Actualmente no sólo se cuestiona la existencia de España por parte de sectores nacionalistas, sino que también se encuentra en crisis la estructura política que trajo consigo la Constitución de 1978, no sólo con respecto a las autonomías, sino también con respecto a la Ley de partidos y el sistema electoral. Son estos dos aspectos concretos los que más inciden en la desconfianza ciudadana y en la decadencia de la España democrática y estable que intentamos construir.Por una parte, la Ley de partidos ha tenido como consecuencia el excesivo aglutinamiento de poder por parte de las directivas de las formaciones políticas, las cuales anteponen sus intereses partidistas al bienestar e interés ciudadano. La máxima expresión de este despropósito son las listas plurinominales de origen cerrado y selectivo, en las cuales la promoción política no está basada en dotes de liderazgo, experiencia o profesionalidad, sino en la fidelidad que el individuo esté dispuesto a jurar a la directiva de turno.
En un mismo sentido y dejando al margen el excesivo control de las direcciones, el sistema electoral favorece con un plus de representatividad aquellos partidos de ámbito regional que convierten la cámara nacional en el lugar de resolución de conflictos territoriales. Esta disfunción entre la teoría constitucional y el funcionamiento real del sistema trae consigo el sinsentido de la existencia del Senado, auténtica cámara de representación territorial reconocida por el artículo 69 de la Constitución, siendo prácticamente un órgano desvirtuado y residual.
En definitiva, los partidos nacionalistas condicionan la actividad de la cámara representativa del interés nacional, actuando como "partidos bisagra" a la hora de otorgar la confianza parlamentaria a los gobiernos nacionales cuando estos no poseen una mayoría suficiente. Tal y como se desarrolla nuestro sistema, partidos de ámbito nacional como Izquierda Unida o Unión Progreso y Democracia tienen muchísima menos representación parlamentaria que Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria, a pesar de haber conseguido muchísimos más votos.
Varias reformas son requisitos indispensables para volver a recuperar la confianza ciudadana en la democracia y para una mayor participación en la vida pública: cambios en la ley de partidos y mayor transparencia en los ingresos y gestión del gasto; suspensión del sistema D´Hont, transformación del Congreso de los Diputados en auténtica cámara de proyección nacional y la imprescindible reforma del régimen autonómico, comenzando por la devolución al Estado de competencias esenciales como la Educación o la Sanidad.
Estas ambiciosas reformas hacen indispensable una compleja reforma de la Constitución que probablemente ciertos partidos políticos bloquearán de acuerdo a intereses sectarios, pero que la mayor parte de la población apoyará, siendo una cuestión que trasciende el mero término de la "mayoría absoluta".
Finalmente, en un ámbito mucho más específico, expreso mi repulsa frente a la maquiavelista estrategia política del señor Artur Mas, quien enmascara su pésima gestión económica con el debate soberanista; un debate que se le ha escapado de las manos y ha acabado atropellándolo Su torpeza ha propiciado una de las situaciones más complejas de la Cataluña reciente: la formación de un gobierno estable depende de una izquierda (Izquierda Republicana de Cataluña) que rechaza frontalmente la política de recortes del presidente de la Generalitat.
Todo ello, unido a la desconfianza que genera la galopante corrupción y las excesivas subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal hacen que nuestra democracia, y por tanto la idea de España, se tambalee. ¿Podrá España ocupar el lugar que le corresponde entre las primeras democracias mundiales? ¿Seremos capaces de emprender las reformas necesarias? ¿Sobrevivirá España al desafío secesionista?
