA y la
inacabada supresión de sus fuentes de financiación, resulta
bochornoso para las víctimas de la violencia etarra y para todo
aquel amante del Estado de derecho.
Es un error
permitir la entrada en el Congreso de individuos incapaces de asistir a
un acto conmemorativo en honor a las víctimas de la violencia o que rechacen aplaudir la detención de un extorsionador etarra. Es
una vergüenza permitir la participación en la vida política de un personaje
como Mikel Errekondo, quien consideró injusta la captura de los
cobardes asesinos etarras en Reino Unido y Francia durante la semana
pasada.
Como conclusión,
es inaceptable la participación en el juego democrático de aquellos que pretenden destruir el sistema desde dentro, que falsamente rechazan la violencia para conseguir sus propósitos políticos y cuyo posicionamiento contra los que usan el terror es ambiguo. Mientras sigamos permitiendo esto, España está condenada a ser una democracia de segundo orden y cuya supervivencia es incierta.
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