Ha saltado a la
palestra un supuesto nuevo caso de corrupción; todo parece indicar,
según los documentos publicados por El País y otros medios, que
existiría un cuaderno con la contabilidad B del Partido Popular,
donde aparecería reflejado el pago de sobresueldos a miembros de
la cúpula del partido, entre ellos el propio Presidente del
Gobierno. Además, y esto es cierto, el ex-tesorero acumula una
fortuna de 22 millones de euros, a salvo de impuestos en un paraíso
fiscal.
Ésta es la gota
que ha colmado el vaso, el PP se encuentra bajo continua sospecha y
con un índice de desconfianza bastante alto, y es que la sociedad no
olvida la supuesta relación entre la ministra Ana Mato y la trama
Gürtel; los regalos de “el Bigotes” (a pesar de la absolución
de Camps); las relaciones entre el Partido Popular balear y el caso
Urdangarín; y las mentiras electorales.
Si todo esto
resulta verdadero, supondría que el partido aglutinador del
centro-derecha habría incumplido con su propio núcleo fundacional, el que le permitió llegar al poder en 1996 bajo el
lema de la transparencia y como antagónico de un Partido Socialista
corrupto que había extendido la desconfianza al resto de las
instituciones estatales.
Sin embargo, si
algo caracteriza al espíritu crítico es el raciocinio y la
capacidad para no dejarse arrastrar por la indignación del momento,
distanciarse de los hechos y examinar la situación con perspectiva.
En nuestro país hemos sustituido la “presunción de inocencia”
por la “presunción de culpabilidad”; es decir, hemos convertido
el “inocente hasta que se demuestre lo contrario” en “culpable
hasta que se demuestre lo contrario”. Además, hemos olvidado que
la carga de la prueba recae sobre quien acusa, pasando del concepto
de que quien acusa tiene que demostrar la culpabilidad a entender que
es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.
Los dos valores
anteriormente mencionados son pilares fundamentales del Estado de
Derecho que lo diferencian del Estado absolutista de la Edad Moderna.
Alejado de casos particulares, dejando de lado preferencias políticas
y asumiendo los altos niveles de corrupción de nuestro país, el
Estado democrático que ignora estos principios desde todos los
aspectos de la vida social, está condenado al fracaso.
No obstante, uno
de los aspectos más destacados es que quienes menos credibilidad
poseen deslegitimen al actual Gobierno. Es curioso como Rubalcaba
reclama la dimisión de Rajoy y la convocatoria de elecciones
anticipadas, con el objetivo indudable de que las riendas del
Gobierno de la Nación vuelvan a manos socialistas. Me pregunto cómo
puede Rubalcaba exigir responsabilidad política al Gobierno cuando
el primer partido condenado por financiación ilegal en 35 años de
democracia ha sido el Partido Socialista Obrero Español.
En un mismo
sentido, Rubalcaba también destaca por sus métodos para lograr
objetivos políticos, y es que la manipulación, el engaño y arengar
a las juventudes socialistas contra las sedes del Partido Popular son
tres de sus herramientas favoritas.
Si finalmente en
una sentencia firme y definitiva resulta que todo ha sido un montaje, quedará demostrada la hipótesis propuesta: se evidenciaría que esta nueva polémica es otra maniobra de acoso y
derribo al Gobierno conservador, otro pseudogolpe de Estado encubierto como los que la engañada sociedad española ya ha presenciado. Ejemplos de lo planteado anteriormente son el caso Naseiro y la
manipulación del 11-M, orquestada por el PSOE y el Grupo Prisa.
Independientemente de cómo acabe esta nueva polémica, es evidente que existe un grave problema de corrupción en España, siendo otra de las manifestaciones de la decadencia institucional y de la profunda crisis de valores. Se necesitan nuevos dirigentes, políticos que independientemente de su tendencia tengan como valores supremos la honradez y la justicia. Sin embargo, esto sólo puede lograrse gracias al papel de la familia, derrotando al relativismo, promulgando leyes menos permisivas con los corruptos, y devolviéndole a la política el noble carácter que le pertenece.
Independientemente de cómo acabe esta nueva polémica, es evidente que existe un grave problema de corrupción en España, siendo otra de las manifestaciones de la decadencia institucional y de la profunda crisis de valores. Se necesitan nuevos dirigentes, políticos que independientemente de su tendencia tengan como valores supremos la honradez y la justicia. Sin embargo, esto sólo puede lograrse gracias al papel de la familia, derrotando al relativismo, promulgando leyes menos permisivas con los corruptos, y devolviéndole a la política el noble carácter que le pertenece.
