El presidente de
la Generalitat y su equipo de Gobierno ignoran que en democracia
existen ciertos campos de actuación en los cuales una mayoría
parlamentaria no es suficiente, ni menos aún una mayoría absoluta.
Existen espacios de libertad en los que las instituciones deben
procurar especial protección y respeto. Esto recuerda a un famoso
debate que tuvo lugar entre las fuerzas políticas de la Segunda
República: la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Por una parte,
algunos se oponían a la instauración de un tribunal de esa
naturaleza, alegando que la carta magna debía ser defendida mediante
la acción política. Por el contrario, desde una perspectiva más
coherente, otro sector defendía la necesidad de la existencia de un
Tribunal Constitucional que garantizase las libertades y derechos de las
minorías y del conjunto de la sociedad al mismo tiempo, impidiendo
su vulneración por la mayoría parlamentaria de turno.
Es muy fácil
extrapolar esta situación a nuestra España actual, donde una
mayoría parlamentaria intenta imponer de forma unilateral la visión
de su electorado sobre el resto de la sociedad catalana, y más
generalmente sobre la sociedad española. Este nacionalismo
autoritario, preludio de una ideología pseudofascista, es uno de los
elementos que más daño e inestabilidad pueden causar a nuestra
democracia.
Para el
nacionalismo sólo existe una visión de Cataluña que debe ser
impuesta sobre cualquier otra concepción pluralista de la sociedad,
inspirándose al modo fascista en una raza ideal y hermética,
ignorando que el origen de muchos catalanes se remonta a los
movimientos migratorios procedentes del sur peninsular que ayudaron
al desarrollo industrial catalán. Además, este nacionalismo con
tintes fascistas, utiliza la acción política para asfixiar a sus
contrincantes y perseguir cualquier oposición, obstaculizando la
escolarización en castellano y subvencionando ciertos colectivos
para que transmitan una visión única de Cataluña, la visión
secesionista.
¿Qué hará el
Estado catalán con aquellos que quieran seguir siendo españoles?
¿Serán declarados enemigos del Estado y exiliados? ¿Qué hará con
aquellos catalanes que quieran escolarizar a sus hijos en castellano?
¿Cómo justificará el Gobierno catalán que tras la independencia
Cataluña siga sumida en una profunda crisis económica? ¿Seguirá
culpando al diabólico y opresor Estado español?
Muchos reivindican
que Cataluña pueda decidir libremente, al margen de la opinión que
al resto del país merezca tal trascendental asunto. Valoremos esta
opción cuando los defensores de la unidad nacional estén en
igualdad de condiciones frente a los separatistas. Esto significa
abordar el derecho a decidir cuando en Cataluña se enseñe la
Historia de España sin tergiversaciones y alejada del
adoctrinamiento educativo nacionalista.
No
obstante, comprendo la dificultad que supone enseñar en la escuela vasca,
catalana y canaria, una Historia apasionante de España con sus
éxitos y sus fracasos. Me pregunto qué ocurriría si se explicase
que siempre existió una conciencia de unidad entre los diferentes
reino hispánicos, el Regnum Hispaniae; y si se dijese que la
unificación del Derecho supuso la entrada de España (y por tanto de
Cataluña) en la Modernidad. Es fácil imaginar la indignación
nacionalista cuando se desmonten los mitos del expolio, la Guerra de
Sucesión y demás tergiversaciones históricas.
El nacionalismo
tiene la intención de apuntillar a la debilitada España y hacerse
amo y señor de Cataluña utilizando los volátiles sentimientos. Los
catalanes deben entender que el enemigo no es España, sino la
división orquestada por cierta casta política que no sabe cómo
maquillar sus fracasos, corruptelas y despropósitos.
En un contexto de
decadencia institucional, política, económica y social, la única
posibilidad de que España sobreviva pasa por la creación de un
ambicioso proyecto nacional que renueve el pacto constitucional de
1978 y en el que todos sumemos. En ese renovado proyecto es
imprescindible que a las instituciones no les tiemble la mano a la
hora de asegurar el papel de la Constitución como norma jurídica
suprema.
