La comunidad internacional ha sido testigo del último episodio de
violencia y guerra en la franja de Gaza entre israelíes y
palestinos. Este capítulo conforma un contexto más amplio que se
remonta hasta la creación del Estado hebreo tras la Segunda Guerra
Mundial. Abordar el conflicto requiere esfuerzo intelectual y memoria
histórica, acompañado necesariamente de cierta dosis de
impermeabilidad frente al sensacionalismo y discursos tendenciosos.El debate debe centrarse en ciertos puntos clave de gran repercusión jurídica: el derecho de legítima defensa, la necesidad y la proporcionalidad en la respuesta. El Estado hebreo debe responder a los ataques que los milicianos palestinos lanzan sobre su territorio, desde misiles capaces de alcanzar cualquier zona del territorio israelí hasta túneles subterráneos que facilitan la infiltración de terroristas. Llegados a este punto, el hecho de contar con escudos antimisiles en las zonas más pobladas no suprime el derecho de legítima defensa, ni justifica que la población hebrea esté expuesta a ser atacada en cualquier momento.
El derecho internacional permite a Israel defenderse, pues Hamás ha atacado primero y roto unilateralmente varias treguas humanitarias. Tras los bombardeos de Israel no existe una intencionalidad genocida desde que ordena el desplazamiento de la población y la evacuación de las zonas objeto de bombardeo para reducir las bajas civiles. Tampoco debe ignorarse que la matanza de civiles beneficia a Hamás, pues agitando el avispero de odio contra Occidente consigue adeptos a su causa. Los terroristas sitúan a los civiles en el conflicto, distribuyendo armamento y logística en lugares de vital importancia como escuelas, hospitales y viviendas.
La proporcionalidad es un principio trascendental en el derecho internacional por el cual la legítima defensa debe ceñirse a una respuesta equilibrada. Esta visión es apoyada por la mayoría de la doctrina jurídica, existiendo sectores que reivindican la no necesaria proporcionalidad. En este caso resulta evidente que la defensa no ha sido proporcional, pues mientras los misiles palestinos rara vez alcanzan sus objetivos gracias a los sistemas de defensa, Israel logra dar en el blanco con una precisión absoluta. Mientras los terroristas poseen cohetes M-302 y milicia armada, los israelíes disponen de tecnología puntera en cazas, drones, fragatas y ejército regular que ha dejado más de 2000 muertos y 6000 heridos, la mayoría civiles.
Las autoridades israelíes deben reflexionar sobre estas operaciones, plantear si la desaparición del terrorismo y el riesgo de un ataque en territorio israelí puede hacerse a cualquier precio. En coherencia con lo anterior, también debería abordarse el régimen de bloqueo que recae sobre la franja de Gaza. En cualquier caso, en este conflicto se han violando de manera sistemática los convenios internacionales reguladores de la guerra y el derecho humanitario. Estos casos deben denunciarse y exigir responsabilidades.
El conflicto palestino israelí es demasiado complejo y no existe solución a corto plazo. La eventual creación de un Estado palestino se encuentra en el centro del debate aunque Gaza y Cisjordania no cuenten con un líder común, pues los terroristas de Hamás elegidos por su propio pueblo dirigen la franja con puño de hierro. Tal vez debería retirarse esta propuesta, o cuanto menos considerar las consecuencias de la creación de un Estado terrorista. No obstante, Palestina rechazó en su momento la creación de un Estado propio por discrepancias con las fronteras propuestas por la ONU.
Israel tiene derecho a defenderse, hacer desaparecer los túneles que se adentran en su territorio y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No es seguro que lo anterior pueda conseguirse a cualquier precio, pero los hebreos no son los únicos responsables de las muertes de civiles: Hamás tiene las manos manchadas con la sangre de su propio pueblo. La muerte de civiles inocentes es algo imposible de aceptar y debería remorder su conciencia.
